Hay temas que son transversales a todo el sector. Lo primordial como es la educación. Es fundamental porque la evolución de cualquier sector de la economía exige educación. 

De resolver la educación depende si comenzamos a entender que la agricultura es menos política y más ciencia, por ejemplo. Yo creo que no podemos seguir pretendiendo que los políticos manejen los ministerios de agricultura, este Ministerio en nuestro concepto es el más importante que tiene Colombia porque toca prácticamente todos los puntos neurológicos de la economía del país. Empezando por la seguridad, o la educación. Nuestros campesinos no tienen pensión ni salud, y para eso no hay ningún tipo de respuesta: ha habido escaramuzas para darles algunos temas como la vivienda rural, pero nos falta muchísimo.

Hay otros temas. Si hablamos del sector ganadero, por ejemplo, tenemos la idea de que Colombia está amenazada por por lo menos 14 enfermedades diferentes de los animales de la ganadería. Eso puede ser muy grave porque nos hemos concentrado en algunas enfermedades, pero todavía hacen falta varias por curar.

La modernización del agro también es fundamental y esto está lejos de suceder, en la medida en que no eduquemos a nuestra gente, no tengamos la manera de financiarla y no tengamos la manera de tener una gran arremetida contra la falta de acopio de productos.

Aunque puede sonar recurrente considero que los retos del desarrollo rural para el próximo y próximos años se relacionan con la real implementación del punto uno del Acuerdo Final sobre Reforma Rural Integral, que recoge los aspectos relevantes para impulsar nuestras áreas rurales en materia económica, productiva y social. 

Es necesario que finalmente cada sector termine e implemente los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral que debían guiar la política sectorial frente al desarrollo rural, y debían ser usados en el proceso Pdet. Aún hoy no se cuenta con la totalidad de estos instrumentos claves de política, existiendo una ausencia de lineamientos sectoriales frente a su política de desarrollo rural, por lo que varios sectores (no todos) siguen en deuda respecto a su compromiso para la implementación de la RRI. 

De otra parte, es necesario comenzar a implementar aquellos planes y modelos que ya se encuentran listos como instrumentos de política, como en el caso del Ministerio de Agricultura Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación y su modelo de extensión agropecuaria. 

También se tiene el reto de comenzar la implementación de los Pdet, como programas que concretan la RRI en los territorios, luego de casi tres años de planeación participativa y estratégica los territorios demandan su implementación real, más allá de las acciones de respuesta rápida y Obras de infraestructura comunitaria. Es necesario avanzar en la ejecución de las iniciativas consignadas en los PATR y que, siguiendo los objetivos de los Pdet deben contribuir a la reactivación de los territorios más afectados por el conflicto. De lo contrario el impulso que se tomo con el proceso de planeación participativa de los mismos seguirá desvaneciéndose y la confianza en la institucionalidad quebrantándose. 

Es necesario que el desarrollo rural vuelva a la agenda de política a nivel nacional y a ser una prioridad dentro de las demandas sociales de los actores de la sociedad civil, por ejemplo, dentro de las peticiones del pliego del paro nacional las demandas no tienen una relación directa con la política de desarrollo rural y la implementación de la Reforma Rural Integral, aparte de una mención general a la implementación del Acuerdo Final con las FARC.  

Este primer semestre que viene va a estar muy ligado a los reclamos que hubo en el paro y que seguirán el año entrante. Nosotros hemos planteado una labor muy grande en el sector agro, hemos intentado buscar acuerdos para soluciones para algunos problemas que el gobierno no ha atendido.

Hay que revisar el tratado de libre comercio en el tema agrario. Necesitamos una política que promueva la sustitución de importaciones de productos que pueden producir los colombianos, pero que el TLC no permite.

También hay que insistir en la solución de las deudas bancarias que tienen los actores agropecuarios. Para buscar competitividad es necesario tener una ley agrícola que modifique políticas agrícolas que no permiten la competencia ni productividad, entre esas están las políticas de las deudas que hay. Y entre estas cosas también está  retomar los precios y que se vuelvan estables. Si no hay una remuneración justa al trabajo del agropecuario, la gente se desincentiva, se daña el negocio, y los campesinos no tienen un nivel de subsistencia digno, o sea que no es posible aportar al desarrollo nacional. Es decir, no se genera una economía dinámica porque no se tiene cómo poner a producir. El énfasis que buscamos es que los productores puedan cumplir con la máxima de la producción en el mundo, que es producir productos para su propio mercado, y darle autonomía a los productores. 

Además hay otros tema es de vías, de asistencia técnica, temas de drenajes, de la relación con temas de financiación de bienes de maquinaria para la labor agrícola. 

El tema es que gobierno no ha definido si quiere una mesa para conversar, lo que nos parece inocuo, porque si es para echar cuento, no sirve, la conversación debe llevar a una negociación que permita destrabar la situación que estamos viviendo. 

El actual gobierno le ha prestado muy poca atención al desarrollo rural del país. La Misión para la Transformación del Campo le dejó una carta de navegación muy completa y actualizada para trabajar por un desarrollo integral de los territorios rurales colombianos. En dicha carta se parte de la visión que para mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales se deben tener en cuenta todos los aspectos y componentes que inciden en ellas: generación de ingresos (agropecuarios y en otras actividades como turismo, servicios ambientales, pequeña industria y minería, comercio, etc.), educación, salud, comunicaciones, infraestructura, justicia, servicios públicos, cuidado del medio ambiente, etc.  Y de que son los habitantes rurales de cada territorio quienes deben definir sus estrategias de desarrollo y ponerlas en práctica. Para ello se necesita que el gobierno nacional los apoye con desarrollo de capacidades, buenas políticas públicas en todos los campos mencionados y cofinanciación de sus planes y programas.

No obstante, el actual gobierno ha avanzado muy poco en la puesta en marcha de estas estrategias integrales, recomendadas por la Misión y definidas en los acuerdos de paz. Fuera de lo poco que ha hecho en los PDET, no se ven acciones en otros campos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, que debería liderar la implementación de estas estrategias se ha limitado a trabajar en temas estrictamente agropecuarios de carácter puntual, en especial con los grandes productores agrícolas y pecuarios y con los gremios más fuertes, olvidándose de la inmensa mayoría de los habitantes y los territorios rurales y de la visión integral anteriormente expuesta.  

Incluso, en instrumentos que quedaron aprobados en la ley, como la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria -y los respectivos sistemas territoriales-, se ha hecho muy poco para su implementación, a pesar de la importancia que tiene para la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad del sector.