Los gobiernos de América Latina invierten esfuerzos importantes para evitar la ocurrencia de actos corruptos. Sin embargo, por lo general no se han hecho evaluaciones de los resultados y efectos de estas políticas y, por tanto, no existen criterios para saber si se está avanzando en la dirección correcta.

Para poder analizar la efectividad del control de la corrupción se debe empezar por aclarar ¿qué sabemos sobre la corrupción? Hay largos  debates  sobre  este  tema,  empezando  por la definición, pero para propósitos de este artículo  se  utilizará  una  propia  construida  a  partir de la revisión de numerosas definiciones existentes: es corrupto un acto que viola reglas de comportamiento, que perjudica los recursos públicos y el interés general y que produce una ganancia privada, la cual puede ser de diversos tipos: monetaria, de posición, política, de in-formación privilegiada, entre otras.

Una  segunda  discusión  se  refiere  a  las  causas  de  la  corrupción. En  este  sentido,  se  puede afirmar que la corrupción no tiene una única explicación, sino que es un fenómeno que se ve condicionado por factores diferentes que se inscriben en las siguientes categorías: la estructura socioeconómica (Jain, 2001; Tanziy Davoodi, 2001), la cultura política (Rothstein y Uslaner, 2005; Della Porta, 2000), el  diseño  institucional  (Lambsdorff,  2007;  Manzetti y Wilson, 2007) y organizacional (Mauro, 1998; de Graaf, 2007), y las carac-terísticas  psicológicas  de  los  individuos  (de Graaf y Huberts, 2008; De León y Guerrero, 2003; Sweitzer, 2008).

Diferentes combinaciones de estos elementos producen contextos con mayor o menor corrupción. Sin embargo, si la mayoría de estos factores están ausentes, la corrupción se vuelve generalizada o incluso sistémica (Klit-gaard, 1988) y los individuos la ven como una norma informal que pesa más que las normas formales de comportamiento.

Parecería que este es el caso en América Latina, donde la desigualdad social y la debilidad de las instituciones, junto con la existencia de una cultura política que favorece la desconfianza en los demás y en las instituciones públicas (Seligson y Smith, 2010), el clientelismo y el irrespeto de las normas formales conducen en conjunto a incentivar comportamientos corruptos y de búsqueda del beneficio privado por encima del interés general.

Si esto explica la persistencia de la corrupción, el escenario puede parecer muy pesimista y la pregunta inevitable es: ¿qué puede hacer un gobierno para disminuirla? Si bien no todos estos factores se pueden modificar en el corto plazo, algunos de ellos sí tienen un margen para el cambio; este es el caso del diseño institucional y del diseño de las organizaciones públicas.

El presente es un ejercicio orientado a analizar las medidas anticorrupción en Colombia hasta el año 2010, las cuales han incluido leyes, programas, recursos presupuestales y creación de organizaciones y agencias2. A partir de una revisión  de  estas  medidas  y  su  contrastación  con  diversos  indicadores  de  corrupción,  el  artículo concluye que hay una brecha entre es-tos esfuerzos y los niveles de corrupción según las  mediciones  disponibles  y  sugiere  algunas  reflexiones sobre cómo se podría corregir esta situación desde el punto de vista institucional.

Cabe resaltar que este no es un análisis de los resultados entendidos como outputs de las medidas, pues estos son de menor alcance y, en general, no existe información sobre los mismos, y tampoco es una evaluación de impacto de  las  políticas  públicas,  es  un  análisis  de  la  incongruencia entre las medidas tomadas por el Estado y los efectos o outcomes en términos de los niveles generales de corrupción, que es en última instancia el resultado social deseado a partir de la inversión de esfuerzos públicos para un objetivo (Roth, 2002).