Enrique de Jesús Gil Botero

Este antioqueño de línea conservadora es el séptimo ministro de Justicia del presidente Juan Manuel Santos. Es abogado de la universidad de Antioquia, especialista en derecho administrativo de la Pontificia Bolivariana y en derecho constitucional de la de Salamanca, España.

Ha sido consejero de estado, litigante en derecho administrativo, árbitro de la cámara de comercio de Medellín, catedrático y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Gil Botero nació en Fredonia, Antioquia, en 1953. Entre 1984 y 2008 se dedicó a litigar con un éxito creciente, que lo llevó a estar en la lista de conjueces del Tribunal Contencioso de Antioquia entre 1988 hasta 1997, cuando entró en esa misma lista en el Consejo de Estado.

En 1999 y en 2003 fue candidatizado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para ser magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que se ocupa de asuntos de responsabilidad del Estado y por lo tanto es la que decide demandas contra éste por contratos o por accidentes o problemas de otro tipo.

En 2008, demostró que la tercera es la vencida y llegó finalmente a esa Sección, de nuevo como magistrado conservador y llenando la vacante del también azul antioqueño Ricardo Hoyos Duque. En todo ese proceso tuvo el apoyo del entonces ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, muy cercano al presidente Álvaro Uribe. 

Entró con fuerza, pues con apenas un año fue elegido presidente del Consejo de Estado en 2009.

Ese mismo año su hermano, Luciano, fue asesinado por sicarios.

Como consejero de Estado era visto como parte del grupo de conservadores cercanos al uribismo y fue ponente de procesos de reparación administrativa del Estado por su responsabilidad, por acción u omisión en delitos graves.

Por ejemplo, la de la masacre de El Aro en 1997 en Antioquia, y durante 2012 y 2013 fue ponente de los fallos que condenaron a la Nación por los crímenes cometidos por el grupo paramilitar ‘los doce apóstoles’ (grupo por el que está preso y sindicado de presunta colaboración y financiación Santiago Uribe Vélez el hermano del expresidente Álvaro Uribe). En la última de las decisiones, en 2013, Gil Botero señaló que el grupo paramilitar fue financiado por comerciantes locales y tenían apoyo de la Policía, el Ejército y un sacerdote católico de Yarumal, Antioquia.

En una de las últimas decisiones durante su presidencia votó a favor de mantener el periodo del fiscal General de la época, Eduardo Montealegre hasta 2016 y no hasta 2014, algo que contó con una amplia mayoría de 20 de los 23 votos.

Luego de salir del Tribunal, Gil Botero obtuvo contratos con la Fiscalía de Montealegre, lo que generó un escándalo mediático, debido a que esta contratación se veía como una especie de pago del fiscal General por el voto que lo mantenía en el cargo.

Además de Gil, también tenían contratos ex compañeros Susana Buitrago, Bertha Ramírez y Alfonso Vargas Rincón, pero el de él era el más alto. En su momento, explicó que el contrato por 751 millones de pesos no era producto de un favor y que consistía en capacitar fiscales regionales.

A mediados de 2015, fue elegido con 26 votos como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras ser propuesto por la Cancillería de María Ángela Holguín para este cargo ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre sus labores en la Comisión, fue relator en 2016 para México.

Ese año, el partido conservador, del que ha sido cercano, lo propuso al presidente Juan Manuel Santos para que lo ternara a la Procuraduría General de la Nación, que el partido esperaba que siguiera en sus manos.

Pero en un cónclave llevado a cabo en agosto de 2016 por la bancada en el Senado lo incluyeron junto con el expresidente de la Judicatura, Wilson Ruíz y el de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla.

Finalmente, la ternada por el presidente Santos fue otra conservadora: María Mercedes López, quien perdió la elección con el liberal, Fernando Carrillo.

A inicios de 2017, la nueva dirección conservadora, en cabeza de Hernán Andrade, propuso que Gil Botero fuera uno de los ternados por Santos para una de las cuatro vacantes en la Corte Constitucional para el periodo 2017-2023.

Santos decidió, al final, ofrecerle el puesto de Ministro de Justicia y anunció su designación, para reemplazar al verde Jorge Londoño, el 24 de febrero.

Así los conservadores tienen otra cuota conservadora en el gabinete, junto con las del Ministerio de Hacienda y Minas.