Lo primero es que todos los proyectos que se desarrollen y que puedan afectar a los pueblos indígenas deberían ser consultados y concertados con las autoridades de estos. Lo anterior en el marco del convenio 169 de la OIT, la Constitución y la ley 21 de 1991, además de los avances del bloque de constitucionalidad. Es importante que se comprometan al reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades ambientales en sus territorios, y poder garantizar paz con la naturaleza. Para garantizar la educación intercultural y cumplir la normativa vigente en la materia, se debe reconocer a la universidad indígena intercultural que se viene implementando en las diferentes regiones del país; consolidando así el sistema de educación indígena - SEIP. En materia de derechos humanos individuales y colectivos, se debe hablar de la protección de los derechos interculturales de la 104 pueblos indígenas de Colombia. En materia de autonomía administrativa y jurisdiccional, es necesario apoyar el fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas, basándose en la capacidad de investigación de jurisdicción especial indígena y la Justicia Especial para la Paz. En ese orden de ideas, es esencial fortalecer las escuelas de derecho propio. De esta manera brindar las herramientas necesarias que permitan la coordinación del sistema judicial nacional y jurisdicción especial indígena. En cuanto al tema económico, es necesario generar un instrumento jurídico que permita, facilite y promueva la creación de zonas francas en territorios indígenas. Esto promovería la creación de empleo, los procesos productivos y el emprendimiento intercultural. La población indígena está compuesta en su mayoría por mujeres. Es por esto que preciso apoyar proyectos que sean promovidos y liderados por las mujeres que hacen parte de las organizaciones comunitarias, siendo la columna vertebral de la comunidad. En materia de ciencia, innovación y tecnología de la comunicaciones, se deben garantizar los recursos para la innovación e implementación de los programas de los pueblos indígenas. Asimismo, al impulsar las olimpiadas indígenas en el marco del deporte y la cultura, para fomentar una vida saludable, hábitos de trabajo en equipo y competencia sana, es decir, “no competir, sino como saber celebrar”. Es ineludible, la creación del ministerio de asuntos interculturales para poder desarrollar una política pública con dicho enfoque. Y así poder asistir a la población indígena que se encuentra en todo territorio nacional en zonas de frontera, páramos, lugares sagrados, zonas de conflicto.

Crearía el Ministerio para temas indígenas y comunidades locales para lograr el fortalecimiento institucional del Estado que defienda los derechos de estos pueblos que han sido altamente vulnerados para que sean considerados desde lo institucional y tengan representación en su desarrollo económico, territorial, de derechos. El ministerio se concentraría en promover el desarrollo propio, con enfoque territorial desde las mismas comunidades. Por ejemplo, para fortalecer a las comunidades asociadas les brindaría ayuda con pequeñas tecnologías para desarrollar sus empresas que fortalecieran a las comunidades asociadas, con empleo y capital circular, siguiendo siempre los principios de las comunidades, como no robar, no mentir, no ser perezosos. El origen de la producción es en la comunidad, con las puertas abiertas hacia la ciudad, de manera que sus productos se puedan expandir hacia las ciudades. En segundo logar, promovería el trabajo con las mujeres y jóvenes de esos pueblos. Las mujeres juegan un papel fundamental porque son quienes guardan y transmiten la sabiduría de los pueblos, y los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo a partir de experiencias propias para vivir de manera digna. Los jóvenes, por su lado, son los receptores, la posibilidad de la continuidad de los conocimientos de la comunidad y de la vida. Dado que es un fracaso para el campo que los jóvenes no vuelvan y es esencial que permanezcan en el territorio se harían centros de conocimiento propio donde se encuentren las mujeres y los jóvenes para aprender en y sobre el campo, como una universidad intercultural para que no tengan que ir a la ciudades a adquirir conocimiento. En tercer lugar, buscaría consolidar alianzas de un tejido social intercultural entre la ruralidad y la ciudad, para darle valor a la existencia y reconocimiento de 112 pueblos distintos en el territorio nacional que componen una riqueza intercultural que permite nuevos relacionamientos y avances sociales. A través de productos artesanales que difundan la simbología y la producción de alimentos en manos de las comunidades sin contaminación, para revitalizar esa producción se puede fortalecer la visón de la ciudad frente al campo y la ciudad. El ministerio tendría como objetivo final juntar la política pública que está dispersa entre distintas instituciones, para centralizar la política bajo un mismo techo. Además, ayudaría a que la gente de la ruralidad supere los grados de pobreza y olvido al que estamos sometidos y fortalecería la lucha global para proteger la tierra como una casa común, que es una práctica que se lleva en las comunidades en el campo.

La prioridad es implementar los derechos de los pueblos étnicos y que están en los acuerdos de paz. Lograr que los derechos adquiridos y dados de los pueblos étnicos se respeten, materialicen y se implementen y que no suceda como con este gobierno que se hablaron dentro del Plan nacional de Desarrollo y no se cumplieron. Es necesario que el Plan se concentre y se construya con los pueblos y sobretodo que se cumpla. Se necesita destinar recursos para poder cumplir con compromisos adquiridos y garantizar esos derechos.

La prioridad es garantizar el derecho al territorio, al invertir en comprar tierra, ampliar, sanear la ocupación indebida del territorio o constituir resguardos que están siendo solicitados hasta la fecha. Actualmente, hay demasiada burocracia y falta de efectividad en la institucionalidad que entorpece el proceso y la garantía de este derecho, aunque en muchos casos estén los requerimientos y estudios necesarios (topográfico, socioeconómico, uso del suelo). Para destrabar y superar el rezago que hay en respuestas a las demandas se necesita de un mecanismo como a partir de una directiva institucional, que ni siquiera tendría costo, para que los funcionarios responsables de atender las solicitudes de derecho al territorio hagan la tarea y sigan las normas, que aunque son claras, no se cumplen los tiempos y los procedimientos. El derecho al territorio es un derecho fundamental porque de ahí se desprenden los demás derechos. Es inherente al carácter cultural de los pueblos indígenas, y es la base para alcanzar la seguridad alimentaria, el desarrollo cultural, la educación y la salud. El Estado debe apoyar el derecho al territorio para que los demás se garanticen y haya un desarrollo integral.

El hecho de que hayan quedado unas regiones del país dentro del acuerdo como zonas con una especie de privilegio político para tener representación en el Congreso, demuestra que a los políticos no les importan estas regiones. Por eso fue necesario priorizar en el acuerdo estas zonas que, dentro del marco del conflicto armado, quedaron estigmatizadas como zonas rojas, en donde la presencia del Estado sólo se vio mediante la fuerza pública. Estas zonas, carecen de servicios básicos y tienen necesidades acumuladas por décadas de abandono, específicamente el Chocó. Las propuestas que el Chocó más necesita, en medio de tantas cosas, es que los actores armados respeten a la población y sus derechos constitucionales, en especial su derecho a la vida, la autonomía de las comunidades, y que salgan de esos territorios. Los mismos actores armados reclutan a los jóvenes de la comunidad y así tienen a la gente de la misma región matándose entre sí sin saber a quién y qué intereses están defendiendo porque no tienen otra opción en su vida de escoger otras oportunidades para trabajar y aportar a su comunidad, en vez de hacer daño. Los actores armados con intereses económicos han tomado esta región a la que el Estado nunca llegó. El territorio del Pacífico en gran medida, y en especial, el Chocó están titulados colectivamente entre grupos étnicos, sea en consejos comunitarios o resguardos indígenas. Por eso se necesita que el Estado brinde protección urgente acorde a su realidad y cosmovisión para poder generar inversión en estas regiones, que han sido unas de las más afectadas por el conflicto, para poder atender temas que no han sido tratados por el gobierno nacional, como acueductos, alcantarillados, vías de comunicación y limpieza de los ríos que son las únicas vías de transporte para sacar sus productos y puedan ser comercializados. Es de urgencia para la región, como parte del marco de inversión del posconflicto para que sean regiones que se conviertan en unos sitios donde trabajando con las comunidades, con más atención del gobierno nacional y del apoyo internacional, se consoliden como zonas turísticas para mostrar sus riquezas, cultura y dar ingresos para las comunidades. Se necesita que venga la inversión social seguida de atención a las necesidades de las personas. Lo más importante es trabajar con las comunidades para poder garantizar el derecho a la vida de cubrir sus necesidades básicas insatisfechas acumuladas por décadas dentro de una zona estigmatizada dentro del conflicto armado que evitó que se brindara la atención a servicios básicos. Las personas que asuman esta responsabilidad tendrán una gran responsabilidad histórica para sentar posición en el Congreso y convocar solidaridad nacional e incidir en el gobierno para que estas regiones tengan la atención que se requiere y poder legislar en beneficio de las comunidades.

La prioridad sería fortalecer la organización social afrocolombiana a partir de un gran proyecto de una escuela nacional de liderazgo y organización de las comunidades afrocolombianas a nivel nacional, siguiendo la metodología de la escuela Nelson Mandela de Cimarrón. Sería un programa de educación que se llevaría a cabo durante varios fines de semana concentrando a los líderes de las ciudades con mayor población afrocolombiana, con base en módulos escritos y capacitadores expertos para lograr la formación necesaria. Habría tres grupos. Primero, un programa para mujeres basando en el fortalecimiento de su organización, con énfasis en el tema de género, derechos de las mujeres y su papel en la construcción de paz. Segundo, otro para jóvenes basando en la identidad de la juventud, sus derechos y participación en el proceso de construcción de paz. Tercero, un programa para líderes en general de grupos, organizaciones y consejos comunitarios para trabajar las técnicas de desarrollo de liderazgo y organización afrocolombiana, además de enfocarse en la identidad, historia, derechos étnicos y fundamentos ideológicos del proceso organizativo afrocolombiano, y el sistema político. Cambiaría la situación actual porque hoy existe una gran atomización del activismo en numerosas fundaciones y pequeñas asociaciones que se quedan en la personería de papel y con la escuela se podría generar a nivel nacional una gran organización con un programa de acción y de reivindicación afrocolombiana ante el país y el Estado colombiano.

Aqui va una propuesta para gastar los 100 pesos: 1. Me iria a 100 comunidades al azar (entre resguardos y consejos comunitarios); en cada una de ellas invitaria a al menos 20 sus lideres principales actuales y anteriores y les pediria que escribieran una lista de 5 proyectos importantes para su comunidad que costaran hasta $100. 2. Le entregaria a cada uno de esos 20 lideres 10 fichas y les pediria que repartieran las 10 fichas entre los proyectos que estan al frente. Si le gusta mucho un proyecto, pongale mas fichas. 3. Recogeria esas 100 votaciones de esas comunidades y con eso me iria conversar con las entidades que pueden frenar o apoyar esos proyectos en esas comunidades y trataria de quitar los frenos y de movilizar los recursos para financiar esas propuestas. 4. Si solo hay $100, financiemos los primeros proyectos al azar para comenzar y busquemos los siguientes $100