La tributaria lleva burocracia pero no mermelada

El artículo de la reforma que le quita la restricción del gasto de personal a las entidades de control puede convertirse en un espacio para que los congresistas tengan cuotas.

El miércoles pasado la reforma tributaria pasó su primer y tercer debate. De los 113 artículos que están vivos para las plenarias de la Cámara y del Senado, que serán discutidos hacia el 15 de diciembre o incluso después, en sesiones extras, uno generó polémica porque según congresistas de la oposición, abre la puerta para que los congresistas reciban mermelada.

Este es el artículo:

La restricción en el crecimiento de gastos de personal del artículo 92 de la Ley 617 de 2000 no le aplicará a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Auditoría General de la República.

Lo que hace es permitir que esas entidades puedan aumentar sus gastos de nómina, es decir, mejorar los sueldos a sus funcionarios o en contratar nuevos. Eso es una excepción porque desde el año 2000 esos gastos solo pueden crecer con la inflación o gracias a una ley especial, como ésta, en todo el Estado.

Y solo para tener una idea la Contraloría tuvo un gasto de personal de 363 mil millones de pesos en 2017 mientras que el de la Fiscalía llegó a los 917 mil, una cifra superior a la de todo el programa Ser Pilo Paga, que tuvo un presupuesto en 2017 de unos 800 mil millones.

La denuncia, que lideran congresistas verdes y especialmente el senador Iván Marulanda y la representante Catalina Ortiz, es que eso es para dar ‘mermelada’, con burocracia nueva para otros congresistas.

Además, que no es claro por qué un aumento de gastos entra en una reforma que, como ha argumentado el Gobierno, busca tapar un hueco fiscal de 14 billones de pesos.

Y no les falta elementos para mostrar que esos entes pueden ser fortines burocráticos.

Más burocracia que mermelada

La lógica de la denuncia es que ese artículo da pie para que el Defensor, el Fiscal, el Contralor, el Procurador y el Auditor  creen cargos y contraten personas cercanas a los congresistas o a los partidos, lo que a su juicio sería ‘mermelada’.

Efectivamente, es probable que se entreguen cargos con esa lógica.

Por ejemplo, Alejandro Ordóñez usó su paso por la Procuraduría para entregar cuotas, como investigó y reveló La Silla en su momento, lo que comprobó el Consejo de Estado cuando anuló su reelección justamente por haber dado cuotas a quienes intervinieron en su reelección, con datos de La Silla.

Algo similar sucedió cuando llegó a la Defensoría del Pueblo Carlos Negret, pues como contó La Silla, nombró 11 funcionarios que eran cuotas políticas de representantes a la Cámara que lo eligieron, 8 de ellas  de La U, partido del que Negret fue secretario.

O, ahora, el nuevo Contralor, Carlos Felipe Córdoba ha nombrado algunos funcionarios que tienen una vinculación con algún partido,después de haber sido elegido en el Senado con votos de congresistas de casi todos los partidos.  

• José Manuel Grueso Rodríguez, que aspiró al Concejo de Popayán en 2015 por el partido Conservador, lo nombró Córdoba como asesor de la unidad de posconflicto. Además tiene una larga trayectoría en el partido pues aspiró al Concejo de Bogotá en 2006 pero se quemó con 1300 votos y fue funcionaro de la Procuraduría en 2012, cuando estaba el precandidato presidencial conservador Alejandro Ordóñez. 

• David José Valencia, también conservador. Fue miembro del directorio nacional de ese partido, aspiró en 2014 la Cámara por Magdalena y Córdoba lo nombró como Delegado para la Gestión Pública.

• Javier Tomás Reyes Bustamante estuvo en una lista en 2014 por el Partido Liberal al Senado pero finalmente no aspiró. Córdoba lo nombró como su asesor. Además, viene de trabajar en el Gobierno de Santos, pues fue contratista del Ministerio del Interior en 2016 y de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

• Christian Camilo Castro, quien viene de ser director administrativo del Partido Liberal y fue su secretario general en Pereira, de donde viene el Contralor,  es su Delegado Anticorrupción y según un funcionario de la Contraloría que pidió no ser citado, son amigos desde hace años. Además, fue gerente de la campaña al Senado del Liberal Carlos Humberto Isaza, quien se quemó,  y es cercano a César Gaviría 

Esos ejemplos muestran que en los entes de control se ven favores políticos claros, y por eso es posible que con nómina ampliada, haya más cargos de ese tipo.

Cargos más demandados ahora que el Gobierno Duque no ha dado puestos a cambio de apoyo en el Congreso de partidos distintos al suyo (el Centro Democrático) y sus aliados en la campaña, conservadores y cristianos.

Eso abre la puerta más a un alivio burocrático para los políticos que a ‘mermelada’, pues de ocurrir no sería un intercambio de puntos por votos para el Gobierno. De hecho, los congresistas seguramente quedarían más agradecidos con quien les de el puesto que con Iván Duque o su Gobierno.

Eso a pesar de que ese Gobierno le ha dado vía libre al artículo, como le dijeron a La Silla uno de los congresistas que lo propuso y una alta fuente de la Contraloría.

El artículo justificado

La idea de permitir el aumento de gastos de personal en esas entidades viene de tres de las más de 400 proposiciones que presentaron congresistas a la reforma.

El senador de La U Andrés García Zuccardi también propuso algo similar pero solo para entidades de control y en proyectos que tuvieran que ver con la lucha contra corrupción, pero la propuesta más amplia fue la que primó.

La justificación, según cuatro ponentes de la reforma, es que se necesitan más funcionarios para combatir a la corrupción y que ese gasto sería menor que el ahorro por los logros de esas entidades en la lucha contra la corrupción.

Ese argumento, sin embargo, no aplica para la Defensoría ni la Justicia Especial para la Paz, y justificaría más la propuesta acotada de García Zuccardi que el artículo que terminó aprobado.

Otra de las razones que dieron es que si los entes de control pueden enganchar más funcionarios, harían menos contratos de prestación de servicios para suplir necesidades.

“Esto lo que va a hacer es normalizar los contratos de los funcionarios públicos”, le explicó a La Silla un senador que pidió no ser citado. Recalcó, además, que un funcionario podría responder mucho mejor por los recursos que se le asignen que un contratista.

Lo curioso es que ese argumento aplica a cualquier entidad que tenga contratistas realizando funciones que deben ser de funcionarios, y no solo a las del artículo.

Como esos dos argumentos tienen límites y quedó la más amplia y no la de García Zuccardi, tiene sentido la sospecha de que el artículo sirve para darle burocracia a los políticos.

Más cuando el Gobierno la apoya y así tiene un gesto de no agresión con los políticos, sin romper la decisión de Duque de no dar mermelada, por lo menos directamente.

Por ahora, el sindicato de la Contraloría apoyó la medida en un comunicado, como una posibilidad de que mejoren sus condiciones de trabajo y que puedan cumplir sus funciones de control de mejor manera.

Si el artículo termina aprobado, en el año electoral de 2019 se verá si tenían razón las sospechas de la oposición o si el optimismo del sindicato y el espíritu anti burocracia contagia a las entidades que terminen beneficiadas.