La moción de censura contra el Ministro de Defensa debería ser aprobada en la Cámara de Representantes en la medida que se acumulan múltiples asuntos de gravedad bajo su responsabilidad.
Desde el inicio de su gestión, Botero expresó opiniones claramente contrarias a la legitimidad y las garantías de las protestas sociales, lo cual, en posteriores declaraciones y comunicaciones del ministerio a su cago, se ha acompañado de señalamientos estigmatizantes en contra de los liderazgos sociales, incluso en términos de considerarlos relacionados con grupos armados ilegales.
La reacción del ministro ante los hechos de captura ilegal, maltratos que pudieron constituir tortura y asesinato extrajudicial del ex integrante de las Farc, Dimar Torres, fue la de desconocer lo sucedido.
Hechos que involucraron a la estructura militar responsable, no solo en la ejecución extrajudicial sino en el ocultamiento que se pretendió del cadáver y en la negación que se hizo ante los pobladores que exigieron en el lugar de los hechos aclaración de lo sucedido por parte de los militares.
Guillermo Botero, con sus declaraciones, ignoró esta grave situación. En vez de comunicarle a la ciudadanía, como correspondía, una decisión de investigación interna, la actuación de los organismos judiciales correspondientes justificó las responsabilidades existentes, encubrió las violaciones que se hicieron manifiestas y de manera grave señaló a la víctima como supuesta responsable a través de un forcejeo sin fundamento existente.
Adicionalmente, ante la alarmante denuncia del New York times sobre restablecimiento de indicadores de eficacia militar en el plan 2019 del ejército, incluyendo de nuevo exigencias de bajas y disminuyendo los estándares de protección de la población civil, lo que ocasionaría nuevamente un dispositivo oficial que posibilitaria ejecuciones extrajudiciales, existe una grave responsabilidad política en cabeza del Ministerio de Defensa y de los propios comandos de las Fuerzas Militares y del ejército, que debe ser esclarecida.
A todo esto, se suma de manera general la evidencia de un talante político, jurídico y quizás ético, en la misma línea de los derechos humanos y del derecho humanitario, que no corresponden al cargo que ostenta.