Humberto Sierra Porto es un cartagenero que actualmente es Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fue magistrado de la Corte Constitucional hasta septiembre de 2012, cuando terminó su período. Se volvió famoso cuando fue escogido por azar como ponente del fallo que hundió el referendo reeleccionista que habría permitido un tercer período de Álvaro Uribe.
Sierra Porto estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia y se especializó en derecho constitucional y ciencia política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. También en Madrid, en la Universidad Autónoma, completó su doctorado en derecho público, ciencia política y filosofía jurídica.
Las posiciones constitucionales de Sierra reflejan su educación en España, un país que en cuestiones de derecho constitucional es tradicional y conservador. Sierra ha manifestado en sus decisiones judiciales una confianza absoluta en el proceso legislativo y en el poder del Congreso así como cautela frente a un rol demasiado activo de la Corte.
De ahí que desde que la Corte anterior, de la cual él formó parte, estrenó la novedosa teoría de la ‘sustitución de la Constitución’, él se opusó categóricamente a que los magistrados evaluaran si el Congreso tenía competencia o no para hacer cambios drásticos en la Constitución. Cuando la nueva Corte volvió a aplicar esta teoría unos meses antes de estudiar el referendo reeleccionista, Sierra se opuso nuevamente a esa teoría, lo que le dio esperanzas a los uribistas. Pero aún así, en su ponencia pidió declarar inconstitucional la norma por vicios de forma. Y esa ponencia fue votada favorablemente.
Sierra rechaza la teoría de la instrumentalidad de las formas usada por la Corte anterior, según la cual, si existió una irregularidad en la forma como aprobaron una ley pero ésta no afecta de manera sustancial un valor democrático, entonces la Corte debe ignorar el vicio porque al fin y al cabo, el procedimiento es sólo un instrumento para realizar un fin.
Sierra Porto siempre se ha opuesto a esta teoría. Considera que siendo un requisito de la Constitución, hay que valorar el procedimiento porque eso protege los valores democráticos. Y en consecuencia votó a favor de tumbar la Ley de Justicia y Paz porque consideraba que debía ser una ley estatutaria.
Luego lideró el bloque que propuso inhibirse en el caso del matrimonio de las parejas del mismo sexo. Su argumento, nuevamente, es que esto es un tema que debe definir el Congreso. Antes de dejar la Corte, fue ponente del fallo que obligó al Procurador Alejandro Ordoñez a rectificar varias afirmaciones y decisiones en relación con el aborto.
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