Cuando Gina Parody y Roberto Zarama propusieron en una reunión en la Cámara de Comercio, hace cuatro años, un programa de becas para estudiantes pobres destacados, sin que la iniciativa tuviera todavía nombre, nos contaron el diseño inicial a un grupo de personas de la Educación. Yo era entonces Secretario de Educación en Bogotá y manejaba un fondo de excelencia para bachilleres con 10 años de aprendizajes creado por el Concejo de la ciudad. Así que, junto con algunos participantes, les hicimos las consideraciones que expongo a continuación. Fuimos ciertamente ignorados. Luego, un año más tarde, con el programa ya en marcha, hicimos una propuesta con Alfonso Reyes, entonces rector de la Universidad de Ibagué, para modificarlo. La Viceministra de entonces dijo que haría un piloto, pero no pasó nada e imagino que fue, una vez más, porque Zarama y Gina no aceptaron. Ahora, no hay más remedio que excluir a los pobres de las buenas universidades privadas, como ha decidido hacer la nueva ministra, cuando un buen diseño habría mantenido abierta esa posibilidad. En esos momentos las consideraciones fueron: 1. Que para que un fondo de becas de excelencia pudiera prosperar, se requería de una política general de acceso a la educación superior de calidad para los estudiantes pobres que tienen ganas y capacidad, a la que tienen derecho. Que si por atender a unos cuantos miles se aplazaba atender a centenares de miles hoy excluidos, se crearía una forma de discriminación inaceptable. En cambio, si ambas cosas iban juntas, ambas serían bien recibidas. 2. Que un fondo nacional de becas tendría que entender que muchos talentos en zonas rurales o con familias muy precarizadas se quedarían por fuera si se reconocía su desventaja, y debería pensarse en esas diferencias y por ejemplo, hacer que las instituciones rurales tuvieran unos cupos garantizados. Además, que el talento académico debería ser premiado sin excluir otros méritos como los artísticos, de liderazgo social, etc. 3. Que se requería más flexibilidad y creatividad financiera para la corresponsabilidad de los actores. Propusimos armar un sistema de convalidación y transferencia de estudiantes. Es decir, que con la misma plata, muchos buenos estudiantes pudieran tener muy buena articulación entre media y superior, y así unos pasaran al SENA y otros a buenas universidades y CERES cercanos, ya con la carrera comenzada al ternar bachillerato, y que luego a medida que iban avanzando si eran muy buenos les fueran validando semestres y pudieran terminar en las grandes universidades públicas y privadas de las principales ciudades (o incluso en el exterior). Con la misma plata, se podrían graduar a más de 150.000 estudiantes de todo el país en buenas universidades y de ellos llevar a los mismos 50.000 que SPP atendería (ese era el estimativo inicial), a terminar en las mejores universidades. Y, permitir que mantuvieran arraigo en sus regiones. 4. Que a las universidades públicas había que cubrirles los costos y no solo el valor de la matrícula (algo que sí se terminó por hacer). O que no se pagara con ese fondo ninguna matrícula, sino que tal vez para públicas y privadas (ya en los últimos semestres gracias a las transferencias), bastaba con que el Estado pagara el sostenimiento y que quizás, las empresas privadas o personas particulares pudientes deberían reunirse para cubrir buena parte de las becas en un fondo para los casos de universidades privadas en las que la matrícula es muy costosa. El desenlace es complicado porque hoy no se puede defender que los pobres vayan con becas estatales a la buenas universidades privadas. Seguirá siendo indefendible mientras no se resuelvan crisis como la de acceso general, o la de financiamiento de las universidades públicas. Pero es cierto, que SPP generó policlasismo en muchas universidades de elite, y así debería ser. Sin embargo, como se hizo de modo simplón, quitándole los mejores estudiantes a las públicas para llevarlos a privadas, desarraigándolos de sus regiones y discriminando a muchos chicos de todo el país, es un programa que corrió la suerte que se les advirtió que correría a personas que sabían de números, pero que no conocían la realidad del país.

En Colombia la educación no es un derecho, es un privilegio. Porque el sistema educativo es estructuralmente de mala calidad, poca cobertura y baja pertinencia. Estas relaciones en términos de acceso a la educación superior marcan diferencias sustanciales de inequidad entre los que pueden pagar educación o comprar el servicio y aquellos que solo pueden acceder a ella a través de un programa como “Ser Pilo Paga” que es una oferta temporal y engañosa de gobierno y claramente no una política Estatal. El Programa “Ser Pilo Paga” se consolidó como un programa excluyente y clientelista que favorece e induce a los estudiantes a elegir las universidades privadas generando negocio con los dineros públicos estatales, todo bajo el sofisma restrictivo de contratar con instituciones acreditadas de alta calidad. Un verdadero Estado social de derecho, garantiza oportunidades en condiciones de equidad para todos, pero siempre debe focalizar sus esfuerzos en las poblaciones más vulnerables en términos de pobreza educativa y NBI. Según la OCDE, en Colombia de cada 100 jóvenes solo un 48% acceden a instituciones técnicas y tecnológicas, indicador claro que el país requiere cerrar brechas sociales y revisar entre otros aspectos las ofertas y mecanismo de evaluación como la prueba saber 11° porque éstas a modo de ejemplo determinan amplias diferencia entre desempeños en los estudiantes de acuerdo a la modalidad de la institución (académica o técnica) tipo de institución (público o privada) sectores de procedencia (urbano o rural) relaciones de género (hombre o mujer) o de inclusión por factor convencional o de discapacidad que impiden consolidar la educación como derecho fundamental para todos. Es fundamental Ministra Angulo, garantizar la continuidad de los estudiantes pilos. Pero, claramente el programa requiere ser rediseñado para ampliar la cobertura y movilidad social de más jóvenes al introducir por ejemplo la variante “Ser Técnico Profesional Paga” que acoge una mayor cobertura, es menos costoso y garantiza el inicio gradual de la gratuidad en el primer nivel de la educación superior. En este sentido, en el Dpto. del Valle se inició el debate en mesas técnicas que esperan entregar al MEN una propuesta ambiciosa que busca mayor inclusión, pertinencia y sentido de oportunidad para los jóvenes de los sectores populares. De seguro así, el país mejora la productividad, disminuye la violencia, genera mayor empleabilidad y fortalece la competitividad.

La educación es el mayor pilar de desarrollo de una sociedad, en dos sentidos, individualmente porque permite a los sujetos romper con ciclos de pobreza y violencia y el en general, porque permite a las sociedades solucionar sus problemas. El programa Ser Pilo Paga le enseñó al país que la educación debe ser una discusión cotidiana y que la calidad de la educación debe ser una prioridad porque no es lo mismo educarse en Universidades que cumplen con los más altos estándares de calidad que en otras, indistintamente de su naturaleza. Esto se suma al reto de garantizar estándares elevados en educación básica y media ya que aún no son suficientes los egresados de colegios públicos que tienen las herramientas necesarias para continuar su formación y llegar a ser profesionales o trabajadores capaces de intervenir en el desarrollo nacional. El programa fue, al tiempo, una lección para las universidades de la importancia que tiene el bienestar universitario ya que solo unos adecuados apoyos a los estudiantes, garantizan la permanencia y el éxito en los programas. Aprendimos que garantizar educación de calidad no solamente tiene costos elevados, sino que implica robustez institucional, en este sentido, si bien es cierto que debemos como país priorizar en el fortalecimiento de las Universidades públicas, hoy sabemos que no basta con financiarlas, sino que hay que procurar que cumplan con estándares de calidad que permitan a los estudiantes contar con diplomas que les garanticen inserción digna en el sistema laboral y poder contribuir efectivamente a la solución de los problemas nacionales. Ahora que el país es miembro de la OCDE y está en proceso de diseño de su marco nacional de cualificaciones, aparecen las preguntas por cómo disminuir brechas de calidad, pertinencia y calidad entre la oferta educativa y la demanda laboral, lo que implica diálogos que orienten la inversión presupuestal, que sin duda debe priorizar a la educación pública, siempre y cuando se haga en la perspectiva de su mejoramiento. Lo que queda después del programa es hacer una evaluación juiciosa de sus impactos y negociar con las Universidades los costos para que los estudiantes actualmente beneficiarios, puedan continuar en las mejores condiciones para el país y sus prioridades presupuestales. Para las Universidades beneficiadas, fortalecer sus programas de becas por medio de alianzas con el sector productivo. Para el gobierno, fortalecer la educación pública con miras a su mejoramiento y para los pilos, aprovechar la oportunidad de romper con los ciclos de pobreza y falta de cultura, siendo un ejemplo para el país y sus regiones.

Brindarle a 40.000 estudiantes de estratos 1 y 2 la posibilidad de acceder a una educación superior de alta calidad es sin duda una experiencia de la cual podemos obtener muchas aprendizajes. Como maestra, siempre miro las oportunidades de mejoramiento y no trato de buscar o resaltar lo malo. En el caso de “Ser Pilo Pago”, al crear un estímulo a la excelencia es sin duda un aporte a la calidad de la educación del país y a mejorar la equidad en un país como Colombia que ocupa una de las tasas más altas en el mundo. Sin duda hay aspectos que requieren ajuste pero no por ello se debe cancelar el programa. Colombia cuenta con 295 instituciones de educación superior, de las cuales solo 58 tienen acreditación de calidad: 37 privadas, 15 públicas y 6 militares (Policía, Naval, FAC, etc.). Limitar las becas a instituciones y programas acreditados es muy positivo pues se estimula a las instituciones a mejorar la calidad de su oferta para acceder a las becas, y se le permite a los buenos estudiantes de poblaciones vulnerables acceder a una educación de buena calidad. Personalmente, ajustaría algunos aspectos como: ? Orientar a los estudiantes para que accedan a las instituciones de su región porque el desplazamiento y la adaptación a otros contextos creo algunas dificultades para los estudiantes y sus familias. ? Abrir la oferta no solo a instituciones acreditadas sino a programas acreditados en general porque hay instituciones que si bien aún no tienen la acreditación de calidad como tal, si poseen una amplia oferta de programas acreditados. ? Limitar el número de cupos por institución para evitar la concentración de estudiantes en tres o cuatro tal y como ha sucedido en estos años. ? Privilegiar, por regiones, los programas acreditados de las instituciones públicas cuando existe una oferta similar en las privadas. ? Tasar el costo real del estudiante y no el valor de la matrícula pues con ello las universidades públicas están en amplía desventaja porque sus programas de por sí ya están subsidiados. ? Ofrecerlo como préstamo y condonárselo al estudiante si permanece y se gradúa con un promedio igual o superior a 4.0 Finalmente, quiero destacar como este estímulo tuvo efectos muy positivos en los exámenes de Estado (Saber 11), en los cuales se presentaron mejores resultados en los desempeños de los estudiantes por la importancia que adquirieron en términos de las nuevas oportunidades para los menos favorecidos.

El Colegio Metropolitano Soledad 2000 ha sido la institución que más pilos ha sacado para el Programa en los últimos años, en el Caribe. Estamos muy preocupados por la eventual terminación abrupta del programa. El Gobierno debe mantenerlo, por lo menos mientras se diseña una política con mejor y mayor participación para los jóvenes de escasos recursos que quieren acceder a la universidad. Las reformas que el gobierno propone son abstractas, no se puede opinar sobre una iniciativa alterna porque no hay nada concreto. No se sabe, además, cómo se invertirían los recursos que se le quitan a Ser Pilo Paga en la universidad pública para donde irían. Por ahora, puedo decir que estoy seguro de que la terminación de Ser Pilo Paga generará un impacto directo de des-estímulo en los estudiantes de colegios de sectores populares, que con mucha ilusión venían preparándose para ser beneficiarios del Programa que les permite soñar con acceso a la educación superior. Por último, es por menos, decepcionante que el Presidente Duque traicione sus votos. Había sido él, el único candidato que había prometido en campaña mantener el Programa Ser Pilo Paga. El expresidente Santos, con aprobación del Congreso, había dejado listos los recursos para la vigencia 2018 de una versión de SPP, por eso, no es justo que el nuevo Gobierno les arrebate a estos bachilleres su derecho a tener esa oportunidad.

Ser Pilo Paga nació cuestionado en medio de la crisis más pronunciada que ha tenido la educación superior en Colombia. Cuando las universidades públicas del país tenían que racionalizar cada vez más su presupuesto, aumentar la venta de bienes y servicios, endeudarse para hacerle mantenimiento a su planta física, contratar más docentes de cátedra y aumentar el costo de las matrículas, el gobierno Santos decidió crear un programa que destinara recursos públicos a las universidades privadas. Mientras el costo promedio de un estudiante de universidad pública es de 5 millones de pesos, el de cada Pilo financiado por ese programa fue de 18 millones de pesos. En total, su costo podría financiar 40 mil estudiantes más en universidades públicas si se tiene en cuenta la relación de costo unitario. Pero 98 de cada 100 pesos terminaron en universidades privadas. El gobierno anuncia su desmonte a pesar de haberlo negado en campaña. Iván Duque reculó en una de sus promesas. Y aunque pudiera presentarse como un logro de las universidades públicas del país, no lo es. Estas siguen con un déficit de 16 billones de pesos y no hay indicios de que el gobierno pretenda cubrirlo. En este caso, desaparece un programa que focalizó oportunidades de ingreso a la educación superior de unos pocos estudiantes a cambio de nada, pues la crisis de las universidades públicas sigue allí, negando así el acceso de millones de pilos que se quedarán sin acceder a la educación superior pública y de calidad.

La crisis del programa Ser pilo paga evidencia que ésta, como muchas de las políticas sobre educación, ha estado basada en un supuesto inequitativo. La nación ha invertido en los 40.000 estudiantes favorecidos cerca del 22% de los recursos destinados a la educación superior. Estos recursos van, en su mayoría a las universidades privadas, mientras que las públicas han sufrido recortes presupuestales drásticos. Estos recortes limitan la posibilidad de ingreso a muchos estudiantes y además dificultan el cumplimiento de los requisitos de acreditación para estos centros educativos. Por otra parte, la continuidad de un programa para ampliar la cobertura de la educación superior debería estar sustentada sobre una concepción de la educación como sistema en el cual las políticas deberían ser integrales. A parte de los problemas de financiamiento, el acceso a la universidad debe ser la continuidad lógica de una educación de calidad en los niveles básico y secundario. Allí, no sólo se debe invertir en infraestructura y en la ejecución de planes educativos sino emprender la formulación y ejecución de políticas sobre la formación y el rol de docentes y directivos en todos los niveles. El problema del acceso a la educación superior debe llevar al gobierno a pensar en las condiciones generales de acceso al sistema educativo; de esta manera, se deben emprender acciones para reducir la inequidad en las zonas rurales y municipios apartados; fomentar las relaciones entre universidad y territorio; comprometer a las empresas privadas en el mejoramiento de la calidad educativa, y formular una reforma que dé cuenta de la complejidad de dicho sistema y de su inserción en el mundo contemporáneo.

Desde el punto de vista de una ciudadana con una experiencia de varios años en el desarrollo del liderazgo educativo, considero que el programa Ser Pilo Paga debe ser analizado más allá de las dificultades que está teniendo para ser financiado. Por una parte el propósito del programa de vincular estudiantes de bajos estratossocioeconómicos destacados en lo académico, a universidades privadas donde normalmente solo pueden asistir estudiantes de estratos altos, me ha hecho pensar en la posibilidad de crear una sociedad más inclusiva y menos fragmentada en términos de clases sociales. Una Colombia donde las personas, independientemente de si vienen de familias ricas o pobres, puedan aprender juntas, aprender unas de otras, y que logremos dejar atrás ese clasismo tan característico de nuestro país que tanto daño nos ha hecho. Por otro lado me ha surgido la pregunta de por qué no se han dedicado esos recursos y, otros más, para fortalecer la educación superior pública, de manera que la calidad sea igual o mejor que la de las mejores universidades privadas y que la disponibilidad de cupos aumente. Hay estudiantes que ya empezaron en el programa y sería injusto e irrespetuoso con ellos suspender su proceso de formación. Estos estudiantes deben poder terminar sus estudios y el programa debe poder evaluar los resultados que logró con ese grupo de personas beneficiarias. Ser Pilo Paga, así como toda la inversión en educación, debe ser un proyecto nacional colectivo donde todos ponemos. En este sentido, tanto las universidades privadas como la sociedad civil, las empresas y la cooperación internacional deben poner su aporte para asegurar que esta personas terminen su proceso. En un país que busca la paz, la equidad y el desarrollo, la educación no puede ser afectada por problemas de financiación. Que se desfinancie cualquier otra cosa pero nunca la educación porque es el único camino que tenemos para construir un país con mejores oportunidades para todos. Como sociedad debemos dejar la mentalidad de pobres en relación al sector educativo y por fin pagarle a los maestros lo que se merecen para que su profesión sea realmente dignificada y asegurar la financiación de todos los programas y proyectos que sean necesarios, incluido Ser Pilo Paga.

Estoy a la expectativa de la nueva propuesta que presentará el gobierno para remplazar a Ser Pilo Paga. Aunque había espacio para mejorar muchas cosas del programa, creo que fue apresurado acabarlo tajantemente. Es importante que en la nueva propuesta, el gobierno ponga la calidad en el corazón de la misma. Ser Pilo Paga trabajaba con universidades, públicas y privadas, acreditadas en alta calidad. Este punto es importantísimo porque no se trataba solamente de llevar a los menos favorecidos y con mejores desempeños a la universidad, se trataba de llevarlos a las universidades con altas condiciones de calidad. Lastimosamente, no todas las universidades públicas cuentan con esta acreditación y en muchas hay limitantes derivadas de la corrupción. El Ministerio debe hacer un análisis juicioso sobre la capacidad de las públicas para determinar cuántos cupos nuevos debe crear y qué tan rápido podrá crecer la oferta para compensar el sacar a las privadas de la cobertura financiada por el Estado. En la nueva propuesta es esencial que se revisen las tasas de deserción de las universidades y las apuestas por permanencia. Entre muchas de las cosas que logró Ser Pilo Paga, fue que las universidades desplegaran estrategias y programas para disminuir la deserción. Valga la pena decir que, en este punto, la mayoría de universidades privadas respondieron mucho mejor y más rápido que las públicas. Por último, Ser Pilo Paga no era la única apuesta de educación superior del Gobierno Santos. Desde el comienzo, no fue concebido como la solución para la financiación de la educación superior ni mucho menos como la única respuesta para la transformación del sistema universitario. La política de Educación Superior comprendía más cosas: Fortalecimiento de la calidad de la educación superior a través de Colombia Científica, estructuración de nuevas líneas de crédito con el ICETEX, mejoramiento de infraestructura a través de tasas compensadas con FINDETER, Sistema Nacional de Educación Terciaria, entre otros. Así que se podría seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema, de la cobertura de la educación pública, sin acabar con el programa. Los esfuerzos por cerrar las brechas entre las universidades públicas y privadas han estado presentes. Sin embargo, la ley 30 impone retos al sistema público que ha ido ampliando la brecha en recursos. Culpar solamente a Ser Pilo Paga por el desfinanciamiento de la educación pública es una verdad a medias pero no podemos ignorar que la educación de calidad cuesta. La mejor inversión para un país siempre será la inversión en educación de calidad.

Sin detenernos inicialmente, en el análisis -ya suficientemente ilustrado- sobre las finanzas del programa “Ser Pilo Paga”, la lección que deja este “plan de educación superior” del gobierno del presidente Santos, es la forma en que NO se debe hacer política pública. La política pública en cualquier sector, en este caso en educación, debe contar con la participación o representación de cada miembro de dicho sector, de manera que intereses comunes y particulares, sean considerados y se articulen con los recursos disponibles –o a conseguir- según las proyecciones de las metas u objetivos a alcanzar. Sin embargo “Ser Pilo Paga” fue una apuesta (en su mejor definición basada en el azar) quizá innovadora, pero absolutamente irresponsable. En primer lugar, la discusión técnica que se debió suscitar con el programa jamás se dio, y una tesis universitaria fue puesta en el escritorio de la ministra del momento, sin que se diera la oportunidad de ser discutida, en un escenario académico tan propio de la educación. Hay quienes lo llamaron el programa “piñata” asumiendo que de esta forma estaba el gobierno nacional, repartiendo el dinero de la educación. Los sistemas complejos y, la modelación y simulación de “Ser Pilo Paga” quizá, no consideraron el bajo impacto social o cuántas generaciones deberían pasar, para tener el impacto esperado en el cierre de la brecha. El programa “Ser Pilo Paga” consumió cerca de 4 billones de pesos y benefició a aproximadamente 40.000 estudiantes (de los cerca de casi 500.000 bachilleres que se gradúan en Colombia anualmente). De esos 4 billones de pesos, 2 pago el gobierno anterior y en 2, dejó endeudado al actual gobierno, que por fortuna -para los beneficiarios- serán garantizados para cumplir el compromiso. Las 32 universidades del Sistema Universitario Estatal-SUE reciben 3,6 billones y forman cerca de 800.000 estudiantes. Desbalance e iniquidad incremental. En segundo lugar, los gobiernos deben generar políticas públicas responsables a todo nivel, sobre todo financiero. “Ser Pilo Paga” fue lanzado como el programa bandera en educación superior sin contar con las mínimas proyecciones presupuestales que obliga una política –máxime si es pública-. Una vez publicitado (con inversiones desmedidas en anuncios mediáticos) cayeron en cuenta de no contar con los recursos que demandaba una formación universitaria de 5 años (no sólo del primero). Escasamente organizaron recursos para los primeros 10.000 estudiantes, pero nunca se apropiaron las vigencias futuras para garantizarles a ellos y, menos a los siguientes 30.000 beneficiarios, el recurso necesario para su proceso de formación. Así, se dieron a la tarea del “lobby” en el Congreso pretendiendo dar a “Ser Pilo Paga” un estatus de Política de Estado. Se confiaba entonces en el “caudal” de la ministra Parody en el legislativo; de no ser por su intempestiva salida de la cartera de educación, seguramente hoy el programa de marras sería lo pretendido por ese gobierno. En el entretanto y sin recursos para la segunda cohorte de beneficiarios, la jugada poco ética del gobierno se dio con el desvío de los recursos del impuesto CREE (sobre la renta para la equidad) cuya buena parte del recaudo estaba destinada a las Instituciones de Educación Superior-IES públicas. El gobierno indicó en las escasas reuniones que tuvo con los rectores del SUE, que dicho impuesto no había logrado el recaudo esperado y que “lamentaban” no poder cumplirles con las transferencias anunciadas. No obstante, los representantes estudiantiles de las IES públicas encontraron la información que demostró como sí hubo recaudo del CREE en las dimensiones proyectadas, pero que éste, fue desviado al programa “Ser Pilo Paga” para cumplir con los compromisos de sus beneficiarios (373 mil millones, en 2016 y 435 mil millones, en 2017). No fue sólo una asociación de ideas, fue el reflejo de la realidad cuando se denunció que los recursos de “Ser Pilo Paga” estaban desfinanciando aún más la educación pública, soportado lo anterior, en el engaño y la mentira sobre el supuesto bajo recaudo de un impuesto, destinado para cubrir las inmensas necesidades de la educación pública. Finalmente, se ha puesto la discusión en un escenario de confrontación entre las IES públicas o privadas. Grave error caer en ese juego. Colombia necesita fortalecer todo su Sistema Educativo (mejor subsistemas) trabajando en búsqueda de la mejor articulación entre cada uno de los integrantes de dicho sistema. Nadie está en desacuerdo en que los más necesitados merecen mejor educación, como una manera de reducir las brechas sociales y económicas tan marcadas en nuestra sociedad. Pero si una familia tiene cinco hijos, no educa al mejor o al más “inteligente”, seguro busca la manera en que los cinco accedan a una buena educación (pública). Cuando el Sistema de Educación de Colombia funcione debidamente y tengamos una sociedad de conocimiento, que genera valor agregado a sus productos, bienes y servicios, seguramente podremos tener en operación responsable, programas tipo “Ser Pilo Paga”. De lo contrario, la puesta en marcha de ideas como ésta, sólo harán más profunda la marcada desigualdad social, harán que no se dimensione la educación como el más importante factor de transformación socio-económico y jamás, -para quienes viven de los escalafones y ranquin- lograremos salir de ese deshonroso tercer lugar entre los países más desiguales de América Latina (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo—PNUD). Algo más: Procuremos dejar de usar el rótulo de “Pilo” para nuestros jóvenes, quienes bajo un golpe de suerte (mejores condiciones en su educación básica y media, quizá) lograron un cupo en la educación. Todos los jóvenes en Colombia tienen cualidades para acceder a mejores oportunidades, todos son dignos de ser exaltados con la dignidad de ser “estudiante de la educación superior colombiana de calidad”.

Ser Pilo Paga reconoció el mérito de jóvenes de bajos recursos y de sus familias, promoviendo condiciones de equidad. Sin embargo, es acertado el anuncio del gobierno porque lo que necesitamos en este momento, no es un programa sino la consolidación de una política publica que fortalezca la universidad pública en condiciones de equidad. Tras lo dicho por el Gobierno, se plantean infinidad de retos. Debe, primero que todo, enfocarse en garantizar los recursos a los 40 mil pilos que ya están estudiando, honrando el compromiso adquirido. Con respecto a una nueva política pública de Educación Superior, debe priorizar la consecución y destinación de los recursos que permitan avanzar hacia una reforma al sistema de Educación Superior Pública, teniendo como eje, además de los recursos y el fortalecimiento de las universidades públicas y la búsqueda de la gratuidad gradual, dos aspectos fundamentales: Primero, incluir el aseguramiento de la calidad. Es decir, no es solamente un tema de financiación sino también de recursos consentidos dirigidos a la Calidad. Y segundo, que debe dársele a la Educación, inversión y apoyo a las universidades públicas regionales. Las regiones se fortalezcan y respondan a las necesidades de un país diverso que necesita fortalecer lo regional y lo rural, donde la educación debe ser el motor que ‘apalanque’ y promueva el crecimiento en condiciones de equidad. Ciertamente, el anuncio del Presidente es una oportunidad para replantear la política pública de Educación Superior, teniendo en cuenta, como se dijo, varios criterios fundamentales.

El Programa Ser Pilo Paga no ha dejado de generar polémicas desde el momento en que salió a la luz pública y, a mi juicio, en su recorrido ha ganado más detractores que defensores. Para sumarme al debate, quiero señalar, en primer lugar, la idea de equidad con la que se operó. La equidad es un elemento fundamental a la hora de hablar de calidad educativa, ya se sabe que factores asociados al desempeño escolar como las condiciones socio económicas de las familias, la infraestructura escolar, los recursos, los costos de la canasta educativa, entre otros, son determinantes para el aprendizaje. No obstante, Ser Pilo Paga nos hizo creer que la equidad en el acceso a la Universidad estaba en una extensa oferta de créditos condonables. Sin duda muchos estudiantes se beneficiaron, especialmente aquellos cuyas familias no tuvieron que sacar ni un peso de sus bolsillos (en apariencia). No obstante, nos quedó la idea de que solo se puede acceder a condiciones de equidad si se es “pilo” y si se aplica a un crédito. Este es el segundo asunto ¿Qué tipo de pilera exige el Estado para cumplir con la obligación de generar condiciones para el derecho a la educación? Se trata del pilo que pasa las SABER con el puntaje establecido, se trata del pilo que sabe llenar un formulario y tiene todas las condiciones para diligenciarlo a tiempo. Aún más, se trata del pilo que está en el SISBEN, no del pilo que pasó la universidad pública o a quien la familia puede pagarle los muchos millones que vale la carrera en una universidad privada - recordemos que incluso “el Pilo” llegó a ser uno más de los señalados entre la fauna de las universidades privada-. Definitivamente, un gobierno que, de entrada, asume la autoridad de definir quién es pilo y quien no como condición para garantizar la educación superior está a años luz de lograr la equidad. Ahora, la decisión del nuevo gobierno de acabar con Ser Pilo Paga, vuelve a hacer temblar el panorama de la educación Superior. Los retos son grandes. Solo el 1% de la oferta universitaria se encuentra en las zonas rurales y la cobertura total en el país en este sector, si bien ha superado el 50%, ha sido señalada su deficiente calidad. ¿Qué hacer? Las respuestas parecen de Perogrullo, pero siempre que se abre una nueva puerta, hay que aprovechar el chance. Mi respuesta -que comparto con muchos en este debate, esta en el fortalecimiento de la educación pública y particularmente de la universidad pública. Esta no es una respuesta idealizada, llena de vino caliente y canciones de Silvio. Es una respuesta fundada en las experiencias más exitosas de países europeos en los que la existencia de una universidad pública sólida, garantiza la formación de alta calidad de sus profesionales y, por ende, el desarrollo económico del país. Debemos dejar de lado la idea de que los recursos de Estado están destinados para “ayudar a los más pobres entre los pobres”. La Universidad pública es pública porque piensa el país, no porque cueste menos. Un paso seguro será que los gobiernos locales y todos los que trabajamos en el mundo de la educación, orientemos nuestros esfuerzos a fortalecer los programas de articulación de la media con la educación superior. De manera que se establezca un dialogo estratégico entre colegios y universidades capaz de viabilizar los intereses de los estudiantes que salen del colegio y llegan a la universidad. Este dialogo, debe ir acompañado de recursos para la infraestructura, la formación permanente de docentes y una porción especial dedicada a la investigación, la producción y la gestión de conocimiento científico que logre sacar a las universidades de la modorra académica y de la manipulación del mercado.

El debate crucial en materia financiera de la educación superior en Colombia es entre la financiación a la oferta, que es la que garantiza el derecho a la educación de calidad, y la financiación a la demanda, que es la expansión de créditos educativos preferida y adoptada por los gobiernos de las últimas décadas. Al financiar la oferta se entrega dinero directamente a las universidades públicas y con esto se aumenta su potencial investigativo, sus instalaciones, sus profesores y en general condiciones que permiten aumentar la capacidad de ofrecer una mayor cobertura con calidad. Por su parte la financiación a la demanda consiste en entregar el dinero a los estudiantes generalmente en forma de créditos educativos. Esto, además de impedir la gratuidad de la educación, permite pasar dinero público a universidades privadas, que tienen una matrícula más alta que tiende a aumentar aceleradamente con este tipo de programas, y a universidades extranjeras con ánimo de lucro como lo exigen los Tratados de Libre Comercio y ha buscado hacer el santismo y el uribismo desde 2011 cuando fueron derrotados por la MANE. Así pues, acabar con Ser Pilo Paga es finalizar de uno de los programas de financiación a la demanda, pero no el fin de esa política en Colombia. Le queda a Duque la Ley 1911 de 2018 de Financiación Contingente al Ingreso (FCI) para la cual él presentó ponencia positiva cuando era senador. Esta es la ley que intensifica el modelo de Ser Pilo Paga porque consiste en endeudar a más estudiantes y que a través de una suerte de impuesto (que se paga incorporado a la seguridad social) sean ellos y también las universidades quienes asuman los costos de la educación superior y no el Estado. Además, hay muchas pruebas que conducen a que Duque no va a redirigir los recursos de Ser Pilo Paga a las Universidades Públicas y que esto solo se podrá lograr con la movilización amplia y masiva de la comunidad universitaria y la sociedad: Santos ya comprometió los recursos del IVA para el FCI desde la reforma tributaria de 2016 y ni él ni Duque han reconocido el déficit calculado por el Sistema Universitario Estatal desde 2016 por más de 15 billones, por lo que no hay un aumento a la educación en el Presupuesto General de la Nación. Finalmente, la gratuidad de la que habla de Iván Duque, que se explica con más detalle en el documento de su comisión de empalme, será con contraprestaciones en el marco del FCI y por medio de educación virtual (baja calidad) como lo ha anunciado él y su vicepresidenta tanto en campaña como en ejercicio.