Teniendo en cuenta lo generalizado que está el problema de la falta de formalización de títulos y las dificultades que actualmente enfrentan los agricultores familiares para conseguirlos, los servicios y apoyos del Estado no deben limitarse a los que ostentan un título debidamente legalizado. El gobierno debe buscar mecanismos novedosos para que todos los agricultores familiares puedan acceder a sus servicios y apoyos sin que sea necesario tener el título, o depender de un alcalde clientelista, para lograr dicho acceso, mientras se hace realidad el programa masivo de formalización que plantea el acuerdo de la Habana y que propone también la Misión Rural.

La ejecución de un programa masivo de formalización de títulos de propiedad a escala rural no puede estar condicionada a la firma del anhelado Acuerdo de Paz de La Habana; se trata de un asunto que debe ser asumido de manera decidida y con un despliegue de todos los recursos requeridos a tal efecto. Resulta conveniente revisar la experiencia acumulada al respecto a lo largo de varios años y extraer las lecciones e introducir los correctivos que permitan avanzar efectivamente en la dirección apropiada. Si bien el gobierno central, y particularmente el MADR, tiene mucho que ver en cuanto a la definición de la política y estrategias, al igual que la asignación de recursos, el rol fundamental en la ejecución del programa debería recaer en las instancias territoriales. Con todo, por razones de equidad, el acceso a los servicios, incentivos y apoyos estatales debería involucrar también a quienes aún no ostenten los respectivos títulos.