Marihuana medicinal: el problema de no querer entender o no saber explicar

Ha faltado sensatez para delimitar el debate, compasión para entender la situación de miles de personas que podrían beneficiarse del uso del cannabis medicinal y seriedad para evaluar la evidencia.

Ayer el Senado decidió aplazar la discusión del proyecto de ley para regular la marihuana medicinal. De no ser así, la iniciativa se habría hundido no solo por cuenta de los cuestionamientos de los Conservadores y el Centro Democrático, sino por la falta de un apoyo decisivo por parte del oficialismo. Varios de los congresistas han argumentado que no conocen bien la propuesta. Otros, como el senador Álvaro Uribe, afirman que abrirá la puerta a la legalización. Mientras tanto, algunos aseveran que el proyecto no es necesario, dando por sentado que es posible avanzar sin que el legislativo intervenga.

Desde el comienzo, la discusión del proyecto y su argumentación desbordó sus propósitos. Aunque la iniciativa propuesta por el senador Juan Manuel Galán se limita a regular la marihuana medicinal, ha sido inevitable caer en un debate más general sobre la prohibición y la legalización. En un país marcado por el narcotráfico y en donde el tabú para hablar sobre estos temas ha sido la regla, no es de extrañar que la discusión de esta iniciativa haya sido la rendija por la que han entrado todo tipo de miedos, reclamos y especulaciones. Ha faltado sensatez para delimitar el debate, compasión para entender la situación de miles de personas que podrían beneficiarse del uso del cannabis medicinal y seriedad para evaluar la evidencia.

Los más ambiciosos han tachado este proyecto de “chichipato”, corto en sus pretensiones y muy limitado en sus alcances. Los más reaccionarios lo consideraron una autopista para la legalización de todas las drogas y el uso recreacional. Los primeros, desconocen que el trauma dejado por la guerra contra las drogas no se superará fácilmente, que Colombia no es Colorado ni Uruguay y que el país tendrá que avanzar paso a paso en este tema. Los segundos, han basado sus opiniones en prejuicios y presunciones, pero además han ignorado la evidencia.

En El Uruguay, en más de 20 estados de la Unión Americana, en Israel y otros países, se ha despejado el camino para la marihuana con fines medicinales y es de destacar que en cada uno de ellos el proceso ha sido distinto, para realidades diferentes y con una reglamentación que cumple diversos propósitos. No en todos los casos una cosa condujo a la otra. Afirmar que el proyecto del Senador Galán es el caballo de Troya para el uso recreativo de las drogas, no solo sobreestima sus alcances sino que ignora que finalmente cualquier decisión sobre la ampliación del marco regulatorio tendría que pasar de nuevo por el Congreso. 

Aún así, los detractores tienen algo de razón en que las explicaciones han sido confusas y que, en ocasiones, quienes han defendido la iniciativa públicamente han generado más ruido que claridad sobre lo que se busca. También tendrán que aceptar que en los espacios de debate han estado ausentes y que muchos parlamentarios no han hecho la tarea de informarse. Los prejuicios le han ganado el pulso a los argumentos y sus preocupaciones, antes que influir positivamente en el proyecto de ley, han cerrado la puerta a la posibilidad de que el Estado asuma la responsabilidad con aquellos pacientes que requieren de manera urgente acceder a este medicamento. Lo que ha sido difícil de hacerle entender a los opositores es que el mayor costo de no avanzar en la regulación – como lo permite la ley – es dejar en manos del mercado negro, los especuladores y la informalidad a centenares de personas. Esto no solo resulta contraproducente, sino indignante.

En su versión actual el proyecto está mucho más avocado a despejar los obstáculos legales para producir y ofrecer el cannabis medicinal y sus derivados, que en establecer principios claros para que los pacientes puedan acceder a un medicamento de calidad. Es decir, por cuenta de la historia del narcotráfico en Colombia, tendemos a poner el énfasis en la producción y no en lo sustancial: el acceso de los pacientes a estos medicamentos. Detrás ha estado también el lobby de empresas y organizaciones locales que tienen intereses privados en este asunto, que han seguido juiciosamente el debate e intentado influir en la regulación de tal manera que se ajuste a sus propias necesidades.

Para algunos la prioridad ha sido proteger la industria nacional o cuidarse de los interés extranjeros. Seamos claros, si seremos o no una potencia mundial por cuenta de la marihuana terapéutica resulta ser un asunto menor, al lado de la urgente necesidad de garantizar el acceso a esta sustancia por parte de miles de personas que enfrentan enfermedades crónicas y que podrían tener una respuesta para aliviar su dolor. Si estaremos a la vanguardia cuánto mejor; pero por ahora salgamos de la trinchera en la cual nos ha puesto la ceguera de la guerra contra las drogas, que olvidó que la política de drogas también debe procurar la disponibilidad de las sustancias para usos medicinales.

Llegamos a este punto porque algunos no quieren entender; también porque hay asuntos fundamentales que no se han sabido explicar. Cada uno debe asumir su responsabilidad y ojalá avanzar en un diálogo franco y constructivo. La prioridad ahora está en promover la discusión al interior del Congreso y la concertación entre el Ejecutivo y los parlamentarios.

Para esto se puede partir de algunas acuerdos iniciales: la delimitación de la participación de los privados, la inclusión de candados que impidan que el cannabis medicinal sea usado para otros propósitos o que estimule el consumo en poblaciones vulnerables, la definición de responsabilidades y competencias institucionales, así como la delimitación del rol de los médicos y los requerimientos para acceder al cannabis y sus derivados por parte de los pacientes. Para cada uno de estos temas hay opciones de política pública que hasta ahora no han sido suficientemente analizadas pero en las cuales es posible avanzar.

Está claro que el debate necesita más gestión política, propuestas y concertación. El cruce público de declaraciones luego del aplazamiento de la votación del proyecto no parece un buen augurio. No hay que perder de vista que es mucho más fácil difundir un temor – por ejemplo que ésta será la puerta a la legalización de todas las drogas -, que dar una explicación. El momento actual exige entonces una labor pedagógica dentro de los propios legisladores, el debate de las posiciones  y la voluntad política para llegar a acuerdos. Y sobre todo, hay que darle voz a los directos necesitados, cientos de personas y familiares que en el anonimato aguardan con expectativa lo que pueda suceder con esta ley.