1. La JEP actúa en derecho y como tal se ha pronunciado. Actitud valiente que da muestra de la independencia y autonomía dentro de la constitucionalidad del caso.

2. Se hacía insostenible que el fiscal continuara... por todos los temas de corrupción (Odebrech) y por no haber podido entregar pruebas suficientes y contundentes frente al caso Santrich. Queda en evidencia que sus actuaciones han sido motivadas más por la subjetividad del fiscal que por objetividad del derecho.

Yo creo que esta es una manifestación más de la gran división que nos ha dejado el robo a la democracia y al poder constituyente primario (pueblo) del 2 de octubre de 2016. En consecuencia, creo que nos debemos preparar a muchas más circunstancias como la que vivimos hoy, que va muchísimo más allá de un tradicional choque de trenes.

Mi opinión sigue siendo que estamos en presencia de una nación profundamente dividida lo que supera la mera división política. De tal manera que la solución no se va a dar con las herramientas que nos ofrece un sistema político altamente despropiciado y un sistema jurídico disfuncional.

Por lo tanto, no se trata simplemente de poder establecer quién tiene la razón, si el fiscal general de la nación o la JEP. De lo que se trata es de poder construir una verdadera visión de país suficientemente incluyente y con la legitimidad necesaria para poder hacer frente a las enormes problemáticas que se nos avecinan.

En suma, el ordenamiento jurídico y político actual no nos ofrecen las herramientas suficientes para poder salir de la crisis.

Si no hay pruebas contundentes de la responsabilidad de Santrich, de los crímenes de los cuales se le acusa, me parece correcta la disposición de la JEP de no extraditarlo y de ordenar su liberación inmediata. También me parece decoroso y apropiado que renuncie el fiscal que había hecho todo lo posible por extraditarlo y no lo logró.

En primer lugar, hay que resaltar que la JEP hace parte de la rama judicial y en ese sentido, sus decisiones deben acatarse.

Por supuesto que todo ciudadano o servidor público puede discrepar de esas decisiones. Por eso  la regla general es que existen recursos contra ellas.

Otra cosa ocurre si se estima que pudo haber una decisión contraria a derecho, pues eso tendría que denunciarse ante el órgano encargado de investigarlo: en este caso sería la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Lo que llama la atención es que un servidor público renuncie porque manifiesta su profundo desacuerdo con una decisión de un órgano judicial.

El cargo de Fiscal General de la Nación es prácticamente el segundo más importante del Estado, de ahí la dimensión política de la renuncia.

No parece que haya una razón jurídica para dejar un cargo cuando quien lo desempeña no está de acuerdo con una decisión de un tribunal, o cuando estima que otro órgano pudo incurrir en decisiones contrarias a derecho.

Cuando las renuncias no obedecen a razones jurídicas es probable que quiera producirse un hecho político.  Lo complejo de esto es que en lugar de fortalecer el estado de derecho puede contribuir a erosionar la legitimidad de la JEP: la discrepancia sobre un caso concreto puede terminar arrasando la frágil institucionalidad que surge de los acuerdos de paz.

Que la JEP haya decidido no extraditar a alias “Santrich” era una decisión que estaba cantada.

La JEP es un tribunal que se creó, básicamente, para garantizar la impunidad de los miembros de las Farc. Eso incluye, por supuesto, evitar la jurisdicción norteamericana sobre los delitos que hayan cometido. Eso estaba más o menos cantado y era conocido.

Ahora bien, lo que sí es claro es que la decisión de la JEP armó un terremoto institucional y jurídico ya que el Fiscal General de la Nación, quien estaba tambaleando, contaba muy poca gobernabilidad para enfrentar un choque de trenes con la JEP como este.

Néstor Humberto terminó haciendo lo único que podía hacer, renunciar a su cargo, puesto que con el nivel de desprestigio y de falta de gobernabilidad que tenía era imposible que pudiera sostener una discusión o enfrentamiento de "tú a tú" en contra de la decisión que favoreció a Santrich de parte de la JEP. 

El Fiscal da un paso al costado, seguramente también con el visto bueno de La Embajada norteamericana e incluso también del Gobierno, que a ninguno le convenía -ni le conviene- tener un aliado como él, sin posibilidad de defender posturas contrarias a las adoptadas por la JEP ante la opinión pública nacional e internacional.

Quedamos en un limbo porque ahora vendrá la escogencia de Fiscal General por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la terna que mande el presidente y con la polarización del país y su ausencia de gobernabilidad. La sola armada de la terna ya conlleva un problema político de marca mayor.

Con su determinación la JEP actúa en derecho falla en favor de libertad de Santrich en aplicación de la garantía de no extradición contenida en el Acuerdo de Paz Final y en su consiguiente desarrollo legal vigente.

La decisión de la JEP, en tanto órgano de justicia, debe acatarse por las autoridades competentes para proceder a otorgar la libertad ordenada.

Dadas las condiciones de inexistencia de pruebas contra Santrich, con el no envío de ellas desde la justicia de EU y la revelación con la respuesta de la Fiscalía carente de ellas, no podía ser otra la decisión de la JEP.

Evidente está además de que se trató de un montaje de la DEA con el propósito de querer involucrarlo y parte de una serie de montajes similares que han sobrevenido.

El debate es intenso por la campaña sistemática contra la implementación del Acuerdo de Paz, desde sus opositores, que ha tenido foco en ataques concentrados contra la JEP.

La movilización ciudadana y el rechazo del Congreso a las objeciones del presidente son un espaldarazo a la Jurisdicción Especial para la Paz y la defensa de su legitimidad.

Hoy la Paz y la aplicación del Acuerdo pasan por la defensa de la JEP y el respeto y acatamiento a sus decisiones fundadas en derecho y en sus desarrollos legítimos vigentes como derecho de paz y justicia transicional.

El Estado de Derecho enfrenta enormes retos.

La sociedad colombiana está polarizada por intereses encontrados sobre asuntos de fondo: de la transformación del mundo rural, de la política, de la política antidrogas, del reconocimiento de responsabilidades frente a más de medio siglo de barbaries y la verdad de lo que hemos vivido y sufrido.

Estos son los asuntos que nos tienen divididos y los que se oponen a estas transformaciones y referentes, están en el gobierno.

Un Estado de derecho como el que pretende regir a Colombia, que desafortunadamente no funciona en todo el territorio, tiene como una de sus premisas la independencia de la justicia.

Una rama de la cual hace parte el tribunal de la Justicia Especial para la Paz, que en el día de ayer falló a favor de Jesús Santrich, apegada a elementales procedimientos de la justicia: los procesos penales se rigen por pruebas no por discursos.

Las pruebas contra Santrich nunca llegaron y así no hay como juzgar a nadie.

Hay un amplio debate por el fallo de la JEP, y veremos como las fuerzas políticas que se oponen a reconocimiento de responsabilidades frente a graves crímenes y a la verdad de esta violencia donde fuerzas que hoy están en el gobierno tienen responsabilidades, quieren seguir "pasando de agache" y erigirse como estandartes de civilidad y respeto a los derechos humanos, puras falsedades.

Hay grandes choques en la sociedad colombiana, porque hay quienes se oponen al cambio democrático y prefieren este orden antidemocrático y de continuidad de la barbarie, que es lo que quiere promover una aplicación estricta del acuerdo de paz firmado con las Farc.

Hay grandes jugadas en curso para atajar el cambio.