Un año después de la emergencia, lo que aún no se sabe de Hidroituango

¿Hubo corrupción?

A comienzos 2017, en pleno auge del escándalo de Odebrecht -que involucra a Camargo Correa en otros países, multinacional brasileña que hace parte del consorcio que tiene las principales obras de la central- la Fiscalía empezó a indagar si en ese contrato habría corrupción.

El fiscal Néstor Humberto Martínez incluso llegó a afirmar que tenía evidencias de que “habría habido pagos en el proceso de contratación de esta represa”.

Un año después, no obstante, no hay respuestas certeras frente a eso.

Los primeros hallazgos del ente investigador este año, que resultaron en imputaciones a diez funcionarios, no tienen nada que ver con lo mencionado por Martínez.

Lo que el Fiscal aseguró haber encontrado es que la Sociedad Hidroituango habría cometido el delito de celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales, porque en un principio abrió una subasta internacional para contratar al constructor y operador de la obra, pero luego la cerró y contrató directamente a EPM.

Una movida que fue pública y por la que incluso abogaron gremios y políticos, como contamos.

Ese señalamiento, como explicamos en esta historia, parte de una interpretación jurídica porque no hay evidencias concretas de que la Sociedad Hidroituango, que se rige por derecho privado y puede contratar directamente, haya violado la ley con la intención de favorecer a EPM.

¿Hasta dónde llega el daño social y ambiental?

Una de las inquietudes clave es cómo en concreto la hidroeléctrica ha afectado las comunidades y los ecosistemas aguas arriba y aguas abajo del río Cauca. Al respecto hasta hoy no hay claridad.

El último hecho que puso esa pregunta en el centro del debate fue el cierre de compuertas de la casa de máquinas, en febrero, que secó el río por tres días.

En ese momento, Brigitte Baptiste, la directora del Instituto Alexander Von Humboldt, dijo en una columna que “la discusión acerca de los impactos que esta situación trae a las comunidades y el resto del ecosistema requerirá un trabajo sereno de años”.

Para eso, EPM está a punto de firmar un convenio con ese instituto de investigación, y está ejecutando otro con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca Aunap para evaluar los daños al ecosistema del río y a la actividad pesquera de los pueblos ribereños.

Esos dos estudios, que pueden comenzar a dar luces sobre el daño real causado,  duran cada uno tres años, le dijo a La Silla Paisa Ana Milena Joya, la gerente ambiental y social de proyectos de ingeniería de EPM.

En menor medida, los daños ya los ha empezado a mostrar la Fiscalía con las medidas cautelares que le puso a EPM el pasado 10 de abril, entre otras cosas, por el crecimiento acelerado del buchón, una planta que crece en la superficie del agua y que absorbe la luz, el oxígeno y los nutrientes de los que se alimentan las especies que habitan el río.

Además, sigue en el aire la pregunta de cuántas personas han resultado afectadas durante este año de crisis.

EPM dice que son en total 5.626 familias (17.184 personas) evacuadas por prevención en Valdivia, Tarazá y Cáceres, desde la creciente del 12 de mayo de 2018, de las cuales 3.939 la empresa ha acompañado a retornar.

A las familias que no han retornado les están pagando 1 millón 100 mil pesos mensuales hasta que pase la alerta y puedan volver a sus casas.

El año pasado, la Contraloría respaldó las exigencias de las comunidades de Caucasia, Nechí, Cáceres y Tarazá, que no estaban incluidas en la zona afectada por el proyecto y han insistido en que la emergencia les ha causado daños psicológicos y materiales en sus municipios.

Frente a eso, EPM dijo esta semana que creó un fondo de inversión por 50 millones de pesos para cada uno de esos municipios, que ha contratado expertos que han atendido psicosocialmente a 3 mil personas y que está haciendo análisis de viabilidad de proyectos productivos a pescadores, entre otras cosas.

Aparte de eso, según han dicho los gobernadores de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, son más las personas afectadas económicamente.

Serían al menos 400 mil habitantes de la mojana sucreña que viven del arroz y de la pesca, actividades que con la disminución del caudal del Cauca se perjudicaron, según dijo el gobernador de Bolívar Dumek Turbay en una reunión que lideró en Magangué a comienzos de febrero, luego del cierre de compuertas de la casa de máquinas.

Ese reclamo fue respaldado por el procurador Fernando Carrillo a finales de febrero, cuando anunció una acción popular contra EPM e Hidroituango, para que garanticen los derechos y reparación de esas 17 mil personas evacuadas y de otros posibles afectados en los tres departamentos del Caribe que están aguas abajo del Cauca. texto

¿Quién tuvo la culpa de la emergencia?

La responsabilidad del hecho que generó el colapso del túnel de desviación auxiliar es una pelota que la mayor parte del tiempo ha estado en manos de EPM, como encargada de la obra, pero eso varió este año con el esperado estudio de la consultora chilena Skava para determinar la causa-raíz de la emergencia

El informe -que ha generado dudas porque lo contrató la misma EPM- arrojó el pasado 1 de marzo que lo que desató la crisis fue un error de diseño, con lo cual la papa caliente le cayó al consorcio Generación Ituango, que subcontrató la Sociedad Hidroituango antes de que EPM tomara las riendas del proyecto y que está constituido por la firma Integral.

En respuesta, el presidente de Integral, Carlos Eduardo Isaza, le envió una carta al gerente de EPM el 12 de abril diciéndole que no aceptaba tener la responsabilidad del daño que ocasionó la contingencia.

Su argumento es que el estudio de Skava no tiene el sustento metodológico para afirmar que el evento que desató la emergencia fue la erosión en el piso de la galería auxiliar de desviación GAD.

En esa misma carta, el presidente Isaza contó que seis días atrás le había enviado un informe a EPM en el que explicaba supuestos errores e inconsistencias del estudio de Skava. Algo a lo que la empresa aún no responde públicamente.

Ese capítulo se suma a las repetidas acusaciones del gobernador de Antioquia Luis Pérez contra EPM, sustentadas en sus libros “Errores constructivos de Hidroituango”, de noviembre pasado, y “La verdad sobre Hidroituango”, que aún no es público. Ambos se refieren a las fallas que habría cometido EPM durante varias fases del proyecto.

Falta ver qué encuentran la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría sobre las decisiones que se tomaron en la concepción y construcción de la obra, para estar más cerca de saber qué originó la crisis, y quién es el responsable de ella.

¿Solo EPM tendrá que pagar por los retrasos de la obra?

Hasta ahora, quien ha estado al frente de la emergencia ha sido EPM por ser la contratista de la Sociedad Hidroituango (de la cual hace parte) para construir, poseer, operar, mantener y transferir la obra luego de 50 años.

Pero queda la duda de quién más responderá por la crisis.

Desde el año pasado, hay una arremetida del gobernador Luis Pérez, cabeza de la Sociedad Hidroituango, contra EPM, para que esta responda por los retrasos en las obras, que alcanzan los 2.5 billones de pesos, según cálculos del gerente Jorge Londoño.

Además, usando las cláusulas penales de apremio que están en el contrato tipo Boomt, el Gobernador le empezó a cobrar a EPM por incumplir con el hito del llenado del embalse, que estaba previsto para el 1 de marzo del 2018, y la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía (en total son ocho), que estaba definida para el 27 de septiembre de 2018.

Cada día de retraso en los primeros tres meses cuesta 150 salarios mínimos, es decir, unos 124 millones de pesos. Y cada tres meses aumenta el monto en un 0.5 por ciento.

Es decir, hasta hoy EPM le debería a la Sociedad Hidroituango poco más de 80 mil millones de pesos, según nos dijo Liz Margaret Álvarez, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia Idea, que es dueño del 50,7 por ciento del proyecto.

Pero EPM le respondió a la Sociedad Hidroituango a través de un comunicado que no iba a pagar hasta que se demostrara que el hecho que desató la emergencia no es un evento excusable, es decir, hasta que se pruebe que la emergencia se dio por culpa de la empresa como contratista.

A eso le respondió el gerente de la Sociedad Hidroituango, José Gustavo Jiménez,  que la junta directiva (en la que hay cinco miembros principales de la Gobernación y cuatro de EPM), determinó en octubre que el evento no era excusable, posición en la que se mantiene hasta ahora.

Luego EPM hizo público el estudio que contrató con la firma chilena Skava para determinar la causa de la emergencia, el cual determinó que fue culpa del diseñador, es decir, de la firma Integral.

Según EPM, los costos del incumplimiento en los hitos los debe asumir la Sociedad Hidroituango, es decir, la empresa en conjunto con la Gobernación, según la matriz de riesgos del Boomt.

Es una pelea que no ha tenido desenlace.

¿Qué y cuánto cubrirán los seguros?

Esta pregunta es clave porque de lo que reconozcan las aseguradoras dependerá cuánto tenga que pagar EPM por los daños del proyecto y por el tiempo que tarde en entrar a operar. Algo que aún es incierto.

Eso depende de la causa que se establezca oficialmente sobre los daños y de lo que tarde EPM en repararlos y terminar el proyecto.

Actualmente EPM está revisando, a través de una firma internacional, el estado de la casa de máquinas (corazón del proyecto) y qué se debe hacer para recuperarla. Eso dirá cuáles son los costos para seguir adelante.

En total, el proyecto está asegurado por 2.5 mil millones de dólares para daños materiales, 628 millones de dólares por lucro cesante y 17 millones de dólares por los daños a terceros o inclumplimiento del contrato por parte de EPM.

Según este informe sobre Hidroituango de la agencia de calificación crediticia Fitch and Ratings, “el mayor impacto para el proyecto puede provenir del riesgo de lucro cesante, ya que dependerá de cuánto se demore el proyecto. Es probable que el costo de esta pérdida exceda el valor de la cobertura de seguro adquirida actualmente”.  

Le preguntamos a EPM por los seguros que cubren los daños materiales y el tiempo en que el proyecto no ha tenido ingresos, y nos respondieron que están en proceso de cobrarlos.

¿Cuándo van a levantar la suspensión de la obra?

El 1 de junio de 2018, a dos meses del inicio de la emergencia, la autoridad ambiental Anla ordenó a EPM suspender preventivamente la construcción, llenado y operación de la hidroeléctrica, y dedicarse exclusivamente a reparar los daños y mitigar los riesgos.

El reinicio de las obras depende de lo que arroje un estudio de la firma finlandesa Pöyry, que contrató EPM por orden de la Anla, para determinar la estabilidad de la infraestructura de la obra en dos escenarios: el actual, que es el estado de emergencia; y el futuro, si entra a operar la hidroeléctrica.

Según información oficial de la Anla, los resultados de ese estudio, más la superación del riesgo ambiental, indicarán si el proyecto se puede seguir construyendo.

EPM contrató el estudio en octubre, y la Anla espera tenerlo en sus manos entre finales de junio y julio, pero no hay una fecha límite para entregarlo.

¿Va a poder entregar energía en el 2022?

El plan que tiene EPM es que Hidroituango empiece a producir energía a comienzos de 2022. Es decir, cree que le tomará tres años reparar daños en la casa de máquinas y los túneles, y terminar de construir la hidroeléctrica.

Pero esos planes no son totalmente seguros.

Que el proyecto pueda empezar a funcionar depende de que la Anla levante la sanción preventiva que le puso de suspender las obras hasta superar completamente el riesgo ambiental.

También, depende de que esté reducido a cero el riesgo de que el macizo que sostiene la casa de máquina, los túneles y el embalse no tenga más fallas por dentro.

(En este momento tiene tres: uno en el túnel de ingreso vehicular a la casa de máquinas, la oquedad en los túneles de captación que ocasionó el cierre de la primera compuerta y otro entre la casa de máquinas y una almenara, que es el conducto que recibe el agua desde las turbinas y las pasa a los túneles de descarga).

Esto es importante porque Hidroituango se comprometió en la más reciente subasta de cargo por confiabilidad a entregar a partir del 2022 los 1.132 gigavatios hora/año. Esa subasta se abrió justamente por la no entrada en operación del proyecto cuando se esperaba.

Mientras tanto, EPM tiene que suplir los 1.085 gigavatios hora/año a los que se comprometió entregar con Hidroituango a partir del 2018.

Lo haría comprometiendo energía de otras de sus centrales hidroeléctricas o con  una garantía en plata.

Hasta ahora, la Comisión de regulación de energía y gas Creg está evaluando cómo aplicar esa garantía, le dijo a La Silla un funcionario de esa entidad.

Pero más que eso, si EPM no cumple con ese nuevo compromiso, desajustaría el mercado de energía en firme (la energía que está disponible para prevenir un apagón por una sequía), lo cual significa que el país quedaría vulnerable a quedarse sin energía si hay un fenómeno del Niño muy fuerte.

¿Está descartado el riesgo de que la presa colapse?

La respuesta oficial de EPM es que no está descartado totalmente el riesgo de que el río Cauca desborde de la presa o la rompa, lo cual causaría un desastre de grandes proporciones.

Para “el control del máximo riesgo posible de sobrepaso de la estructura ante cualquier evento”, en palabras de la empresa, necesitan terminar de construir la presa.

Es decir, que el muro llegue a la altura de 435 metros sobre el nivel del mar. Actualmente está en 418.

¿Hay cuerpos de desaparecidos en la zona de influencia del proyecto?

En febrero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP le pidió a EPM un informe detallado sobre lo que hizo antes de construir la hidroeléctrica para identificar las zonas donde podría haber cuerpos de víctimas de desaparición forzada y dar un concepto técnico sobre el riesgo de que la operación del proyecto afecte esas zonas.

Eso surgió a raíz de una solicitud de medidas cautelares del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Movice, para cuidar 16 puntos del país donde habría cuerpos de desaparecidos. Puntos entre los cuales está la zona de influencia de la hidroeléctrica aguas abajo.

El 6 de marzo, EPM sacó un comunicado en el que decía que estaba tramitando la solicitud de la JEP; y en el que le endosaba parte de esa responsabilidad a la Fiscalía, aclarando que en 2013 le pidió que agilizara la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas en la zona donde se construiría la presa.

La respuesta oficial de EPM sobre en qué va ese proceso es que no hay nueva información al respecto.

Le hicimos también la pregunta a prensa de la JEP, pero hasta el cierre de esta historia no nos había respondido.

¿Los Nutabe van a recuperar un territorio propio?

Como contó La Silla en este especial, el embalse de Hidroituango inundó el territorio ancestral de la comunidad indígena de Orobajo, de la casi extinta etnia Nutabe, y apenas hoy, cuando se está terminando de armar el proyecto, arrancó el proceso para restablecer sus derechos.

Los Nutabe fueron reconocidos por el Estado como pueblo indígena apenas hace dos años, cuando su territorio ya había desaparecido a causa de la construcción de la obra y estaban dispersos entre los municipios vecinos de Peque, Sabanalarga e Ituango.

Dada esa certificación de existencia y una consulta previa que oficializó el Ministerio del Interior a comienzos de junio, el proyecto se comprometió a devolverles a los Nutabe sus derechos colectivos, entre ellos un territorio propio a la orilla del Cauca.

Por eso, están en vías de cumplirse las exigencias de ese pueblo indígena.