La política minera del nuevo gobierno (2018-2022) se fundamenta en los mismos pilares que la han sustentado desde el año 2000 por lo menos; así, el gobierno actual apuesta por posicionar la extracción de minerales como la actividad decisiva en el crecimiento de la economía de Colombia. Al basar el crecimiento económico del país en la actividad minera, principalmente en la extracción de carbón térmico y de petróleo (este mediante fracking), la política minera del gobierno Duque está repitiendo los mismos errores de sus predecesores, que han convertido a la minería y extracción de hidrocarburos en una de las principales fuentes de violencia y conflictividad social.

El primer error que repite el gobierno es fundamentar la elección de fuentes de energía (petróleo y carbón particularmente) en proyecciones futuras que pueden no realizarse, por ejemplo mediante el cálculo que hace el Plan Nacional de Desarrollo de que el precio del barril de petróleo oscilará entre 70 y 75 dólares entre 2019 y 2022. Por el contrario, la política minera que propone el actual gobierno, subestima hallazgos como los devenidos de la Comisión de Expertos para el Fracking, la cual indicó que esta actividad sólo es viable cuando se fortalezca la institucionalidad, la "licencia social" y se adelanten estudios rigurosos sobre sus impactos en los suelos, en los acuíferos, en la salud, etc. El segundo error que repite en temas mineros, es comprender y tratar la política minera como independiente de la política ambiental, la cual abarca los compromisos internacionales de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, lo cual choca con la apuesta de asegurar el futuro energético de una nación en la extracción de carbón y petróleo.

En resumen, el tratamiento de los asuntos mineros y energéticos del actual gobierno parece dar continuidad a las falencias que han acompañado la política que regula estos temas, y es la de planear el desarrollo económico y energético con fundamento en proyecciones inciertas (como el valor futuro del petróleo), y al mismo tiempo desestimar los efectos negativos y problemáticas que se ha documentado trae este enfoque extractivista, así como el alto riesgo que implica desarrollar actividades (como el fracking) sin un conocimiento preciso de sus consecuencias, contrariando el principio de precaución que por Constitución debe regir la política ambiental y minero energética.

Creo que el gobierno ha actuado con prudencia y responsabilidad, pero con decisión, en los temas de minas y energía que le ha tocado lidiar.

En efecto, en materias mineras ha tomado determinaciones difíciles relacionadas con contratos importantes, siempre con un criterio de apoyar la minería responsable. Buen ejemplo de ellos es la aprobación de prórroga del contrato de Drummond, en el que las partes llegaron a un acuerdo balanceado de gran importancia para la región y para el país. Es de esperar que esta siga siendo la tónica de la ANM, pero el solo hecho de que hayan confirmado en su cargo a su presidenta – que de por sí fue una decisión importante - pone de presente que muy seguramente se seguirá en esta misma línea. El gran reto que tiene el gobierno en estas materias es eliminar la percepción generalizada de que no hay estabilidad de las reglas de juego, precisar el alcance y límites de las cargas sociales de los mineros y lograr un balance responsable entre las necesidades de protección ambiental y la industria minera. Estos son retos bien importantes y nada fáciles de enfrentar; pero, al menos, parece que existe la voluntad de hacerlo.

En temas petroleros son de destacar las decisiones adoptadas en materia de fracking. El gobierno – a mi juicio con gran entereza y valor – y aún a pesar de que éste había sido un tema de campaña, tomó la determinación de convocar un grupo de expertos como apoyo para sus decisiones en este asunto. Aunque el informe de dichos expertos es más bien un galimatías cuya línea no es fácil de determinar, lo cierto es que con base en él el gobierno tomó la decisión de continuar adelante con unos proyectos pilotos de exploración. Esa sola decisión es de por sí muy importante, pues no cierra las puertas al desarrollo de una actividad que ha sido satanizada en forma injustificada y con gran desconocimiento, pero que es fundamental para la consecución de nuevas reservas de petróleo y para el desarrollo energético del país. Es de esperar que el gobierno mantenga esa apertura frente al tema, de manera tal que una vez se tengan los resultados de los proyectos piloto, se pueda continuar con la explotación sostenible y responsable de los mismos.

Es temprano para opinar sobre las actuaciones del gobierno en la materia. El gobierno en todos los frentes parece estar esperando la suerte del Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, se podría comenzar diciendo que se nota un énfasis en el Ministerio de Minas y Energía en hidrocarburos y en energías renovables. En cuanto a los hidrocarburos, la apuesta ha sido viabilizar la exploración en yacimientos no convencionales y el primer paso ha sido convocar a una Comisión de expertos la cual ya produjo sus observaciones. En materia eléctrica, se han adelantado las subastas con resultados mixtos. En la subasta de energía por cargo de confiabilidad se asignaron obligaciones de energía en firme por 164 GW, de los cuales solo 37 GW corresponden a proyectos nuevos; pero se logró una reducción de 11% del cargo de confiabilidad actual. Sin embargo, la subasta de energía renovable cerró sin adjudicaciones y habrá un nuevo intento en junio de este año. En cuanto a Electricaribe, el liderazgo público lo tomó la Superintendencia de servicios públicos, con una propuesta de financiación de las inversiones por parte de la demanda, no aceptada por la opinión. En cuanto a la minería, la voz la ha tenido la ANM quien ha contado con la ventaja de la continuidad de la administración.

Con respecto de las regalías, se presentó un proyecto de Acto Legislativo para reformar la distribución de estos recursos cuyo propósito es aumentar la participación de las regiones productoras y dar una mayor flexibilidad a las asignaciones. Habrá que esperar a los ocho debates reglamentarios y la reacción de las zonas no productoras que se vieron beneficiadas con la reforma de 2011 y que podrían ser afectadas con la propuesta.

Desde una perspectiva institucional, se destaca el carácter técnico de la gestión Ministra de Minas y Energía pero preocupan algunos aspectos administrativos. No es clara la suerte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las agencias fueron creadas para garantizar una gestión eficiente protegida de los intereses particulares. Sus presidentes deberían tener periodos fijos y no coincidentes con los periodos gubernamentales. En cuanto a las consultas con las comunidades (previas y populares) y el licenciamiento ambiental, la gestión gubernamental no se debe limitar a los ministerios sectoriales sino que exige la coordinación en el nivel nacional de estas entidades con los ministerios del interior, ambiental, de agricultura, y la ANLA, entre otras, y del nivel nacional con el de las entidades territoriales. No se tiene noticia de algún avance en esa coordinación lo cual es requisito de la reducción de la incertidumbre de los inversionistas y de la concreción de nuevos proyectos.

Se podría resumir la gestión del Ministerio de Minas y energía diciendo que ha sido activa en el sector de energía eléctrica, propositiva en yacimientos no convencionales y regalías, y un poco más discreta en lo relacionado con la minería, actividad que requiere un fuerte liderazgo gubernamental.

*Opinión en tanto directora del GDIAM

El GDIAM ha venido generando propuestas alrededor de dos de los principales temas del sector minero; por un lado, establecer un nuevo modelo de relacionamiento entre el Gobierno nacional y los entes territoriales, basado en los principios de coordinación y concurrencia entre la nación y los territorios, donde uno de los ejes fundamentales debe ser la participación ciudadana amplia, libre e informada en condiciones de respeto por los derechos de la población local. Por otro lado, ha planteado propuestas sobre política pública para la minería de pequeña escala e informal, con miras a consolidarla como una minería formal y cumplidora de las exigencias de una actividad responsable y sostenible. Esto a partir de una solución estructural que aumente la viabilidad y sostenibilidad de la pequeña minería, incluyendo a los mineros informales en vía de formalización, e incorporando al mismo tiempo, incentivos para que se asocien y así evolucionen hacia otras escalas de producción que les permita realizar de manera autónoma una minería con los estándares requeridos.

En este contexto y según lo establecido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el gobierno se planteó la necesidad de construir un nuevo modelo de fomento minero en el país, incluyendo el esquema de comercialización de minerales; así como también, de promover un nuevo modelo de relacionamiento para el sector minero que incluya instrumentos de participación ciudadana.

Respecto del modelo de fomento, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, presentadas por el Gobierno Nacional, Un pacto por Colombia, Un pacto por la equidad, establecen que este Ministerio “(…) fijará las políticas encaminadas al desarrollo de una pequeña y mediana minería rentable financieramente, sostenible ambientalmente, con responsabilidad social y con altos estándares de seguridad minera”. En el marco de lo anterior el mencionado documento también señala que el Ministerio, “evaluará la creación de una institución, organización o empresa con el fin de asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la pequeña y mediana minería; (…) e incluirá el diseño de mecanismos de comercialización de minerales para la minería de subsistencia y de pequeña y mediana escala, basados en buenas prácticas de la trazabilidad de la cadena”.

Sobre el modelo de relacionamiento, las Bases presentadas por el Gobierno Nacional señalan que se “(…) pondrá en marcha un nuevo modelo de relacionamiento entre el Gobierno nacional y los entes territoriales, basado en los principios de coordinación y concurrencia nación-territorio (…) con base en el diálogo recíproco, con enfoque territorial, con información sólida, garantizando el desarrollo minero-energético del país, en armonía con los usos del suelo y los ecosistemas estratégicos (…) se promoverán los instrumentos que garanticen la participación ciudadana, con base en información previa, permanente, transparente, clara y suficiente, al igual que herramientas de medición para el monitoreo y mejora de dicho relacionamiento.”

Lo anterior, es un avance importante para la situación actual que vive el sector en materia de polarización, desconfianza y cuellos de botella en los procesos de formalización y en la consolidación de los pequeños mineros. Consideramos de gran valor, que el gobierno este avanzado en la construcción de este nuevo modelo de fomento, teniendo como eje fundamental la participación ciudadana. Estamos en un momento clave para consolidar nuevas realidades alrededor del desarrollo de la actividad minera en todas sus escalas, que permitan generar el valor compartido, que con razón, demandan las comunidades y los territorios. A pesar de las dificultades que acarrea hacer viables estas propuestas, vemos con optimismo que el gobierno las considerara y el GDIAM está dispuesto a aportar lo necesario para hacerlas realidad.

Evaluar acerca de la actuación de un gobierno en materia de minas y energía en Colombia es algo que debe hacerse a la luz de ciertos presupuestos:

En primer lugar, es evidente que la dependencia relativa de la economía colombiana, tanto en materia de estabilidad macro como de crecimiento, es alta respecto de lo que suceda con los precios internacionales del petróleo y con su producción interna. Esa dependencia es notable en las finanzas públicas, la balanza comercial, los mercados de capitales y de divisas, la inversión pública y social, y el desarrollo territorial.

Lo anterior significa que, por lo menos en el corto y mediano plazos, no son muchos los grados de libertad con los que se cuenta para deshacerse de ese tipo de dependencia y menos hacerlo de manera abrupta.

En segundo término, se puede afirmar que, en general, aunque en grados diferentes, cualquier forma de búsqueda y extracción de petróleo afecta de manera negativa las condiciones naturales y ambientales, aunque, sin duda, la calidad y fortaleza de las instituciones al igual que el empleo de determinadas tecnologías, las acciones de reparación y recuperación, y la vigilancia de la ciudadanía, pueden ayudar a minimizar el daño.

En tercer lugar, si se sigue pensando en el sector petrolero y minero como el gran salvador de las cuentas y los desempeños de los gobiernos de turno, estaremos a expensas de coyunturas y eventos que son impredecibles, que nos sumen recurrentemente en cierta inestabilidad y/o incertidumbre económica, además de que distraen la atención que debemos prestar a aquellas transformaciones energéticas, ambientales, productivas, sociales y económicas que el país debe emprender de manera urgente para su desarrollo.

Dados los presupuestos anteriores, el asunto es generar las condiciones para desligarnos del modelo petrolero y minero en que hemos quedado especialmente atrapados en los últimos diez años, para así consolidar y generar nuevos sectores económicos y nuevas fuentes de crecimiento de la economía. Ello se traduce en fortalecer y desarrollar nuestra industria y el agro, lo mismo que pensar seriamente en el turismo y hasta en la economía naranja. De otra parte, es hora de que el país sea consciente de que una de las riquezas más importantes con las que cuenta son sus recursos naturales y todo lo que significan para la economía global y para las propias posibilidades de desarrollo nacionales.

Afortunadamente, hay experiencias internacionales que han logrado resolver varios dilemas y trade-offs hasta conseguir un buen manejo e inserción económica del petróleo y la minería, al tiempo que alcanzaron desarrollos en otros sectores económicos y de la sociedad en general. Esos antecedentes deberían ayudarnos para construir verdaderos planes de desarrollo que incluyan las grandes apuestas nacionales (como ese nuevo modelo) y los caminos para alcanzarlas, no una suma de intenciones, detalles y acciones sueltas, aisladas, sin lógicas integradoras, sin las sinergias correspondientes y sin la capacidad transformadora que necesitamos.

Comienzo por decir que mi apreciación es muy diferente para los dos sectores. El de minas, negativo; el de energía, positivo en unos aspectos aunque no tanto en otros como el del Fraking, sobre lo cual sólo me atrevo a decir que se debería proceder con más cautela.

MINERÍA. En cuanto a la de pequeña escala, tan necesaria para la obtención de muchos productos indispensables y otros que por lo menos dan el sustento a quienes la ejecutan, se deberían intensificar mucho más los esfuerzos que de tiempo atrás se vienen haciendo para formalizarla. Y, en cambio, no dar tanto apoyo a la gran minería como el que lamentablemente se absorbe casi toda la atención gubernamental. Más examen previo del solicitante de una concesión, más exigencia en cuanto al cumplimiento de las leyes y otras normas, más y mejor fiscalización para lo cual se requiere de verdaderos profesionales conocedores de la materia y menos beneficios específicos para esa actividad.

Estas afirmaciones se basan en la realidad actual, en lo que viene sucediendo. Se han entregado (desde la primera década de este siglo) grandes territorios a empresas que no pueden acreditar más que un pésimo comportamiento en lo que se refiere a cuidado del medio ambiente y al respeto por los derechos humanos en otros países donde operan o han operado. Esos títulos se han otorgado además sin tomar en cuenta para nada la opinión de las comunidades que se habrían de afectar, simplemente prometiendo ríos de dinero y maravillas. Y peor aún, algunos de esos proyectos, apenas en etapa de exploración han sido catalogados como PINES, o sea, Proyecto de Interés Nacional Estratégico, lo cual genera en los funcionarios públicos un sentido de urgencia y prioridad y hasta de cierta responsabilidad. Y, por supuesto, que en etapa de exploración están lejos de tener licencia ambiental. Tremenda contradicción la de tener un mismo proyecto PINES pero con licencia ambiental negada. Pero el apoyo de las entidades del Estado es tal que, por ejemplo la Agencia Nacional de Minería, para ayudarle a la AngloGold Ashanti con su proyecto Quebradona en el suroeste antioqueño, presentó acción de tutela contra un Acuerdo del Concejo municipal de Jericó que prohíbe la gran minería de metálicos en su territorio (para cuidar el medio ambiente y especialmente sus aguas) tutela que fue negada en primera y segunda instancias, ante lo cual tienen ahora entablado un incidente de nulidad. Para mí, eso es hasta grosero e irrespetuoso y se sale completamente de sus funciones. Y si no es así, estas deberían ser cambiadas.

El gobierno debe poner todas las alertas en la protección de los páramos, ya que parece que estos ecosistemas están en riesgo ante nuevos proyectos.

El fracking debe ser un asunto de urgencia, el dejar avanzar está técnica experimental de energía extrema sería uno de los peores errores. Las pruebas piloto no probaran nada, y por el contrario pondrán en muy alto riesgo a la población y a los ecosistemas.

Así mismo, se debe iniciar cuanto antes el debate de la transición energética, que sea justa, participativa y en lo posible, autogestionada.