Desde una opinión personal, me parece, de entrada, problemática la posición radical del partido del presidente Duque frente a los Acuerdos de Paz. Esto genera mucha expectativa en la región del Sur del País, especialmente frente al cumplimiento de los puntos primero (Agrario) y cuarto (Drogas), que tienen políticas muy importantes para estos departamentos. Como primera impresión, sin embargo, me parece positivo que el presidente haya incluido en la composición de su equipo de gobierno, gente muy técnica y que no pertenece al ala radical del Uribismo. A pesar de esto, hay una ausencia total de representación de los departamentos del Sur del país en los altos cargos de esta nueva estructuración del Estado. No tenemos representación directa ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo, y eso, no es un problema de este gobierno, sino que históricamente se ha excluido en participación a estos departamentos, que abarcan el 32% del territorio nacional. En general, creo que el nuevo Gobierno debe respetar los Acuerdos de Paz y tengo confianza, por lo que he visto, en que el presidente Duque lo hará. Y lo debe hacer, con enfoque territorial, con miras a priorizar proyectos de formalización de la propiedad rural y con un diálogo efectivo con las comunidades para solucionar el tema de drogas en el Sur, desde la sustitución concertada. La paz, en varios departamentos de esta región, depende en gran medida del cumplimiento de los puntos 1 y 4 del Acuerdo. Pero además, creo que la Administración Duque debe priorizar el cuidado de los ecosistemas, cumpliendo sus acuerdos sobre deforestación, combatiendo la minería ilegal y promoviendo las políticas en que se ha avanzado sobre cierre de las fronteras agrícolas.

Dos elementos serán claves para el sur frente al gobierno de Duque. Primero, la implementación de los acuerdos. En La Habana se pactaron reformas que son particularmente importantes para territorios como Caquetá, Putumayo y Guaviare: la reforma rural integral (y lo que esto implica en términos de infraestructura vial, por ejemplo), la participación política (con las circunscripciones especiales de paz, entre otros), la solución al problema de las drogas (tratar a los cultivadores de coca como lo que son, campesinos que buscan sobrevivir a la crisis rural colombiana). Estos no son acuerdos para las FARC, son acuerdos para las regiones que le apuntan a desenredar el nudo gordiano de la relación conflictiva que estos territorios han tenido con el Estado. El uribismo, que se ha opuesto a los acuerdos, no garantiza una exitosa implementación y en cambio le ha apostado a sabotear el proceso. Un descuido en este punto por parte del gobierno entrante podría implicar que se incremente la violencia en la región. Sin embargo nada está escrito y el gobierno de Duque tiene la oportunidad histórica de transformar las relaciones conflictivas del Estado con estos territorios. Un segundo elemento será la incursión de las petroleras al territorio. Como se planteó en otro texto (http://alaorilladelrio.com/2018/06/19/las-presidenciales-del-posacuerdo-la-historica-votacion-por-la-izquierda-en-el-caqueta/) en el Caquetá la política minero-energética fue uno de los principales motivos de rechazo hacia Santos por parte de la población. Los caqueteños se han manifestado con multitudinarias movilizaciones contra la posibilidad de que entren más petroleras al territorio. Ya sea por cinismo, ignorancia o una mezcla de ambos, sectores uribistas en el Caquetá usaban ese mismo discurso para desprestigiar a la paz y a Santos, un discurso popular antes del plebiscito por la paz en el Caquetá decía que la paz de Santos era la llegada de las petroleras. Cuando con Uribe entró la explotación petrolera a San Vicente del Caguán en 2006 se vivía uno de los momentos más fuertes del conflicto armado en el departamento, la oposición fue muy débil. ¿Qué pasará ahora cuando la agenda antipetrolera ha llegado tan lejos en la región?

Duque tiene varios de sus retos más grandes, en el Sur del país. Sin embargo, debe enfocarse en solucionar tres aspectos principales que en su generalidad están relacionados con el fin del Conflicto y los Acuerdos de paz. En mi parecer, son tres básicamente: Primero, debe acabar la ‘feria de los chalecos’: muchas ONGs internacionales de gobiernos extranjeros llegan a trabajar a la región, a dictar charlas y aprovecharse del Posconflicto para su accionar, y no conocen ni la historia ni las realidades de las comunidades. Eso está destruyendo la legitimidad y confianza de los Acuerdos de Paz. Segundo, en el marco del Posconflicto es aterrizar y materializar los proyectos productivos con el campesinado de la Región, con miras a mitigar los cultivos ilícitos. Eso, solamente es posible lograrlo con cadenas productivas fuertes y asistencia técnicas para la población rural productiva, que fomenten el conocimiento y la cultura de la legalidad por medio de su acceso con facilidades a mercados legales. Y tercero: otro de los grandes retos de Duque, es controlar las disidencias y la deforestación, la una va de la mano de la otra en una conjugación perfecta, que se da por ausencia del Estado en algunas regiones que abandonó la guerrilla. Se debe controlar este nuevo fenómeno para romper el ciclo de violencia y consolidar su cese, elemento esencial para empezar con el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz. Frente al reto de cerrar las fronteras agrícolas, Duque debe, así mismo, procurar por acabar estas estructuras armadas que están destruyendo los ecosistemas con fines de lucro ilegales. Debe enfocarse en devolver la fortaleza institucional al Sur del país.

La llegada del nuevo Gobierno se ha vivido en general con mucha expectativa y genera mucha aceptación entre los gremios y empresarios. Hay mucho optimismo frente a las propuestas. El gobierno Duque tiene grandes retos frente a estos departamentos. Para empezar, esperamos que tenga como prioridad un tema que se ha venido aplazando, que es primordial para la economía y desarrollo de la Región, y que el Gobierno Santos no pudo materializar: la conexión del Sur con el Pacífico y con la Orinoquía. Es urgente empezar por resolver, por ejemplo, la vía Neiva-Pitalito-Mocoa-Santana. Son inmensos los retos que tiene el Gobierno en materia de infraestructura, frente al Sur. La conectividad vial puede consolidar a la Región como un corredor estratégico para el país y de conexión con otros países. El país está, por incumplimientos en años pasados, en riesgo de quedarse sin conectividad con el Sur del país. El sector empresarial está, además, muy expectante antes las políticas de emprendimiento e innovación propuestas por el presidente Duque. Esperamos que frente a esto, haya una construcción colectiva de estrategias para potenciar esos pilares en la Región. Además, esperamos que en los próximos días le podamos plantear a él que mantenga y fortalezca los proyectos de las ZOMAC, e incluso que las pueda ampliar. Creemos que el sector privado debe tener un papel importante en su desarrollo y le puede aportar eficiencia a las obras, desde unas reglas claras y una fuerte articulación con la Institucionalidad. Se deben desarrollar nuevos proyectos productivos que permitan afianzar la consolidación de la paz en estos territorios, con proyectos de inversión y el impulso de la comercialización para integrar mercados legales en esos territorios.

El Sur es una región donde los impactos y la intensidad del Conflicto Armado han sido muy fuertes. Por eso, el tema clave y preponderante para el nuevo gobierno será aterrizar los compromisos del Acuerdo de Paz y evitar que los ciclos de violencia se revitalicen. La implementación del Acuerdo es un tema crucial para la Región Sin embargo, de acuerdo con el discurso del nuevo gobierno y del presidente del Senado, parece ser una máxima, que este tema no será prioridad de aquí a 2022. A pesar de las diferencias en los discursos, el trasfondo es el mismo: no hubo mención a los Acuerdos, ni a las víctimas ni a la pobreza. Indudablemente, es muy prematuro para especular, pero hay que ir leyendo los discursos. Sin embargo, queda a la expectativa lo que el nuevo gobierno pueda hacer. El gobierno Santos dejó muchos incumplimientos que pueden poner en riesgo la persistencia del Acuerdo. El Gobierno debe, además, tener como prioridad para consolidar la paz en la Región, el fortalecimiento y conexión con nuestras zonas rurales, que son las más empobrecidas y que dependen de nuevas políticas y estrategias de desarrollo productivo para acceder a mejor calidad de vida y economías legales. Debe repensar el modelo extractivista –tan fuerte en el sur del país- y generar alternativas desde el diálogo con las comunidades para aprovechar nuestras fortalezas, como el agro, afianzando proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Por último, todos estos proyectos deben estar reforzados con una reestructuración de la Educación Pública, sobre todo la Superior con miras a solucionar su déficit y mejorar su calidad y cobertura, con miras a conseguir gratuidad.