Esto revela uno, que no estamos teniendo los mecanismos de prevención suficientes. Y dos, que Colombia sigue sin hacer planes y tampoco está implementando una transición hacia una economía libre de combustibles fósiles, a pesar de las alarmas internacionales y las consecuencias nacionales que ha habido.

Esto es un caso de un cobro retroactivo de unos pasivos ambientales mal manejados. Mal manejados por circunstancias de tecnología, pero también por niveles de incertidumbre de importantes decisiones que se tomaron en el pasado. Cada vez que hay una innovación tecnológica o un desarrollo de ingeniería, en general, tratamos de hacerlo bajo el estricto cumplimiento de unos estándares y unos niveles de seguridad. Pero sabemos que eso no existe al ciento por ciento. Esto no implica necesariamente corrupción, aunque también podría darse el caso. La historia de la gestión ambiental tiene muchos de estos cobros retroactivos todavía por hacernos. En vez de rasgarnos las vestiduras y exigir renuncias y revolcarnos aprovechando la circunstancia electoral, creo que lo tendríamos que hacer es plantear, con mucha seriedad, una revisión de los efectos de las decisiones de ingeniería, energéticas, agroindustriales para corregir la política. Así funcionamos, siempre estamos en un proceso de aprendizajes que debe permitirnos ajustar normatividades, definir responsabilidades, etc. El desastre de La Lizama indudablemente es muy grave y tardaremos un tiempo en repararlo, especialmente en términos biológicos, pero no es imposible ni extremadamente complejo. Hay que, por supuesto, garantizar que la fuga del crudo se controle y hay que iniciar el trabajo de restauración como se ha hecho en centenares de casos debidos a voladuras de oleoductos, y a otros accidentes no solo en Colombia, sino en el mundo. También es necesario evaluar con cuidado las afectaciones a las comunidades, a la sociedad, y definir responsabilidades. Hay que hacer un estudio cuidadoso de dónde estuvieron las fallas, pero no como una cacería de brujas, sino realmente teniendo en cuenta que ocurren accidentes y ocurren los desastres. Somos vulnerables y eso es una condición del desarrollo humano. Para quienes creen que esta es una señal apocalíptica que se debería de una vez por todas renegar del fracking, y pasarnos a las energías no convencionales, eólica y solar, hay que decir que es indudable que estamos en ese proceso de hacer una transición energética, pero eso no se hace por decreto. Eso requiere mucho dinero, requiere una orientación de política fiscal importante, y de unas definiciones de responsabilidades institucionales. A Colombia le esperan todavía por lo menos dos o tres décadas antes de poder hacer esa transición completa. Por supuesto todo lo que podamos hacer para acelerarla está bien, pero persiguiendo los fantasmas de la historia, no.

Este desastre revela la falta de precaución, además de un manejo no equilibrado de la explotación de recursos no renovables y su impacto en los ecosistemas. Es un tema de alto riesgo, dado que no solo contamina el ecosistema inmediato sino que afecta los ecosistemas fundamentales de todas las cuencas del país. En este caso, no es sólo un derrame inmediato sino que perjudica al resto de los ecosistemas con sus sociedades. Qué falta de precaución después de tantos años de trabajo con hidrocarburos en el país no tener los sistemas adecuados de prevención y manejo.

Esto solo nos vuelve a demostrar que el petróleo no es el futuro de Colombia. Es un modelo anticuado de extracción, que no es acorde para el siglo XXI. Es una alerta para el país, dado que Ecopetrol tiene otros pozos a los que les puede pasar lo mismo. Como país debemos tomar posición frente a esta alerta y que este tipo de desastres no se conviertan en una tragedia anunciada.

Esta es la prueba fehaciente de que se agotó la posibilidad de centrar la economía en actividades que tengan riesgos y consecuencias de tal magnitud y que pongan en peligro recursos naturales tan preciados como el agua y los bosques. Entre defensores del medio ambiente y comunidades locales y territoriales es el punto donde decimos: no va más. Las opciones de mitigar el impacto de la extracción y de tener una responsabilidad socioambiental no están. Las medidas de mitigación de las instituciones son demasiado lentas y no pueden hacerle frente a un desastre de tal magnitud. Si ya sabemos de estos riesgos y que las instituciones y las empresas no han demostrado la capacidad de responder acertadamente, es momento para que la economía se centre en otras actividades que no pongan en riesgo las fuentes hídricas, la fauna y los ecosistemas que se ven afectados por siempre. Para Greenpeace esto es la gota que derramó el vaso, y que dice ya estuvo. Les dimos el beneficio de la duda, la última oportunidad porque dijeron que estas actividades podían ser desarrolladas de manera sostenible. Pero ha probado ser una actividad mortal, no sustentable en términos ambientales y que las instituciones no tienen la capacidad de ejercer control eficazmente frente a estas problemáticas. En términos económicos, esta actividad es vulnerable y cuestionada a nivel mundial. Es momento de que la sociedad civil elija y exija otro tipo de modelo, pues nuestra economía no puede estar basada en estas actividades con semejantes consecuencias para nuestros recursos. Necesitamos un modelo con menos riesgos y peligros, dado que son intolerables. Es momento de hacer la transición porque hay otros caminos en términos energéticos y económicos. Esto no es un ataque específico a la empresa o a las instituciones. Es más bien la evidencia de que un sistema que creamos hace un tiempo ya no funciona porque las empresas no tienen las capacidades de responder ante una eventualidad, y ya no nos podemos dar el lujo de improvisar con el planeta. Sin haber ido al terreno, basta con los testimonios de la empresa, de las comunidades locales, de las instituciones de orden ambiental y minero energético que están alrededor del desastre para concluir que es tan obvio el daño que nos atrevemos a decir que ya no queremos más este modelo extractivo.

Este desastre demuestra la falta de preparación de las instituciones y de Ecopetrol, en particular, para afrontar riesgos como éste, que es inminente en cualquier actividad petrolera. Además es necesario que las instituciones y Ecopetrol tengan desde ya una visión más clara de cómo responder ante riesgos de esta naturaleza. Es inaceptable esta falta de preparación cuando se dedican a una actividad de gran riesgo ambiental como la extracción de combustibles fósiles.

Concuerdo con la mayoría de apreciaciones de quienes ya han opinado aquí. Pero creo que estamos predicándole al coro. Hay que invitar a este foro a quienes están defendiendo la continuación de un modelo basado en fósiles y a quienes tienen mas conocimiento de la parte técnica sobre como sellar correctamente este y otros pozos, y quienes saben de restauración ecológica de estos accidentes. Esto puede ser alerta de otros posibles casos. Puede ser alerta de lo que pueda pasar si entramos en la experimentación con fracking. Puede ser alerta sobre uno de los temas grandes en general de las industrias extractivas, el del cierre de las minas (o pozos en este caso). Una idea para pensar: hacia adelante diseñar con la industria aseguradora una poliza obligatoria que cubra los costos sociales y ambientales de estos daños de baja probabilidad pero de alto impacto. Calcular los costos sociales y ambientales de este accidente no es imposible, y sí es necesario para comenzar a tener estimaciones económicas de estos casos.

Es una responsabilidad del Estado colombiano prevenir que eventos como el de Barrancabermeja afecten el medio ambiente, más aún, cuando son actores que se supone están siendo controlados y vigilados por las autoridades ambientales las que conllevan a tales situaciones. Según comunicó la ANLA, por cuenta del desastre se tuvo que evacuar a más de 30 personas que se vieron directamente afectadas y que en la zona fueron hallados 2.400 animales muertos, otros 1.300 fueron rescatados y 1.080 árboles de distintas especies nativas quedaron seriamente afectados, sin contar con las afectaciones a toda la cuenca hidrográfica. La locomotora minero energética no puede ser el motor económico por medio del cual el país pretende mejorar las condiciones de vida de la gente, porque en la práctica, los impactos socio ambientales son mayores que lo que pueden cubrir los pequeños aportes que son entregados como regalías al país. Ya es hora que el Ministerio de Ambiente asuma verdaderamente su deber constitucional de proteger el ambiente, ese es un principio rector de la gestión estatal y un derecho colectivo de los ciudadanos. Como expresaron Bustos, M & Mosquera, J (2003) es necesario que las normas internacionales y los tratados ratificados por Colombia en materia de hidrocarburos cobren plena validez y constituyen una fuente directa de responsabilidad que vinculen jurídicamente al Estado para la reparación de los daños que la actividad petrolera produzca.

Este accidente, para mí, revela varias realidades que no son del todo malas si las sabemos aprovechar. Pone de manifiesto la necesidad de instituciones serias, sólidas y respaldadas por la humildad en campo. Me refiero a que el que juega con candela se quema, y debe quemarse para aprender a jugar, pero cuando esa candela afecta de manera importante un territorio, es necesario que el quehacer riesgoso venga acompañado de una política muy fuerte de prevención, previsión, mitigación de daños, localización, estudios..... y el sin fin de medidas que aun tomando todas en cuenta jamás garantiza que un accidente no ocurra. Estamos acostumbrados a ir corriendo las líneas de previsión y a asumir riesgos cruzando los dedos. No sé cómo se hace eso en Ecopetrol, ni cómo las autoridades que lo controlan co-asumen el riesgo. Lo cierto es que he tenido que presenciar estos escenarios que estamos viviendo, en países como Estados Unidos que se precia de tener unos check- balances mucho más afinados que el nuestro, e instituciones más sólidas, tecnologías a la mano y dinero a disposición, y de repente, todo un río, de arriba a abajo, resulta contaminado por el oficio extractivo del petróleo sin que puedan reaccionar con la acertividad que se requiere. Luego, NO puede pretenderse el total control sobre procesos complejos y aceptar eso, abre un panorama diferente para la política extractiva del petróleo en el país. El daño de la Lizama también pone de presente que nuestro territorio es único y vastamente incomprendido. Es bueno formar a nuestra gente para que aprenda directo de su territorio y sus complejidades, porque nadie más lo va a hacer por nosotros y repetir modelos que surgen de otros territorios solo puede seguir alejándonos del conocimiento del propio. Mapear, por ejemplo, los lugares en los que "podemos" hacer el ejercicio extractivo en tanto dejamos de utilizar el petróleo como fuente principal de energía, y circunscribirnos a ellos (a los lugares que nos provean del crudo, con riesgos bajos y con controles y tecnologías serias) mientras damos vuelta y nos organizamos en torno a otras energías y sobretodo a otras formas de entender el desarrollo humano, puede ser un objetivo a mediano plazo para nuestra política petrolera. Creo que estos episodios nos dan el piso para exigir, como ciudadanía, que esa transición se haga poniendo en orden la casa y entendiendo cómo es que vamos a hacer de aquí en adelante, entendiéndonos como una nación que protege sus territorios y ciudadanos por igual, y que sabe que se le está exigiendo llegar a cambios drásticos en un relativo corto tiempo. Polarizarnos en estos temas, como en algún otro, diría yo, no nos ha servido de nada. Con la llamada a cuentas de Ecopetrol, en el mejor de los casos, sabremos por qué y quienes no hicieron lo que debieron hacer en su momento, por qué y quienes no estuvieron a la altura para mitigar el daño causado. Importante por supuesto que este escenario se de con toda la contundencia que es necesaria, pero esto no remedia el daño al territorio.Romper, fraccionar, defender posiciones, nos vuelve autistas y empeora las posibilidades de marchar unidos hacia un frente común, un objetivo de nación. Y finalmente, me extendí cantidades, perdón, la Lizama nos habla de una población cada vez más sensible a estos temas de protección de los territorios y sus habitantes. Buen momento para cosechar los ánimos y permitir que decanten en la responsabilidad sentida y casi que individual de un comportamiento más comprometido, de la vigilancia ciudadana y activa de cada uno de los habitantes sobre la "cosa pública" para exigir a los gobernantes y a las empresas, de un entendimiento y compenetración con el territorio, y de la creatividad que aflora de esos procesos para encarar unidos nuestro próximo destino. Cajamarca puede verse como un pequeño lucerito poniendo luz en un camino difícil y duro de transitar, que no ofrece otra alternativa que cruzarlo. Nos queda por elegir cómo queremos transitarlo.