Una política integral que permita contrarrestar estas cifras ‘disparadas’ de cultivos de coca, tiene que establecer un enfoque diferenciado entre: el cultivo, el tráfico y el consumo. En primer lugar, no se puede esperar que únicamente los procesos de sustitución de cultivos logren por sí mismos este cometido. La sustitución necesariamente tiene que estar acompañada con compromisos del Estado frente al Campo, incluso más allá de cualquier acuerdo de paz. Se tienen que plantear objetivos de corto y largo plazo en materia de desarrollo sostenible para el sector agrario, que aseguren mejores condiciones de vida para los campesinos y la tecnificación del agro con asistencia. Frente al tráfico, es necesario articular esfuerzos internacionales con los países consumidores, este es un fenómeno que directamente involucra la demanda del negocio ilegal. Dentro de esas medidas, es muy importante atacar el lavado de activos, atacar los réditos del narcotráfico. Ese debe ser un giro en una política integral contra los cultivos ilícitos: atacar los dineros producto de estas actividades, más que las sustancias. Eso afecta a estas estructuras ilegales en mayor proporción. El elemento más importante para contrarrestar esta alza de cultivos ilícitos es aunque suene lógico, promover el acceso a los lícitos. El desarrollo rural integral debe llegar a las comunidades cocaleras, que habitan las regiones más apartadas y abandonadas del país. El Estado debe promover el acceso a tierras de los campesinos, sin tierra no hay una salida sostenible de los cultivos de coca. Esta solución debe estar acompañada con un enfoque territorial adecuado, construido con los campesinos de los territorios, apoyado por proyectos de infraestructura que permitan el acceso al mercado legal y lo haga rentable para los productores. No se debe seguir cayendo en la solución de la erradicación forzada y la fumigación, que ha sido un persistente fracaso, proveniente de una lógica que ha demostrado su fracaso. Si se sigue actuando sin una solución integral, solamente se logrará incrementar (como ha pasado) el precio del producto ilegal y por tanto, enriquecer a las mafias, que encuentran más rentable el negocio y por tanto, más violento. No debe enfocarse el esfuerzo de persecución en el campesino, el gobierno debe adoptar un enfoque integral de desarrollo agrario y concentrarse en perseguir a los grupos ilegales fortaleciendo sus capacidades de inteligencia y coordinación interinstitucional para brindar garantías a la población que vive del sector agropecuario en las regiones.

Para idear una política que realmente disipe esos aumentos de cultivos ilícitos, es necesario de una vez por todas, entender el contexto del narcotráfico en Colombia. La coca ha sido el ‘caldo de cultivo’ para la guerra pero además, ha creado toda una cultura de lo ilícito que no se desmantela arrancando las matas. Precisamente por eso, una política antidrogas seria no debe solamente enfocarse en erradicar las plantas de coca, sino íntegramente todos los eslabones de la cadena criminal, sobre todo la plata del narcotráfico, la ‘plata lavada’. De lo contrario, solamente se hará más rentable el negocio. Por eso, no puede una política antidrogas en Colombia, criminalizar al campesino, ese campesino de las regiones más apartadas del país al que la economía legal no llega, al que durante las últimas décadas le ha llegado el mensaje de que la economía ilegal es la única forma de subsistir, la única que ven en sus regiones. Se debe hacer un esfuerzo enorme por restaurar la cultura de la legalidad en las regiones cocaleras. Sin embargo, es claro que esa cultura de legalidad no va a llegar a nadie sin oportunidades, la lucha contra los cultivos ilícitos tiene la fórmula en un replanteamiento estructural de la política agropecuaria del país: una política en que se garantice a los campesinos el acceso al mercado legal, con infraestructura, con servicios, con tecnología, con acompañamiento y asistencia. Los campesinos abastecen al país pero para ellos no hay ni reconocimiento ni rentabilidad. Ahora, la erradicación es necesaria, voluntaria en un inicio y así mismo forzosa en última instancia pero no como se está haciendo actualmente. Para los planes de erradicación voluntaria es necesario todo este plan de reformar el campo, de manera que la coca deje de ser la única oportunidad para que la gente el campo pueda sobrevivir. A quien teniendo oportunidades decida seguir con la coca para fines ilícitos hay que erradicarle forzosamente. Sin embargo, esa erradicación no debe seguir la lógica represiva que algunas veces las instituciones imponen. Se debe hacer un esfuerzo por concientizar y buscar la cooperación de la población campesina. Lo que debe abolirse en la política de erradicación del Estado es el glifosato: las consecuencias para los cultivos, el medio ambiente y la salud de la gente son riesgos latentes para quienes vivimos del campo y la forma en que se ha utilizado es una herramienta desproporcionada. Ni con el nuevo gobierno, ni con las propuestas de los otros candidatos, estaba clara su propuesta frente al agro, son políticas débiles, no estructurales y poco aterrizadas. Duque debe cuidar la paz, pero también debe reforzar la autoridad y la presencia de todas las instituciones en las regiones para brindar oportunidades y seguridad. La política antidrogas debe ser renovada, debe estar orientada a atacar la estructura criminal del narcotráfico en todos sus eslabones y no satanizar al campesino. Es muy importante que el nuevo gobierno escuche al movimiento campesino, que no se le persiga ni lo desconozca, es totalmente indispensable el conocimiento que el Movimiento tiene para construir una política agropecuaria integral. Una política agraria debe ser persistente y permanente. El Proceso de Paz ilusionó a los campesinos y hasta el momento se ha quedado todo en promesas. El nuevo gobierno tiene no solo la tarea de buscar recursos para el campo, sino de racionalizarlos y darles un enfoque según las necesidades de los territorios en cooperación con la gente que conoce sus campos. En estas regiones, donde las mafias se han aprovechado del olvido del Estado con el campesino, las instituciones deben llegar con servicios, con infraestructura, apoyando la labor del campesino, mejorando sus condiciones de vida y sus oportunidades. La labor de la Fuerza Pública en una nueva política es fundamental, pero debe cambiar de orientación, debe adoptar un enfoque de trabajo mancomunado con las comunidades para erradicar la presencia de las mafias en las regiones. Hay que comprender las realidades del campesino dentro de las dinámicas actuales del narcotráfico en nuestro país, el cultivador de coca no debe penalizarse porque ha encontrado en esa siembra su único acceso al mercado para subsistir. El Estado debe acercarse a estas poblaciones con diálogo y apoyo, para contrarrestar esa inoperancia que por años ha tenido y que es responsable de que la coca se haya apoderado como combustible de la guerra, de estas regiones del país.

Es muy importante seguir trabajando de la mano con las comunidades afectadas por los cultivos. El procesos de paz fue un buen primer paso para esto, con todo y los retos que tiene. Hay que entender por qué la población se vincula a los cultivos, qué ganan, qué pierden, sus mayores necesidades, las relación con y el tipo de control que tienen los grupos armados, entre otras. Los acuerdos con 123mil familias son una herramientas para evaluar la pobreza multidimensional en esas regiones. Hay que innovar. Seguimos cometiendo los mismos errores. Llevamos en esta “guerra contra las drogas” años, se han invertido muchos recursos y los resultados han sido pocos y no tan sostenibles. Es importante que prime el interés nacional. La agenda no puede ser marcada por las presiones de EEUU. Como dijo Alicia Bércena (CEPAL): debemos comenzar a buscar nuestro propio camino y soluciones. Por ejemplo, en lugar de siempre pensar en la sustitución de cultivos, podemos pensar en la sustitución de uso (e.g. industrialización de la coca). Es indispensable hace una evaluación y monitoreo independiente, de la eficacia y costo efectividad desde lo fiscal de la erradicación. Abandonar la obsesión por “arrancar las matas” y pensar en políticas más de largo plazo. El acuerdo tenía esa visión, pero el actual gobierno no tuvo un plan de respuesta rápida para ocupar los vacíos dejados por las FARC y tampoco ha ha habido buenas articulación entre los diferentes programas. El recién electo presidente ya ha dicho que retomará las fumigaciones aéreas y esto es muestra de una visión de corto plazo y de seguir pensando que el problema central de todo es el narcotráfico y no la ausencia estatal, la incapacidad de proveer servicios. Las comunidades de las zonas donde hay cultivos necesitan vías terciarias, acceso a mercados, servicios como salud, educación..

Esencialmente, desde tres acciones fundamentales: titulando la tierra a quienes la poseen de manera informal; “cerrando la frontera agropecuaria” en las zonas limítrofes con parques y reservas naturales y; llevando la presencia del Estado a estas zonas, con servicios y bienes públicos como escuelas, institutos tecnológicos y en general, oportunidades. No solamente con intervención policiva.

Una política de gobierno que permita contrarrestar el aumento de los cultivos de coca debe romper la uniformidad y la centralización que rige la actual, adoptando un enfoque territorial sobre las poblaciones y la capacidad institucional local. En primer lugar, hay que entender y generar la conciencia de que tanto la erradicación voluntaria con procesos de sustitución de cultivos, como la erradicación forzosa, son herramientas necesarias para que el Estado controle la proliferación de estos cultivos que alimentan el narcotráfico. La política contra las drogas que el gobierno ha venido siguiendo en los últimos años tras el Acuerdo de Paz, ha tenido como error crítico la ralentización de los procesos de erradicación. Ha sido un error que el mismo presidente Santos ha tenido que reconocer. Sin embargo, como se dijo, estas dos herramientas deben tener un enfoque territorial que permita identificar varios criterios para orientar la política de combatir los cultivos ilícitos, esencialmente: las zonas críticas por actividad del narcotráfico. Hay que promover, eso sí, el diálogo y la cooperación con las comunidades de estas zonas para que de la mano con unos procesos de sustitución eficaces, se consolide la erradicación voluntaria como primer recurso. De lo contrario, la erradicación forzosa debe actuar. Por otro lado, es probable que los beneficios que los programas del gobierno y el Acuerdo de Paz prometieron en materia de sustitución de cultivos, pudieron incentivar el cultivo de matas de coca. Incentivo del que se han aprovechado las estructuras criminales en esas regiones. Además, debe reconocerse que este aumento desmedido de los cultivos ilícitos desbordó la capacidad institucional en varias regiones para combatir este fenómeno. Eso explica en parte, la falta de eficacia en procesos de sustitución y erradicación. Una política que busque deshacer esta realidad, debe necesariamente enfocar con criterio territorial la necesidad de fortalecer las entidades responsables de esos procesos, con miras a descentralizar su planeación, implementación y monitoreo en coordinación con las comunidades. De esta forma, se puede materializar la intención del Acuerdo de Paz, de “construir paz desde las regiones”, que poco se ha desarrollado. Estos procesos de erradicación deben partir de un debate permanente con las comunidades para conocer realidades y necesidad puntuales, privilegiando la erradicación voluntaria (que debe privilegiarse) pero teniendo la forzosa como herramienta subsidiaria en donde se requiera. Debe destacarse sobre todo, que se debe hacer un trabajo importante de concientización sobre el problema, que alimenta un negocio que produce violencia y que está en un apogeo crítico. Por eso, aunque de forma racionalizada como se está empezando hacer, se debe evaluar el empleo de herramientas que han demostrado eficacia para combatir estos fenómenos, como la aspersión aérea. Haciendo un esfuerzo real en reducir su impacto negativo, esta herramienta como otras, puede ser útil en zonas donde la erradicación manual es además de costosa, muy riesgosa.