En Buenaventura está prohibido tirar la toalla, no hay tiempo de morirse. La lucha continua. - Monseñor Hector Epalsa

Para el movimiento nacional cimarrón ha habido, a lo largo de estos dos años posteriores al paro cívico de Buenaventura, una situación de cumplimiento en un porcentaje muy bajo de los acuerdos, de las obras principales.

Ha habido encuentros y desencuentros entre el Gobierno nacional, el comité del paro cívico y la comunidad de Buenaventura en torno a la implementación y el cumplimiento de lo pactado.

Lo primero frente a lo cual debemos mostrarnos positivos, es a la creación de la comisión de seguimiento al acuerdo del paro cívico por el decreto 1402 de 2017. Dicha comisión debe funcionar de manera periódica haciendo un ajuste, una evaluación y un seguimiento al conjunto de temas contemplados en el decreto, que a su vez son los temas contemplados en el acuerdo. Ese es un logro importante a nivel normativo.

Lo segundo es la creación, por ley, del Fondo de Patrimonio autónomo de Buenaventura, que es uno de los grandes acuerdos del paro. Los recursos deben ser provistos a partir del presupuesto nacional del Gobierno para la implementación del acuerdo.

Lo tercero positivo es la realización de la consulta previa del POT y, por último, la inclusión en el PND del artículo 265 que reitera y establece que el Gobierno nacional va a financiar el fondo de patrimonio autónomo de Buenaventura.

Todo lo anterior debe unirse con la primera gran apropiación de un billón y medio de pesos, del cual 850 mil millones de pesos ya están destinados para la ejecución de las obras centrales.

Por otro lado, los desencuentros entre el Gobierno y el comité del Paro se han dado debido a la lentitud en la implementación de las obras prioritarias acordadas en el acuerdo. Dos años han pasado y Buenaventura todavía no ve progresos significativos en el acceso a agua potable por el acueducto. Ni siquiera el 50 por ciento de la población recibe agua potable vía acueducto las 24h, donde más llega, dura un promedio de 5 – 6 horas, en otros lugares dura 2 horas aprox. Se debe destacar que hay muchos lugares a los que aún no llega.

El plan maestro de acueducto y de alcantarillado marcha muy lento. En el tema de saneamiento, el Gobierno propone ejecutar un cable emisor de las aguas servidas hasta la mitad de la Bahía. Dicha propuesta generaría un desastre ambiental, dañando y afectando a las especies marinas que allí habitan y en general al sistema ecológico, debido a las bacterias que implican los excrementos y otros desechos corporales.

Además de esto, en caso de que dicha propuesta se realizará, habría problema con los cables emisores ya que la bahía tiene que estar siendo dragada periódicamente para su debido funcionamiento como puerto.

El comité no acepta esa medida, plantea también que las aguas de lluvia no deben mezclarse con las aguas del alcantarillado y que se debe diseñar e implementar un nuevo plan distrital de alcantarillado y saneamiento básico. Un plan moderno.

Actualmente el alcantarillado no llega al 20 por ciento del casco urbano. Necesitamos un plan moderno, diseñado por expertos, que ofrezca soluciones integrales, que no contamine el medio ambiente marino.

Se destinaron solamente 25 mil millones de pesos, para el tema del mejoramiento de la infraestructura educativa en Buenaventura. En este momento se requiere un gran plan para la modernización, reconstrucción y dotación de las instituciones educativas. Estas deben ser modernas y contar laboratorios de lenguas, laboratorios de tics y aulas modernas, entre otros, donde nuestros niños eleven la educación de calidad y con identidad cultural afrocolombiana.

Las infraestructuras educativas en este momento son obsoletas, están viejas y no son pertinentes al medio.

El plan educativo que Buenaventura requiere y que el Gobierno debe financiar puede costar más de 600 mil millones. Debo destacar que no se ha hecho nada con respecto a la implementación de la política pública educativa de la etnoeducación afrocolombiana, ni por la política pública educativa de implementación de la enseñanza de la asignatura de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar del distrito de Buenaventura.

El otro tema que es doloroso y que sigue causando muertes es el de la reorganización, reestructuración e implementación de la gestión del hospital distrital. Si bien se han invertido algunos recursos para la adecuación de los pequeños puestos de salud existentes, el hospital distrital continúa como un gran elefante inactivo, mostrando la profunda debilidad del sistema de salud nacional.

Referente a la cultura, Buenaventura cuenta con una casita que ha servido como Casa de la Cultura. Sin embargo, el movimiento cívico quiere el diseño y la construcción de un nuevo centro cultural, grande y moderno, acorde con la población de Buenaventura, que ya es de casi 550 mil habitantes, y con su condición de distrito portuario turístico ecológico (al menos en el papel).

Buenaventura, la capital nacional de la afrocolombianidad, no cuenta con un proyecto cultural afrocolombiano digno de la gran población afro del distrito.

Finalmente, quiero decir que el pueblo de Buenaventura se mantiene consciente y firme en el seguimiento y la lucha por el cumplimiento del acuerdo.

Debemos decir que ganamos, con el paro cívico, una gran batalla social. Pero a pesar de que el pueblo de Buenaventura se fajó una gran movilización social, la guerra continua. La batalla grande, la batalla madre, que gane la guerra continua durante estos 10 años.

Debemos lograr el cumplimiento total de los acuerdos para que haya coherencia con el lema del paro cívico: “para vivir con dignidad y paz en el territorio”.

Dos años después de su constitución, el Paro Cívico de Buenaventura afronta a un momento crítico al que se enfrenta toda agrupación política que adquiere un perfil electoral ¿Cómo superar los nuevos dilemas que impone la acción colectiva?

En este sentido, dejado atrás el período reactivo en el que los objetivos comunes bastaban para mantener unida a la organización, se vuelve indispensable desarrollar una estrategia consistente (y convincente) de distribución de incentivos y compensaciones, especialmente para aquellos actores “decepcionados” (derrotados por rivales internos) que no podrán acceder a los cargos a los que aspiraban. Estos pueden ser fácilmente cooptados por otras fuerzas presentes en la contienda.

Desde este punto de vista, no lograr la victoria en octubre podría significar un doble golpe. El primero no poder administras los (extraordinarios) recursos que ellos mismos obtuvieron de la negociación con el poder ejecutivo nacional; el segundo, la decepción de un movimiento social que vería cómo se desperdicia una nueva oportunidad en un municipio repleto de carencias.

El paro cívico de Buenaventura es sumamente pertinente al evidenciar la situación que vive el puerto. Una situación de abandono y negligencia estatal.

A pesar de que por ahí se moviliza alrededor del 60 por ciento (aprox.) del producto interno, tanto de exportación como de importación, lo que lo convierte en una zona clave para la economía colombiana, esto no se ve reflejado en la calidad de vida de sus habitantes. Estos últimos se enfrentan a pésimas condiciones, una ciudad sin un plan de alcantarillado, acueducto y saneamiento claro y con un hospital en ruinas.  

En términos generales, no se dimensiona al puerto como un tema de región ni de país, dejándolo de lado constantemente. El desarrollo económico no puede estar de espaldas al desarrollo humano y social.

Es necesario invertir en el capital humano para ser una sociedad viable.

Además de lo ya dicho, es necesario mencionar que hemos tenido unos nefastos dirigentes, quienes, a pesar de haber nacido en el puerto, han perdido toda la sensibilidad por el mismo.

Si a esta falta de sensibilidad se le suma el abandono nacional, nos encontramos con los componentes perfectos para que fenómenos sociales como el narcotráfico, los grupos armados al margen de la ley y la violencia, entre otras problemáticas que se enfrentan en la región, florezcan en el puerto de Buenaventura.

La sociedad colombiana no puede discriminar más a Buenaventura y sus habitantes.

Hay cosas terribles que no se hablan, que no se discuten ni se visibilizan. El dolor de aguantar hambre y la desatención en salud de una parte importante de su población.

No se habla de la miseria en que ha caído la gente, de las mafias, de la creciente violencia, de la pobreza marginal y de la violencia que carcome todo el entorno de la ciudad-puerto

"Nosotros no solo somos víctimas del conflicto armado, sino principalmente del modelo de desarrollo social y económico como se ha proyectado y se ha planeado Buenaventura… El territorio y sus riquezas son las que han estado en juego aquí." Testimonio de un líder del Paro Cívico de mayo de 2017.

“Nosotros queremos una ciudad con puertos, donde primero esté la gente. Mejorar las brechas de desigualdad y los problemas estructurales, y vivir sin miedo y en paz.” Testimonio de Javier Torres, líder cívico y dirigente del Cabotaje de Buenaventura.

Desde una perspectiva estadística, Buenaventura podría ser un outlier, es decir un caso que se sale de los promedios, de la norma. Este, el principal puerto de Colombia, desafía y descompone estudios, probabilidades y predicciones en el campo social, natural y tecnológico.

Por ejemplo, contra cualquier vaticinio lógico, allí se produjo hace dos años una de las movilizaciones sociales más importantes de las últimas décadas en Colombia. Esto a pesar de la histórica pobreza, la inequidad, y el desconocimiento de las mayorías de sus pobladores.

Además, desde comienzos de este siglo la ciudad ha experimentado la violencia extrema de grupos armados ilegales que han generado profundas afectaciones y heridas emocionales, morales, materiales y culturales.¹

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) publicó un extenso informe titulado Buenaventura un puerto sin comunidad. La investigación se preguntaba por las circunstancias que favorecían la continuidad del accionar violento de los Grupos Armados Ilegales (GAI), y la degradación y deshumanización de sus acciones, como estrategias de dominio territorial.

Las conclusiones generales de este informe señalan que el circuito portuario funciona como un enclave económico dinámico y moderno, pero desarticulado de la vida de la ciudad. Este hecho ha contribuido a profundizar las condiciones de pobreza y desigualdad de la población y han favorecido el inhumano escalamiento del conflicto armado, del narcotráfico y la criminalidad.

En uno de los capítulos del informe se destacan, sin embargo, las prácticas de resistencia a las violencias; los procesos organizativos, y las estrategias de sobrevivencia desarrolladas por sus habitantes en las zonas urbanas y rurales.

Por una parte, se muestra la fuerza y permanencia de los movimientos sociales y sus acciones por la defensa de los derechos humanos, de la vida y de las víctimas; la recuperación de las memorias, y la apropiación del discurso de defensa del territorio.

Por otra parte, se revelan los procesos de re-territorialización que implican el despliegue de estrategias como la desobediencia civil a las restricciones impuestas por actores armados para controlar los tiempos y la movilidad de las personas, y la ocupación colectiva de espacios dominados militarmente por los GAI, y la re-significación de lugares relacionados con la muerte y la barbarie de las últimas décadas.

En efecto, el cambio de siglo marcó el inicio de un nuevo periodo en la vida de Buenaventura, debido a las sangrientas luchas territoriales entre narcotraficantes, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el bloque móvil Arturo Ruíz de las Farc, que causaron una crisis humanitaria sin precedentes en la ciudad.

Sin embargo, desde el año 2005, sorprendentemente, se produjo un incremento de las protestas y reclamos sociales en el puerto, que clamaban por atención a políticas públicas de carácter social, al incumplimiento de acuerdos relacionados con planes de desarrollo local y regional del pasados, y por garantías de los derechos humanos para todos los bonaverenses.²

En mayo y junio de 2007 se producen dos multitudinarias movilizaciones en el puerto. La primera, alentada por más de 30 organizaciones rurales y urbanas, que pedían el cese de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y otras formas de violencia. La segunda les exigía a los grupos armados acabar con las acciones terroristas contra la población.

En 2012, la crisis humanitaria en el puerto contaba 122 homicidios, y en 2013, otros 140. A comienzos de 2014 ya había más de 30 casos, y se calculaba, en este tiempo, que los desplazamientos rurales, urbanos e intraurbanos afectaban a más de cinco mil personas; y las extorsiones o “vacunas” involucraban a la población en general

Todos los anteriores hechos motivaron una nueva movilización masiva en febrero de 2014; esta vez más de 30.000 personas levantaban sus voces para reclamar a las entidades del Estado su atención urgente: para que permitieran a sus habitantes “enterrar la violencia y vivir con dignidad…[porque] no solo bastaba asesinar a las personas, sino descuartizarlas, desaparecerlas, masacrarlas, y a sus familiares desplazarlos, estigmatizarlos, a los niños reclutarlos, y condicionar la movilidad de la gente en fronteras invisibles,” tal y como se decía en uno de los documentos realizados por sus organizadores. ³

Los conocimientos y la formación organizativa de las movilizaciones entre 2007 y 2014, fueron los antecedentes cercanos para que en mayo de 2017, 130 organizaciones y redes sociales concertaran un nuevo Paro Cívico. Esta nueva acción colectiva logró movilizar a la mayoría de habitantes de Buenaventura con el propósito de declarar una emergencia social, económica y ambiental.

Los reclamos del movimiento giraban alrededor de ocho asuntos: salud de calidad con hospitales de segundo y tercer nivel; educación pertinente y de calidad; agua y saneamiento básico; territorio; ambiente sano y protección de riquezas naturales; empleos dignos; justicia y atención a las víctimas de la violencia; recreación y espacios de esparcimiento, deporte y cultura.

El Paro involucró más del 90 por ciento de la población por más de 20 días, y en pocos meses no solo logró la emisión de la Ley 1872, que incluía la asignación de 1,5 billones de pesos para atender los asuntos más urgentes en el 2018, sino que reservó los recursos necesarios para un plan integral y participativo para los próximos 10 años.

Líderes y organizaciones del Paro señalan que entre los logros más destacados de estos dos años están: la creación y puesta en marcha del Fondo para el Desarrollo Integral de Buenaventura; la Consulta Previa y participación ciudadana para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial; la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Agropecuario a 20 años; la aprobación de  183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, con recursos asegurados de 27 mil millones para su primera fase y 12.500 millones para la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Luis Ablanque de La Plata; 75 mil millones de pesos para Gestión a la Demanda del Acueducto, y 25 mil millones para acueductos rurales, y 170 mil millones para inversión en infraestructura educativa  para los próximos 7 años, y más de 130 nuevas plazas de docentes para el municipio.

El Comité del Paro, ha venido trabajando con un equipo directivo de 11 personas y 12 mesas temáticas en un complejo proceso de trabajo comunitario que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de la ciudad.

Ahora varios de sus líderes trabajan en la recolección de firmas para lanzarse a la Alcaldía de la ciudad, a ver si en las próximas elecciones se rompe con la vergonzosa constante de 5 alcaldes destituidos e involucrados en casos de corrupción en los últimos 6 períodos.

Todo esto en uno de los municipios más ricos y con más recursos económicos del país.

Los avances del movimiento del Paro, representan significativos adelantos e innovaciones en participación, en ciudadanía, en democracia y en el debate de los asuntos públicos, que muestran que Buenaventura lo que tiene es mucha comunidad, fuerza organizativa y movimientos sociales, que están planteando discusiones y acciones que ponen en el centro de las mismas, el buen vivir, el reconocimiento y la felicidad de la mayoría de los bonaverenses. Y sus múltiples puertos bien pueden hacer parte de una apuesta consensuada de desarrollo y bienestar social, económico y cultural.

--

*Agradezco los aportes de Camila Alejandra Castillo, Jennifer Guerrero, Catalina Herrera y Laura Sofía Serna para confeccionar este artículo.

1. Ver por ejemplo los trabajos sobre el conflicto armado y sobre violaciones a los derechos humanos en Buenaventura, realizados por PNUD, la Defensoría del Pueblo, Cinep, Fescol, la Revista Noche y Niebla, entre muchos otros.

2. Información producida por análisis propios realizados con información de las bases de datos de protestas sociales y Derechos Humanos de Cinep.

3. Verdadabierta.com, 2014

La movilización social en el Pacífico, y en Buenaventura en particular, tiene una larga trayectoria.

Un lugar común para explicar esta movilización y la protesta social consecuente, es justificarla mediante el llamado abandono estatal.

Este lugar común, que tiene por supuesto una dosis de verdad muy alta, oculta el tipo de relación que ha establecido el Estado colombiano con Buenaventura, y con el Pacífico en general. Quizá sea oportuno abandonarlo para evidenciar que, más que abandono, de lo que se trata es de una relación absolutamente inequitativa, en la cual los bonaverenses y su distrito siempre pierden y unos pocos, en la misma Buenaventura y en el resto del país, ganan.

La idea de abandono, además, supone la ausencia de relación, y al no haber nada, cada que se ha dado una protesta, pareciera que se puede arrancar desde cero, establecer en cada momento la relación fuerte entre el Estado y el Pacífico, que al poco tiempo se olvida, hasta la siguiente protesta, en la que se asegura que ahora sí se va a construir una relación.

Pensar al Pacífico desde el abandono no resulta fructífero, ni para entender lo que ha pasado, ni lo que puede pasar en Buenaventura.

El Paro Cívico con movilización y bloqueo entre el 16 de mayo y el 6 de junio, actualmente en receso, es el momento más reciente de esa movilización social, pero es sobre todo un momento de madurez de la movilización en el Pacífico. Lo es porque más que reclamar por el abandono (no es la primera vez que el reclamo es cualitativamente distinto), las organizaciones que constituyen el Paro lograron definir unos acuerdos con el Estado que posibilitan construir una nueva relación.

En primera instancia porque el Paro dividió en dos las cuestiones que debe hacer el Estado para revertir la relación de inequidad. Una, son las obras urgentes que debe emprender para garantizar la calidad de vida y la dignidad de los bonaverenses y que debieron ejecutarse en el primer año después de que el Paro entrara en receso. Dos, la construcción y ejecución del Plan Integral Especial de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio.

Tradicionalmente, las protestas sociales se quedan en la primera de las cuestiones, que este no haya sido el caso, y que el Plan, no solamente se demande, sino que esté de alguna manera garantizado por una Ley (la Ley 1872 de diciembre de 2017) evidencia ese momento de madurez.

Ese no es el único punto para caracterizar este momento. Es muy significativo para toda la organización social del Pacífico que el Paro esté conformado por más de 120 organizaciones, que más allá de sus evidentes diferencias lograron construir una plataforma de negociación, que con múltiples vicisitudes ha podido mantenerse en el tiempo. Una labor compleja, de continuo mantenimiento, que ha funcionado gracias a las mesas de trabajo creadas y a una articulación muy fuerte con las dinámicas propias del distrito y no del puerto.

Luego de dos años hay sin duda avances y retrocesos, afectados por el cambio de gobierno, por la misma dinámica interna de Buenaventura, y porque la trama de personas y organizaciones que constituyen el Paro viven las contradicciones propias de cualquier movilización social heterogénea.

El Paro ha logrado hasta ahora, con un éxito muy alto, mantener su cohesión interna, incluso bajo la presión que supone que uno de sus líderes sea candidato a la alcaldía. Esa tensión no está resuelta, no se trata tampoco de disolverla, sino de lograr que su fuerza potencie el movimiento social. Es un reto muy grande.

Un segundo desafío es traducir el mandato de construir el Plan en acciones concretas.

Una revisión de los Planes de Desarrollo municipales, departamentales y nacionales, ponen en evidencia dos asuntos que deben atenderse. El primero es generar una relación provechosa entre los puertos y la ciudad. En ese sentido, tiene que ver con que, mientras Buenaventura sea vista como solo como un puerto, peligra la posibilidad de construir una vida urbana de calidad, peligra la posibilidad de mantener el flujo constante entre lo rural y lo urbano, que es la fortaleza más importante del distrito, y sobre todo hace casi que imposible construir respuestas para el segundo asunto.

El segundo asunto es que, como muchas otras entidades territoriales, Buenaventura carece de una visión de largo plazo, carece de un modelo de distrito, rural y urbano, que oriente las decisiones de política pública que se quieran tomar. Si el Plan especial se convierte en un Plan de inversiones es probable que algunas de las soluciones urgentes que requiere la población se satisfagan (no ha ocurrido hasta ahora, pero es posible), pero es poco probable que, apostando solo a infraestructuras indispensables, la relación inequitativa entre Buenaventura y el Estado y otros actores clave se invierta o al menos mejoren.

Para decirlo de manera más gráfica, con justas e inapelables razones la ciudadanía demanda los tubos de agua potable que resuelvan uno de sus problemas más urgentes. El Plan Especial debe elaborar y sacar adelante proyectos que conviertan a Buenaventura en la capital del Pacífico, de tal suerte que realizar esos proyectos supongan inevitablemente instalar el tubo de agua potable.

Insistir sobre la urgencia del tubo es insoslayable, pero se parece mucho a las peticiones propias de la metáfora del abandono. Si se quiere invertir la relación de inequidad se requiere de proyectos que incluyan como indispensable el tubo, pero que no culminen con su instalación.

¿Qué proyectos? Por primera vez hay una oportunidad real de que estos se definan de manera colectiva, concertada ampliamente con muchos sectores; el Paro ha creado esa opción y debería orientar sus principales esfuerzos en esa dirección.

Hay una ventana, no muy grande, pero claramente abierta para definir esos proyectos, es una oportunidad que hay que defender.

Cualquier relación que se quede en solo infraestructuras corre el riesgo de perderse en medio de unas condiciones de vida precarias, que demandan y requieren atención básica en casi todos los frentes posibles, pues apremiante que garanticen en el corto plazo una vida digna y en paz.

Durante mucho tiempo países como Colombia apostaron a que la infraestructura ayudaría a modernizar al país y que detrás de ese cambio físico llegaría, inevitable, el cambio cultural, seríamos entonces un país moderno.

Esa promesa no se cumplió, no solo la infraestructura no trajo la modernidad tan anhelada, sino que el cambio cultural no se produjo como se esperaba, por fortuna, visto ese resultado con nuestros ojos contemporáneos, pues en parte ese fracaso permitió que sobreviviera, con mucha fuerza, toda la riqueza inmaterial que el progreso no logró borrar aquí y ni en muchas otras partes.

Sin embargo, hoy la situación de Buenaventura parece ser otra muy distinta.

Es difícil no advertir que los líderes del Paro y sus organizaciones representan formas sociales muy avanzadas en términos de modernidad. Reclaman derechos sociales, culturales, ambientales, políticos, económicos, de punta, construidos a partir de tradiciones muy diversas, ancestrales dentro y fuera de Occidente, desde allí, desde ese lugar privilegiado parecen estar en condiciones de construir una infraestructura acorde con las necesidades del distrito, una al servicio de su tradición cultural y no al revés.

No es un desafío fácil, pero en dos años el Paro parece estar en condiciones de planteárselo como un reto posible, como un problema con solución.

El paro cívico logró mantener la relevancia de su agenda en el cambio de gobierno, una tarea que parecía no tan fácil. Se creó el fondo, hay recursos, hay ideas pero faltan los proyectos ya estructurados. 

Por lo que el problema es que tras dos años hoy no hay nada en marcha y eso genera presión sobre el Comité y en especial sobre sus líderes. La alcaldía es un encargo y piensa más en el cierre del año. Así que hay poca  gente con la cual interlocutar a nivel municipal. Clave fortalecer acercamientos que van en curso con sector privado por ejemplo.

El paro cívico de Buenaventura es, hoy en día, la esperanza más clara de transformación social.

Éste, no es solo la expresión de un movimiento social de fuerte carácter étnico afrocolombiano que se expresa después de mucho tiempo y desidia de parte del Gobierno central, sino que ha logrado ir más allá de las formas organizativas del movimiento social. 

Representa a diferentes sectores del puerto, todos afectados de alguna manera por el modelo extractivo que se ha ido desarrollando en la región, puesto que, pese a que hay un alto flujo de dinero (debido a la actividad portuaria), a la población del lugar no le queda mucho. En ese sentido, el paro encarna un sentir social muy amplio, sus raíces se encuentran no solamente en el sentir organizativo del PCN, ni el de las organizaciones de consejos comunitarios, sino también en las diferentes expresiones territoriales de los barrios de la ciudad.

Uno de los logros del paro es que en el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el Plan Plurianual de Inversiones, quedaron recursos específicamente destinados para cumplir con los acuerdos del paro. Esta es una victoria, no solo para el movimiento social del paro sino también para todo el suroccidente, al lograr recursos específicos para Buenaventura más allá del Pacto Territorial del Valle. 

Se debe resaltar que la gente del paro ha sido sumamente clara en que los recursos designados en el Plan Plurianual de Inversiones, no son parte de los recursos normales que le corresponden al Departamento sino que son parte de una bolsa, específica y exclusivamente, para cumplir los requerimientos del paro.

Ahora bien, pese a esta victoria, la comunidad bonaerense y especialmente quienes que firmaron el acuerdo del paro, han estado a la expectativa y muy preocupados por la implementación de los cuantiosos recursos recibidos (10 billones a lo largo de 10 años). 

La expectativa comunitaria de que dichos recursos comiencen a irrigar el territorio se da a partir del deseo mancomunado de ver cambios concretos y específicos con respecto a sectores como infraestructura de servicios públicos, educación, salud, que han sido grandes rezagos de la ciudad. Ahora bien, el reto de la implementación de los recursos específicos que no corresponden al Pacto Territorial del Valle, ni a la ciudad específicamente, sino que son del paro, es cómo se van a poner de acuerdo movimiento social y gobierno, específicamente el DNP y el Ministerio del Interior, para ejecutarlos de manera coordinada y coherente con la gente del paro para que no se reduzcan a un recurso que se ganó y se ejecutó a partir de los órganos tradicionales. Allí es donde ha radicado la preocupación por el incumplimiento. La comunidad y los líderes del paro se han visto obligados a ejercer presión a tal punto de casi amenazar con un segundo paro, demostrando así, no solo su fuerza sino también el nivel de organización permanente que se ha desarrollado.

Finalmente, la implementación de los recursos pondrá a prueba la histórica corrupción de la ciudad y la forma clientelar en la cuál se han operado muchos de los cuantiosos recursos que supone Buenaventura. En ese sentido, la ejecución de estos les supondrá, a las comunidades y al movimiento, social un alto grado de organización y sobre todo, independencia, frente a las redes clientelares en un año en el que se avecinan elecciones regionales.

¿Jugar o cambiar el tablero?

Hay eventos sociales y políticos que no solamente ocurren en unas reglas de juego ya dadas, sino que cambian el juego, introducen en éste otros elementos, formas, emociones y relaciones insospechadas. Lo reinventan.

El significado histórico de dichos eventos debe evaluarse, entonces, no sólo desde cómo cambia la ecuación entre lo que sucede de facto, y lo que debería ser de acuerdo a un ideal normativo pre-establecido de jure (en la Constitución o las leyes de la República, por ejemplo); sino de cómo se crean o afianzan en el proceso nuevas prácticas, nuevas formas de relacionarse entre la gente y con su territorio, nuevos espacios institucionales para incidir en la vida colectiva, nuevas formas de pensarse y de actuar como “pueblo”, como comunidad.

El Paro Cívico en Buenaventura como evento fechado (entre Mayo 19 y Junio 6 de 2017), y como proceso organizativo que viene de antes y aún continúa, es uno de estos acontecimientos: no solamente se trata del acuerdo programático con el gobierno nacional con el que se levantó el Paro hace casi dos años, y su grado o no de cumplimiento según la “normatividad vigente”, que es por supuesto un nivel clave del análisis al hacer un balance (al cual volveré más adelante); se trata también de un cambio en lo que la gente en Buenaventura siente y piensa que puede hacer como comunidad, como pueblo; un cambio en la actitud, en la disposición, en el deseo colectivo, y en la forma en la que participa la gente en esa tarea que es “la política”, en su sentido más noble, como la construcción de un mundo en común con otros; y en esa tarea que es la “construcción de paz” en un escenario de post-acuerdo. Una sacudida en el tablero de ese juego: un cambio en la idea de lo que allí se puede hacer, se puede pensar, se puede lograr.

Enfatizo esto, porque hay un riesgo en que la intensa absorción del proceso político del Paro Cívico en la siempre tensa y algo desgastante negociación con el gobierno de turno en el proceso de hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo convertido en la Ley 1872 (del 18 de Diciembre de 2017), termine acorralando a este admirable proceso político del que el país tiene mucho que aprender, en la estrechez de las reglas de juego viejas, debilitando su demostrado potencial transformador de cambiar el tablero de juego.

¿Cómo cambió el tablero?

El “acta de compromisos” que registra el acuerdo entre las partes con el que se levantó el Paro en Junio 6 de 2017, tras 21 días de intensas negociaciones entre el gobierno nacional y los representantes de la comunidad, tiene algo de usual, y mucho de novedoso.

Lo usual en el caso de este tipo de acuerdos: fija unos compromisos en torno a algunos ejes programáticos de ejecución de política pública para cerrar brechas de desigualdad profundas, con unos plazos, y unas áreas de intervención prioritaria (en este caso cinco: infraestructura en salud, educación, y vivienda; acceso a agua potable, y apoyo a las economías locales). Pero también tiene mucho de novedoso, y creativo.

En términos de la estrategia de incidencia social del proceso político, el acuerdo contempla que lo pactado se eleve a ley de la República (no creo que sean muchos los casos como éste en la historia reciente de Colombia o la región), y además, que en esa Ley se incluyan los mecanismos de implementación y de seguimiento: por ejemplo, la creación de FONBUENAVENTURA (con una partida inicial de 1,6 billones para inversiones prioritarias en los ejes ya mencionados, y luego la garantía de respaldo presupuestal para los lineamientos del “Plan Integral de Desarrollo” a diez años); reuniones periódicas de seguimiento entre funcionarios del gobierno y los representantes del Comité, articuladas a mesas de trabajo en torno a los temas cruciales del gobierno de la ciudad (entre ellas, por ejemplo, la mesa de empleo y productividad, la mesa ambiental, la de educación, la de salud, la de cultura, entre otras).

Esta estructura institucional novedosa es un ejemplo admirable de articulación entre las organizaciones sociales y políticas de base (Cabildos, Consejos Comunitarios, sindicatos, y otras asociaciones gremiales y comunitarias; a la fecha son 210 organizaciones que convergen en la plataforma del Comité del Paro Cívico como proceso de incidencia social); las instancias gubernamentales a nivel local y nacional; y la gente, que tiene la puerta abierta para participar en las reuniones, asambleas, y mesas de trabajo.

Con todos los retos y dificultades que ello plantea, esta innovadora institucionalidad se ha puesto en marcha, con avances importantes en todas las mesas y los ejes programáticos (en unos más que en otras).

Antes de entrar en el detalle puntual de esos avances, hay que valorar la importancia del proceso: implica un cambio en la cultura política de una comunidad, pues abre espacios para que la gente pueda ser partícipe, e incidir, en cómo se gobiernan su ciudad y su territorio; espacios para que las decisiones de política pública no operen como ha tendido a hacerlo hasta ahora, en la intersección nefasta de dos lógicas: la lógica de la tecnocracia centralista (que gobierna sin atender a la gente en las regiones, sus experiencias, anhelos, sus saberes; lanzando directrices desde escritorios en Bogotá sobre cómo se deben hacer las cosas, sin escuchar a quienes se verán afectados por ellas); y la lógica de la corrupción mezquina que lleva a funcionarios locales y nacionales a usurpar los recursos públicos para el beneficio personal y de sus mafias.

De hecho, esta innovadora institucionalidad política de auto-gobierno de la gente sobre su territorio con miras a defender lo común, ha operado de manera paralela a gobiernos locales cuestionados y judicializados.

La importancia y el alcance del proceso: Haber logrado introducir otra forma de gobernar sobre uno de los territorios más golpeados por todas las formas de desigualdad y de violencia en la historia de Colombia.

Haberle exigido a un Estado históricamente indolente, articularse con los anhelos, necesidades y creatividad de la gente que habita ese territorio, para así gobernar de otra manera.

Otra lógica y otras prácticas de gobierno son posibles, y se construyen desde la gente y con la gente: escuchando y no imponiendo.

Esa es una lección en cultura política muy valiosa de este proceso para todo el país.

Más aún: sólo así se construye paz duradera. Pues este proceso, que se remonta más atrás a la marcha del 19 de febrero de 2014 y muestra así una gran constancia, perseverancia y laboriosidad, ha sido siempre un proceso por la paz: para vivir en paz y dignidad en el territorio.

Lo simbólico y lo material

La capacidad de ejercer presión en la negociación con el gobierno del proceso del Paro Cívico quedó demostrada hace apenas algunas semanas cuando, con la mediación de la gestión de la bancada parlamentaria del Valle unida, se logró incluir un artículo (el 265) en el Plan Nacional de Desarrollo cuyo presupuesto había inicialmente dejado por fuera una partida para el cumplimiento del acuerdo convertido en la Ley 1872.

Es decir, un Plan Nacional que actuaba, en ese sentido, en contra de una Ley.

La estrategia funcionó, y el Comité del Paro Cívico celebró una nueva victoria en esta larga lucha.

Esta fuerza en la negociación con el gobierno tiene otra fuente que no es solamente la estrategia política del movimiento: es el entusiasmo colectivo de una comunidad emocionada por encontrarse a sí misma, y unos a otros, para defender y cuidar de lo común. La emoción con la que los bonaerenses salieron a las calles hace dos años, y siguieron las transmisiones de televisión de las discusiones en la mesa de negociación, y se emocionaron y conmovieron al ver a sus representantes argumentando con un nivel de información sobre temas jurídicos, legislativos, contextuales, que rebasaba en ocasiones al de los funcionarios del gobierno. Es ese proceso como escuela de participación ciudadana de la que venimos hablando.

El reto del Comité del Paro Cívico está, también, en mantener vivo ese entusiasmo, la cohesión que propicia, y la fuerza política que de ahí se deriva.

Para ello, la estrategia del Comité ha consistido en intentar mantener informada a la gente sobre los avances de la implementación: ya se ha mejorado la infraestructura de 22 escuelas, de las 220 instituciones educativas del municipio (cada una de las cuales implica una inversión de alrededor de 150 millones de pesos); se ha presentado ya la propuesta de un Decreto para reglamentar la jornada de los trabajadores portuarios; el diseño acordado con representantes de la comunidad para la construcción de un nuevo estadio, el Mariano Clinger, está listo; se ha abierto investigación a funcionarios de anteriores administraciones por malversar el uso de los recursos públicos conseguidos en los acuerdos del Paro. Estos entre otros avances puntuales, significativos.

Quizás la paradoja, es que la gente percibe este tipo de comunicación como muy parecida a la del discurso político-electoral o político-gubernamental tradicional; en todo caso, es una comunicación que muy fácilmente cae presa de la desconfianza de la gente hacia ese discurso, y hacia las lógicas en las que ha operado.

Quizás la gente no se emociona tanto por este reportaje sobre las obras cumplidas o aún por cumplir tendientes a mejorar sus condiciones materiales de vida, sino por otros gestos y actos de carácter simbólico: como por ejemplo, el partido de fútbol entre comunidad y policía como gesto de reconciliación que también hizo parte de las actividades de conmemoración.

El reto para el proceso es, entonces, seguir hablando esos dos lenguajes: el de la política tradicional (eficiencia, obra, cumplimiento) en la normatividad vigente, en su diálogo con el gobierno; y otros lenguajes (palabras, acciones, gestos, relaciones, afectos), en su comunicación con la gente y entre ellos, que sigan cambiando el tablero de juego: el entusiasmo colectivo de imaginar que otra forma de gobernar, que otra forma de ciudanía, y que otra forma de vida en común, son a la vez necesarias (por tanto sufrimiento vivido), y posibles (por tanta creatividad colectiva aún por venir).  

De ahí la importancia de no olvidar las palabras a mi parecer muy sabias del Padre Óscar Denis Torres, sacerdote afro de la Diócesis de Buenaventura, comprometido por años con una pastoral social cercana a la gente: “lo que aparece en los periódicos es la consecuencia del trabajo que se hace en las bases”.

¿Cuál es el balance que podríamos hacer dos años después de firmados los acuerdos entre el comité del paro cívico en Buenaventura y el gobierno nacional del expresidente Juan Manuel Santos?

La respuesta es: en general, la implementación de los acuerdos muestra resultados de avances en negativo; en luz roja.

Es decir, no se puede negar que ha habido avances. Sin embargo, el “estado de emergencia social” que llevo a la organización del paro cívico en Buenaventura se mantiene: asesinatos selectivos contra líderes y lideresas sociales, destierro rural-urbano y intra-urbano; violencia contra las mujeres y jóvenes; desempleo, insuficiencias en el sistema de salud, educación, agua potable y alcantarillado; destrucción de los ecosistemas y medio ambiente (manglares) corrupción política y administrativa e incumplimiento de los acuerdos.

La presencia de los grupos al margen de la ley es todavía significativa; grupos armados y del narcotráfico que se disputan el control territorial. Comunidades desterradas de sus lugares de vivienda, jóvenes y mujeres afrocolombianas siguen siendo las víctimas más recurrentes de los accionares delincuenciales de estos grupos.

Por otro lado, los líderes y lideresas del paro cívico siguen recibiendo amenazas contra sus vidas, incluyendo a familiares del ya asesinado líder afrocolombiano Temístocles Machado, quien fuera asesinado el 27 de enero del 2018. Con la llegada de las elecciones en septiembre, se prevé que las amenazas y acciones contra sus vidas se incrementen.

La corrupción y la utilización indebida de los recursos de Buenaventura sigue siendo un tema preocupante para los líderes y lideresas del paro cívico.

Sumado a la inestabilidad política y administrativa que ha significado el arresto de exalcalde Eliecer Arboleda Torres, por corrupción y malversación de fondos públicos, y la alcaldesa Maby Yaneth Viera, por el incumplimiento en el pago de deudas.   

Las áreas que registran mayores avances han sido la educación con la asignación de recursos económicos para la ampliación de personal docente; la recuperación de plantas físicas en colegios rurales y algunos urbanos; y la asignación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la educación superior.

La salud ha sido una de las áreas que ha registrado avances relativos. Aunque su ejecución es aún mínima, se han destinado recursos económicos para la adecuación y construcción de centros de salud tanto en las zonas rurales como urbanas, así como también para la recuperación y adecuación del hospital público “Luis Ablanque de la Plata” con servicios de nivel dos y tres.

Por otro lado, se han aprobado recursos para la construcción de la ciudadela hospitalaria; sin embargo, ha sido imposible determinar el terreno en el que se llevara a cabo su construcción. El sentir de algunos líderes del paro cívico es que la administración local está colocando algunas trabas y no expresa voluntad política para su concreción.

Similar ocurre con el acuerdo sobre las 24 horas de agua potable para Buenaventura, saneamiento básico y medio ambiente. Se han asignado recursos, pero hace falta el diseño y las obras que viabilicen su concreción. Finalmente, ha sido un logró significativo incluir en la definición del POT la consulta previa.

La creación del fondo especial para Buenaventura ha sido una de las señales de avance significativo. Por un lado, se logró la formulación y creación del marco normativo para la implementación de la Ley 1872/2017, que da vida jurídica al Fondo de Patrimonio Autónomo, y establece la creación e implementación del Plan de Desarrollo Integral para Buenaventura como medios que garantizan el cumplimiento de los acuerdos.

En este orden de ideas, la Junta administradora del Fondo Especial se encuentra definida con la participación de representantes del gobierno nacional y de la comunidad de Buenaventura. Sin embargo, es preocupante que el Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente Iván Duque, no contempla recursos para el fondo especial y los diálogos entre el gobierno nacional y los miembros del paro cívico hayan disminuido significativamente.

Además, es alarmante que todavía no se haya podido estructurar el equipo ni la metodología para la creación, financiación e implementación del Plan de Desarrollo Integral para Buenaventura; pilar fundamental de los acuerdos firmados el 6 de junio del 2017 por el gobierno nacional y el comité del paro cívico.

La definición del Plan de desarrollo es muy importante.

Finalmente, es este plan de donde se definirán la visión de la Buenaventura del futuro, y la orientación programática de las acciones y proyectos que, en materia de empleo, educación, ordenamiento territorial, educación, justicia y protección del medio ambiente, se vienen implementando. Sin él, los recursos económicos y acciones no solo quedarán al vaivén de los políticos de turno, sino que también se convertirán en acciones sin una orientación clara.

¿Cómo entender el restrictivo y limitado avance que presentan la implementación de los acuerdos firmados por el paro cívico y el gobierno nacional?

Creo que el concepto de “estrategia selectiva” (“strategic selectivity”) que propone el sociólogo británico Bob Jessop en su libro “State power” (2009) nos brinda unas pistas teóricas iniciales para su compresión.

Para este sociólogo, el estado impacta diferencialmente la capacidad que tienen las diversas fuerzas políticas para perseguir sus intereses particulares de clase; impacto relacionado con la correlación de fuerzas económicas sobre las que el estado nacional se construye.

Así, una decisión u acción ejecutada por el Estado, y en apariencia racional, neutral y en la búsqueda del “bien común”, se alinea con intereses políticos y económicos de clase que dominan en una sociedad.

Así, podemos observar como la estrategia que el estado viene utilizando para atender el “plexo de problemas sociales” (W.E.B. Du Bois) que agobian a la sociedad de Buenaventura busca generar una percepción de atención a sus necesidades, pero no así, de las causas estructurales que las producen: el desarrollismo económico y extractivista que entiende a la ciudad como un “puesto sin comunidad” y cuyas particularidades étnicas, ambientales, culturales y raciales del distrito de Buenaventura no importan.

Así, tendríamos que hablar entonces de una estrategia racial selectiva del Estado colombiano en la que su racionalidad lo lleva a priorizar la ejecución de acciones y proyectos considerados por el gobierno como “importantes y de bien común” para la nación (la Jep, el problema de Venezuela, etc.) que solucionar los problemas estructurales y de fondo aquejan a la ciudad de Buenaventura.

Por eso sostengo que el estado de emergencia que llevo a la realización del paro cívico en Buenaventura no ha cambiado; lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de otro paro cívico en la ciudad muy pronto.