¿Está de acuerdo con la ley Zidres?

La ley Zidres es una forma de legalizar situaciones de acumulación irregular de tierras y plantea serias dudas frente a lo que se está pactando en La Habana entre el Gobierno y las Farc. Primero por el destino de los baldíos, porque no se sabe alfín para qué se van a destinar: si para el Fondo de Tierras o para éstas zonas agrícolas. Además ni siquiera se sabe cuántos baldíos hay y muchos de ellos han sido ocupados irregularmente. La otra discusión de fondo es el debate entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Con las Zidres nuestro destino va ser proveer alimentos al mundo. En ese sentido, creo que el debate no es si la agroindustria se tiene que acabar, sino cómo hacer para que coexista con la pequeña agricultura.

La ley Zidres va en la dirección correcta para lograr que el progreso y el desarrollo del campo se conviertan en un propósito nacional, a partir del estímulo a la inversión, con un modelo incluyente en el que caben pequeños, medianos y grandes empresarios del sector. Así mismo, es una ley que reconoce la importancia e incentiva la producción a gran escala. Es un paso para lograr la estabilidad jurídica que se había perdido debido a las equivocadas interpretaciones de la Ley 160 de 1994; pues la Ley ZIDRES reconoce la no retroactividad de esa ley y dota de herramientas a los empresarios que desean invertir en el campo colombiano. También, está en línea con la dinámica esperada de la economía luego de la posible firma del acuerdo de paz. De esta forma, se dejan expresas las reglas para el desarrollo del campo, en las zonas que cumplan con las condiciones establecidas, y fortalece el desarrollo social, económico, político y ambiental en estas zonas, las más vulnerables del país. Además, responden a los postulados constitucionales de asegurar la función social de la tierra en Colombia. Así se va a explotar el potencial del país para responder a la seguridad alimentaria y a la sustitución de importaciones, dos ejes fundamentales para el desarrollo económico del país. La intervención de las actividades agrícolas en las zonas de desarrollo necesariamente responden a la progresividad de las medidas, conforme a la intervención de los empresarios que, además de las ventajas de la asociatividad, promueven y garantizan el acceso a los productores y campesinos, a mejores condiciones de salud, educación asistencia técnica.

No estoy de acuerdo con la Ley, puesto que fue confeccionada de acuerdo a las necesidades de los agroindustriales, que además se quedaron de manera ilegal con los baldíos de la nación. Preocupa que la política pública se oriente a favorecer grandes capitales ahora con las ZIDRES, dejando a campesinos y mujeres rurales con menores posibilidades de acceder a la tierra, subsidios y otro tipo de incentivos. Son empresarios como Los Grobo de Argentina los que en últimas se verán favorecidos con este tipo de Leyes, en donde la entrega en concesión de grandes extensiones de tierra les permitirá implementar sus proyectos de soya, tal y como lo hacen en el Cono sur. Así las cosas vemos que con la Ley 1776/16, no sólo se legalizarán las acumulaciones de UAF realizadas por empresarios (en todo el país, pero que conocimos en mayor medida en la Altillanura colombiana), sino que a través de la modificación del régimen de baldíos, se apunta a una mayor concentración de tierras y nos confina a un modelo de Alianzas Productivas en donde las empresas tercerizan los costos y riesgos de la producción en los pequeños. Queda claro que con esa Ley y su promoción de las Alianzas, lo que se busca no es facilitar el acceso a tierras a los campesinos, sino que se asocien con grandes en el marco de un proyecto ZIDRES y de esa manera generar más rentabilidad y subsidios a compañías nacionales y extranjeras.