Se hace explícita la necesidad de entender la pobreza rural desde una perspectiva más estructural y completa. La población rural no solo enfrenta dificultades para acceder a programas de asistencia técnica, sino también a créditos y seguros agrícolas, a canales de comercialización, a mercados laborales y de tierras y a una infraestructura apropiada. No es sorprendente, entonces, que un programa que se enfoca en una sola dimensión de la pobreza rural tenga impactos limitados, ya que no existe un entorno que propicie la construcción de capacidades y procesos sostenibles para la superación de la pobreza. En otras palabras, la efectividad las iniciativas de desarrollo rural está condicionada por la ausencia de servicios y bienes públicos en las áreas rurales. Desafortunadamente, la orientación de la política agrícola se ha enfocado en la provisión de apoyos directos en detrimento de la provisión de bienes públicos y servicios sectoriales de beneficio general. De hecho, en el 2010 y 2011, el 90 % de los recursos destinados al sector agrícola en el país consistía en apoyos fiscales directos, mientras que solo el 10 % restante se destinaba para la provisión de bienes públicos sectoriales (investigación e innovación tecnológica, servicios de sanidad agropecuaria, información, derechos de propiedad y regulaciones e infraestructura de servicios de comercialización) y para la provisión de bienes y servicios en mercados que no operan correctamente (asistencia técnica, financiamiento, aseguramiento, riego y drenaje, entre otros). Este fenómeno, además, ha generado incentivos para la captura de rentas, en muchas ocasiones, por aquellos productores de mayores ingresos, quienes han conseguido esos apoyos gracias a pertenecer a agremiaciones fuertes y consolidadas. Por lo tanto, es posible afirmar que las iniciativas actuales de desarrollo rural están condicionadas por la visión fragmentada de la política de desarrollo rural, la desarticulación de diferentes programas, el sesgo hacia los subsidios y transferencias directas y las fallas de los mecanismos de selección y focalización. La combinación de estos factores genera un círculo vicioso pues las transferencias directas no posibilitan la construcción de capacidades para generar salidas de la pobreza. Por el contrario, aumentan los incentivos para la búsqueda y captura de rentas. De cara a una eventual etapa de postconflicto, se pone de manifiesto la necesidad de darle un vuelco a la política de desarrollo rural y de implementar una estrategia integral que permita cerrar las brechas para el acceso a servicios públicos rurales, como lo son la educación, la salud y la infraestructura, y que articule esfuerzos para potenciar el acceso a créditos, seguros y mercados.

Para saldar la deuda histórica con las áreas rurales y con los pobres rurales el país debe aumentar sustancialmente la inversión en ellos, en especial en facilitar el acceso de los pobres a la tierra y a otros activos productivos; en innovación, conocimiento y tecnología; en acompañamiento integral a los agricultores familiares; en mejoramiento del acceso y la calidad de la educación y la salud, y en vías de comunicación (terciarias y secundarias).