Paula Gaviria Betancur nació el 15 de mayo de 1972 en Bogotá. Aunque es nieta de Belisario Betancur, su relación con el expresidente no ha sido determinante para su carrera. Gaviria se ha mantenido alejada del medio político y ha trabajado por los derechos humanos.
Es abogada de la universidad de Los Andes, especialista en periodismo de la misma universidad y en opinión pública y mercadeo político de la Javeriana.
Al final de su pregrado Gaviria hizo una práctica en la Corte Constitucional con Alejandro Martínez Caballero. Pero cuando terminó su práctica en la Corte, se abrió una vacante en el despacho del magistrado Eduardo Cifuentes para trabajar con su magistrado auxiliar, el fallecido Juan Fernando Jaramillo. Gaviria quería a irse estudiar cine a París, pues ésa es una de sus grandes pasiones. Pero se se ganó el puesto en la Corte y decidió quedarse.
Cifuentes, quien también fue decano de la Facultad de Derecho de Los Andes, ha sido su gran mentor y una de las personas más influyentes en su carrera. Cuando fue elegido presidente de la Corte en 1999, nombró a Gaviria como jefe de comunicaciones, un cargo que no existía hasta ese momento. Ese nombramiento le dio un vuelco a la carrera de Gaviria, pues pasó del análisis jurídico a las relaciones entre la Alta Corte y diferentes actores políticos.
Además, cuando Cifuentes se fue a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en el 2000, a la primera persona que le ofreció trabajo fue a Gaviria. En ese momento ella no podía abandonar su trabajo en la Corte así que se quedó unos meses más hasta que Cifuentes le puso un ultimátum.
Finalmente, Gaviria se fue a la Defensoría para ser secretaria privada de Cifuentes y Defensora Delegada para las Comunicaciones. Ahí hizo parte del círculo de confianza de Cifuentes junto con Jaramillo, que también se había ido a trabajar a la Defensoría del Pueblo, y con Catalina Botero, la actual relatora para la libertad de expresión de la OEA.
En ese cargo, Gaviria articulaba las relaciones de la Defensoría con entidades de cooperación internacional, de países como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Canadá o Noruega; también ayudó a una planeación estratégica de la Defensoría y a preparar las presentaciones de Cifuentes ante el Congreso. Pero su mayor aporte fue asesorar al Defensor en sus frecuentes y muy sonadas intervenciones ante los medios, lo que en la planeación estratégica se conocía como Magistratura Moral.
Cifuentes no duró mucho en el cargo: renunció a la Defensoría para irse de Director de Derechos Humanos de la Unesco. Gaviria decidió quedarse. Fue Delegada de Comunicaciones de Vólmar Pérez durante unos meses y después ocupó el cargo de Directora Nacional de Planeación y Divulgación de Derechos Humanos, en reemplazo de Botero, hasta que en 2004 presentó su renuncia.
Desde la Defensoría, Gaviria empezó a construir un equipo de jóvenes profesionales de confianza, a los que les dio mucha responsabilidad y confianza. En este círculo laboral cercano ha creado lealtades y amistades. Es una persona espontánea y con buen sentido del humor, a quienes sus empleados por lo general aprecian mucho.
En febrero de 2005 la llamaron de la Fundación Social para que dirigiera la asesoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (luego renombrada de Derechos Humano y Paz, y más adelante Área de Incidencia en Políticas Públicas), una vez más en reemplazo de Botero, que se iba a trabajar a la Corte Constitucional. En la Fundación Social, Gaviria se enfocó especialmente en la justicia transicional y en hacerle seguimiento e incidir en el proceso de Justicia y Paz. Allí se llevó a algunas de las personas que habían trabajado cerca de ella en la Defensoría.
En diciembre de 2011 el presidente Santos la llamó para que coordinara la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas, cargo que ocupa actualmente. Gaviria se enfrento a dificultades debido al tamaño del reto y a la limitación de recursos con los que contaba. Eso hizo que entre varios de sus colaboradores perdiera la imagen de jefe cercana y cálida que había dejado en su trayectoria anterior.
Después de cuatro años como Directora de la Unidad de Víctimas pasó, en abril del 2016, a ser Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, dejando su cargo en manos del ex Gobernador del Meta, Alan Jara.
En ese cargo estuvo hasta el 7 de agosto del 2018, cuando terminó el gobierno Santos e Iván Duque nombró a Francisco Barbosa en su reemplazo.