Para invertir recursos en temas sociales de manera eficaz en Colombia, deben priorizarse tres cuestiones primordiales: la lucha contra la pobreza y la desigualdad; el fortalecimiento del sector social; y la planificación y coordinación de las políticas sociales con las entidades regionales. El primer elemento debe es primordial en plano social. Colombia es el segundo país más desigual en Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial. Por eso, 40 de esos 100 pesos deberían ser invertidos en combatir la pobreza y la desigualdad social, con miras a dignificar la vida de las personas. Una política de gobierno en este tema, debe considerar dentro de su inversión principalmente, la asistencia a los asentamientos informales de vivienda, donde se ven las condiciones más precarias de vida desde la pobreza extrema. Las políticas de vivienda deben reestructurarse y fortalecerse, no solo desde una perspectiva cuantitativa en número de iniciativas sino también, desde una base cualitativa que garantice vivienda digna y acceso a servicios públicos esenciales, pero también, la mitigación de los riesgos que enfrentan quienes residen en estos asentamientos. Por otra parte, es muy importante para que cualquier iniciativa de inversión en esta materia alcance el éxito, que se fortalezca el sector social en Colombia. Las organizaciones sociales deben tener un papel y un lugar importante en el diseño, la formulación y la implementación de las políticas públicas y los programas de gobierno en materia social. El sector social, debe estar plenamente coordinado con las entidades públicas y privadas para liderar las iniciativas sociales que fortalezcan sus líneas de acción, como por ejemplo: los programas de voluntariado. Toda esta idea, requiere de una articulación directa de las entidades con las organizaciones sociales con miras a unificar el esfuerzo de política social, articulación que ya existe en mayor medida con el sector privado. Para toda esta iniciativa, es necesario que mediante programas y recursos el Estado genere un apoyo integral y real a las organizaciones que trabajan en muchas problemáticas sociales, para esto destinaría 25 pesos de la inversión, que generarían impacto directo en diversos temas de preocupación social mediante la labor de estos grupos. Por último, sería importante invertir en programas de fortalecimiento de la institucionalidad regional que trabaja en el tema social. Apostarle a la institucionalidad implica el mejoramiento de su eficacia, pero sobre todo, a que los planes de gobierno y políticas públicas se desarrollen desde un enfoque territorial que permita contrarrestar de mejor forma las necesidades de cada zona del país. Adicionalmente, es muy importante que estas iniciativas estén articuladas con los esfuerzos del gobierno nacional y se incluyan en los diferentes planes de desarrollo para garantizar políticas integrales y continuadas de inversión social.

El tema social en Colombia, en su amplia medida, se resuelve enfocando los esfuerzos en dos áreas generales, básicamente. Una propuesta de inversión en temas sociales, debería enfocar los recursos primordialmente en educación y empleo. Invertiría esos 100 pesos, en una proporción de 60 para educación y 40 para empleo. En estos factores, reside parte importante de nuestras deudas en materia social. Es necesario que exista una política social seria que priorice estas dos áreas, sobre todo con un especial enfoque territorial. En Colombia, la desigualdad de los territorios rurales es completamente marcada frente a lo urbano, el desequilibrio es rotundo y esto merece una política estratégica diferenciada. Pero estas directrices, no pueden ser iniciativas solitarias. Se deben idear mecanismos eficaces de diseño e implementación en que confluyan el sector público y privado en función de proyectos y programas orientados a fortalecer la educación y el empleo. Esos proyectos, deben necesariamente incluir factores como la ampliación de las redes de conectividad e iniciativas de formalización de empleo y fortalecimiento y tecnificación de la población joven rural para que encuentren oportunidades en sus regiones y puedan aportarles a estas, sin ser obligados a migrar a zonas urbanas. Para lograr estos fines, es además necesario un importante componente de política de educación en todos los niveles. Como se dijo, para lograr resultados en estas propuestas, es muy importante el papel que juega el sector privado en articulación con las políticas públicas, pues en gran medida, su apoyo al desarrollo de infraestructura y comercio, constituyen focos de oportunidades para el campo. Por último, es importante resaltar que la creación de políticas que orienten estos dos componentes desde el enfoque regional, debe estar enmarcada desde su diseño, en los planes de desarrollo para lograr su carácter integral, no pueden ser planes sueltos.

Las cifras de problemas con las drogas en Colombia son muy alarmantes. Estas, están casi siempre relacionadas además, con la destrucción del entorno personal, social y familiar de las personas que caen en la adicción. Lo más preocupante, es que estas cifras van en aumento, nuestro contexto social hace que este sea uno de sus problemáticas más fuertes. Cada día, existe mayor exposición sobre todo para los jóvenes a la demanda de todo tipo de drogas, teniendo significativo aumento también en edades más tempranas. Por todo esto, usaría los 100 pesos en consolidar una política de drogas que se enfoque en tratar el problema desde la óptica de la salud pública y no desde su criminalización. Además esta política debe estar orientada a la prevención: siempre es mejor prevenir un problema de salud, que tratarlo. Para eso, lo ideal sería idear una política que destinaría por lo menos, 40 pesos para articular programas de prevención y concientización en niños y adolescentes, de forma muy articulada con los colegios. Adicionalmente, 20 pesos más serían requeridos para formar profesionales en pedagogía sobre estos temas, que resulten verdaderos expertos en temas de prevención. La familia, juega además, un rol muy importante en la prevención, como núcleo de desarrollo de los niños y jóvenes. Concientizar y capacitar a los padres en temas de drogas, merecería de ese presupuesto unos 20 pesos. El cuidado que deben tener de sus hijos, merece especial relevancia en su distanciamiento con ese mundo de enfermedad. Por último, los restantes 20 pesos deben estar orientados a fomentar políticas de prevención, pero también de tratamiento en el ámbito productivo-laboral. Esto, debe estar enfocado en un eficaz acompañamiento, documentación y concientización sobre los problemas de drogas para las personas en etapa productiva. No debe normalizarse el consumo de drogas, ni mucho menos su dependencia. El desarrollo mediante este presupuesto, de una política efectiva en materia de drogas desde la prevención y el enfoque de salud pública, tendrá seguramente un impacto directo en otras problemáticas sociales, como la delincuencia.

En el tema social, hay que resaltar que la educación está en deuda una política de inversión social que permitiera tener más recursos, debería estar enfocada en gran medida a promover el acceso, la cobertura y la calidad educativa en todos sus niveles. Se debe construir una política integral que contrarreste la deserción y la desescolarización, fenómenos que directamente están ligados a otras problemáticas sociales como desempleo, violencia y drogas. A esta propuesta, le invertiría 40 de esos 100 pesos. La política educativa puede cimentarse apoyándose en una estrategia de fortalecimiento de la cultura como medio de transformación social. Es necesario que mediante el producto cultural, se abran a los ciudadanos medios para la expresión de la personalidad que fortalezcan identidad y creen actores culturales fuertes. Este punto, resulta muy importante para la creación de una política social integral que transforme personas, pero así mismo los ambientes en que se desarrollan. Explotar la fortaleza cultural de las regiones en Colombia es una gran herramienta de transformación, a la que debe priorizársele la inversión. Este punto merece por lo menos, 30 de esos pesos. Por último, en Colombia debe ser prioritaria la inversión en el tema de equidad de género, un problema social agudo en nuestra realidad. Deben fortalecerse las iniciativas que permitan que la mujer adquiera una autonomía real en la sociedad, que rompa prototipos y le permita consolidar su independencia, especialmente económica en una sociedad con brechas de desigualdad de género muy marcadas. Esta última política, debe estar orientada sobre todo a mujeres jóvenes, con el fin de garantizarles su independencia mediante la creación de políticas de empleabilidad que les reconozca un rol activo en la sociedad. El rol de la empresa privada en este punto es fundamental. Es también importante, que con miras a impactar también la pobreza, se le dé condición prioritaria en estas políticas, a los sectores más marginados, generando para ellos soluciones a largo plazo. Este proceso de verdadero empoderamiento de la mujer en la sociedad, merece el 30% restante de estos recursos, para empezar.

En Colombia existe una falta de equidad inminente, y esa es la principal problemática social. Aunque la destinación de recursos públicos para combatir este fenómeno es importante, las falencias recaen de manera especial, en que carece de una planificación óptima, organizada y permanente. Además, parece adolecer de enfoques diferenciados para su aplicación en respuesta a necesidades puntuales en donde se aplican estas políticas. Estas políticas deben ser íntegras y sobre todo continuadas, no pueden seguirse reduciendo a iniciativas sueltas. Para esto, es fundamental la articulación de las entidades con la empresa privada como motor de desarrollo. Es imperante, que exista una mejor articulación de los esfuerzos sociales entre todos los sectores, reforzada además, con un enfoque territorial especializado para permitir un impacto mayor en las necesidades sociales. Los recursos deben unificarse para mejorar su direccionamiento. Si bien debe entenderse que lo social es responsabilidad de todos los sectores de una sociedad, el Estado debe reforzar sus capacidades como actor garantizador de derechos fundamentales y para eso, es supremamente necesario enfatizar en la transparencia en el manejo de los recursos de inversión social. Teniendo esto claro, una política integral de inversión social de estos recursos debería integrar primero, el más necesario de los derechos: la salud. Para esto, destinaría 35 pesos, buscando que el sistema de salud como problema social de amplia magnitud en nuestra realidad, amplíe su cobertura y garantice calidad. Otros 30 pesos, deben ser invertidos en transformar el sistema educativo hacia uno más integral, que integre una formación pedagógica profunda y más completa, con metodologías innovadoras y que haga énfasis en integrar el factor cultural para aprovecharlo mejor en los niños y jóvenes. La ciencia y la tecnología deben ser las principales beneficiadas con esta inversión y esto, impactará directamente en otras problemáticas como la falta de generación de empleo y la movilidad social. Por otra parte, la realidad social de Colombia resalta un crecimiento urbano desorganizado y forzado, que se contrapone al surgimiento de un sector rural olvidado. Por eso, con énfasis en los territorios, debe ejecutarse con otros 15 pesos programas más eficaces para promover la generación de ingresos y auspiciar el emprendimiento local. Para esto, además, es indispensable la puesta en marcha de planes de infraestructura que garanticen el acceso a los servicios públicos esenciales, otra gran dificultad social que enfrenta nuestro país. Esto, debe enfocarse desde la óptica de que la garantía de infraestructura y redes de servicios públicos deben ser garantizados como derecho y abren una puerta a millones de oportunidades.