Caquetá: el embrión del activismo antipetrolero en el posconflicto

Para el movimiento ambiental caqueteño, la firma de la paz con las Farc se volvió la luz verde pero para organizarse más en contra de la industria petrolera.

En Caquetá, un departamento donde seis multinacionales petroleras tienen los ojos puestos,  el activismo ambiental se ha venido fortaleciendo para blindar al territorio de la extracción y están a punto de ganar su primera batalla: lograr que se haga la primera consulta popular de la Amazonía en el municipio de Doncello, donde la multinacional canadiense Canacol Energy ya tiene licencia de explotación hace tres años.

Aparte de esa consulta, a la que solo le falta que la Registraduría diga la fecha de la votación, se suman otras cuatro más desde que fue firmado el acuerdo con las Farc que ya se están cocinando en Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Morelia.

Todo esto, sumado a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace quince días que protege a la Amazonía y la convierte en un ‘sujeto de derechos’,  muestra que la premisa del expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry de que la paz iba ser la luz verde para sacar más petróleo en zonas vedadas por el conflicto, está lejos de cumplirse.

Para el movimiento ambiental caqueteño, la firma de la paz con las Farc se volvió la luz verde pero para organizarse más en contra de la industria petrolera.

El activismo en crecimiento

La resistencia a la llegada de las petroleras comenzó exactamente hace tres años cuando, como contamos en La Silla, unos cien campesinos de varias veredas en el municipio de Valparaíso, a dos horas de Florencia, estuvieron plantados en el puente sobre la quebrada La Cacho, permitiendo el paso de carros pero cerrándoselo a los vehículos de la multinacional Emerald Energy.

Ese paso, que bautizaron el ‘puente Resistencia’, está sobre el camino hacia las veredas de Florida donde la empresa -que es parte del grupo chino Sinochem- quería cavar un pozo estratigráfico para ver si la zona tenía el mismo potencial que sus campos en San Vicente del Caguán.

A pesar de la resistencia, que incluyó enfrentamientos con el Esmad, cuatro heridos y que un campesino se declarara en huelga de hambre, la multinacional logró cavar su pozo de 150 metros para hacer la sísmica (es el primer paso de todo proyecto petrolero y consiste en mirar qué tipo de piedras y capas de tierras hay abajo para saber si puede haber petróleo o no. Para eso, no se necesita licencia ambiental).

Ahora están a la espera de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, les de licencia de exploración, decisión que según dijo a La Silla Guillermo Acevedo, subdirector de evaluación y seguimiento de la Anla, está a poco días de conocerse.

Si se las dan, sería el proyecto petrolero más grande de toda la Amazonía colombiana porque el área de influencia del proyecto mide más de 239 mil hectáreas y afectaría a siete municipios (Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, Albania, San José del Fragua y Valparaíso).

Pero los campesinos no se han quedado de brazos cruzados esperando la decisión. Desde que la Emerald arrancó la sísmica, paralelamente, los campesinos se organizaron y crearon la ‘Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio’.

Esa Mesa impulsó primero la creación de mesas locales en cuatro municipios para que georeferenciaran los animales en vías de extinción y los humedales y quebradas que se verían afectados con la entrada de la multinacional, según nos contó una de sus fundadoras, Mercedes Mejía, una ingeniera agrónoma que hoy dicta clases en la universidad de la Amazonía. Para ese entonces, la Mesa agrupaba a unas 150 personas, según ella.

Hoy hay comités municipales adscritos a esa Mesa en casi todos los municipios del Caquetá, en parte porque desde que la guerrilla se fue a las zonas veredales, ha sido más fácil y seguro moverse de un sitio a otro y convocar reuniones entre los líderes municipales, lo cual les ha permitido conocerse entre ellos, hacer foros conjuntos contra la explotación petrolera, convocar audiencias públicas como la de hace quince días con la Emerald y gente de la Anla e incluso juntar la plata para mandar delegaciones fuera del Caquetá para aprender el paso a paso para hacer consultas.

Fue así como, por ejemplo, mandaron una comisión de 19 personas el año pasado a Cajamarca, en Tolima, para aprender del comité del NO, que ganó la consulta popular, sentando un precedente en todo el país.

“De ellos aprendimos la importancia de la coordinación y de repartirnos funciones. Que haya un comité para cada cosa, que sepamos acercarnos a los medios y que hay que ir hasta las casas, no solo en redes sociales, a explicarle a la gente por qué hay que sumarse”, dijo a La Silla Sur Mejía.

Y hace un mes mandaron otra comisión a Bogotá, para que se uniera a las protestas en las puertas de la Corte Constitucional, donde se debate una tutela que presentó la petrolera Mansarovar en la que pide que no se aplique la consulta popular que fue votada en Cumaral, Meta, en junio del año pasado.

Al trabajo de la Mesa se ha sumado el del Observatorio Ambiental y de Paz de la universidad de la Amazonía, que ha venido sumando estudiantes a la causa y pensando la resistencia más allá de los bloqueos a las carreteras.

Le apostaron al camino de las Cortes. Por eso participaron en la tutela que 25 niños y jóvenes pusieron ante la Corte Suprema de Justicia y que, como contamos, resultó en una sentencia que le pone un plazo de cuatro meses al Gobierno para combatir la deforestación.

Le apostaron al camino de las consultas. Por eso otro miembro del observatorio, el concejal Carlos Mora, fue el que lideró todo el proceso de la consulta popular en Doncello, que es la más avanzada y que si se logra, sería la tercera después de la de Cajamarca y la de Cumaral.

Y desde mediados del año pasado le están apostando a un tercer camino: el de la iniciativa popular. Para eso el Observatorio recogió más de 85 mil firmas para que se declare al Caquetá como “departamento protector del agua” y blindarlo por esa vía de la explotación petrolera.

La mitad de las firmas las consiguieron con los líderes de las mesas de agua en los municipios y la otra mitad entre profesores y estudiantes de la Uniamazonía.

La Registraduría validó en febrero 42 mil firmas (el umbral era 28660) y ahora está en el Tribunal Administrativo de Caquetá para ver si cumple con los requisitos de la constitución. Si sí, pasaría a la Asamblea Departamental y si ahí también tiene luz verde, se convertiría en una ordenanza.

Con todos estos caminos, la estrategia, como nos explicaba Marlon Monsalve, el director del Observatorio, es “minar el territorio para que donde reviente algo, tengamos cómo blindarnos y que nos salga favorable”.

El éxito de esa coordinación, como también le explicaba a La Silla el abogado ambiental Rodrigo Negrete “es que se están armando redes que trascienden a los departamentos. Es algo que cada vez toma un carácter más nacional y que está adoptando el camino del litigio estratégico”.

Este auge del activismo muestra varias cosas.

Lo que muestra

Lo que está pasando en Caquetá vuelve a poner sobre la mesa el debate entre la autonomía municipal y la voluntad popular por un lado y la seguridad jurídica para la inversión extranjera por el otro.

Porque así como los activistas ambientales se han organizado más, entre las empresas extractivistas ha crecido la incertidumbre.

De acuerdo con el última encuesta de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, el 60 por ciento de las empresas podrían aplazar sus inversiones en exploración este año y entre las razones que dieron están los bloqueos a las carreteras, el auge de las consultas populares y la inseguridad jurídica.

El auge del activismo también es visto por quienes defienden el sector extractivista como un freno al desarrollo.

“El riesgo que se corre con ese activismo jurídico y político es el de blindarse contra la riqueza o comprarse un seguro para la pobreza”, dijo a La Silla León Teicher, presidente de la junta directiva de la empresa minera Continental Gold y miembro del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, Gdiam.

“Lo que está faltando es diálogo. Si se pudieran replicar diálogos como los que hemos logrado en el sector minero, sentando en la mesa a los que se oponen a que se haga explotación petrolera con unos facilitadores ajenos a los intereses del territorio, el debate no sería petróleo o medio ambiente”, agregó.

En Caquetá, por ahora, el debate se mantiene entre lo uno o lo otro.