Rodrigo Uprimny Yepes es un jurista ampliamente conocido en el mundo jurídico y uno de los súper poderosos en el mundo de las ONGs y de las ideas que influyen el país. Es cofundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, que además dirigió por diez años. Fue reemplazado por Cesar Rodriguez Garavito, también cofundador de Dejusticia y quien saldría también por un conflicto de interés, dando paso a la actual directora, la abogada Vivian Newman Pont.
Uprimny nació en Bogotá el 13 de abril en 1959. Salió del Liceo Francés Louis Pasteur a estudiar derecho en la Universidad Externado de Colombia. Obtuvo una maestría en socioeconomía del desarrollo en la Universidad de París I y un D.S.U. (por sus siglas en francés) en sociología jurídica (similar a una especialización en Colombia). En 1992, recibió un doctorado en economía de la Universidad de Amiens (Francia).
Uprimny fue conocido inicialmente por su labor como magistrado auxiliar de Alejandro Martínez y de Eduardo Montealegre en la Corte Constitucional, en donde estuvo por 11 años.
También ha sido profesor de derecho en las universidades De los Andes y Nacional, además de profesor visitante en la Universidad Americana y en la Universidad de Grenoble.
En los últimos quince años Uprimny se ha convertido en uno de los investigadores más reconocidos del país en los temas donde se cruzan el derecho y temas más sociológicos como el conflicto, la salud y los derechos humanos.
Es autor de varias publicaciones e investigaciones como “El laboratorio colombiano: narcotráfico y administración de justicia en Colombia”. En 1990, con Gustavo Gallón Giraldo, publicó “Derechos humanos y conflicto armado en Colombia”.
Acumuló experiencia en temas de violencia, participación ciudadana y resolución de conflictos y justicia como consultor del PNUD para el Plan Nacional de Rehabilitación.
Ha sido uno de los investigadores principales del Centro de Memoria Histórica, que dirige Darío Acevedo, al lado de académicos reconocidos como Fernán González, María Victoria Uribe, Martha Nubia Bello, Iván Orozco, Álvaro Camacho Guizado, María Emma Wills y Jesús Abad Colorado.
Actualmente, es columnista de El Espectador y es la figura más visible de Dejusticia.
De ahí deriva la mayoría de su poder, porque Dejusticia, un tanque de pensamiento que existe hace una década, se ha posicionado rápidamente como un referente en materia de justicia, derecho y derechos económicos y sociales.
Con fuerte financiación internacional, se ha ido convirtiendo en el primer centro de estudios jurídicos con incidencia en políticas públicas y en las Altas Cortes, presencia en medios de comunicación (tienen un blog en La Silla Vacía, además de que varios de sus miembros tienen columnas en diferentes medios como El Espectador) e incluso en la Rama Judicial (Danilo Rojas, magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, fue uno de sus fundadores).
También ha jugado un papel clave en litigio estratégico (con demandas sobre aborto, adopción, ley de cuotas y la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría) y asesora entidades públicas, como la reforma a la Fiscalía, en el 2016.
Conceptos de Uprimny como la idea de que el deber de investigar, juzgar y sancionar crímenes internacionales no es una regla sino un principio -que, como tal, puede ser ponderado con otro principio como la paz- ha sido fundamental para sustentar el Marco para la Paz y la arquitectura de la justicia transicional que posibilitará el proceso de paz.
En 2014, Naciones Unidas escogió a Uprimny para ocupar (entre 2015 y 2018) un asiento en el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un comité del organismo internacional compuesto de 18 expertos que se reúnen varias veces al año para revisar los informes que cada cinco años deben hacer los 160 países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Actualmente Uprimny forma parte de la Asamblea General de Dejusticia y es director e investigador del área de política de drogas de ese centro de pensamiento. Sus áreas de interés son los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), justicia transicional, sistema judicial y política de drogas.