Para nosotros hay dos puntos fundamentales en los que vamos a trabajar el próximo año. 

Estamos enfocados en los derrames de hidrocarburos. Son emergencias ambientales relacionadas con derrames o perforaciones, que afectan a las comunidades porque las dejan sin agua, o afectan los cultivos. A eso hay que ponerle mucho cuidado. Con este tema, lo que hacemos es llamar la atención por medio de los puntos petroleros específicos o boletines informativos. 

El otro tema clave es el del fracking también es importante. Es un mito grande que se tiene que aclarar. En este sentido nos parece importante difundir información y ser un actor intermedio entre el gobierno y la ciudadanía. 

El reto número uno es asumir que estamos en una emergencia climática. Esto implica que haya mucha más ambición por parte del gobierno y de todas sus entidades. Tiene que haber mucha más coherencia entre los compromisos que Colombia profesa en foros internacionales y el modelo extractivista que se está implementando. Por ejemplo, si sigue implementando el fracking y extrayendo petróleo, no sé cómo va a poder cumplir con los compromisos que asume.

En segundo lugar, tiene que haber una transición a las energías limpias muchísimo más rápida. La transición ya empezó pero va muy lento, un reto grande es que se acelere muchísimo. 

Otro reto tiene que ver con el sector privado: las empresas tienen que ser mucho más ambiciosas y tienen que empezar a asumir compromisos. No basta solo con regular las empresas, sino que éstas deberían llevar iniciativas para empezar a asumir su responsabilidad dentro de la crisis climática. En general, creo que todos los sectores tienen que empujar hacia el mismo lado, en este momento todos están trabajando en cosas distintas. 

Una cosa en la que también hay que trabajar es el tema del plástico. Estamos avanzando pero nos falta mucho. Tenemos que reducir drásticamente el consumo de plásticos de un solo uso, hay iniciativas que buscan reemplazarlas pero estas no son suficientes. Además, hace falta reducir los patrones de consumo, de compra, distribución y comercialización. No es suficiente reutilizar y reciclar, tenemos que dejar de consumir. 

Y por último, está el tema de los océanos. En abril se debe firmar el tratado de Naciones Unidas y con esto podemos lograr que diferentes especies y ecosistemas estén protegidos. Si no firmamos este tratado, para 2030 vamos a tener serias dificultades. Firmar el tratado y garantizar que disminuyan impactos en los océanos es un reto grande que hay para el próximo año.

El sector ambiente y desarrollo sostenible es uno de los sectores estratégicos y transversales para el Estado colombiano. Los retos son innumerables tanto en el plano nacional como en le plano regional y local. Creo que el principal reto está en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 que ha trazado Naciones Unidas junto a diferentes organismos internacionales, para lograr la meta de esos objetivos de desarrollo sostenible. Eso en el plano global frente al país.

Y en el plano regional, creo que la noticia reciente de que Colombia va a ratificar el acuerdo de Escazú es un reto determinante para la democracia ambiental. El acuerdo de Escazú garantizaría que Colombia tiene que iniciar un proceso de estandarización como es el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. 

También tenemos que empezar a hablar de una jurisdicción ambiental. El aumento de los conflictos ambientales a lo largo y ancho del territorio nacional evidencian la necesidad de consolidar una jurisdicción en lo ambiental que sea especializada, que cuente con peritos especializados para poder reducir las diferentes cargas y obstáculos que tiene hoy el ciudadano y las diferentes autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales.

Otra prioridad también debería ser iniciar una reforma, o por lo menos una discusión, del Sistema Nacional Ambiental. El sistema fue creado desde la ley 99 del 95, es un sistema que en mi opinión ha quedado viejo y es vetusto para afrontar la protección a la biodiversidad que tiene el territorio colombiano. Se necesita un sistema que sea más eficaz, que piense más en lo regional o en lo local, que el ministerio sea un verdadero ente y gestor de política pública ambiental y se cuente con autoridades ambientales robustas, sólidas, que puedan tomar verdaderas decisiones basadas en un carácter científico, pero también en un carácter participativo. Ahí hay un gran un déficit  de participación ciudadana en materia de toma de decisiones. 

El cumplimiento de los ODS, Acuerdo de Escazú, la reforma del Sistema Nacional Ambiental y la Jurisdicción Ambiental son los retos para un país como Colombia, que tiene una diversidad y un recurso hídrico infinito, varias reservas seaflower, un sistema robusto de áreas protegidas y unas regiones que necesitan la acción estatal. Una acción que sea integral, que sea participativa, que sea integrada con las comunidades porque, al mismo tiempo de que tenemos una diversidad natural impresionante, tenemos una multiculturalidad que hay que proteger y que hay que amparar, y que además hay que escuchar para poder generar protección ambiental. 

La implementación de estos cuatro retos dependen primero, de una voluntad política del gobierno nacional. Tenemos un sistema hiper presidencialista, es decir, muchas de las decisiones del país no dependen ni del parlamento, sino del presidente, porque es él quien impone el rumbo de la agenda política. 

También depende mucho de la presión que se haga desde las ONGs y desde la sociedad civil. Creo que el anuncio que ha hecho el señor presidente de la ratificación del acuerdo de Escazú es un logro de la sociedad civil, de la academia que generó presión, que presentó los beneficios y la necesidad de ratificar el acuerdo.

Nuestras metas para cumplir lo establecido en términos de áreas protegidas es la declaratoria de nuevas áreas  para mejorar la representatividad de los ecosistemas que todavía no están representados en el sistema nacional de áreas protegidas. En esa medida, tenemos dos áreas que están en proceso para declararse en el corto plazo, que son Manacacías y la Serranía de San Lucas. Esperamos poder lograrlo el año que viene.

Hay otras áreas que tienen una planeación de mediano plazo que probablemente se adelanten en los siguientes años de este gobierno. 

La otra gran meta muy importante es la reducción de la deforestación en los Parques Nacionales, para llegar a cero deforestación. Ese es un reto enorme que tiene varias estrategias: desde la alianza con la fuerza pública para los operativos que el presidente ha inaugurado con el nombre de Operación Artemisa, por órdenes de la Fiscalía y en cumplimiento de la sentencia de protección de la Amazonía. Pero también los acuerdos que hemos materializado con varias familias campesinas que están apoyados por la cooperación internacional como la UE, Noruega, Usaid y en cumplimiento con el artículo séptimo del plan de Desarrollo que nos da un respaldo legal para hacer compromisos con familias que están desarrollando actividades no permitidas en los parques, para que puedan hacer actividades permitidas en los parques, o también a una posible relocalización, si las autoridades competentes para ello actúan en ese sentido. 

Otro trabajo que deberá consolidarse el año entrante es la formulación de la política de áreas protegidas, también establecido en el Plan de Desarrollo del presidente Duque como una tarea que debemos realizar y que está en una fase muy avanzada después de haberse socializado por todo el país, y que está en una fase de conceptualización, con el apoyo de Planeación Nacional, con Gef, el liderazgo de MinAmbiente del Pnud, la WWF y parques nacionales. 

Otra meta que causa un impacto positivo en la conservación de las áreas protegidas es la que se refiere a la efectividad del manejo de estas áreas protegidas. Estamos tratando de impulsar que todas las áreas protegidas nacionales, regionales y las reservas de la sociedad civil, tengan planes de manejo y que además implementen la medición de la efectividad de manejo con una metodología que se está socializando para que las corporaciones autónomas regionales y las reservas de la sociedad civil puedan implementar la metodología que mide la efectividad del manejo de las áreas. 

Otro trabajo que debe continuar en el 2020 es la consolidación  y el lanzamiento oficial por parte del presidente Duque, de la estrategia público privada la consolidación de la financiación de las áreas protegidas que se llama Herencia Colombia. se plantea lanzar la estrategia cuando tiene lugar la COP de biodiversidad en Cali, y es un alianza publico privada para conseguir los recursos necesarios para declarar nuevas áreas para fortalecer la efectividad del manejo y trabajar en nueve mosaicos de conservación. Esta Pretende conseguir 200 millones de dólares en los próximos 10 años.