De los 100 pesos, invertiría 30 para desarrollar políticas y reglamentaciones para mejorar la calidad del aire. Éstas estarían orientadas a generar límites y sanciones tanto para la industria como para el transporte en términos de emisión de particulados. En temas de agua, invertiría 20 pesos en manejo de cuencas. Esto implicaría invertir en restauración, zonificación, compra de tierras, etc. Invertiría 40 pesos en adaptación al cambio climático: en sectores productivos, en adaptación a la infraestructura, pero también en las zonas más vulnerables. En esta materia también invertiría en la diversificación de la matriz energética. Los últimos 10 pesos los invertiría en protección de ecosistemas estratégicos, como páramos, corredores biológicos, zonas costeras y coralinas que abastecen de alimento a muchas comunidades.

Invertiría 20 pesos en temas de adaptación a cambio climático en los territorios. Por ejemplo, en organizar al sector agrícola para enfrentar los cambios ambientales. O en temas de vivienda para que la gente que está en zonas de riesgo, cerca de una quebrada, por ejemplo, esté preparada para hacer tener estructuras más fuertes, o para establecer un POT que responda a las necesidades. Destinaría 30 pesos para mitigación de cambio climático. De esos 30, gastaría 20 para temas de usos de suelo y deforestación y 10 para mejorar en temas de transporte limpio. 20 más a ecosistemas estratégicos como páramos y bosques tropicales. Fortalecería directamente a las CAR que trabajan en territorios, especialmente en desarrollo de capacidades técnicas. 15 pesos los destinaría a temas de manejos de basuras, por ejemplo en temas de reciclaje y separación de residuos. Finalmente invertiría 15 pesos en temas de contaminación del aire en las ciudades. Esto en medidas como plantar más árboles o mejorar la calidad del transporte, uso de bicicleta, etc.

Según estudios recientes del DNP, Colombia debe incrementar sus inversiones en mitigación del cambio climático en $2,3 billones de pesos anuales (equivalente al 0,27% del PIB del 2016) para cumplir la meta de reducir emisiones en un 20 por ciento a 2030, a la que se comprometió en el Acuerdo de París. El total de las inversiones requeridas para cumplir con dicha meta es de $3,1 billones anuales (0,35% del PIB 2016): 38% lo aportaría el sector público ($1,2 billones) y 62% el sector privado ($1,9 billones) Por otro lado se requieren importantes recursos para promover las acciones en adaptación al cambio climático, incluyendo i. 100% del territorio Nacional cubierto con planes de cambio climático formulados y en implementación ii. Un Sistema Nacional de Indicadores de adaptación que permita monitorear y evaluar la implementación de medidas de adaptación iii. Las cuencas prioritarias del país contarán con instrumentos de manejo del recurso hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio climático iv. Seis sectores prioritarios de la economía (transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de cambio climático en sus instrumentos de planificación y estarán implementando acciones de adaptación innovadoras v. Fortalecimiento de la Estrategia de sensibilización, formación y educación a públicos sobre cambio climático, enfocada en los diferentes actores de la sociedad colombiana vi. Delimitación y protección de los 36 complejos de páramos que tiene Colombia (aproximadamente 3 millones de hectáreas). vii. Aumento en más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-, en coordinación con actores locales y regionales viii. Inclusión de consideraciones de cambio climático en Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos –PINES-. ix. 10 gremios del sector agrícola como el arrocero, cafetero, ganadero y silvopastoril, con capacidades de adaptarse adecuadamente al cambio y variabilidad climática. x. 15 departamentos del país participando en las mesas técnicas agroclimáticas, articuladas con la mesa nacional y 1 millón de productores recibiendo información agroclimática para facilitar la toma de decisiones en actividades agropecuarias. Lo anterior quiere decir que al menos 70 de los 100 pesos estén destinados a cumplir los compromisos del acuerdo de París. Los 30 pesos restantes para fortalecer el proceso nacional y regional de licenciamiento ambiental, educación ambiental, acciones policivas y judiciales para detener la deforestación, promover políticas de ecoturismo sostenibles, y garantizar el fortalecimiento de la planta de las entidades públicas que tienen a cargo la cartera ambiental (en particular el ministerio de ambiente).

Destinaría 10 pesos a es prohibir el fracking porque actualmente hay proyectos pilotos andando en San Martín, César que afectan a este municipio y a Aguachica. Es necesario hacer una moratoria hasta que no sean certeros cuales son los efectos del proceso y de los químicos usados. Para respetar la autonomía municipal y que se acaten y lleven a cabo todas las consultas populares invertiría 30 pesos. Teniendo en cuenta que las consultas populares no cuestan ni el 10% de las consultas interpartidistas, pero que es un asunto que tiene a los municipios están en vela, y que está respaldado por el modelo de descentralización, según la Constitución. Gastaría 15 pesos en una política de agua con enfoque de cuenca, tanto para la realización para los Pomcas (Plan de ordenación y manejo ambiental de cuenca hidrográfica), el seguimiento y la articulación de todas las cuencas hidrográficas. 10 pesos en el cuidado y recuperación de los humedales, con estudios para sitios protegidos por la Convención de Ramsar, priorizando la conservación por encima a la disponibilidad del uso de suelo. Es decir, ante la dicotomía de tener suelo no urbanizable y la conservación de los humedales, sobre la construcción, debería primar lo primero, como en el caso de la Van der Hammen. 15 pesos serían para invertir en una política de transición energética en donde el país le apunte a la no dependencia de la energía de carbón, tiene que acabarse entre corto y mediano plazo, y las hidroeléctricas, mal llamada energía limpia, para apuntarle a la energía eólica, y generada a partir del impulso de agua. 10 pesos irían para educación ambiental, concientizando la importancia de cuidar el ambiente, desde una mirada que plantee que estructura ambiental principal es la estructura del territorio y no únicamente el suelo en el que uno camina. Finalmente, destinaría 10 pesos a la legalización de la minería ilegal que tanto daño le hace a los ríos al verter el mercurio al agua, en especial en la Amazonía.

Considero que el próximo gobierno debe priorizar 3 temas dentro del eje ambiental: 1. 35 pesos para el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental para que se convierta en el actor más relevante en el manejo ambiental del país, superando problemas de presencia institucional y de control sobre todos los territorios. Aquí se debe incluir una reforma integral de las CAR (funciones y sus fuentes de ?nanciación). Dentro de las acciones en este componente deben estar: a) Delimitación y protección de todos los ecosistemas estratégicos del país. b) Creación de redes de monitoreo en todo el país sobre calidad del agua, aire y ruido. 2. Como ha señalado Wilches Chaux, hay que fortalecer la gobernabilidad ambiental y el ordenamiento territorial, no para imponerle a la naturaleza nuestras prioridades, sino para que podamos convivir con sus dinámicas. Esto implica que se debe fortalecer ecológica, institucional y socialmente los distintos territorios urbanos y rurales del país, para que podamos convivir sin traumatismos con las dinámicas de la naturaleza. Colombia debe elaborar, fortalecer y poner en marcha los Planes departamentales, distritales y municipales de Cambio Climático y Planes de Gestión del Riesgo, incluso llegando al nivel veredal y barrial. Para esto 15 pesos. 3. Finalmente los últimos 50 pesos se irían en que Colombia debe garantizar la protección de todas las fuentes hídricas y garantizar el mínimo vital de agua gratuita para todos. En el mismo sentido, debe apostarle a que la lluvia sea reconocida y aprovechada como un bien público para el consumo y la producción. Finalmente, debe ser un compromiso desde el primer día de gobierno del próximo presidente, la creación de sistemas de tratamiento de aguas residuales eficientes en todo el país.

Al menos 20 pesos le metería el tema de residuos. Al mejor control y uso de los productos después de ser desechados. Esto se vería traducido en políticas de reciclaje mucho más concretas e incentivos para crear industria que pueda aprovechar todos estos materiales. Este tema ya está en crisis y la muestra de ellos son los basureros que están a tu tope. Otros 15 para mejorar la calidad ambiental en las ciudades en temas como la calidad del aire o el acceso a espacios verdes. Dedicaría otros 15 al tema de áreas protegidas, a consolidarlas con mayor financiamiento. Hemos visto que cada año éstas reciben menos y menos plata. El otro 50 por ciento lo dividiría en 10 para impulsar energías renovables, 20 en reconversión productiva en el campo para modelos de uso más sostenibles y 30 para el impulso del turismo de naturaleza.

Si el presidente tuviera 100 pesos para dedicar al medio ambiente, yo le propondría que tomara 40 para fortalecer las capacidades locales en los territorios. De esta manera generaría una gobernanza más fuerte y clara que pudiera hacer una mayor ingerencia en las políticas locales. Y también daría un fortalecimiento a las instituciones, de manera que hubiera también un control muy fuerte en los temas ambientales. Le dedicaría 30 pesos a la estimulación de negocios verdes y de emprendimiento en los territorios, pues vemos que allá es donde hay más deforestación y si se logra que las comunidades puedan cambiar sus sustentos a unos negocios más sostenibles esto garantizaría la reducción de la tasa. Esto especialmente en la Amazonia y en el Chocó. Le diría que cogiera 20 pesos y fortaleciera los programas de turismo ecológico de manera que pudiera la gente que visita estos lugares tomara conciencia sobre la conservación del medio ambiente. Muy ligado a esto le diría que invirtiera los últimos 10 pesos en temas de educación ambiental. Sobre todo enfocandose a nivel de colegios, buscando que dentro de los programas académicos hubiera un componente de apropiación del medio ambiente.

La prioridad número uno es el manejo y uso del suelo. Ahí invertiría por los menos 50 pesos. Esto tiene varios componentes, uno de planificación y ordenamiento de los usos, definir en cabeza de quién está ese ordenamiento. También articular todas las iniciativas que hay. Hay otro tema que tiene que ver más con la prácticas que se hacen en esos suelos, para evitar la degradación, el daño del agua, la intensidad en los desastres naturales, etc. 20 pesos los invertiría en temas marinos y costeros. Este es un tema que no ha sido una prioridad en el país y será fuertemente impactado por los efectos del cambio climático. Los 30 restantes los invertiría en conservación de bosques. Esto tiene una gran importancia en términos de conservación del agua, de las especies y en la mitigación del cambio climático.

Primero, y ahí destinaría los primeros 50, está el tema de la deforestación. Esa es la prioridad número uno, es un tema dramático donde hay más deterioro. Esto implica fortalecer el tema del posconflicto en la medida en que la zonas que dejaron las Farc y donde están regresando campesinos que fueron desplazados o incluso los mismo desmovilizados representan un reto mayor en el control y solución a esta problemática. Los otros 50 a pesos los dedicaría al manejo del territorio alrededor del agua. Esto en temas como el control a la extracción ilegal de minerales, o el cultivo de ilícitos se requiere fortalecer el ordenamiento del territorio entorno a los cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, humedales y nacederos.

Si tuviera solo 100 pesos para el ambiente, los dividiría en tres parte iguales. 33, los invertiría en mejorar los controles para evitar la contaminación de las aguas. Esto se traduciría en controlar temas como el vertimiento de residuos o el impacto de la minería. Eso pasa porque las construcciones tengan plantas de tratamiento de agua, controlar los vertimientos de la industria, poner la mirada en el mercurio que termina en los ríos. Otro tema, en el que invertiría los siguientes 33 pesos, sería la promoción de energías renovable. Esto para evitar evitar la vulnerabilidad de nuestra matriz energética. Los otros 33 pesos lo invertiría en el control a la deforestación. En este tema ya hay una estrategia, pero se podría gestionar mucho mejor aspectos de financiación y prevención. Esto impacta temas de protección a la biodiversidad, el cumplimiento de las metas producto del Acuerdo de París. Por último, pero esto no necesita necesariamente más plata, es el fortalecimiento de las autoridades ambientales. No solo las Corporaciones, sino también otras entidades como la Procuraduría, que debería estar más encima de la ejecución de los recursos. También, por ejemplo, en entidades del sector salud que tienen todo que ver con esto problemas. Un buen ejemplo de esto es la reciente sentencia del Río Atrato.

Al tema de la atmósfera (cambio climático, capa de ozono y calidad del aire) le invertiría 20 pesos. Me parece que el tema del aire es el tema más importante a nivel urbano y es el más desatendido. Este aspecto tiene un impacto en la salud muy grande. El tema de cambio climático y ozono debería tener un enfoque mucho integrado en temas rurales y urbanos. En temas de agua, cuencas y zonas marino-costeras invertiría 15 pesos. El agua ha sido históricamente el tema central en cosas como el trabajo municipal de las corporaciones. Pero todavía existen brechas enormes. El estrés hídrico es cada vez más fuerte y es tema fundamental no solo para el ser humano sino también para la mayoría de procesos productivos productivos. Al temas de protección de la biodiversidad, bosques, áreas protegidas y promoción de una bioeconomía le daría 15 pesos. Nadie sino el Estado dedica tiempo y plata a esto. Sobre todo le pondría un ojo fuerte al tema de la deforestación. En temas de economía circular y gestión de residuos (ordinarios y peligrosos) invertiría 10 pesos. Toca ir pensando a futuro, no podemos seguir teniendo una visión que se limite a recoger la basura. Si bien eso es importante, hay que pensar en aprovechar los residuos. Se debe también pensar en términos de ecodiseño, diseñar productos fácilmente reciclables y dejar de pensar en términos de obsolescencia programada, etc. Hay que pensar en productos durables dada la presión sobre los recursos. En investigación, CTI y gestión de información invertiría 15 pesos. Fortalecería la información de los sectores, el sector de la investigación de los institutos, formular bien la políticas públicas, o en ir más allá en el desarrollo de tecnologías ambientales. En educación ambiental invertiría 15 pesos. Es necesario educar a los ciudadanos y al consumidor. Crear conciencia sobre el consumo de agua y energía, reciclaje, etc. Esto haría que el mismo ciudadano sea el que exija un mejor manejo del medio ambiente. En fortalecimiento institucional y seguimiento de políticas públicas invertiría 10 pesos. El Estado debe hacer una mayor seguimiento, fortalecer sus equipos de trabajo, debemos estar en el borde de conocimiento para poder implementar mejor las políticas públicas.

Invertiría 100 pesos (¡todos!) en diseñar e implementar una gran estrategia integrada, multi-actor, para transformar a Colombia en un país cero carbono (eliminando las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollando el potencial de energía renovable) y resiliente a los impactos del cambio climático para el 2030. Esto llevaría a resolver los mayores desafíos medioambientales -- por ejemplo la deforestación, contaminación y escasez de agua, la contaminación de aire en las ciudades, la seguridad alimentaria, etc. Además de generar nuevas fuentes de empleo, medios de vida sostenibles, y mayor equidad económica y social.

Le daría prioridad, con 40 pesos, a la descontaminación de fuentes hídricas y a la conservación y recuperación de cuencas, con lo cual habría dos aportes adicionales, uno en la mejora de la calidad del aire, al contrarrestar el efecto causado por los vectores (hongos, virus, bacterias, entre otros) que se desprenden del agua contaminada, y el segundo por ayudar a mitigar el cambio climático con la reducción en la generación de gas metano y gas carbónico. Veinte pesos para educar a los colombianos en como se hace la separación en la fuente de los residuos sólidos y con ello ser parte activa del proceso de reciclaje desde el hogar y el trabajo. Otros veinte para la conservación y recuperación de los páramos, de cuya agua depende la mayor parte de la población ubicada en la zona andina. Y los veinte restantes serían para la protección de la Amazonía, teniendo presente que gran parte del ciclo hidrológico de nuestro país se genera en esta región.

Destinaría los 100 pesos al desarrollo de la zonas donde las Farc ya no están. Lo haría en términos de conservar las reservas naturales de éstas zonas, por ejemplo empleando a la gente como guardabosques, reforestando o pagando por servicios ambientales. Para zonas agrícolas, los destinaría al apoyo tecnológico de los campesinos agricultores, en el desarrollo de vías de acceso para sacar sus productos y en mayor presencia del Estado. Son muchas zonas donde el Estado no ha tenido presencia y que tienen una alta vulnerabilidad no solo ambiental, sino también social y política.

Colombia es un país que padece el mayor número de conflictos ambientales en Latinoamerica. Paralelo a esto, existe una crisis del Estado en materia ambiental, pues los ciudadanos no encuentran respuesta a muchos de sus cuestionamientos en temas ambientales. Es evidente que reclaman acceso a la información, derecho a participar activamente en las decisiones que se aborden y justicia ambiental; los reclamos son estructurales en cada uno de los países y en la esfera internacional y no encuentran ni sustancial ni procedimentalmente mecanismos idóneos, tampoco institucionalidad especializada para atender sus peticiones, pretensiones y tutela efectiva de los derechos ambientales, y los recursos son escasos para todas las distintas problemáticas. Para abordar la problemática ambiental en el país debería priorizarse, con las siguientes tareas, las cuales están pendientes por parte del Ejecutivo y el Legislativo: - Diseño de una nueva estructura administrativa que resulte eficaz para abordar la crisis ambiental institucional, pues el SINA carece de rumbo ambiental y se han dedicado a ser verdugos de unos pocos, olvidando sus mandatos constitucionales y legales en favor del medio ambiente y la sostenibilidad del país, todo ello enmarcado en la órbita del modelo de desarrollo sostenible. - Es necesario una exigencia empezar a discernir en torno a una Ley General de Aguas, es inaudito que Colombia carezca este cuerpo normativo cuando la mayoría de los países de la región han aprobado esta ley para dar un uso sostenible al recurso vital y una gestión integrada del mismo. - Los problemas ambientales del país se han convertido en el tema más transversal del Estado Social del Derecho y por ende de la economía y sectores productivos del país, debemos avanzar hacia una agricultura sostenible, diseño de un régimen jurídico para la promoción de las energías renovables, TIC y cambio climático, sistemas de transporte masivos sostenibles y en fin, un país lleno de ciudades sostenibles pensadas en el bienestar general de las gentes y en la adaptación efectiva a este fenómeno natural. - Colombia tiene grandes oportunidades por su diversidad natural (biodiversidad que alberga), por ello urge que los bosques situados en el territorio nacional ingresen al mercado del carbono, pues los montes son una preocupación central de la esfera internacional, al mismo tiempo, debe diseñarse un marco jurídico que haga atractiva la inversión extranjera en esta materia. - Las ciudades son actores principales en la lucha por un medio ambiente urbano sostenible, por lo cual tienen un papel protagónico, pues es en estas en las que vive un porcentaje alto de la población a nivel mundial, y en las que se desarrollan actividades de tipo económico y social. Así mismo, son lugares altamente vulnerables a los diferentes efectos de este fenómeno climático que ha causado enormes tragedias a nivel mundial, debido a la poca planeación y ejecución de estrategias de adaptación que permitan evitar o al menos minimizar los devastadores efectos ya conocidos de este fenómeno.El legislador debe discernir en prácticas exitosas de ciudades sostenibles para planificar y ejecutar preventivamente. -TIC y Cambio Climático: «una fuerza para el cambio», este binomio es central para abordar asuntos como es el caso de la economía circular, la cual busca que la reducción de la huella de carbono venga de la mano de las TIC, a partir de la evaluación del ciclo de vida de productos y servicios TIC, abarcando y diferenciando en ella desde la extracción de la materia prima, el diseño, la fabricación y el transporte, hasta su utilización y desmontaje herramientas tecnológicas, también para la innovación tecnológica que facilite soluciones en salud, educación, servicios energéticos, producción, agricultura, monitorización y protección medioambiental.

De los 100 pesos invertiría: 40 pesos para la mitigación y adaptación al cambio climático. Esperaría que se dedicara gran parte de esos 40 pesos en reducir la deforestación y mejorar la calidad del aire. 20 pesos los utilizaría para mejorar la institucionalidad ambiental, especialmente en las regiones. 15 pesos los utilizaría en la recuperación y mejoramiento cualitativo y cuantitativo del recurso hídrico. 15 pesos en la protección de ecosistemas estratégicos como páramos y manglar. En el caso específico de los páramos los delimitaría adecuadamente, vigilaría que no haya minería o agricultura ilegal y aseguraría que se le brinde una solución a las comunidades que ahí habitan. Finalmente, 10 pesos para educación ambiental y fortalecer la cultura ciudadana.

De los 100 pesos yo le asignaría 50 a combatir cambio climático — acciones contra la deforestación y una apuesta fuera a la transición minero-energética como la de Uruguay o Chile—; 30 a velar por la seguridad hídrica — para ganantizar el acceso al agua, velar por la protección y restauración de los ecosistemas ricos en agua y promover un uso del agua eficiente por todos los sectores y ciudadanos—; 20 a combatir la minería ilegal. Todo siempre garantizando la participación ciudadana que le de peso al conocimiento local pero también contribuya a la seguridad jurídica y promoviendo un fortalecimiento institucional

Si sólo tuviera 100 pesos... llamaría al presidente de inmediato para que multiplique por 1000 el presupuesto del sector. Dejaría la lógica de tener que repartir poco entre una gran cantidad de prioridades, y redoblaría esfuerzos para lograr un aumento significativo de recursos para un sector que es condición sine qua non para el desarrollo. Sin embargo, como se trata de un ejercicio de priorización, dejando a un lado la discusión sobre la limitación de recursos, esto es lo que haría con los 100 pesos: Invertiría 50 en detener la deforestación. De los bosques de Colombia depende todo lo demás: la calidad del aire, la captura de carbono, la producción de agua, la resiliencia ante los cambios globales, la conservación de la biodiversidad. Están en amenaza constante y apremia frenar el exterminio actual. Invertiría otros 30 en limpiar las fuentes de agua. Esto implica no sólo reforestar y preservar las cuencas, que a su vez tendrá varios co-beneficios, sino realmente invertir en la calidad del agua en los ríos más contaminados, aguas abajo, con aplicación de reglas mucho más estrictas sobre vertimientos, y con obligaciones efectivas para el tratamiento de aguas, incluyendo además medidas de comando y control apropiadas para terminar y revertir los efectos de la minería legal e ilegal en el recurso hídrico. El agua es el recurso más fundamental para la vida en general. Los 20 restantes los invertiría en fortalecer las autoridades ambientales en los territorios. Necesitan tener mucha más y mejor capacidad de comando y control, de regulación, y de ejecución. Sin ellas, las políticas públicas pueden ser perfectas pero se quedarán en el papel.

Si tuviera 100 pesos para invertir en materia ambiental, destinaría: - 30 a detener la deforestación. Para eso, revisaría la recientemente lanzada estrategia de control de deforestación y evaluaría las acciones que más impacto tendrían para enfocar estos recursos (podría ser restauración, esquemas de Pago por Servicios Ambientales, esquemas de gobernanza con comunidades). - Ahora no todos los ecosistemas importantes son bosques, por lo que 10 los dedicaría a proteger ecosistemas importantes y vulnerables como páramos, corales, humedales, etc. - 30 los dedicaría a aprovechar el potencial de Colombia en la materia para generar oportunidades de desarrollo. En ese sentido, haría seguimiento en detalle a lo que está encontrando la Misión de Crecimiento Verde para apostarle a sectores como la Bioeconomía, Economía Circular, Economía Forestal, Energías Renovables no Convencionales, entre otras. - Un tema que está en la Misión de Crecimiento Verde es el de Ciencia, Tecnología e Innovación. A sólo eso le metería 5 pesos. - No nos podemos olvidar de las ciudades, donde vive la mayoría de gente. Por eso, 15 los dedicaría a estrategias de control de calidad de aire y manejo de vertimientos. - 5 los invertiría en cultura y educación en materia ambiental. - Y los últimos 5 los dedicaría a revisar cómo podemos aumentar los 100 pesos y volverlos 120 ó más. Por ejemplo, me enfocaría en demostrar los resultados de las líneas anteriores y generar estrategias para que desde el presupuesto nacional, la cooperación internacional y otras fuentes le podamos apostarle más a este sector.

Yo utilizaría 50 para detener la deforestación y consolidar un sistema de áreas protegidas enfocado a ampliar el acceso de las personas a recorrer y visitar estos lugares mientras se protegen ecosistemas y especies. 25 para ajustar el sistema de Educación incorporando educación basada en naturaleza como parte estructural del proceso de aprendizaje y la articulación de centros de educación en la naturaleza asociados a las áreas protegidas que garantizan un espacio natural seguro para explorar, descubrir, relacionarse con la tierra y aprender a vivir y desarrollar procesos armónicos con los sistemas naturales. Con esto desarrollaría el currículo nacional de biodiversidad y sostenibilidad el cual sería la base transversal del aprendizaje en el país. 25 para enfrentar retos del cambio climático y transformar el país a una economía baja en carbón, estructurada desde la autosuficiencia local hacia la nacional pensando en resiliencia y sostenibilidad.

Invertiría los $100 completamente en modificar y reforzar la institucionalidad ambiental nacional. De nada sirve decidir invertir en programas específicos por más valiosos que sean si la institucionalidad no funciona por una combinación de: a) falta de coordinación entre las autoridades nacionales (el Ministerio) y las Corporaciones Autónomas (CARS); b) cooptación y corrupción en muchas de las CARS; c) falta de gente competente en aquellas que no están cooptadas o corruptas. Corregidos esos defectos y asegurando que sólo gente técnicamente competente está al mando de las instituciones (el SINA, etc.) serán ellos quienes decidan cómo mejor invertir los siguientes $10, $20 o $100.