Implica que ser ex combatiente de las Farc es estar en la mira de los asesinos. Qué vergüenza este país que se embarca en un proceso de paz tan dispendioso, embarca a la ONU, y nos embarca a todos y es incapaz de cumplir con los acuerdos.

Es el fracaso de este gobierno para garantizar los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que una población tenga que desplazarse porque no hay garantías de seguridad? Eso es la máxima expresión del fracaso de un gobierno y de unas políticas. Además si esto estuviera relacionado con un tema de narcotráfico, entonces también sería prueba del fracaso de la política de este gobierno frente al tema.

Implica la incapacidad del Estado para brindarles garantías efectivas a los excombatientes. Implica que el gobierno y el soporte institucional del Estado son incapaces de brindar lo firmado en los puntos 3 y 4 del Acuerdo. En particular, en Ituango es muy conocida la fuerte presencia del paramilitarismo en las últimas dos décadas. 

Aquí se ve que los sitios en donde no tuvo efectos la desmovilización de las AUC, las amenazas y los ataques paramilitares en zonas altamente militarizadas, son el causante directo de la crisis que atraviesa la población desmovilizada. Esto sirvió de pretexto para que una minoría se rearmara, en el caso de Ituango, para contestar de manera violenta la agresión paramilitar. Y la gran mayoría que está acogida al acuerdo de paz, tras el costo de la muerte, de las amenazas y del permanente asedio, tengan que salir. 

Es paradójico que el mismo gobierno ayude mal, de fondo. Que sea la claudicación, la imposibilidad revelada del control territorial garantista por el Estado, en cabeza del gobierno nacional. De manera que lo que se configura aquí es una situación de desplazamiento forzado colectivo de la mayoría de la población: mujeres, hombres y sus familias, excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz. 

Por supuesto que tienen que asumir ese desplazamiento forzado como condición para preservar sus vidas, pero es una derrota territorial para el Acuerdo de Paz. Derrota que se suma al error en otras regiones: en Nariño, en los Llanos, en el Cauca. Derrotas que se suman a la del Acuerdo de Paz de los 90. Cuando las zonas controladas por las guerrillas del EPL y el M-19, y otras milicias regionales, en su mayoría no fueron confinados por el Estado de manera garantista, sino por otros actores de la guerra: paramilitares, paraguerrillas, y el propio Estado por medio de las Fuerzas Militares en contienda bélica. 

Más que el covid-19, la peor pandemia que tiene Colombia es la incapacidad de su Estado para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz. Una incapacidad cimentada en los resultados del plebiscito que de alguna manera justifica su inoperancia, que a su vez es responsabilidad de los enemigos de la paz, pero también de esa otra parte de la sociedad que aun creyendo en sus bondades, sobrepone la urgencia de la opinión a la importancia de la acción desde el entendimiento. Así es que las responsabilidades están bien repartidas.

Aunque lentos, los proyectos productivos estaban arrancando y la Comunidad de Santa Lucía le había apostado a la posibilidad de convertirse en un laboratorio de paz recibiendo en su territorio a la Etcr. Y es que de los 216 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, doce han sido ultimados en Ituango. 

Desplazamientos, amenazas, asesinatos, incumplimientos por parte del Estado, zozobra por las contingencias de la hidroeléctrica, miedo por los más de doce excombatientes muertos en la zona, y aflicción por lo que tampoco pudo ser, son los ingredientes ideales para que los actores armados –en disputa de los territorios estratégicos para la ilegalidad– encuentren en la Etcr de Santa Lucía el terreno fértil para impedir el tránsito a la legalidad de los antiguos combatientes de las Farc.

La banda de los Pachelly primero, luego las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Urabeños, los Caparrapos, el Clan del Golfo, las disidencias, y hasta el ELN que al decir de algunos pobladores ahora está incursionando por los límites con el municipio de Valdivia, en la margen oriental del río Cauca y lo están cruzando para enfrentarse con los otros actores armados. Todo indica que el Estado como única instancia que debería tener el monopolio de la fuerza y que es el llamado a cumplir los acuerdos, y garantizar la vida de la comunidad en general y de los hombres y mujeres que se han mantenido en su apuesta de paz y reincorporación, o está ausente, o su presencia no alcanza para ser garante de la seguridad de sus abonados.

En un país como Colombia donde además de leer la realidad hay que saber leer las entrelíneas, que la Etcr de Santa Lucía tenga que ser reubicada manda un pésimo mensaje a todas aquellas mujeres y hombres para quienes el miedo de ser asesinados, perseguidos o desplazados por su empecinamiento con respecto a la reincorporación se ha convertido en una constante. Y otro mensaje aún peor, a aquellas comunidades que se la han jugado por recibirlos. No poder echar raíces es igual a no poder construir la paz. Sería deseable que en su conjunto la sociedad colombiana entendiera que con estos hechos, de nuevo le estamos dando un portazo a la posibilidad de construir un orden no violento, justo y democrático.

Respecto a la pregunta. 

Es un problema de varias aristas que no puede ser mirado a la ligera, más si se tiene en cuenta el precedente de otros procesos de DDR, en donde muchos excombatientes también fueron asesinados, en muchos casos por sus anteriores ex compañeros como sucede aquí con el Residual del frente 18, el que más ha asesinado ex compañeros de armas. El caso más reciente es  el de los grupos paramilitares según cifras de Justicia y Paz y otros observatorios. Pero puntualmente el traslado en este caso muestra :

1. La existencia de un problema estructural de Estado, no de gobierno. El control territorial legal  frente a las economías ilícitas y su gran poder corruptor. Una geopolítica y geoeconomía de la ilegalidad, más efectiva por su existencia y control social en la zona. 

2. El Etcr de Santa Lucía, antigua zona veredal transitoria de normalización en Ituango, fue acordado por exguerrilleros con el gobierno en medio precisamente de un corredor de movilidad, hoy usado por el GAO residual y el clan del golfo, según nuestras consultas. Ituango es esencial desde el punto de vista de la multicriminalidad. Allí el Estado ha sido incapaz de llegar desde lo institucional, y entre el 2016 y el 2019 el pie de fuerza de las FFMM ha disminuido en un 6 por ciento, supuestamente por el "fin del conflicto" y por la "inexistencia del conflicto". No obstante lo anterior ningún ex miembro de Farc murió en el espacio sino a algunos kilómetros, en donde incluso existen cultivos de coca. No es en consecuencia un traslado por inseguridad como se podría afirmar a primera vista. Las FFMM  y la Ponal a través del Coett y Unipep garantizaron seguridad en el espacio . Si fuera por seguridad, en Mutatá seguirán en medio del corredor ilícito pues los espacios de Antioquia, escogidos en el Acuerdo Final, preciso estaban en medio de zonas esenciales para la ilicitud. 

3. Por otro lado los terrenos donde estaba el Etcr no pudieron ser adquiridos, ni por el anterior gobierno ni por este. He aquí otra causa real del traslado, lo mismo que pasará con otros nueve espacios en este año. 

4. El homicidio de excombatientes es muy grave, pero según nuestras fuentes el 80 por ciento de los casos ocurridos en la zona de Ituango, por fuera el Etcr ya se encuentran dilucidados por la Fiscalía, correspondiendo los autores materiales a ex miembros Farc y en otro porcentaje al clan del golfo. Esto también ha ocurrido en otras zonas del país. 

5. La fuerza publica, con sus limitaciones mostradas, seguirá cumpliendo con su deber de protección a sus otrora adversarios. Estando en el territorio es en donde se demuestra nuestra afirmación del año 2016 sobre un evento académico en la Universidad del del Rosario sobre el mal llamado postconflicto. En esa oportunidad indicamos que las fuerzas armadas más fuertes de nuestra historia tenían que ser la de la etapa del postacuerdo, pues la experiencia internacional y nacional, demuestran que la violencia se dispara luego de los tratados de paz. Pero aquí estamos pagando las consecuencias, ya que tampoco en lo social, económico, y en salud se ha hecho mucho.

Si se analiza el discurso de Duque, la idea de paz con legalidad que se le garantizaría a los excombatientes, eran garantías para que no volvieran a delinquir y tampoco estar desde el lado de las armas. Pero en la práctica, con la muerte de los excombatientes se ve, desde mi punto de vista, un crimen de persecución, un crimen internacional. El caso de Ituango es particularmente paradigmático desde ese punto. Es un caso en donde hay un proceso productivo bastante consolidado, y que simplemente por una combinación de desidia estatal en términos de seguridad, y un ambiente hostil contra el Acuerdo de Paz, se crean condiciones para que sea insostenible el Etcr Santa Lucía. 

Eso es principalmente una falla del Estado, por un lado. Pero también es paradójico que esa falla estatal, ahora desemboque en una reubicación, y que sea el mismo Estado a partir de la Agencia Colombiana para la Reincorporación, el que esté motivando este cambio. 

No sé que puede representar para los excombatientes las condiciones actuales, en términos de seguridad, de Mutatá. Pero lo que sí se sabe es que es volver a empezar desde cero los proyectos productivos que estaban andando ya en Ituango. Eso implica una especie de inseguridad, no inseguridad física per se, sino una económica y demás. Sobre todo pensando ahora en la inestabilidad económica y política que estamos enfrentando con la pandemia. 

Finalmente, hay un tema que va a ser discutido en los próximos dos años frente a las políticas del gobierno Duque, y tiene que ver con la reincorporación. Este cambio es un punto clave: ¿cuál va a ser el legado del gobierno Duque en términos de paz? Este es otro nuevo episodio de lo que ha sido la política de paz con legalidad. Ni siquiera esa idea de paz minimalista, la de la legalidad, se está cumpliendo en la realidad. Claramente este suceso va a tener unas implicaciones fuertes en lo que va a ser ese legado de Duque en términos de paz.

Lo que siempre pensamos desde el principio es que los Etcr estaban aislados, distantes, con difíciles condiciones de acceso, de servicios públicos. Inclusive en algunos hay presencia de actores ilegales, como en Ituango, y ese siempre fue un gran desafío. Desafortunadamente, que se tenga que mover una comunidad de este territorio representa un revés en ese ejercicio de construir y consolidar la paz en los territorios. 

Yo espero que a donde vayan los excombatientes realmente la sociedad colombiana los acompañe: el empresariado, el gobierno, las fuerzas vivas, los medios. Porque esta cosa de construir paz no es una responsabilidad única de los excombatientes y del gobierno, esto es una responsabilidad compartida de la sociedad. 

Si queremos realmente dejar atrás la ilegalidad, la exclusión, la violencia, las tragedias que suceden a diario en Colombia, como sociedad debemos reflexionar y acompañar estos procesos de construcción de paz y de consolidación del territorio. Aunque claramente el gobierno, y los gobiernos, tanto departamental como municipal, tienen que hacer un esfuerzo. Debe haber presencia de la fuerza pública, debe manifestarse el imperio de la ley. Pero también la economía debe llegar a los territorios, los medios de comunicación deben llegar a los excombatientes. Y bueno, a los excombatientes que no se quisieron mover tenemos que garantizarles, como sociedad, la vida, la integridad, la honra, y la posibilidad de construir un mañana mejor.