El Presidente Duque le da un golpe brutal a la separación de poderes y a la legalidad. Sin precedentes alguno, hoy inician con La Paz, mañana no sabemos. La objeciones por "conveniencia" realmente quieren pasar por encima de asuntos que ya aclaró la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-080 de 2018. El estudio de las objeciones pasarán por el Congreso y finalmente irán de nuevo a la Corte Constitucional, en esa medida, la estrategia desde la Presidencia de la República y desde luego del partido de gobierno al que representa, es solo para dilatar la discusión, reabrir un debate innecesario y retrasar asuntos que desde la Justicia Especial para la Paz son necesarios implementar ya y así garantizar un proceso de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el país.

Las propuestas del presidente Duque, de objeción a la ley estatutaria de la JEP y adicionalmente de un acto legislativo, van más allá de señalar inconvenientes y constituyen medidas de fondo que afectan el acuerdo de paz pactado. Mi opinión es que se daría una especie de reapertura de la negociación de paz, en particular del punto 5, justicia, la jurisdicción especial para La Paz. Estimo equivocada e inconveniente de conjunto y en cada una de las medidas propuestas sobre el presidente Duque porque superan su facultad en términos de posibles inconveniencias, y entran es a proponer una reforma constitucional y una reforma legal, a un tema medular avanzado de la implementación del acuerdo de paz. En esencia rompe el consenso del pacto de paz del Gobierno Nacional, en representación del Estado, con las Farc EP, desconoce el contenido integral de la ley estatutaria de la JEP y asimismo desconoce el fallo de la Corte Constitucional al respecto. Adicionalmente, rompe con la aplicación efectiva de justicia frente a los integrantes de las Farc que se someten a esta vía JEP, generando inseguridad jurídica, y en ese sentido se puede propiciar una criminalización generalizada de la población excombatiente que daría al traste con la solución coherente en Justicia Transicional, con ellos y frente a los derechos de las víctimas, ya adoptada. Mi consideración es que el senado y la cámara no deben aceptar de conjunto estas propuestas por lo referido, de forma que se mantengan, en consecuencia, la vigencia del acuerdo de paz en su contenido esencial e integral, así como los dispositivos legales y los controles institucionales ya establecidos. Por tanto, también sería muy conveniente, más allá de la importante y muy simbólica comunicación dirigida a la ONU, en cabeza de su secretario general y del concejo de seguridad, y a la CPI por parte de quienes firmaron el acuerdo de paz, integrantes de las comisiones de paz de senado y cámara y voces representativas de la academia y la opinión; creo que se debe dar una muy amplia manifestación ciudadana de diversas maneras en defensa del acuerdo de paz y de su implementación a la vez que llame a que cese la que puedo señalar como, campaña sistemática de ataque, desprestigio, montajes e incluso judiciales y otras acciones en contra de la JEP. Muy por el contrario, creo que Colombia surge como ejemplo y experiencia genuina de la aplicación de una figura de justicia transicional sin impunidad y con todos los mecanismos previstos de cara a recuperar la justicia, reparar las víctimas e implementar una justicia orientada a la paz y a la reconciliación.

Las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP es una abierta violación al Estado de Derecho. El Congreso votó la Ley estatutaria de la JEP, fue a control de la Corte Constitucional, ésta falló sobre su constitucionalidad con las respectivas precisiones que a bien tuvo formular. La Corte Constitucional es la instancia de cierre y las objeciones presentadas por el presidente Duque contravienen la autonomía de la Corte Constitucional y abren un delicado antecedente que vulnera de manera grave nuestro ordenamiento institucional. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirma que solo son seis artículos de 154, pero son seis artículos que generar gran inseguridad jurídica al lesionar la autonomía de la JEP y abrir la puerta a eventuales extradiciones de los firmantes del acuerdo de paz. Muchas son las voces que nos hemos manifestado en las últimas horas sobre la ilegalidad de esta acción Presidencial y su inconveniencia política. Ahora se vuelve a un debate político, que ya estaba cerrado, pero que el Centro Democrático a reabierto, con la intencionalidad de incumplir lo pactado entre el Estado Colombiano y las Farc, amenazando de manera grave el cumplimiento de este acuerdo de Paz. Estamos convocados a las Plazas de toda Colombia este miércoles a levantar nuestra voz de respaldo a la JEP, la inconveniencia de estas objeciones y la importancia de cumplir estrictamente el acuerdo de paz firmado.

El presidente Duque expresó frente a las objeciones inconveniencia; quedó implícito que era en términos de inconveniencia política porque jurídicamente ya la Corte Constitucional se había manifestado al respecto. En términos políticos, sus razones no son realmente convincentes, puesto que parecería que se olvidan de que lo más importante para las víctimas, que son el centro para todo el sistema de verdad, justicia y reparación, es la verdad, las verdades para todo tipo de víctimas y victimarios. También hay una especie de, espero no sea un calculo mal intencionado o disimulado en el siguiente sentido: si va a haber propuestas de reformas constitucionales, como las 3 que presentaron, entonces para qué desgastarse en discutir las objeciones a la ley estatutaria ya que, si dichas reformas constitucionales salen adelante, habría que hacer una nueva ley estatutaria. Para ilustrar que soslaya el presidente que lo más importante es la verdad, han hablado muchas veces en la reforma constitucional de que los delitos de abusos a niños, menores de edad, no queden en la justicia transicional sino en la ordinaria. Sin embargo, la pregunta es ¿en cuál de las dos nos acercamos más a la verdad? Si en la transicional, en la que a cambio de la confesión hay rebaja de penas, o en la ordinaria, donde no hay confesión ni hay rebaja, es decir donde no hay incentivos para confesar crímenes sobre los que ya no hay pruebas físicas. Se está olvidando que lo central para las víctimas, más allá de la plata, es la verdad. Esto último muestra que la inconveniencia política de la que habla el presidente no es convincente.

Aunque en algún momento llegamos a pensar que Duque intentaría tener una cierta autonomía frente al uribismo radical, tenemos que tragarnos nuestra ingenuidad. Lo único que diferencia a Duque de Uribe es el estilo: guantes de seda, moderación política en los discursos, cara propaz ante la comunidad internacional, pero un fondo igualmente rabioso contra el Acuerdo de Paz. Pero ¿qué incentivo podría tener Duque para mantenerse en una actitud equilibrada y sensata si a través de los medios de comunicación se le notificó que su gobierno no tenía carácter, que no había logrado enviar un mensaje asertivo que señalara claramente los propósitos de de su gobierno? Solo cuando endureció sus posiciones (Venezuela y Atentado del ELN) y las encuestas lo premiaron con un incremento en la popularidad los mismos medios transmitieron el mensaje de que ahora si parece bien encaminado, ahora si tiene personalidad, ahora si es un buen gobernante. Vale la pena traer a colación la frase de que el buen gobernante debe hacer lo necesario y no lo popular. Al parecer a Duque si se le exige que tenga en cuenta las encuestas y que gobierne pensando en no perder popularidad. Y al mismo tiempo que Duque sube en popularidad por la mano dura, subsiste en la opinión pública un 60% de ciudadanos encuestados que prefieren el dialogo a la salida militar frente a la guerrilla. Una contradicción insuperable y muy propia de nuestra cultura política. Habrá que leer con cuidado las objeciones de Duque porque me parece que la preocupación del Centro Democrático por la justicia y la impunidad no son muy genuinas. Más bien se trata de un bien fundamentado miedo a la verdad que podría salir de la implementación cierta y clara de la JEP. Por lo demás, ya sabemos cuál es el individuo que saldría más beneficiado con la caída de la JEP. En todo caso se ha hecho patente la existencia de una "colaboración armónica" entre el Centro Democrático y el Fiscal General de la Nación. Están coordinando una ofensiva contra la JEP para desacreditarla y justificar su desaparición. Naturalmente, hay personajes como el Fiscal Bermeo que contribuyen a ese descrédito y sin duda hubo una falla protuberante en los procesos de selección de personal. Pero haber mencionado a Santrich en la presentación de las capturas no es otra cosa que mala fe de la Fiscalía. Por suerte la Procuraduría ya ha empezado a mostrar las inconsistencias de las pruebas de una operación que no sabemos si es "infiltración de una organización delictiva" o una operación para inducir al delito. Es necesaria una movilización pluralista y amplia contra la intención de hacer trizas la paz acudiendo a todas las formas de lucha

Las objeciones parciales formuladas por el presidente Duque, no solamente eran constitucionalmente posibles, sino que eran políticamente necesarias. Las razones, 3: 1. Porque obedecía el mandato del poder constituyente primario (pueblo) del 2 de octubre del 2016. 2. Porque obedecía al mandato de voto programático que le llevo a la presidencia de la República El 7 agosto de 2018. 3. Porque era la mejor manera de evitar las voces estridentes de los extremos para hacer trizas el acuerdo o para desconocer la voluntad popular. El proceso que se viene es prenda de garantía para todas las partes. Para los que se opusieron a los acuerdos de doctor Santos, es garantía de que sus voces han sido oídas y para los que apoyaron el proceso de doctor Santos es garantía porque apuntala a legitimar un proceso que carecía de la legitimación necesaria. La legitimación se va a dar con un proceso amplio, democrático, y sin corrupción, en el congreso de la República. A diferencia de lo que le pasó al Dr. Santos que quedó preso de su propio proceso y cuya única bandera de gobierno era la paz, lo que lo llevo a los abusos de la mermelada política, para el doctor Duque las objeciones presentadas se compadecen con un ideario político y unos principios de gobierno, pero si no se los aprueban como el bien lo ha dicho, no pasa absolutamente nada. Con lo anterior, podemos advertir que sin ser éstas (las objeciones) la única bandera de gobierno no va a haber necesidad de mermelada alguna, de modo que los congresistas podrán votar conforme a su ideario político. Como quiera que las banderas de gobierno del doctor Duque, van más allá de la paz teórica de su antecesor.

Las objeciones del Presidente Duque fueron muy bien sustentadas y sorprendería que algún ciudadano con sentido común no las apruebe. Tal vez lo más importante será evitar que la JEP de un trato favorable a crímenes a menores de edad. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esto? Sin embargo, en todo caso, la existencia de una justicia paralela con un trato diferencial para asesinos y secuestradores específicos será difícil de aceptar por la sociedad colombiana.

La objeción de algunos artículos fundamentales y claves del Proyecto de Ley Estatutaria sobre la justicia transicional, conocida como Jurisdicción Especial para la Paz por parte del Presidente IVÁN DUQUE en el marco de sus atribuciones presidenciales, está claro, no es un asunto de carácter principalmente jurídico. Obedecen más que todo al interés que tienen ciertos sectores políticos encabezados por el partido que lidera el ex-Presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ quien de manera reiterada siempre se opuso al proceso de negociación que decidió el entonces Presidente JUAN MANUEL SANTOS con la organización guerrillera FARC-EP. El proceso resultó exitoso para la sociedad colombiana, el conjunto de instituciones pertenecientes a las distintas ramas del Estado y para las vidas humanas, principalmente en aquellas regiones apartadas de las grandes ciudades y abandonadas por los distintos gobiernos en los últimos 50 años. Para las FARC que han perdido más de 100 reinsertados y que solo obtuvieron 50 mil votos no han sido buenos los réditos En 2016, la mitad de los electores convocados a un Plebiscito votaron por el NO. Fue la primera avería que se le presentó al proceso; durante la campaña electoral, miembros del partido uribista hablaron de hacer trizas el Acuerdo Final que se firmó en el Teatro Colón después del Plebiscito. Aparentemente dentro del partido Centro Democrático existían posiciones moderadas. DUQUE, acuñó la frase “ni trizas ni risas”. A la fecha puede concluirse que dicho estribillo solo hizo parte de una estrategia electoral. DUQUE no es SANTOS. Obedece fielmente todas las órdenes de URIBE. Transcurridos seis(6) meses el plan extremista se comprende a cabalidad: desprestigiar a la JEP, calumniándola y haciéndola aparecer ante la opinión pública no como el resultado de una negociación que se pactó, sino como una institución encubridora de delitos, pese a que por su propia naturaleza, resulta equívoco utilizar el marco de referencia jurídico típico de la justicia ordinaria para hacer las respectivas interpretaciones y juicios. De los artículos objetados el que más sorprende y causa el rechazo de los exguerrilleros agrupados en el nuevo Partido FARC es el de la extradición. Porque para EE.UU. el Acuerdo de Paz no obstante haber contado con cierto beneplácito de los delegados del gobierno de la nación norteamericana, en últimas no es punto de referencia para la justicia estadounidense y procederá tal como lo hizo con el caso del guerrillero SIMÓN TRINIDAD que notablemente se diferencia del trato dado a los miembros paramilitares de las llamadas autodefensas. El secuestro o el narcotráfico son diferenciados por el poder del gobierno y de la justicia norteamericana, en últimas, por el discurso ideológico de la guerrilla y por la experiencia que tienen los EE.UU. de los movimientos insurgentes en el mundo en cuanto hace a sus proyectos de sociedad y de régimen político. El bloqueo contra Cuba y la posición que hoy ha adoptado el gobierno de DONALD TRUMP con Venezuela así lo atestiguan. De manera que las objeciones del gobierno del Presidente DUQUE y de su partido político han creado un callejón sin salida que estimula la movilización de los sectores partidarios de la paz tal como se negoció al tiempo que estimula la participación de la comunidad internacional a todos los niveles; genera debate en el Congreso de la República; induce a la reafirmación o no se sabe si al cambio de la línea jurisprudencial que hasta ahora ha tenido la Corte Constitucional. El estado de confusión y los grados de certidumbre igualmente saldrán a la palestra pública que en todo caso favorecerán al ELN, a los nuevos paramilitares y a todo tipo de organizaciones delincuenciales a quienes sin proponérselo, los autores de los cuestionamientos a los pactos de paz han extendido la invitación a no creer en pactos o acuerdos para cesar la violencia.