Me parece que tiene varias cosas positivas: primero, que hayan llegado a un acuerdo. Segundo, que no sean magistrados postulados directamente por el gobierno y por las Farc. Y tercero, que demuestra que son conscientes de que hay un reloj implacable que corre y que tienen que acelerar el paso. Dicho eso, tengo algunas preocupaciones. Entre ellas: 1. Yo creo que todo el mecanismo implica una sustitución constitucional y que si la Corte Constitucional fuera consistente con su propia jurisprudencia tendría que rechazarlo. 2. Sobre los nombres, mi duda es que una cosa es el Papa y otra el que escoja con una Iglesia dividida. 3. Me preocupa también lo de las universidades porque veo que viene un debate y es que algunos sectores podrían decir que una entidad presidida o coordinada por un hermano del presidente Gaviria puede afectar la independencia para la selección de los magistrados. Por lo demás, también tengo dudas sobre su idoneidad para este trabajo. Es una institución relativamente desconocida, ni siquiera el rector del Externado Juan Carlos Henao la conocía. Y el colectivo de universidades públicas tiene unas virtuosas y unas tortuosas que no ofrecen garantía de nada. Pero sobre todo no ofrece garantías de que no será una polea de transmisión de las Farc o del Gobierno para nombrar magistrados amigos.
¿Qué es lo bueno y lo malo de la fórmula para armar el Tribunal de Paz?
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El anuncio de hoy es muy importante porque cierra el punto 5-víctimas. Era el único pendiente de ese punto que quedaba para la mesa. Con este acuerdo se clausura totalmente la discusión sobre el modelo de justicia. Los ciudadanos podemos ya analizar el punto de justicia transicional como un acuerdo cerrado e integral. Ya se puede dar el debate de fondo, más allá de los mitos creados durante estos últimos años. Con el acuerdo de hoy se deja sin piso una de las muchas mentiras que ha creado la oposición sobre el proceso de paz. Dijeron hasta la saciedad que las Farc iban a escoger sus propios jueces e iban a ser amos y dueños del Tribunal y del Sistema de Justicia. Con cada acuerdo logrado, se van desmontando los mitos. En el acuerdo, queda muy claro que no serán las Farc quienes escojan sus jueces, ni siquiera será el gobierno, sino que habrá un mecanismo que generará independencia y legitimidad en la selección de los jueces que administrarán justicia para las víctimas. El acuerdo crea un sistema de selección muy robusto. Un sistema de garantías único en el mundo. Realmente es la primera vez a nivel global que se crea un mecanismo de este tipo para tribunales de justicia transicional. En otros procesos de paz donde se han creado tribunales similares, los jueces han sido escogidos por las partes en conflicto, por entes supranacionales o por la ONU. Por otro lado, las personas e instituciones que harán parte del mecanismo de selección, representan también una garantía para las víctimas y para el país. En primera instancia, el Papa representa garantías de balance, ecuanimidad y solvencia moral. Nadie, ni siquiera los más delirantes críticos, podrán acusar al Papa de ser "amigo de la guerrilla". En segunda instancia, el Secretario General de Naciones Unidas representa una garantía de independencia, neutralidad y legitimidad. Su disposición demuestra que la comunidad internacional en pleno apoya el proceso, a tal punto que desea aportar e involucrarse en el centro del modelo de justicia. En tercera instancia, El ICTJ representa una garantía técnica. Esta entidad internacional es tal vez la organización más autorizada en los temas de justicia transicional. Es importante aclarar que no será su oficina en Colombia quien participe en este mecanismo, sino su junta global. El ICTJ es la autoridad mundial en estos temas y ha intervenido en más de 15 países que han salido de conflictos armados. En cuarta instancia la sala penal, era la instancia llamada a participar en la escogencia de los jueces. Es una garantía de institucionalidad y de la participación del Estado de Derecho en este mecanismo. Finalmente, la Comisión Permanente es una garantía académica de nivel nacional. En esa comisión participan todos los rectores de las universidades públicas de Colombia. Es una comisión muy diversa y plural que representa el elemento técnico y académico a nivel nacional. Un punto importante es que habrá un mecanismo de postulación. Es decir, habrá una especie de concurso donde libremente individuos que consideren cumplir las calidades especificadas en el punto 5, podrán aspirar a ser seleccionados. Esto también representa una garantía de pluralidad. Adicionalmente, lo que demuestra este acuerdo es que hay una confianza construida entre las partes. Hay también una conciencia compartida en cuanto a que la justicia transicional debe ser totalmente independiente para lograr una transición exitosa. Con este acuerdo queda cerrada esa discusión falaz sobre si las Farc iban a ser juez y parte. Ahora, aspiramos a que la discusión sobre impunidad se centre en los temas de fondo, más allá del tema efectista del populismo punitivo. Hay que discutir si la cárcel es el mejor mecanismo para luchar contra la impunidad y hacer una transición de la guerra a la paz. Hasta el momento, las críticas de la oposición sobre el mecanismo de selección de jueces han sido muy predecibles, pues se han centrado en ataques contra algunas personas que trabajan para estas instituciones. Son ataques mezquinos que desconocen la importancia del mecanismo y del mismo acuerdo. Por otro lado, los opositores han sostenido que el acuerdo representa una sustitución constitucional. Esto es equivocado y falso. No hay un elemento definitorio de la Constitución que prohíba establecer mecanismos de selección de jueces. Este mecanismo no sustituye el andamiaje fundamental de la Constitución. Se trata de un mecanismo accesorio de justicia transicional amparado constitucionalmente por marco jurídico para la paz. Finalmente, es importante hacer un llamado a la oposición para que el debate sobre el plebiscito y el contenido de los acuerdos sea de altura y se discutan los temas de fondo. Que no pase lo que pasó hace unos días con el tema de Gina Parody. La oposición en vez de discutir los temas constitucionales de fondo, escogió la táctica del ataque personal. Viene siendo hora que la oposición asuma un rol mucho más responsable y debata sobre los temas de fondo. Eso es lo que pide el momento histórico, lo que piden las víctimas y lo que necesita el país.
El mecanismo para seleccionar a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz garantiza que se cumplen con los principios fundamentales que asegurarán que la justicia transicional cumpla con su misión: - Credibilidad: Ninguna de las personas o instituciones que seleccionarán al comité de escogencia tiene filiación con el Gobierno o las Farc. Y, muchísimo más, nadie duda de las calidades humanas o profesionales del Papa o del Secretario General de Naciones Unidas. - Justicia: Como dice el Acuerdo, el proceso no es un intercambio de impunidades. Hay un mecanismo que garantiza que el Estado cumplirá con sus obligaciones de investigar y sancionar. - Satisfacción de derechos de las víctimas: Ningún ex combatiente gozará de ningún tratamiento penal especial si no cumple con aportar verdad, aportar reparación y jurar la no repetición, todas metas cuyo centro son las víctimas. - Imparcialidad: Están puestos todos los pesos y contrapesos para que los elegidos sean idóneos y probos. Su selección no tiene que ver nada con la mesa de negociación. - Transparencia: Le corresponderá ahora a la sociedad ser la veedora del proceso de selección, cuyas reglas son más transparentes que las que hoy rigen -por ejemplo- el nombramiento de magistrados de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado.
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