La participación indebida de contratistas en las elecciones es uno de los factores que potencian la corrupción. Es por esto que es fundamental que decidamos como sociedad combatir estas prácticas. Desde la ANDI, hemos revisado en nuestra Estrategia Para Una Nueva Industrialización II ¿Cómo afecta la corrupción el desarrollo económico y social y el desarrollo empresarial? y encontramos que "normalmente, las personas responden a los incentivos y actúan de manera racional. Cuando un funcionario, un político o un agente privado decide cometer un acto de corrupción, lo hace porque percibe un beneficio mayor por hacerlo que el costo asociado a ello. Evidentemente, este tipo de actuaciones están relacionados con conseguir dinero fácil y en sumas considerables. Por esto, si se quiere eliminar o reducir la corrupción, se debe lograr que en todos los potenciales actos corruptos las personas perciban un costo mayor al beneficio de realizarlos. En este caso habría dos alternativas para disminuir la corrupción: la primera, reducir el beneficio de las acciones no transparentes; la segunda, aumentar el costo de hacerlos. Es muy difícil modificar los beneficios que se obtienen por cualquier acción corrupta. Estos dependen de la naturaleza de cada interacción del Gobierno, o los agentes privados, y del dinero que esté de por medio. Sin embargo, sí es posible modificar el costo asociado con ser corrupto. Este depende de dos variables, básicamente: una, la pena o multa que se tiene si se descubre el acto corrupto; dos, la probabilidad de que realmente sea descubierto. Por esto, las políticas para reducir la corrupción deberían estar orientadas a aumentar las penas por ser corrupto y las posibilidades de descubrir esos actos". Por lo tanto para combatir la influencia indebida y por lo tanto la corrupcion, se debe: + Aumentar las penas para todo acto de corrupción y que sean agravadas cuando involucran a políticos electos democráticamente. + Ampliar el uso de la tecnología en todas las acciones que emprendan las autoridades electorales y en General el Gobierno. Cuando hay un soporte tecnológico, donde todas las interacciones entre funcionarios y ciudadanos quedan registradas, se hace más difícil desarrollar procesos fuera de la ley para obtener provecho personal. + Velar por la transparencia de la información de las campañas y los candidatos (que sea de fácil acceso y que esté toda disponible). Si los ciudadanos pueden acceder a la información fácilmente, tendrán mayor control sobre las acciones de los candidatos y electos. + Fortalecer las autoridades de control, en procura de dotarlos de mejores herramientas para investigar, acusar y juzgar los hechos atados a la corrupción. Puede replicarse el ejemplo de la UIAF que ha demostrado resultados positivos en la lucha contra el ingreso de dineros provenientes del lavado de activos. + Visibilizar las buenas prácticas en la gestión pública así como enaltecer los buenos resultados obtenidos por los funcionarios elegidos democráticamente. + Desarrollar campañas que luchen contra el abstencionismo en las elecciones. Fortalecer los partidos e incrementar las calidades éticas de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

Solo veo dos incentivos fuertes posibles para poner en esas leyes: 1. listas cerradas, y 2. plata pública en campañas. Otro montón de normas populistas como bajar el salario de congresistas o eliminar su reelección o inútiles como miles de inhabilidades, son contraproducentes, distraen y enredan. Y aun esas dos normas con incentivos potentes ayudarían sólo levemente a combatir la corrupción, porque el cambio humano sucede vía incentivos (algo medianamente al alcance de la ingeniería institucional) y vía cultura. Y es mucho más cultura que incentivos. Y la cultura es una construcción y un activo social procesual, sutil y complejo (no cómo cree Antanas, un asunto de emociones o cálculos cívicos). Las instituciones son solo cultura, pero la cultura, y por ello el cambio institucional, escapan a la ingeniería institucional. La clave está en construir cultura política democrática en élites y ciudadanos y enfatizar en hacerlo en su infancia y juventud. Una cosa que muchos educadores hemos trabajado, y mostrado cómo sí funciona, pero que a la hora de ser llevada a las decisiones públicas se queda en palmaditas de los poderosos. Y el mejor ejemplo es el presupuesto 2018. Resalto como excepción el PECC de Bogotá. El experimento de mayor escala para construir cultura política que se ha hecho en Colombia. ¿El PECC? ¿Qué es eso? A quien le importa. Queremos ingeniería institucional y a punta de leyes, además desfinanciadas, vamos como vamos.

La reforma me parece irrelevante mientras no se descentralicen los recursos. Mientras en las regiones haya la necesidad de recurrir al centro, siempre habrá un intermediario al cual acudir: ese será un congresista. Y claro, ese intermediario se llevará su comisión. Ninguna reforma política o ley anticorrupción tendrá una solución si no se descentralizan lo recursos.

Independientemente de la reforma es necesario escoger a gente con criterio estrictamente profesional para los cargos públicos que tengan que ver con contratación. Por el lado de los contratistas, creo se les debería prohibir hacer cualquier tipo de aporte a las campañas. Y en caso de ser descubiertos, habría que poner sanciones económicas muy fuertes. Desde Isa o CarboCol y, por supuesto, desde el Ministerio de Minas, fui responsable de muchos contratos. La receta no era muy difícil: ser honesto, estricto y tener una buena asesoría legal.

Faltan pocos días para que nos visite el Papa Francisco. Viene a dar un mensaje de paz y reconciliación y a animarnos a cumplir los mandamientos de las sagradas escrituras del evangelio Cristiano, buenos mensajes que con seguridad nos van ayudar para las duras tareas que tenemos como sociedad. Este es un pueblo que se dice Cristiano, pero las prácticas distan mucho de la vivencia. Nos falta una profunda revisión espiritual y pensar cómo ser coherentes: predica y práctica deben ir juntas. Ahora vivimos el cierre parcial del viejo conflicto armado -esperemos que los dioses de la vida iluminen a Gobierno y al ELN, y no nos defrauden-, pero aún estamos lejos de cumplir de manera aceptable el mandamiento de “No Matarás”. Sobre el “No Robarás” la cosa tampoco pinta muy bien. Escándalo tras escándalo, nos muestra que el robar está ampliamente generalizado, por supuesto que no es de hoy, ni de ayer, ni de este milenio, la cosa viene de bien atrás. Llegar a cero es casi imposible, pero sí deberíamos remitirnos a las supuestas tesis "Turbayistas" y llevar la corrupción a "sus justas proporciones". Lo que hay hoy va mucho más allá, es un cáncer que tiene enferma a la sociedad y amenaza con mayores calamidades. Por supuesto que no todo es corrupción es el mundo público y privado, pero la sensación y la evidencia es que es una calamidad pública y superarla no ha sido tarea fácil y mucho menos prueba superada. Tenemos políticas anticorrupción, zar anticorrupción, discurso anticorrupción, acción contra la corrupción, pero los resultados no se ven prometedores. El Papa tiene razón, debemos separar de manera tajante a los políticos de los empresarios, que ni se vean para tomar café, por ahí es que hay que empezar. Lo anterior implica que la política sea financiada de manera exclusiva por dineros públicos y que seamos serios en el tema. Y que el que meta plata extra por fuera de la financiación estatal sea duramente sancionado. Si separamos a los políticos de los negocios, la cosa va a mejorar, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Tema para una segunda reflexión. Por ahora, bienvenido Papa Francisco y usted tiene la razón; unos a la política y otros a los negocios, pero no revueltos. ¿Será posible?

Las listas cerradas son una condición necesaria para mejorar el control a la financiación indebida de campañas. Cualquier otra medida que no incluya la eliminación del voto preferente es, creo, un saludo a la bandera.