Yo usaría el dinero así: 30 pesos para prevención de embarazo adolescente con una estrategia fuerte en colegios y universidades. 30 pesos para educación en la equidad y la prevención de la violencia contra la mujeres, desde la primera infancia y 30 pesos en volver a montar los servicios amigables en salud sexual y reproductiva. Los 10 pesos restantes se los daría a los municipios que no tengan una política de nuevas masculinidades.

Invertiría 50 pesos para atender denuncias sobre violencias en contra de la mujer. Por ejemplo, lograr que en las comisarías de familia hubiera más funcionarios que fueran más conocedores de los derechos de la mujer. Es necesario poner el aparato judicial y receptor de denuncias a funcionar más eficientemente, pues aunque se les invita a las mujeres a denunciar no encuentran un sistema que garantice sus derechos. Los otros 50 pesos los invertiría en temas de comunicación para lograr cambiar los imaginarios alrededor de las violencias en contra de las mujeres.

La primera gran inversión que haría sería para construir políticas para que las mujeres afrocolombianas puedan llegar una manera más fácil a hacer parte de la participación político del país. Por diferente razones como racismo, violencias de género, embarazos no deseados, falta de educación ellas no llegan a tener un lugar en espacios de poder y toma de decisión. Ahí invertiría 30 pesos. Otros 20 los invertiría en políticas de fácil acceso de educación para la mujer. Invertiría 20 en promoción a políticas de prevención del embarazo en mujeres jóvenes y adolescentes, apoyo a madres solteras y cuidado sexual y reproductivo de la mujer. Invertiría 15 en la erradicación de la violencia en contra de la mujer y trabajo con hombres sobre los nuevos paradigmas de las masculinidad. Los 15 restantes los invertiría en educación para la primera infancia y políticas sobre infancia y adolescencia con enfoque de género.

Hay dos grandes prioridades. Por un lado hay que reducir y eliminar las violencias contra las mujeres. Atender lo focos más urgentes como feminicidio, agresión y violencia económica. Por otro, necesitamos prevenir la violencia fortaleciendo a las próximas generaciones de mujeres. Esto por medio de educación y proyección en las carreras del futuro. A estos dos aspectos se engloban planes como guarderías comunitarias, licencias de maternidad, medidas afirmativas, política pública, atención psico-jurídica, etc. Dado los recursos son limitados y que mi fortaleza no son las matemáticas, invertiría los 100 pesos en eso.

Gastaría 50 pesos en educación en cambios culturales sobre todo para jóvenes, para que se comprometan con la construccion de una vida con igualdad y no discriminación. Invertiría 30 pesos para garantizar un mejor acceso a servicios en salud sexual y reproductiva. Y el 20 restante lo invertiría en mejorar la justicia para las mujeres y las niñas, buscar la disminución de la impunidad en casos de violencia en contra de las mujeres.

Crearía un Ministerio de la mujer. Pero si no tuviera el presupuesto necesario destinaría 50 pesos para crear un un punto focal en cada Ministerio o Institución pública para que las políticas de cada sector del gobierno tuvieran un enfoque de género transversal. Esto aseguraría que estamos cerrando brechas y no reproduciendolas. Lo anterior permitiría la implementación de la política de equidad de género (Conpes 161), que ya está escrita, que va en la dirección correcta pero que no ha sido ejecutada. Invertiría 25 pesos en temas de educación sexual obligatoria, abierta y laica. Esto permitiría que las mujeres tomaran conciencia sobre su cuerpo y esto a su vez llevaría a la reducción de embarazos adolescentes, feminicidios, dependencia económica, etc. Y los 25 restantes los utilizaría para extender la licencia de paternidad. Pues eso permitiría que las mujeres pudieran tener tiempo para ellas y así poder acceder a posiciones de liderazgo.

Invertiría 40 pesos para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, esto incluye brindar información y proveer servicios de salud sexual y reproductiva que respondan oportunamente a sus necesidades. 30 pesos para la educación de las mujeres, distribuidos así: 20 pesos para asegurar el acceso y la permanencia de las niñas rurales en la escuela y 10 pesos para la educación sexual en el campo educativo. 20 pesos para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres. 10 pesos para que la participación laboral de las mujeres se de en condiciones de igualdad con los hombres y sin discriminación a causa de la maternidad y las labores de cuidado.

Las diferencias en temas de salud, específicamente en salud sexual y reproductiva y acceso a derechos, que hay entre las mujeres que pertenecen al quintil más pobre y aquellas que pertenecen al quintil más alto son abismales. No solo las cifras son desiguales, sino que el progreso es desigual. Así, por ejemplo, aproximadamente mueren 140 mujeres de menores recursos por causas relacionadas con la maternidad, comparadas con 30 mujeres de mayores recursos que mueren por cada 100,000 nacidos vivos. El país ya hizo el esfuerzo de imaginarse una salud sexual y reproductiva mejor e incluyente. Y la plasmó en la política nacional de salud sexual y reproductiva; es más, llegó a formular plan operativo. Sin embargo, su implementación no ha sido clara ni completa. La disminución de estas brechas y la implementación de la política nacional se basan en gran medida en el robustecimiento de los servicios primarios de atención con especial énfasis en prevención y promoción de la salud. Por eso, si solo tuviera 100 pesos para invertir en políticas para las mujeres, los invertiría en un programa con tres objetivos: disminuir las brechas que hay entre los indicadores de salud de las mujeres que viven en diferentes quintiles de riqueza; implementar a cabalidad la política nacional de salud sexual y reproductiva; e impulsar los servicios de prevención y promoción de salud y de centros primarios de atención en salud. Todo esto, claro, en un marco de derechos y con un concepto integral de salud que contribuya a la democracia.

En lo concerniente a los rubros a los cuales deberían destinarse los 100 pesos, el primero de ellos lo direccionaría a la atención y reparación integral y restablecimiento de derechos con enfoque diferencial, de las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado (40 pesos); en segundo lugar (con 30 pesos), atención en salud diferencial a mujeres indígenas en todo el territorio nacional y por último, le apostaría a la destinación de los 30 pesos restantes, a la educación de calidad (igualmente diferencial) a niñas, adolescentes y mujeres indígenas en el país. Frente a lo anterior, resulta pertinente indicar que la inyección de presupuesto para poner en marcha y atender la política pública vigente para pueblos indígenas en general, es sumamente reducido en comparación con las necesidades reales y las cruentas problemáticas afrontadas por los pueblos indígenas de Colombia. Evidenciamos la ausencia de voluntad política y presupuestal para estructurar una política pública diferencial, articulada y concertada que propenda por la resolución efectiva de dichas problemáticas. En efecto los Pueblos Indígenas de Colombia afrontamos a la fecha un proceso inminente de exterminio: se cuenta cerca de 31 pueblos con menos de 500 personas cada uno. Los pueblos indígenas de Colombia solos aproximadamente el 3.4% de la población nacional, sin embargo representamos el 2.9% de las víctimas del país, siendo las mueres indígenas más del 50%. Así las cosas, me veo obligada a indicar que en primer lugar el Estado debe garantizar una asignación presupuestal robusta y decidida (en el ejemplo 100 pesos) ya que a la fecha la asignación no responde a la urgencia de salvaguardar la vida e integridad de los PPII en su conjunto.

Si tuviera sólo 100 pesos lo primero que diría es que las políticas para la mujer siguen siendo marginales, que seguramente no hay paridad y que por eso, la igualdad plena para las mujeres sigue dándose de frente con la supremacía de los hombres y el patriarcado en el poder y en la sociedad. Sin embargo, empezaría por destinarlos a alguna acción de cambio cultural, a la creación de un mensaje cuya difusión en la casa, en las escuelas y en la sociedad, contribuya a cambiar lo que lentamente viendo cambiando hace décadas: las relaciones desiguales entre las mujeres y los hombres. Una campaña en la que las mujeres seamos la mitad en todos los espacios, en todas las fotos, en todas las decisiones, en todos los rincones, con respecto a todos los temas. Una campaña que todos y todas se sientan impulsados a seguir y que ayude a normalizar la igualdad. PD: si sólo tuviera 100 pesos me iría al paro porque no alcanzan para nada. 8 de marzo, paro de mujeres.

Las prioridades de inversión de los 100 pesos serían: 45 los destinaría en procesos de formación para que las mujeres desde niñas ganen en autonomía. Autonomía que les permita tener el control sobre sus vidas. 30 en políticas públicas en lo nacional y territorial que le garanticen las mujeres el goce efectivo de todos sus derechos. Los 25 restantes en politicas dirigidas al cambio cultural que tengan como propósito la desnaturaluzación de las violencias en contra de las mujeres y la transformación del patriarcado que coloca a las mujeres en relaciones de opresión y subordinación.

Si tuviera solo $100.oo por año los distribuiría de la siguiente manera, previa estas consideraciones: 1. Para mí la prioridad es la Voluntad Política del Gobernante con la disminución de las brechas de género señaladas en la agenda mundial para el desarrollo de las mujeres y los ODS consignados en las metas país, los compromisos de género del Acuerdo Final y la desestructuración de las prácticas culturales que discriminan, desvalorizan y violentan las mujeres. Es decir, un compromiso político a toda prueba. Si este es real, nombrará para la Institucionalidad de género una profesional idónea con formación y experiencia suficientes en la formulación e implementación de políticas públicas de equidad de género para las mujeres y capacidad política para moverse en altas instancias públicas, privadas e internacionales, que nunca se avergüence si le tildan de feminista. Deberá estar preparada para esta clase de embates. Esta autoridad estará en capacidad de fortalecer y avanzar en la estrategia de transversalidad del enfoque de género en el alto gobierno, las acciones afirmativas de mayor envergadura y campañas de publicación pública de alto impacto, de corto, mediano y largo plazo. Los tres pilares a mi modo de ver de la gestión de la institucionalidad de género. 2. La responsable de la institucionalidad de género tendrá entonces la libertad y la capacidad de conformar un potente equipo tecno-político de profesionales responsables de garantizar los procesos de transversalidad del enfoque de género en las políticas públicas sectoriales y las acciones afirmativas sectoriales correspondientes de manera sistémica, con indicadores de género y con la respectiva asignación de los recursos sectoriales necesarios para el desarrollo de los programas proyectos y acciones, priorizados. Garantizar su seguimiento, monitoreo y la evaluación de impacto respectivo. Para liderar este trabajo, el equipo de profesionales deberá ser sólido en términos cuantitativos y cualitativos: formación teórica y conocimiento actualizado, formación y capacitación en el tema de implementación de políticas públicas con enfoque de género, con habilidad para la gestión pública y experticia suficiente para vencer las barreras y resistencias culturales sectoriales. En este sentido ya el gobierno nacional tiene algunos avances a ser consolidados y se deberá avanzar en romper ese techo de cristal. 3. Comprometido con esta apuesta política quien gane la presidencia, podría distribuir los $100.oo de la siguiente manera: 50 pesos para el fortalecimiento del equipo humano de la institucionalidad de género; 25 pesos para la estrategia de acciones afirmativas, la de transversalidad la financia cada una de las entidades sectoriales competentes 25 pesos para una compaña de comunicación pública innovadora, consistente, de corto y mediano plazo. NOTA: el mayor reto es contar una institucionalidad de género fortalecida política, financiera y administrativa, capaz de cumplir a cabalidad con la agenda de género, centrada en tres pilares estratégicos: transversalidad sectorial del enfoque de género, priorizando indicadores que puedan generar efectos cascada, plan nacional de acciones afirmativas que refuercen la transversalidad del enfoque de género en cada sector y la implementación del enfoque de género del Acuerdo Final y, la comunicación pública para transformar las percepciones y prácticas culturales sexistas, machistas y violentas. La principal función de la institucionalidad nacional de género es de gestión política y técnica. Los recursos financieros programáticos principales los tienen los sectores.

La equidad de género tiene relevancia no solo como un tema de reivindicación de los derechos de las mujeres, si no que de ello depende la capacidad de una sociedad de alcanzar mayores niveles de bienestar y movilidad social. El informe del Foro Económico Mundial “Global Gap Gender Report 2016 ”, dice que la igualdad económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse. En Colombia esta brecha es aun mayor, si se tiene en cuenta que la mujeres además de tener en promedio menores salarios trabajan el doble, gracias al tiempo que dedican al cuidado del hogar. Esos 100 pesos los divido entre la apertura de guarderías en todas las entidades publicas, la creación de incentivos para el teletrabajo, los horarios laborales flexibles y promoción de nuevas masculinidades en el cuidado del hogar.