Es grave en varios sentidos, el primero es la instrumentalización del Ejército por parte de un sector político para la satisfacción de sus intereses particulares. 2- Al igual que otras situaciones irregulares recientes han sido los medios de comunicación y no los órganos de control los que descubren y hacen públicos estos hechos. 3- ¿Si se interceptan ilegalmente comunicaciones en Bogotá, cómo será la situación en regiones? 4- con lo sucedido en el Ejército desde que el New York Times denunció el regreso de los “falsos positivos”, debiera abrirse nuevamente el debate sobre la doctrina militar.

En medio de la nueva controversia que se suscita alrededor de las actividades de inteligencia, es aconsejable evaluar cómo va el desarrollo de la ley de inteligencia, norma estatutaria que por su construcción y contenido es histórica, teniendo en cuenta que su primer objeto es la protección de los Derechos Humanos. ¿Cuál es por lo tanto desde el plan anual de inteligencia, la estrategia vigente para proteger y garantizar los Derechos Humanos, de acuerdo a las funciones que deben cumplir los correspondientes Organismos? ¿Cuáles son los planes de inteligencia de cada Organismo para proteger los Derechos Humanos? Las respuestas a estos interrogantes contribuirían a entender cómo se está orientando la capacidad de inteligencia actualmente.

En mi opinión, es un problema de falta de ética de los funcionarios que incurrieron en las chuzadas. De un tiempo para acá, y de manera equivocada, se ha pretendido abrir un espacio para que los mandos militares se politicen, (en el sentido negativo del término). Se ha acostumbrado a llevar a los militares al Congreso, eso no sucedía, lo militares no iban al Congreso, porque simplemente no tienen razón para estar allá. En los últimos tiempos, con los gobiernos uribistas, se ha acostumbrado a llevar a los generales al debate. Lo vimos por ejemplo en el debate de control político en control del ex Ministro Botero.Los militares no son deliberantes, porque esos los politiza y ahí pudo derivarse que algún miembro del Centro democrático le pidiera a algún funcionario para que averiguara información. Las fuerzas armadas son del y para el Estado, no para los gobiernos y menos para el partido del gobierno. También, hay que revisar bien la escogencia de los funcionarios de inteligencia que manejan esos los aparatos tecnológicos, quienes probablemente actuaron sin el permiso de sus superiores.

Las mediática y políticamente conocidas chuzadas o en ocasiones el indebido uso del espectro electromagnético, o la utilización de ciertas tecnologías, sin la autorización debida de una autoridad judicial, por ende por fuera de lo previsto en la Constitución, la ley de inteligencia y contrainteligencia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para escuchar o recabar información, violando de paso el derecho a la intimidad de diferentes sujetos derecho, resulta una clara violación a los pilares que fundamentan el real estado social de derecho. Es por ello que cualquier tipo de denuncia sobre interceptaciones ilegales requiere de todo el aparato del Estado para ser aclarada, no solo desde la rama judicial; también desde el punto de vista de la responsabilidad política. Pero es también esencial indicar que las investigaciones judiciales se deben realizar a través de tribunales independientes e imparciales como lo establecen los estándares internacionales que garanticen el debido proceso para todos los intervinientes, alejados de cualquier injerencia interna o internacional. Colombia no puede convertirse en un estado en donde su justicia se mueva al vaivén de presiones mediáticas y políticas. Incluso el hoy muy famoso litigio estratégico debe fundamentarse en los principios éticos.