Los dos reconocimientos que faltaron

Por: Héctor Riveros

Cepeda es el único que puede contar el cuento completo de los treinta años. Ha sido protagonista desde hace treinta tres en la concepción, la concreción, la realización y el posterior desarrollo legal y jurisprudencial de la Constitución que celebramos y que la inmensa mayoría de los colombianos reclama que se cumpla.

Desde la primera parte del Gobierno del presidente Barco, recién egresado de la facultad, escribió un ingenioso memorando, que Álvaro Gómez denominó el plan de asalto a una joyería, en el que por primera vez se sistematizaban los argumentos jurídicos para sostener que era posible una reforma constitucional por un método distinto al del Congreso que se había vuelto inviable por razones políticas y obstáculos jurídicos.

Cepeda echó mano de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconocía el carácter soberano del pueblo cuando ejercía el poder constituyente y propuso un camino que fue acogido por Barco para convocar un plebiscito para remover la prohibición de que las reformas se hicieran en un escenario distinto al del Congreso. Ahí comenzó todo.

El plebiscito de Barco se frustró porque, después de hacer un acuerdo con la oposición para adelantarlo, el Consejo de Estado lo "tumbó". Ese traspiés obligó a que el Presidente llevara, entonces, la reforma al Congreso. Un proyecto redactado en la esencia por Fernando Hinestrosa y Carlos Restrepo Piedrahita en el que Manuel José también participó en forma decisiva casi que como contra parte oficial de los profesores que actuaban como asesores externos del Gobierno.

Ese texto, escrito en 1988, fue pionero, en tanto era el primer proyecto gubernamental que proponía modificar y ampliar el capítulo de los derechos e incorporar mecanismos eficaces de protección para entonces inexistentes. Todos los demás proyectos se limitaban a proponer modificaciones a la parte orgánica de la Constitución: proponían crear la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y algún par de cosas más, pero no una jurisdicción constitucional, ni pasarle poderes a los ciudadanos redactados como derechos exigibles judicialmente.

De hecho, el proyecto iba a ser aprobado después de haber borrado en el primer debate lo de los derechos, que no parecía importante. Por fortuna, digo yo, su trámite se frustró porque los narcotraficantes introdujeron un artículo para convocar un referéndum para prohibir la extradición. Si se aprueba el proyecto recortado no habría habido constituyente, ni tutela, ni Corte Constitucional.

Cepeda, que ya no era estudiante, aportó para animar a los estudiantes a promover la séptima papeleta y redactó el primer decreto que buscó una manera de derivar consecuencias jurídicas a ese hecho político y después de que la Corte avalara ese decreto redactó el segundo, ahora como asesor de César Gaviria, quien había reemplazado a Barco en la Presidencia. 

Manuel José fue ese eslabón que aseguró la continuidad entre lo que inició Barco y lo que promovió y consiguió Gaviria. Muchos recordaron, con justeza, el aporte que Barco hizo al proceso constituyente del 91 sin mencionar a Cepeda. Él, que no cumplía 30 años, era quien más claro tenía la revolución de los derechos que se gestaba con la aprobación del catálogo de derechos que finalmente se aprobó y de la tutela como mecanismo judicial para darles eficacia.

Por sugerencia suya, el Presidente Gaviria, en el discurso de instalación de la Asamblea, anticipó el tipo de asuntos que iba a resolver la tutela. Predijo que habría madres solteras que tendrían que acudir a ese mecanismo para que sus hijos no fueran expulsados de los colegios por razones de “moral cristiana” y que los jueces tendrían, casi a diario, que intervenir para que se le prestara servicios de salud a una persona sin recursos económicos.

Cuando en estos días preguntaron a centenares de personas sobre el mayor aporte de la Constitución, fue unánime la respuesta que era el catálogo de derechos y sus desarrollos, de lo cual fue Manuel José el “cerebro gris” detrás de su concepción. Claro hubo otras decenas de personas que participaron, pero quien tenía más claro lo que se estaba haciendo y sobre todo lo que iba a pasar fue él.

Cepeda después redactó el decreto que rige la organización y el funcionamiento de la Corte y el del procedimiento de la tutela, y los proyectos que se convirtieron en ley sobre los mecanismos de participación y los estados de excepción, es decir la médula de los desarrollos legislativos de la Constitución.

Las sugerencias de Manuel José fueron determinantes para que en la primera Corte estuvieran magistrados como Ciro Angarita y Eduardo Cifuentes y para que después se eligiera a Carlos Gaviria. Convertido en magistrado de la Corte, hizo enormes aportes, siempre innovadores, a la interpretación y el desarrollo de la carta de derechos que había ayudado a concebir y a consolidar instrumentos como la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional del que echó mano para obligar al estado a tener una política pública de atención a la población desplazada.

Escogió estar por fuera de la controversia política. Sin embargo, siempre que hay una decisión crucial en la que haya que ser creativos y audaces en términos políticos y jurídicos lo llaman, como lo hicieron para que ayudara a diseñar el que finalmente fue el sistema de verdad justicia y reparación que hizo posible el acuerdo alcanzado para la desmovilización y el desarme de las Farc.

Lo mencionaron poco, apenas tangencialmente, en las múltiples celebraciones de los 30 años de la Constitución y por eso dedico estas líneas para recordar y agradecer su inmenso aporte a este país.

La Presidencia de la República, que con su ausencia en las celebraciones dejó claro que al Presidente no le gusta una Constitución tan liberal, podría publicar las decenas de documentos en los que Cepeda sistematizó el trabajo de la Constituyente y el significado de los derechos consagrados en la Constitución mientras fue Consejero Presidencial. Esos libros están ahí en el archivo oficial y facilitar su acceso por medios digitales ayudaría mucho a comprender la dimensión de lo que se celebra.

No se mencionó tampoco el nombre del Marcela Monroy, una jurista extraordinaria que, como decana de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, fue determinante en el impulso del movimiento de la séptima papeleta, porque fue quizás la más eficaz cómplice de los estudiantes de entonces para escalar su propuesta a los medios de comunicación, sin lo cual no hubiera tenido la visibilidad que la hizo posible.

Declinó ser magistrada de la Corte para no incurrir en conflictos de intereses por ser socia del Noticiero QAP concesionario del Estado y preservar la independencia del Tribunal. Aportó a los desarrollos de la tutela y de múltiples temas como la regulación de las telecomunicaciones.

A Marcela se la llevó la pandemia. Sus recuerdos, sus análisis, pero sobre todo su sonrisa y calidez humana hicieron mucha falta en estas celebraciones como hacen falta siempre.