De los 100 pesos invertiría 30 pesos en el proceso de reincorporación, proyectos productivos en el campo, formación académica y asistencia agropecuaria. Otros 30 pesos los destinaría a las vías terciarias para las zonas más afectadas por el conflicto. Mucha población siembra coca o trabaja en la minería porque no hay una cadena de comercialización, no hay vías para que saquen los productos. Las vías terciarias, en definitiva, son un pilar fundamental para mejorar la productividad campesina. 20 pesos más en un gran programa masivo para la formalización de los pequeños tenedores de tierra. Los campesinos no pueden acceder a créditos y por esto necesitamos que se formalicen para que tengan una asistencia del gobierno. Invertiría los 20 pesos restantes en un programa de educación rural. El chico que nace en el campo tiene de por sí una muy mala educación, necesitamos que tenga un enfoque técnico agropecuario.

Invertiría 50 pesos en la recuperación del territorio. El Presidente hizo todo lo posible para que nuestras malas predicciones se cumplieran. Para recuperarlo necesitamos presencia de la Fuerza Pública en el Catatumbo, Guaviare y, en general, en todo el pacífico. Pero no se trata de solo tener una presencia de las Fuerza Pública, sino de instalar una institucionalidad de justicia y organismos de control. Destinaría 30 pesos en el control de la corrupción. Las Bacrim son un derivado de ésta. En estas dinámicas vemos como está metida la policía, los organismos de Fuerza Pública, la Fiscalía y la política local. La criminalidad en la periferia es un derivado de la corrupción, por esto se necesita el empoderamiento de la sociedad civil, de la empresa privada y una veeduría constante. Los 20 pesos sobrantes los invertiría en el Catastro Rural. Es una desgracia que el presidente Santos haya termina haciendo lo mismo que Álvaro Uribe, pero peor. Lo bonito que tenía el Acuerdo era el punto de desarrollo rural, que incluía la formalización de tierras, diferente al tratado que Uribe hizo con el paramilitarismo que era solo desarme y justicia. La formalización de 10 millones de hectáreas es importante.

Invertiría 50 pesos en la lucha contra el narcotráfico. Ese es el punto que ha impedido que todos los otros se den. Mientras no se erradique, no va a haber una posibilidad clara de avanzar. El narcotráfico y los cultivos de la herencia que dejó las Farc. Los otros 50 pesos los invertiría en vías terciarias y presencia institucional en las zonas de conflicto (salud, justicia, educación). Sin el sistema de vías, ningún proyecto productivo puede prosperar. Con buenas vías los campesinos puede sacar los productos distintos a la coca y hacerlo de manera de rentable. Esa falta de vías es la que aprovechan los narcotraficantes para seguir alimentando el negocio.

Invertiría 40 pesos en seguridad y justicia. En cuanto a la seguridad, debería ser una que esté pensada en proteger a la ciudadanía. Pero también, hay fortalecer a la policía para ella se pueda proteger a sí misma. En cuanto a la justicia, incluiría todos los mecanismos alternativos de la misma: los consultorios jurídicos, centros de conciliación y los mecanismos de mediación, todos estos para que funcionen en una lógica preventiva, pues finalmente los conflictos locales terminan siendo recogidos por bandas criminales que tienen ánimo de control territorial. Destinaría 15 pesos al fortalecimiento de las capacidades locales: la capacidad administrativa, la capacidad de seguimiento de proyectos y, sobre todo, la vigilancia y transparencia de los compromisos del Estado. Le daría un nuevo enfoque a los Pdts, pues en este momento no están cumpliendo con los fundamentos de construcción de paz territorial. Están excluyendo la seguridad, la justicia y la gobernabilidad local, descuidando así el desarrollo de las capacidades locales. Otros 20 pesos en el apoyo a proyectos productivos. Tal y como están pensados, el empresario local se ha marginado de la conversación de paz, dejando solo estos temas a las grandes multinacionales. Las lógicas para dinamizar la economía local están limitada a las empresas nacionales o multinacionales. Hay grupos de pequeños y medianos empresarios que quieren hacer más, pero no saben cómo. Invertiría otros 20 pesos en infraestructura, focalizada a los servicios públicos locales y la atención a las necesidades básicas. También los invertiría en la creación de vías terciarias, pues la desconexión de algunos municipios afectados por la violencia hace que no se integren a la economía nacional de manera activa. Esto ya no es un tema de 4G, sino de vías regionales. Los últimos 5 pesos lo invertiría en la buena formulación proyecto. Las agencias tienen los recursos técnicos, pero los gobiernos de las regiones que estuvieron en conflicto no tienen la capacidad de formular proyectos viables con un soporte técnico apropiado. Por culpa de esa capacidad de formulación hay una gran pérdida de recursos.

Invertiría 25 pesos en seguridad. Es necesario fortalecer la policía o crear unidades conjuntas para la estabilización de los municipios más afectados por la violencia. Es necesario que estas instituciones tengan un entrenamiento especial para responder a las necesidades de esa zonas. Invertiría 25 pesos en fortalecer el sistema de justicia. Esto implica mejorar el sistemas en muchos niveles: jueces y fiscales, corregidores e inspectores, justicia comunitaria. Si no hay justicia, la comunidad no tiene donde resolver los conflictos y esto termina generando más violencia. Invertiría 25 pesos en proyectos productivos que permitan que la gente que está en procesos de erradicación forzada o de acuerdos de restitución tengan medios de subsistencia y no sean reclutados por organizaciones criminales. Los últimos 25 pesos, los invertiría en fortalecer el capital social y la participación ciudadana. De manera que las comunidades se apropien de sus retos, participen de manera solidaria, fortalezcan las organizaciones comunitarias de base para que se genere una mejor comunicación con el Estado. Esto, en últimas, también se traduce en generar capacidades que se convierten en barreras en contra de la ilegalidad.

Si tuviera 100 pesos para invertir en la paz, los distribuiría de las siguiente manera: 40 en inversión social y económica en los territorios donde estuvo el conflicto. 30 en atención a las víctimas. 20 en el proceso de reinserción de los desmovilizados de las Farc. 5 en protección para los reinsertados. Y, finalmente, 5 en pedagogía y difusión de los avances y de los acuerdos de paz.

Invertiría 70 pesos en el campo. Por ejemplo, sobre cultivos ilícitos conocimos un trabajo de la FIP que corrobora cómo experiencias anteriores, una de ellas la Macarena, son exitosas. Ahí se demostró que cualquier plan debe ser redondo: interdicción sólida (fumigación), bienes públicos, y alternativas viables y claras de sustitución. Invertiría 20 pesos en educación a la ciudadanía sobre la paz. Y 10 pesos para reincorporación en zonas urbanas, justicia, soldados y Jep.