¿Qué opinan los colombianos sobre la política de drogas?

Por: Ana María Rueda (@anamariarueda01)

Aunque sabemos poco sobre la opinión de los colombianos frente a  la política de drogas, los sondeos muestran percepciones negativas frente a la política actual e inclinaciones que van más allá de los modelos extremos del prohibicionismo o la legalización.

En su última declaración pública sobre este tema, con ocasión del “Foro Galán: Política de drogas, Tras 25 años de la muerte de Luis Carlos Galán ¿Qué tanto hemos avanzado?” en agosto de este año, el Presidente expresó abiertamente su opinión sobre la política de drogas al decir que “el enfoque actual de la guerra contra las drogas fracasó” y que “el mundo necesita un nuevo enfoque para enfrentar el problema de las drogas”. Se refirió también, de manera reiterada, a que este enfoque debe ser “el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias,  liderada por expertos y –sobre todo–, despojada de prejuicios políticos e ideológicos”. 

La discusión está en curso y la búsqueda de evidencia también; aunque menos en Colombia que en otros lugares del mundo, a pesar de que contamos con material de análisis suficiente después de más de cuarenta años de una guerra dolorosa contra las drogas. ¿Es posible que la ausencia de debate sobre el tema se deba a que los colombianos están satisfechos con su política de drogas?

En Colombia se conocen cuatro sondeos realizados recientemente sobre las percepciones de diferentes sectores de la sociedad sobre este tema: un sondeo realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP)a 61 líderes de opinión en Bogotá, Medellín  Cali[1], que se complementó con un sondeo virtual realizado por el periódico El Tiempo (ET) a 476 lectores[2], una encuesta realizada por Cifras & Conceptos (CC) a 506 líderes de opinión a nivel nacional[3], y un estudio realizado por el profesor Wilson López de la Pontificia Universidad Javeriana que entrevistó a 185 personas en Bogotá[4].

Aunque las diferencias metodológicas entre estos sondeos hacen imposible una comparación rigurosa, y no son representativos de la población nacional, sus resultados sí permiten concluir que la opinión de la mayoría coincide con la opinión del Presidente: el 69%, el 94% y el 77% de los ciudadanos tienen una percepción negativa de la política de drogas según los sondeos de la FIP, de ET y de CC, respectivamente.

Al indagar sobre el enfoque de política que funcionaría mejor para el país, los sondeos de la FIP (65%) y de ET (54%) dan cuenta de un apoyo mayoritario hacia la regulación[5] con matices según los tipos de drogas al que aplicaría y con el ritmo en el que el cambio de enfoque debe suceder.

Estos datos contrastan con la idea que tienen los colombianos de sí mismos sobre su talante conservador, que se esgrime usualmente como un argumento en contra de la posibilidad de revisar el modelo prohibicionista frente a las drogas y de lograr un debate constructivo frente a la efectividad de este modelo. De hecho, en estos sondeos el modelo prohibicionista se percibe como la mejor opción solo para el 10% y el 12% de los entrevistados por la FIP y ET, y para el 38% según la encuesta de CC, que no está muy lejos del 32% que dice apoyar la regulación.

En este mismo sentido, el estudio de López, que buscaba específicamente conocer si los colombianos se identifican con los perfiles tradicionales desde los que se han estudiado en otros países las percepciones de los ciudadanos frente a la política de drogas, encontró que los colombianos tienen múltiples percepciones frente a la política de drogas siendo el perfil conservador una minoría en su muestra (6%).

Al otro extremo del prohibicionismo está el perfil radical en el que se encuentran quienes están a favor de la legalización de las drogas con alrededor de un 20% en los cuatro sondeos, con excepción del estudio de López que es menor (11%).

Así las cosas, en términos generales, las encuestas que conocemos muestran que la mayoría de los colombianos consideran que la política de drogas no está siendo efectiva y requiere reformarse hacia alguna forma de regulación de este mercado hoy ilegal. Pero aún más importante: muestra que las inclinaciones hacia los modelos extremos frecuentemente dominados por posiciones ideológicas y morales como el prohibicionismo o la legalización no son las que arrastran las percepciones. Esto indica que sí existe espacio para la discusión sobre las alternativas posibles, que nos permita afinar nuestras percepciones y opiniones frente a la política de drogas.

El conocimiento sobre las opiniones de los ciudadanos sobre la política de drogas hace parte de la evidencia que tanto reclaman y esperan los representantes políticos para avanzar hacia la reforma de la política de drogas. En Colombia, poco sabemos sobre nuestras propias opiniones en esta materia lo que puede estar indicando que falta más información sobre este tema, que provoque mayor debate público y mayor interés por buscar evidencia.

Esta necesidad se hace aún más relevante al ver que en el estudio de López el 51% de sus entrevistados considera que nada se puede hacer para solucionar esta problemática, lo que puede interpretarse como una visión desencantada de las respuestas de la clase política frente al problema o de su imposibilidad de hacer algo porque se ha entendido como una problemática producto del consumo de drogas de otros países y cuyas respuestas dependen directamente de la legislación internacional.

En esta misma línea, el 43% de los entrevistados por la FIP se refirieron a la falta de voluntad política para llevar a cabo cambios señalando la ignorancia, el temor, el talante conservador y la dependencia a la posición de Estados Unidos frente al tema como los factores principales.

La apertura en el debate internacional frente a la política mundial de drogas ha aumentado las posibilidades de conocer qué opinan los ciudadanos sobre esta política. Mientras tanto, se está generando más y mejor información sobre las dinámicas de las problemáticas asociadas a las drogas, la efectividad de las políticas implementadas y las alternativas posibles. Colombia tiene mucha evidencia para aportar a este debate y la opinión de sus ciudadanos es una parte fundamental.

En palabras de Francisco Thoumi: “No cabe duda que la política debe tener en cuenta las ciencias, pero como las posiciones de política de las personas están influenciadas por las intuiciones, el éxito de las políticas requiere tener en cuenta las emociones y sentimientos de la gente y no solamente las recomendaciones de científicos, las cuales muchas veces trascienden sus propios conocimientos”. 

Las intuiciones, emociones y sentimientos de los colombianos coinciden hoy con los de su Presidente, abriendo una ventana de oportunidad histórica para revisar su política de drogas.

[1] La FIP, con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, realizó entre noviembre de 2013 y enero de 2014 entrevistas  semiestructuradas a 61 líderes de opinión de Bogotá, Cali y Medellín, para conocer su percepción frente a la actual política de drogas en Colombia y posibles alternativas.

[2] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/hay-que-regular-el-mercado-de-...

[3] Encuesta “violencia, corrupción y política 2014” elaborada por Cifras & Conceptos para el Foro Galán: Política de drogas, Tras 25 años de la muerte de Luis Carlos Galán ¿Qué tanto hemos avanzado?  Entre el 15 y el 18 de julio entrevistaron a 506 líderes de opinión a nivel nacional con el objetivo de  conocer sus percepciones en temas de narcotráfico, violencia, corrupción, paz, post conflicto y política de drogas en Colombia.

[4] Estudio publicado por Wilson López López, Claudia Pineda Marín y Etienne Mullet en el año 2014 en el que usando la metodología Functional Measurement se entrevistaron 185 personas de distintas zonas de la ciudad de Bogotá con el objetivo de encontrar las posiciones de los colombianos frente a la política de drogas.

[5] Implementación de marcos regulatorios que permiten que las drogas ilícitas estén disponibles legalmente para otros propósitos diferentes a los medicinales o los científicos  (ej. recreativos) pero siempre bajo la regulación estatal de su mercado.