A los candidatos los están matando más justo cuando crece la guerra local

En las primeras elecciones locales después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en las que había una expectativa de menos violencia luego de unas presidenciales muy tranquilas, está pasando todo lo contrario. 

La campaña de este año ya es más violenta que las más recientes elecciones locales de 2015, cuando no se había firmado el Acuerdo pero había un cese al fuego unilateral de las Farc, que dominaban varias zonas.

Ayer en zona rural de Tibú en el Catatumbo, fue asesinado Bernardo Betancurt, candidato conservador a la Alcaldía mientras estaba en un acto de campaña en La Gabarra, el corregimiento de ese municipio.

Con él, según la Misión de Observación Electoral, MOE, ya van siete candidatos asesinados desde el 27 de julio, último día de inscripciones, hasta el 9 de septiembre. Con eso, a un mes y medio de las votaciones, ya hay más candidatos asesinados que los cinco de 2015.   

Además, la violencia es muy local. Según la MOE, de los 40 candidatos que han sido víctimas de algún tipo de ataque en estas elecciones, 38 son candidatos a alcaldías y concejos y apenas uno a gobernación y otro a asamblea.

Lo que encontramos luego de hablar con 54 fuentes en las regiones que cubrimos es que un factor que puede explicar el aumento es la reacomodación de grupos armados que van tras el poder local.

Tras el vacío que dejaron las Farc en algunas zonas y ante la dificultad del Estado para llenarlo, por la lentitud de la implementación del Acuerdo, esos grupos han ido llegando, algunas veces en disputa entre ellos y otras veces sin que los habitantes y candidatos tengan claras las reglas de esos nuevos poderes. 

“Se siente la ausencia de las Farc, hace cuatro años ellos estaban presentes, no podíamos recorrer el municipio y había presión en la comunidad para votar por su candidato; en estas elecciones hay total libertad, aunque cierto temor porque sabemos que los armados se están disputando el territorio, pero sin interés político”, nos contó Mauricio Mira, candidato de La U a la Alcaldía de Ituango, Antioquia.

Esa novedad y esa falta de claridad intimida a los candidatos e incluso los vuelve blancos de sus atentados y amenazas, y se suman a factores viejos como la guerra sucia entre contrincantes.

Violencia por reacomodada

Los casos que mejor muestran el impacto de ese reacomodo, y que han generado mucha indignación, son dos.

El primero es el asesinato de Karina García, candidata liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca, y el candidato al concejo por el mismo partido, Yeison Obando. Como contó La Silla Pacífico, ambos murieron incinerados junto a cuatro personas más, incluida la mamá de la candidata, el 1 de septiembre.

Suárez, donde hay cultivos de coca y minería ilegal de oro, era una zona de influencia de las Farc y ahora hace presencia una de sus disidencias y, en menor medida, Pelusos y ELN. 

La masacre ha generado temor en los demás candidatos, autorrestricción en la campaña y limitación de la participación de votantes similar, o incluso peor, a cuando las Farc estaban en armas e incidían en las elecciones.

“La dinámica de la guerra sin las Farc cambia. Hay actores armados que no intimidan con amenazas sino con hechos letales, apelan a masacre, atentados y asesinatos. Aunque ahora hay muchas amenazas por donde sea y uno no sabe quién las genera y si son reales”, nos dijo una fuente que lleva años estudiando el tema en Cauca.

El segundo es el asesinato este fin de semana de Bernardo Betancurt, candidato conservador a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, mientras realizaba un acto de campaña en La Gabarra, corregimiento de ese municipio.

Aún no se conocen detalles del atentado, pero Tibú, que es conocido como la capital del Catatumbo, tiene presencia el ELN, el EPL y las disidencias del Frente 33 de las Farc.

Allí, al igual que en Suárez, se está viviendo un reacomodo de poder por el vacío que dejaron las Farc tras su desmovilización y además de que el ELN y el EPL están en guerra por el control de territorios, la disidencia se está consolidando y tiene en su mira la actividad política de las Farc.

Además en todo el Catatumbo ya ha habido dos campanazos más de alerta: una granada que explotó en la casa de Betsaida Montejo, candidata a la Alcaldía de San Calixto; y la quema de la camioneta y el desarme del esquema de seguridad en zona rural de Convencion de Emiro Ropero, excomandante de la Farc antes conocido con el alias de Rubén Zamora.

Justamente el Catatumbo es una de las regiones que el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, identifica con otras como el Bajo Cauca Antioqueño, o Arauca, en las que el riesgo de seguridad para los candidatos es mayor porque son "zonas de disputas de grupos armados que buscan el control de la explotación de rentas ilícitas."

Un efecto similar se vive en Antioquia.

Allí, en el municipio de Andes, asesinaron a tiros el 11 de agosto a Nelson Enrique Gaviria, un joven candidato de Cambio Radical al concejo del vecino Betania. Los dos municipios quedan en el suroeste antioqueño, donde hay fuerte presencia de bandas criminales que se disputan las rentas del microtráfico y las extorsiones. 

El secretario de Gobierno de Betania nos dijo que descartaron que hayan asesinado a Gaviria por su actividad política porque no hay ninguna amenaza anterior a otro candidato, pero ya van varios muertos en territorios limítrofes entre los dos municipios por la puja de los grupos armados. 

Eso muestra que incluso si no tiene que ver directamente con la campaña, la violencia del reacomodo puede afectarla. 

Incluso donde los grupos armados tienen acuerdos, hay violencia.

En Arauca, aunque no hay acciones armadas graves porque el control territorial del ELN es fuerte, sí hay denuncias por coerción, amenazas y en general restricciones para la participación política, que incluso han llevado al autoconfinamiento. 

La aparición de una disidencia de las Farc ha creado más tensión porque, aunque tiene acuerdos con el ELN para no chocar, aún no están totalmente claras las reglas bajo las que se coordinan y, como la disidencia hasta ahora se está asentando, está dando directrices más contundentes para legitimarse, lo que limita a los candidatos. 

Según una fuente oficial que tiene como saberlo pero nos pidió reserva, en todo el departamento se han reportado 17 casos de coerción, sin darnos detalles porque la información tiene reserva.

En todo caso, han sonado las denuncias de los candidatos a la Gobernación Facundo Castillo, de Cambio Radical, quién reportó intimidaciones y amenazas en su correría por Saravena, Arauquita y Tame; y Luis Emilio Tovar, de Centro Democrático, a quien le quemaron una valla en la vía entre Saravena y Fortul.

La violencia acomodada

La violencia donde se reacomodan actores armados se suma a la que se ve donde no se están reacomodando, sino que simplemente buscan mantener su poder. 

En Caucasia, un municipio del Bajo Cauca antioqueño con fuerte presencia del Clan del Golfo y Caparros, hombres armados no identificados le dispararon a la vivienda del dos veces concejal de Cambio Radical Jhon Jairo Vásquez, quien está haciendo campaña para volver a ocupar ese cargo. 

El candidato le contó a La Silla que desde su primer periodo como concejal (2012-2015) ha recibido amenazas de muerte por teléfono, presuntamente del Clan del Golfo, en las que le advierten no hacer debates en el Concejo sobre las extorsiones y bandas criminales. 

Incluso, en 2016, cuando se reeligió, le dijeron que debía pagar 16 millones de pesos si quería continuar en el cargo. La última amenaza la recibió hace cuatro meses. Todas las ha denunciado en Fiscalía.

En Chocó, el 24 de agosto, desapareció en Alto Baudó, una zona de histórica presencia del ELN, el exalcalde y candidato Tulio Mosquera. Fue retenido con otras 12 personas cuando estaban haciendo campaña en la comunidad indígena de Andeudo.

Inicialmente su partido denunció que había sido secuestrado por esa guerrilla, pero hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido el crimen, según le dijo a La Silla la alcaldesa Carmen Londoño. El 30 de agosto fueron liberadas las personas que acompañaban a Mosquera, pero él no. 

En el Caribe también aparece esa violencia de los armados. 

Bolívar es el departamento más afectado, pues han asesinado a dos candidatos a concejo: uno era Belisario Arciniegas, a quien mataron el 7 de mayo, cuando acababa de ganar la consulta interna para ser candidato en Morales por La U; también era candidato por La U, pero en San Jacinto del Cauca, Luis Eduardo Caldera, quien apareció muerto en las aguas del río Cauca el 19 de agosto.

Morales y San Jacinto del Cauca están en el sur de Bolívar, una región en donde, como ha contado en nuestra red de expertos el investigador Luis Fernando Trejos, conviven el Clan del Golfo y el ELN en una suerte de paz mafiosa en la que se reparten el territorio y no se pisan las mangueras por el control de las rentas ilegales (cultivos de coca y minería ilegal).

Así, mientras en Morales tiene presencia el ELN , en San Jacinto está el Clan del Golfo y otras estructuras armadas ilegales. De hecho, el rumor en la zona es que a Caldera lo asesinó el Clan del Golfo.

La violencia puramente electoral

El tercer patrón de la violencia en esta campaña es que en algunos casos las hipótesis más fuertes o las quejas de los amenazados apuntan a que los contrincantes electorales son quienes la ejercen, incluso en regiones con fuerte presencia de grupos armados. 

Eso pasa en Toledo, en el norte de Antioquia, donde como contó La Silla Paisa, la Fiscalía capturó a dos presuntos autores del asesinato de Orley García, candidato a la alcaldía por el Centro Democrático y La U, y dijo que “serían simpatizantes de una corriente política distinta y no tendrían relación con alguna organización criminal”. 

Esa versión coincide con las declaraciones del subsecretario de Seguridad de Antioquia, Balmore González, quien descartó que el responsable fuera un grupo armado, a pesar de que alrededor del municipio hay disidencias del frente 36 de las Farc, Clan del Golfo, Caparros y bandas criminales.

Lo mismo pasó en Angostura, al norte de Antioquia, donde el candidato conservador Ricardo León Valencia a la alcaldía ha venido recibiendo amenazas, desde que le dispararon cuatro veces en agosto del año pasado cuando era concejal. 

“Me mandan a decir con otras personas que no me van a dejar llegar vivo a las elecciones. Es el grupo político contrario que quiere sacarme del camino”, nos dijo. Eso no lo ha confirmado la Fiscalía. 

O también está el caso del candidato a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, quien  denunció el 31 de agosto amenazas de parte de las Águilas Negras. El candidato adujo esas amenazas al falso video que circuló por redes sociales en el que lo señalaban como el candidato de las Farc y señaló como responsable de ese video a la campaña opositora de Roberto Ortiz.

La violencia ideológica, siempre presente

Además de esos tres grandes factores, hay amenazas a la derecha y a la izquierda, aparentemente por grupos con ideologías opuestas.

Por ejemplo, en Arauca, donde hay una fuerte presencia del ELN y disidencias de las Farc, el Centro Democrático es el partido que más ha denunciado represión a la campaña, justo cuando se ha fortalecido en la región (Duque ganó, tienen uno de los dos representantes a la Cámara y candidatos propios en los siete municipios, cuando en 2015 sólo tuvieron tres).

También hay amenazas contra candidatos uribistas en Cundinamarca con panfletos que supuestamente firman las Farc, dos semanas después de que Iván Márquez anunció su regreso a las armas retomando el nombre de esa guerrilla. 

En uno declaran objetivo militar al candidato a la Gobernación, Wilson Flórez, y a todos los candidatos a concejos y alcaldías de ese partido. El otro, que circuló en Viotá, dirigió sus amenazas “a los candidatos uribistas” y celebra “la unidad guerrillera con el ELN”, uno de los puntos que anunció Márquez en su video, a la vez que cuestiona el acuerdo de La Habana, también como Márquez.

Sin embargo, esos panfletos están sujetos a verificación, sobre todo porque es particular que circulen en un departamento donde no hay presencia de las Farc desde las épocas de la seguridad democrática de Álvaro Uribe.

Incluso en el terruño del expresidente están siendo blanco. 

El candidato uribista a la Alcaldía de Sopetrán, Antioquia, Diego Villa, puso este mes una denuncia en Fiscalía porque desde que comenzó su campaña está recibiendo mensajes intimidantes por redes sociales. “En el último mensaje mencionaron el caso de Toledo, y de Karina en el Cauca, y que pronto vendrían por mí. Esto puede no significar nada, pero sinceramente sentí miedo y preferí denunciar”, nos dijo Villa. 

Algo similar ha ocurrido con la izquierda.

Por ejemplo, el lunes pasado el candidato del petrismo a la alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, recibió una amenaza firmada por las Águilas Negras.

Algo similar le pasó al candidato conservador al Concejo de Caloto, Gerardo Barona, que además de venir de zona campesina, es defensor de la comunidad Lgbti. Lo han amenazado con panfletos las Autodefensas y Águilas negras, señalándolo de ser como parte de la guerrilla. Barona hace parte del movimiento político Marcha Patriótica.

Si la violencia que se está viviendo en esta campaña sigue así, 2019 pasará a la historia como una de las regionales más violentas, paradójicamente, después de un proceso de paz.