El salario mínimo regional es un recorte a la democracia. Es una desmejora legal de los derechos de los trabajadores y de la autonomía de departamentos y municipios, empujará hacia abajo el ingreso laboral, aumentará la desigualdad en el segundo país más desigual de América y pocas cosquillas le hará a la informalidad. El salario mínimo se define por decreto presidencial. Lo conversan empresarios, trabajadores y gobierno, y este último es el que decide. Volverlo regional es convertirlo en un asunto que también les interesa a los entes territoriales. Poder que el Presidente usaría como instrumento de negociación o de dominio político. Nacería otro desequilibrio legal en favor del ejecutivo nacional y en contra de gobernadores y alcaldes. La economía colombiana tiene problemas de demanda. La gente no compra. En medio del estancamiento, bajar el salario, como lo haría el cambio legal que implica el salario regional, bajaría la demanda nacional, es decir, menos ventas. Y poco formalizaría la economía porque el que anda en el rebusque de allí no sale vía decreto.