Hoy no fío, mañana sí

Por Leopoldo Fergusson (@LeopoldoTweets)

Hay dos impuestos en Colombia condenados a la pena de muerte: el de las transacciones financieras y el de patrimonio. Desde que recuerdo son siempre los próximos a desmontarse. Pero no este año, el próximo. Como en las tiendas: “Hoy no fío, mañana sí”.

No nos digamos mentiras. Estos impuestos llegaron para quedarse: el de las transacciones financieras desde que se introdujo en 1998, y el de patrimonio desde que se extendió en el gobierno Uribe. Así que dejemos de decir que el impuesto a las transacciones financieras se desmontará gradualmente, y que el de patrimonio es temporal. La maña no es nueva en Colombia, como lo muestran Junguito y Rincón en su excelente historia de la política fiscal en el siglo XX. Se crea un impuesto para atender una emergencia (como salvar al sistema financiero) o un gasto extraordinario (la seguridad democrática), y luego se vuelve permanente.

La situación del momento es la siguiente. Hay un faltante para cumplir con los compromisos del presupuesto y al tiempo honrar la “regla fiscal” que pone límites al monto que se puede financiar con deuda pues establece metas sobre el balance fiscal “estructural” del Gobierno Nacional Central. Villar y Forero estiman un hueco de un 2 al 3% del PIB. Frente al embrollo, muchos vienen resaltando la necesidad de hacer una reforma tributaria que logre el recaudo necesario y, sobre todo, que lo haga corrigiendo problemas del sistema. Una verdadera “reforma estructural”, no una respuesta de ocasión al lío del día.

Steiner y Medellín, por ejemplo, publicaron este análisis y propuestas desde abril. Allí expresan preocupación, entre otras cosas, con lo siguiente: en IVA , las exenciones y tarifas diferenciales que dificultan la administración, facilitan la elusión, y no cumplen suficientemente el propósito de aliviar el impacto sobre los más pobres; en renta, las exenciones a las sociedades que crean inequidad horizontal y cuestan cerca de 1% del PIB, y los beneficios sobre personas naturales que son regresivos pues las deducciones e ingresos no constitutivos de renta son mayores para los más ricos; en el impuesto al patrimonio de las empresas, que les resta competitividad.

Sobra decir que en abril la realidad política hacía imposible siquiera discutir el tema. Había que ganar una reelección, para poder proponer, en el segundo mandato, su eliminación. Pero las restricciones políticas de hoy no parecen muy distintas. Por lo que se conoce, el gobierno está inclinado a limitar las medidas del momento a… adivinen: postergar el desmonte del cuatro por mil y establecer una nueva tarifa y una base extendida, “por cuatro años” claro, en el impuesto al patrimonio.

El asunto es grave, y no lo es tanto. Es grave que se postergue una corrección de fondo a nuestro sistema tributario. Lo que no es tan grave es que estos condenados a muerte se salven una vez más.

El planteamiento puede sonar sorprendente, casi hereje, sobre todo en el caso del impuesto a las transacciones financieras. Ese impuesto, todo el mundo sabe, es “antitécnico”. (Pregúntenle a google “impuesto a transacciones financieras antitécnico” y verán). Pero la realidad es menos contundente. Hay cálculos para Colombia que muestran que se trata de un impuesto con mayores costos sociales que los de otros impuestos (como este de Arias, o este del mismo autor con Carrasquilla y Galindo, o este de Suescún). Pero incluso entre estos trabajos, Suescún indica que al tiempo que los efectos de eficiencia son mayores para el impuesto a las transacciones financieras, los efectos sobre el crecimiento económico de este gravamen son modestos [i]. Y autores como Sánchez y Espinoza le atribuyen efectos en eficiencia muy comparables a los de los demás impuestos. Las experiencias internacionales sugieren además que se pueden evitar los costos excesivos. Este trabajo, por ejemplo, compara la experiencia de varios países de Latinoamérica, mostrando que Brasil logró evitar costos exagerados. Es fundamental conservar las tasas bajas y proteger transacciones muy sensibles al gravamen para evitar la excesiva desintermediación financiera. Con esto no estoy defendiendo al cuatro por mil como la panacea. De hecho, es un impuesto posiblemente más costoso para la asignación de recursos que los demás. Pero frente a la necesidad de recaudo, si debemos vivir con él no es el fin del mundo.

Salvar al impuesto al patrimonio de la pena de muerte se justifica, entre tanto, por un argumento de equidad. La alta desigualdad del país, y lo poco que hace el sistema tributario para corregirla, son dos fenómenos más que diagnosticados. Hay a quienes esto no los desvela: lo preocupante es la pobreza, no la desigualdad. La desigualdad, de hecho, es casi bienvenida: que unos tengan más que otros incentiva a los segundos a trabajar fuerte para parecerse a los primeros. Este argumento es ingenuo. Se requiere un optimismo casi idiota en una sociedad tan desigual como la nuestra para creer que la transición de pobre a rico es un evento con mejores chances que ganarse una  lotería.

Y aunque hay razones para defender la equidad en sí misma, para los escépticos también las hay para defenderlas por sus consecuencias para la eficiencia. Un ejercicio reciente para los Estados Unidos encuentra que cerca de una quinta parte del incremento en el ingreso per cápita desde 1960 obedece a la entrada de minorías (negros y mujeres) a ocupaciones en las que antes estaban esencialmente excluidos. La razón es simple: individuos talentosos en estos grupos simplemente no podían acceder a los tipos de trabajo que les permitían aprovechar sus ventajas comparativas y explotar al máximo su productividad. Eliminadas estas barreras, la sociedad es más productiva. 

Llevando estos resultados al contexto colombiano, es de esperar que la desigualdad cree barreras para que individuos con talento innato (pero circunstancias mucho inferiores a otros individuos más afortunados) puedan explotar sus capacidades en beneficio propio y de la sociedad. El paralelo no es válido, podría decirse, pues en el ejemplo estadounidense no se trata de barreras por la desigualdad sino de discriminación frente a minorías. Pero en Colombia se discrimina laboralmente a las personas más pobres, como lo mostraron Gaviria, Medina y Palau. ¿Basta con sacar a los individuos de la pobreza para evitar estas barreras? Dudo mucho: con fuerte desigualdad continuará la segregación social aún si los menos aventajados no clasifican técnicamente como “pobres”. Por razones similares, desde hace dos años cuando se discutía la última reforma tributaria, defendía el impuesto a los dividendos. ¡Que no estaría mal revivir esta ocasión!

Como el impuesto al patrimonio es defendible desde el punto de vista de equidad, es preciso terminar con una súplica. Nada se logra si se eleva el impuesto al patrimonio y no se evitan los mecanismos de elusión que, los más ricos entre los ricos, tienen para hacerle el quite a este tipo de impuestos. Un exministro de Hacienda, comprensiblemente indignado, me dijo hace tal vez un par de años: “Son apenas unos 40.000 colombianos los que pagan el impuesto al patrimonio. Tengo amigos ricos que tienen miles de millones de pesos y no lo pagan. Otros, en cambio, más que multimillonarios son viejos: llevan toda una vida de ingresos y ahorros y lo están pagando”. Está muy bien que paguen los segundos. Pero es absurdo que no paguen los primeros. En este gobierno tan criticado por tener funcionarios estrato 6, no deben ser más que secretos de pasillos los trucos de los ricos de los ricos para no pagar el impuesto al patrimonio. Hagan el inventario, y pónganles talanquera.