EPM y la Anla: sube la tensión

Mientras EPM corre para cerrar la casa de máquinas por el agujero que encontraron en Hidroituango, cuestiona la autoridad ambiental que lo regula.

Además de tener que agilizar sus obras para cerrar casa de máquinas por el hallazgo de un agujero en la montaña que se reveló esta semana en Hidroituango, la relación entre EPM y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se está complicando.

Desde que comenzó la crisis del proyecto de generación de energía más grande del país en abril del año pasado, la Anla le impuso a EPM una multa de 2.410 millones de pesos por incumplimiento de la licencia ambiental; le suspendió todas las obras diferentes a las relacionadas con la contingencia; y le ha hecho 207 requerimientos. En el último llamado, les dio una semana para llevar a cabo 26 de ellos.

Sin embargo, EPM le dijo a La Silla Paisa que no todos los podrá cumplir y dejó en entredicho el control que le hace la autoridad ambiental. El debate sobre la legitimidad de las decisiones de la Anla se suma a todo el escándalo de Hidroituango y amenaza con enredar más su pronta resolución.

Los desencuentros entre EPM y la Anla

Desde que EPM obtuvo la licencia ambiental del proyecto Hidroituango, la Anla le ha hecho más de dos mil requerimientos, según Juan Fernando Morales, gestor del equipo de recursos naturales del proyecto.

Sin embargo, las medidas aumentaron desde el año pasado y, según Morales, están desbordando la capacidad de respuesta de la empresa. 

“En promedio han hecho 1.3 actos administrativos por mes, algo que no se había visto en años anteriores”, le explicó Morales a La Silla Paisa.  

Dice que desde comenzó la crisis hasta noviembre del año pasado, EPM ha entregado 241 informes diarios y 32 informes semanales a la Anla y considera que si bien es entendible la reacción por la emergencia, en algunos casos están exigiendo cosas que demuestran desconocimiento técnico de la autoridad. 

Por ejemplo, entre los últimos 26 requerimientos, la Anla le pidió a EPM realizar batimetrías (que son estudios del fondo del embalse para determinar los cambios en su altura) semanales, un estudio que en promedio tarda cuatro meses. 

También le solicitó que de manera inmediata determinaran cómo se encuentra la sedimentación de los túneles, “Eso es imposible porque no tenemos acceso ni a los túneles y ni a casa de máquinas”, nos dijo Morales. “Es como si ellos supieran de antemano que no podemos cumplirlo”. 

La Anla también le está exigiendo a EPM que en menos de una semana presente el diagnóstico de las actividades económicas y las condiciones actuales de la comunidad afectada por la contingencia, además de garantizar la conectividad de los afectados por el derrumbe de tres puentes peatonales y uno vehicular en Puerto Valdivia cuando subió el caudal del río Cauca en abril del año pasado. 

EPM dice que tampoco puede hacer eso. En el primer caso, alega que no puede recolectar la información de primera mano de por lo menos 15 municipios en este tiempo; y en el segundo, las obras para reparar esos puentes ni siquiera han comenzado. 

Pero la Anla le había hecho a EPM esos requerimientos desde mayo del año pasado.

Por eso Ana Mercedes Casas, coordinadora del equipo de energía de la Anla, dice que como autoridad no pueden alargar más los tiempos “si le dije que tenía un mes para revisar y ya se cumplió el plazo, yo no le puedo dar otro mes. Es un llamado de atención porque no se han dado respuestas inmediatas”.

Morales por su parte se defiende con que si bien son peticiones de hace meses, por las evacuaciones preventivas y por el riesgo de las crecientes, “no se pueden cumplir de forma tan inmediata”.

Según la Anla, EPM solo ha cumplido con 108 de sus requerimientos, porque aunque rinden los informes dice que no en todos cumplen explícitamente con lo pedido.

Otra crítica que le hace EPM a la Anla es que su personal rota constantemente.

“Para una cosa viene un grupo de evaluación y luego llega otro con un criterio contrario, nos ponen en una contradicción”, dice Morales. Y asegura que los técnicos no siempre llenan los requisitos ya sea porque no tienen experiencia o porque la tienen pero en proyectos que no tienen que ver con hidroeléctricas. 

La Anla, que es la autoridad que le da licencia a los medianos y grandes proyectos en tema de infraestructura, energía y minería en todo el país, cuenta con alrededor de 67 funcionarios de planta. 

De ellos, según Casas, hay cinco profesionales que se encargan de Hidroituango, más otro personal técnico y administrativo, llegando a un grupo de diez personas. Luego de la contingencia, crearon otro equipo que se encarga únicamente de ese tema.

“Somos alrededor de 20 personas en total, ahí está el personal más capacitado que tiene la Anla, ingenieros civiles, especialistas en estabilidad, hidrólogos, geólogos, expertos en fauna y en comunidades”, explicó Casas. Y agregó que ellos verifican “si una acción no es la más adecuada y que los impactos ambientales que genera la contingencia tengan las medidas correctas”.

La Anla bajo cuestionamiento

Las críticas de EPM a la Anla no caen en el vacío.

El año pasado, cuando la Contraloría le hizo una auditoría a Hidroituango también cuestionó a la Anla por el seguimiento que le hizo durante seis años (los hallazgos están en manos de Procuraduría y Fiscalía para determinar los funcionarios responsables).

El contralor delegado para el medio ambiente, Diego Alvarado, dijo que en medio de la investigación encontraron procesos sancionatorios abiertos hace más de cinco años sin ninguna decisión final.

De hecho, la última multa que le impuso la Anla a EPM en septiembre del año pasado por 2.410 millones de pesos todavía no se hace efectiva pues la empresa la apeló y la autoridad aún no se pronuncia. 

La investigación concluyó, entre otras cosas, que la Anla no cuenta con personal capacitado para hacerle seguimiento al componente técnico y operativo de proyectos hidroeléctricos y que los procesos de licenciamiento carecían de rigor. 

Alvarado le dijo a La Silla Paisa que la Anla “tiene una debilidad tremenda profesional, otorga licencias a medianos y grandes proyectos, es el encargado de todos los temas ambientales, y tiene muy pocos profesionales vinculados”. 

Por la misma línea, Oswaldo Ordóñez, geólogo, docente de la Universidad Nacional y quien lidera desde hace más de un año una investigación de las afectaciones de Hidroituango en las comunidades de aguas abajo que está haciendo la Universidad en convenio con EPM, aseguró que la Anla no está enfocado en lo que realmente importa dentro del proyecto.

“Pone a la empresa a gastarse platales haciendo informes para satisfacer sus requerimientos, pero la mayoría son estudios que no sirven para absolutamente nada”, dice Ordóñez. 

Omar Cardozo, exfuncionario de Corantioquia y representante de Aguas Abajo, el movimiento ciudadano que exige reparación por las afectaciones de la hidroeléctrica en el Bajo Cauca antioqueño, asegura que la cantidad de requerimientos que está haciendo la Anla en este momento por la contingencia demuestra que la licencia ambiental que ellos debían regular años atrás, se quedó corta para la magnitud del proyecto. 

Así las cosas, no solo EPM vuelve a estar en el ojo del huracán por el agujero que encontraron en la montaña y que enreda más el manejo de la contingencia, sino también la autoridad que se encarga de vigilarlos.