Se juegan muchas cosas: primero, que debemos como país resolver el problema constitucional de los derechos de la nación sobre el subsuelo y los derechos de las comunidades sobre el territorio; segundo, que trabajemos en hacer que los proyectos mineros sí generen desarrollo local, pero hasta ahora la evidencia no soporta este argumento causal. Tercero, esto nos pone sobre la mesa cuál modelo de desarrollo de largo plazo del país queremos, si uno mas extractivo o uno más sostenible y más verde.

La consulta popular de Cajamarca y la Marcha del 1 de Abril se parecen en lo mismo: un interés político mueve a la gente en torno a temas inspiradores. Al final, ganan los políticos, pero nadie le va a responder a los habitantes de Cajamarca cuando la emoción del momento se haya acabado.

Buen punto. Algo similar se podría explorar hoy en Piedras que pasó su consulta popular hace unos años. Los periodistas deberían aprovechar la euforia e ir a Piedras a preguntar si pasada la emoción allá se generó algo bueno para su población derivado de esta decisión.

Lo que muestra Cajamarca es que ya es hora de abordar de frente la discusión nacional sobre el modelo de desarrollo del país. En los últimos 20 años no hemos logrado armonizar el modelo extractivista con el modelo sostenible. Algunos celebran el resultado de Cajamarca, pero olvidan calcular los costos de esa decisión. Los costos son inmensos y deben incluirse en la fórmula de quienes defienden a ultranza una prohibición general de minería en el país. ¿Puede la decisión en Cajamarca incentivar la minería ilegal (que es mucho más destructiva)? ¿Cómo queda Cajamarca después de la decisión? ¿Dónde esta su modelo de desarrollo? ¿Con qué recursos van a desarrollar su modelo verde? El debate han sido mal planteado. Ha sido planteado como un juego de suma cero: oro o agua. Sin embargo, la experiencia internacional nos muestra que sí se puede hacer minería de forma ambiental y socialmente responsable y a la vez explotar recursos naturales para beneficio colectivo. El debate debe ser replanteado y darse en primera instancia en el campo técnico, no en el político.

Está en juego una prueba de la capacidad del gobierno para admitir que las personas que habitan el territorio nacional tienen mucho que decir sobre su ordenamiento. Está en juego también la maravillosa oportunidad de poner sobre la mesa y llevar a discusión seria el modelo de desarrollo que quiere y necesita el país. ¿Seguimos depredando los recursos naturales para el beneficio de inversionistas extranjeros? ¿O hacemos uso razonable del suelo, el agua y los bosques para el beneficio sostenible de las personas y demás especies vivas?

Estoy de acuerdo con Jaime en que la marcha del 1 de abril y la consulta de Cajamarca se parecen. Ambos son el ejercicio del derecho a participar y expresarse; pero no hay duda que la consulta sobre La Colosa encarnó intereses altruistas ejemplares mientras la marcha del 1 es un cúmulo de contradicciones movidas, ahí sí, por el puro interés de mantenerse en el poder.

¡Qué buen ejercicio el que propone Juan Camilo!

Una de las cosas que evidencia el caso de Cajamarca es que no existen espacios de diálogo, reales y horizontales, donde las comunidades puedan compartir sus preocupaciones con empresas y autoridades. Ante la falta de dichos espacios, las consultas populares han sido recursos extremos -en Cajamarca, en Piedras, en Tauramena- de las comunidades que, por esa razón, se acercaron a activismos muchas veces simplistas y simplificadores. El Estado y las empresas solo han buscado establecer esos diálogos de manera reactiva, nunca preventiva. Y por eso, los conflictos están escalando hacia escenarios tan extremos como una votación. El único modelo preventivo que existió, de mesas de a tres entre estos actores, fue cercenado cuando estaba listo para entrar en su fase de resultados. Ese programa, llamado Avanza, puede ser un modelo de lo que nos falta para garantizar que podemos tramitar los conflictos de manera democrática en los territorios y encontrar soluciones que dejen contentos a todos.

Herramientas claras de participación ciudadana que le hacen peso a la política energética, fiscal y económica. Un fractura interesante que nos va a poner a pensar sobre los modelos de desarrollo que sean viables e innovadores tanto para los distintos departamentos, como seguros para la inversión extranjera. Es un buen momento para pensarnos como país.

El resultado de la consulta popular es una manifestación de inconformidad frente a un modelo extractivista que favorece a transnacionales y aparta de los gigantes beneficios económicos de la actividad minero energética a las poblaciones donde se desarrolla. Según el Consejo de Estado el resultado de éstas, cuando votan dos terceras partes del censo electoral de la población convocada y hay una mayoría simple, son válidas y vinculantes. Así, es absolutamente inoportuna y negativa la tramposa intención del gobierno nacional, expresada por el ministro de minas Germán Arce, de evadir el resultado actuando como representantes de Anglo Gold Ashanti, la multinacional que intenta hacerse con la explotación del oro en Cajamarca.