Educación superior para la vida laboral

Por Marcela Eslava

Hace pocos días el Consejo Nacional de Educación Superior dio a conocer el “Acuerdo por lo Superior”, que busca convertirse en guía de la política pública de educación superior. El Acuerdo, que ya era importante gracias a que las protestas estudiantiles pusieron el tema en el ojo del huracán, cobra aún más relevancia con la revelación de que la educación será uno de los tres huevitos que este nuevo gobierno de Santos empollará.

La propuesta del CESU tiene múltiples componentes de importancia: una reorganización institucional que  busca dar claridad y coherencia a la repartición de funciones de regulación, prestación y supervisión; un cambio regulatorio que simplificaría la hoy compleja maraña de posibles tipos de programas; un plan que busca garantizar la sostenibilidad financiera; y un gran énfasis en la pertinencia de la educación para la inserción laboral. Éste último punto captó la atención de muchos, creo yo que con razón. El Tiempo lo resumió así en el titular con que recogió la noticia: “Revolcón en educación propone más formación técnica que universitaria”.

Y es que en Colombia los programas de titulación técnica y tecnológica (T&T) han sido el patito feo de la educación superior: mientras el peso de estos programas en la matrícula total de la educación superior ronda el 30%, con el otro 70% representado por la educación universitaria, en la mayoría de países desarrollados la proporción es inversa (CESU, 2014; Medina y Saavedra 2012). Y es que la formación T&T es vista como una alternativa por defecto: la que se toma cuando no se puede pagar una universidad. De hecho, según un estudio reciente de Medina y Saavedra para la Misión de Movilidad Social, la proporción de formación T&T vs. universitaria es 20% entre los estratos 3 a 6 versus 50% entre los estratos 1 y 2.

La poca acogida que la educación terciaria tiene, particularmente la educación T&T, es llamativa cuando las encuestas a empresarios colombianos revelan que les es difícil encontrar trabajadores apropiadamente capacitados, con frecuencia porque los postulantes están sobre-calificados.

¿Qué se necesita para que la educación T&T despegue? Lo primero es que los jóvenes en edad de formarse se enteren de sus virtudes, y los centros de formación se puedan asegurar de que esos programas serán mercadeables. En esto juega un papel fundamental tener información amplia y oportuna sobre la oferta de cualificaciones en la fuerza laboral y la demanda de las mismas en el sector productivo. El gobierno lleva años trabajando en un sistema que permita inferir esta información, pero está aún lejos de ofrecer esa panorámica y de lograr articular con éxito los esfuerzos de las distintas entidades involucradas.

La comunidad académica también está en deuda con su aporte de una medición juiciosa de los retornos efectivos a la educación T&T. Si ésta realmente ofrece mayores o al menos iguales oportunidades de inserción al mercado laboral que la universitaria, esto debería reflejarse en que sus graduados consigan trabajo más fácilmente y que les paguen salarios que justifiquen la inversión en este tipo de formación. Por lo poco que sabemos, la educación T&T no tiene una penalidad contra la universitaria a la hora de engancharse en un empleo formal, pero tampoco una gran ganancia (CESU, 2014, Tabla 38). Falta por entender qué pasa si sumamos empleos no formales y por cuenta propia. En términos de salarios, la ganancia extra de un universitario contra una técnico es de alrededor de 60% (CESU, Tabla 39), que no parece justificar una inversión extra de casi tres veces el número de años para educarse, mucho mayor aún en términos de costo de matrícula.

Ninguno de estos números “crudos” tiene en cuenta el hecho de que los actuales graduados T&T tienen un perfil diferente de los de universidad. Si se considerara este factor, es decir, si comparamos las ganancias que un individuo con el mismo perfil (experiencia previa, involucramiento en otras actividades, nivel de educación de los padres, habilidades innatas) tiene si se gradúa de un programa T&T vs. uno universitario, probablemente el panorama se vería aún mejor para la T&T.

Y más allá de que se recoja y disemine información sobre los retornos que T&T tiene en su estado actual, hay que hacer un esfuerzo enorme en mejorar su calidad. Esto pasa por la reestructuración que propone el CESU, y que implica (como ya lo habían propuesto Medina y Saavedra) clarificar y reorganizar las funciones de supervisión y regulación vs. las de prestación. También por evaluar el retorno de los fondos públicos empleados en distintas estrategias para propiciar T&T. Según la evidencia recogida en el trabajo de Medina y Saavedra, por ejemplo, en términos de perspectivas laborales para los graduados el retorno de un peso de inversión pública en programas de Formación para el Trabajo tiende a ser mayor cuando el desembolso se condiciona a la culminación del programa por parte del estudiante y a mecanismos de incorporación efectiva a la vida laboral. También lo es cuando la prestación la hace una institución privada que una pública.

Bienvenida entonces la buena intención de impulsar la formación T&T. Ojalá se traduzca en movidas tangibles y efectivas para que no sólo suba el cubrimiento, sino que se haga más equitativo y con mayor calidad.

Referencias

Carlos Medina y Juan Esteban Saavedra. 2012. “Formación para el trabajo en Colombia”. Documento CEDE, 35 de 2012.

Consejo Nacional de Educación Superior. 2014. “Acuerdo por lo superior – 2034”.