Independientemente de los resultados del informe, creo que el país debe empezar a trabajar muy seriamente en el tema de cerrar la frontera agrícola de la mano de las comunidades campesinas. Primero, para que tengan seguridad jurídica de acceso de la territorio; segundo, para hacer un uso sostenible del mismo; y tercero, para que el Estado se involucre en la implementación del pago por servicios ambientales. Hay que impulsar el aprovechamiento forestal o los cultivos silvopastoriles. El país tiene que trabajar muy fuertemente en eso. Digo esto, pues el tema de la coca no solo tiene que ver con el tema de los grupos armados. La mayoría de esos territorios están en el borde de los Parques Naturales, o dentro de estos. Si se piensa esto solo dentro de la lógica militar no se llegará a una pronta solución.

Los resultados no son nuevos, se vienen conociendo desde hace un par de años y se deben a una estrategia errada del gobierno Santos, tras los Acuerdos. Que la velocidad de crecimiento de cultivos sea más lenta no tiene mayor impacto. El impacto está en el número de hectáreas. Tendríamos que evaluar la variable de crecimiento 2012-2017. Es bastante preocupante, incluso, que creciendo los cultivos ilícitos a un ritmo más lento, no se haya podido controlar el aumento por políticas centrales, porque las capacidades están. Las variables son simples y se resumen en dos: la de crecimiento de cultivos está en aumento y la de erradicación está disminuyendo. Se ralentizó la ofensiva de la Fuerza Pública. El impacto del crecimiento de cultivos de coca se ve reflejado en la producción y eso se ve en las incautaciones. Ha incrementado y seguirá incrementando en el aumento de la violencia en algunas regiones del país. Los mayores beneficiados son las estructuras criminales del narcotráfico, que se han proliferado y fortalecido, producto de la bonanza de la coca. Hay que atacar, de manera integral, este fenómeno para que no se disperse la violencia, que ya está disparada en estas regiones. Las estrategias de fortalecimiento de los procesos de sustitución es un gran reto del nuevo Gobierno. Sin embargo, ante el fracaso parcial de estos, no se puede dar insumos a las estructuras ilegales que se lucran del negocio; por eso, deben promoverse los procesos de sustitución voluntaria pero debe fortalecerse, así mismo, la capacidad de erradicación forzosa. Por último, las zonas que resaltan en el Aumento, no son nuevos, han sido las zonas de influencia de los grupos armados ilegales. Hay un vacío de control integral de esas zonas.

Creo que el informe que hicieron sobre la situación de los cultivos tiene una cifra muy importante y que pasó de agache: El 91 por ciento de los territorios donde hubo acuerdos de sustitución de cultivos se cumplió. Esto dejó de lado los esfuerzos de los campesinos por hacer la sustitución, quienes a pesar del incumplimiento del gobierno, de la amenaza de las disidencias y de otros grupos armados ilegales y del aumento del riesgo de los líderes contra quienes han aumentado los asesinatos, han erradicado. Este importante esfuerzo se vio opacado por la noticia de los aumentos. Hoy estamos en una situación donde no se sabe que va a hacer el nuevo gobierno sobre este plan. ¿Cuáles son las alternativas si la pólítica antidrogras ha fracasado? Yo creo que cumplir con el acuerdo agrario de paz sobre sustitución es la salida; sobre todo, es urgente que los campesinos no vuelvan a ser víctimas de medidas agresivas como la fumigación con glifosato.

El aumento es muy preocupante y viene desde hace un par de años. Sin embargo, lo que me parece más preocupante, es el camino que está tomando el nuevo Gobierno, que es ceder a las presiones que desde el principio de la Administración Trump han surgido sobre Drogas: radicalizar el prohibicionismo. Eso no soluciona el problema de raíz. La razón del crecimiento de los cultivos ilícitos pasa por una realidad socio-económica de poblaciones campesinas que están desintegradas del país. Esto, se vincula con el desinterés del nuevo Gobierno con la agenda de la implementación del Acuerdo de La Habana, que tenía como uno de sus aspectos fuertes, el desarrollo rural. El problema, es que desde finales del Gobierno Santos se generó un corto-circuito en la institucionalidad para los programas de sustitución, que se basaban en la idea del Acuerdo de priorizar la sustitución; mientras algunas entidades impulsaban la sustitución, desde otras, como MinDefensa, enfocaban sus esfuerzos en fortalecer, en cambio, la erradicación con herramientas como el regreso del glifosato, que tiene efectos muy dañinos para las poblaciones y el ambiente. El glifosato es uno de los lunares del plan Colombia. El problema debe solucionarse de raíz, las fumigaciones y la erradicación son soluciones cortoplacistas. Si uno mira, en el origen del Plan Colombia, el enfoque se fundaba en atacar las realidades socio-económica de las poblaciones que estaban inmersas en el mercado de las drogas. Su enfoque se diluyó y se enfocó en atacarlo desde el prohibicionismo y el combate de la ilegalidad. Estamos dejando atrás nuestras prioridades nacionales (el Acuerdo) y nos estamos alineando con las prioridades de Washington, que con su actual gobierno, respalda la agenda prohibicionista. El nuevo Gobierno ya está dando muestras de cómo abordará el tema de Drogas, con medidas, por ejemplo, del decreto de la dosis mínima. Estamos recorriendo la misma senda, que nos tendrá en el mismo círculo vicioso y arrojará los mismos resultados.

No me extraña el resultado. Se nota que donde no llegó el Estado crecieron los cultivos. Siguen siendo las mismas áreas con pequeñas variaciones a escala municipal. Vemos un resultado interesante de reducción de hectáreas de coca en Meta y Guaviare derivado de los acuerdos de sustitución voluntaria. Esperamos poder mirar más específicamente los casos que presentó el informe. Por ejemplo, el caso de Antioquia, en Briceño, donde hubo eliminación total de cultivos de coca , pero en el departamento estos aumentaron. Esto está relacionado con la caída de la minería de oro. No creemos que la hectares nuevas, sembrada el año pasado, sean motivadas exclusivamente por la expectativa de recibir unos pocos beneficios del estado representados en dinero. El incremento se sigue presentando donde no está el Estado o donde nunca ha llegado. Estas zonas coinciden por la misma razón, con áreas donde hacen presencia otros actores vinculados a distintas economías ilegales. El año pasado hubo una oportunidad para avanzar en acuerdos colectivos con comunidades que habitan parques y territorios colectivos indígenas y afrocolomhianos, sin embargo, ésta no se aprovechó. Allí no se alcanzó acuerdo alguno y eso se traduce en más cultivos en esa zonas. De fondo hay un desaceleración del crecimiento, que leo como que llegamos a un punto donde hubo sobre oferta. Por eso se observa disminución en los precios. Ese precio hoy está aumentando. El gobierno debe hacer un análisis sin afanes y sin apasionamientos producto de la presión de las metas de reducción de hectáreas. Aquí el tema no es de hectáreas de coca, sino de familias y de territorios que siguen sin tener garantizados sus derechos fundamentales.

Los resultados era algo que se esperaba, no hubo ninguna sorpresa. Ya sabíamos que se estaba presentando una tendencia de incremento de cultivos, esa parte del informe no es una novedad. La única novedad es, quizás, que en esta ocasión se tomó más tiempo para que se presentaran los resultados. Estos normalmente salían entre junio y julio, y en esta ocasión solo hasta ahora los conocimos. Por otro lado, se está confirmando que muchas personas aumentaron sus cultivos o volvieron a cultivarlos con la expectativa de recibir beneficios. Se ve eso de manera generalizada. Por eso uno ve el aumento En Putumayo, Catatumbo, Antioquia, etc. o incluso en Arauca, donde ya prácticamente habían desaparecido. Se confirmó la expectativa. Cuando se anunció el Pnis, se anunció confirmando 36 millones de pesos por familia. Esto creó un incentivo para que muchos campesinos, sobre todo otros diferentes a los que recibieron el incentivo, quisieran sembrar. A esto se suman las organizaciones armadas y las disidencias que se lucran con el narcotráfico y por ello presionan el crecimiento o el retorno de los cultivos ilícitos. Es una tormenta perfecta. Creo que la principal sugerencia es tomarse muy en serio las políticas de transformación de los territorios y que esto permita que se integren a la economía y al resto del país. Pero también que en esos territorios exista una garantía plena del Estado de Derecho. Entendido esto como garantía de derechos y el obligatorio cumplimiento de la ley. Lo mejor es que el gobierno tenga a su disposición todos las herramientas. No solo una o la otra. Esto implica mucha coordinación.