Desde mi perspectiva, este permiso de protección temporal combate los principales retos de la migración venezolana tanto para el Estado colombiano, como para sus ciudadanos y los migrantes y refugiados venezolanos: el alto porcentaje de irregularidad (más del 55 por ciento del total de los venezolanos en el país según cifras de Migración Colombia), así como las limitantes del Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Si bien la población en situación irregular tiene derecho a acceder a servicios médicos de emergencia y a la educación primaria, estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad al no poder ingresar de forma legal al mercado laboral, favoreciendo de esta manera diversas estructuras de explotación. Además, desde la ejecución del PEP-RAMV en el 2018, el Estado colombiano no había realizado un estudio de caracterización de esta población, lo que permitirá con la nueva medida tener más información de estas personas, así como de los portadores del PEP, para la posterior elaboración de la política pública necesaria para fomentar su integración económica y social en Colombia.

En cuanto a las limitantes del PEP, este había sido pensado como una medida temporal con la premisa de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no duraría tanto en el poder. No obstante, ya han pasado más de 7 años desde su toma de poder y el fin de la dictadura en Venezuela aún parece estar distante. Incluso, de concluir mañana, muchos venezolanos en Colombia ya tienen vocación de permanencia. Por ello, que este nuevo permiso de protección tenga una duración de 10 años prolongará la capacidad de los venezolanos en Colombia de elaborar un plan de vida en este país y poder asentarse e integrarse en Colombia. Además, se rescata que este permiso les dé la oportunidad, con el cumplimiento del requisito de tiempo y recursos, de acceder a la visa R, lo que no era posible con el PEP.

En el mediano y largo plazo esta medida permitirá una mejor integración de los venezolanos en Colombia pues al reducir sus niveles de vulnerabilidad, los venezolanos en situación irregular (966.714 para corte del 31 de diciembre, de 2020) podrán trabajar formalmente, empezar a colaborar de forma oficial al sistema contributivo, los niños, niñas y adolescentes podrán no solo acceder al sistema de educación básico sino también al sistema de educación superior, etc. Todo esto no solo potencializará a Colombia a niveles económico y social, sino que a su vez permitirá que en un futuro los venezolanos en Colombia también ayuden con la reconstrucción de Venezuela. 

Además, con un control sobre la ubicación e identidad de estas personas será más sencillo para el Estado, no solo brindarles la ayuda necesaria, sino también judicializarlos en caso de cometer algún delito, pues esta falta de identidad estaba trayendo consigo aumentos en los niveles de rechazo por no poder ser judicializados en algunos casos.

La primera interrogante que me queda después de una primera lectura es: ¿cómo se determinará que el migrante en estatus irregular entró a territorio colombiano antes del 31 de enero?

Además, se informa que “como una medida para desincentivar la irregularidad, se propone que aquellos migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos (2) años de vigencia del Estatuto, se beneficien del mismo”. Por lo tanto, la segunda pregunta es si el venezolano que migre sin pasaporte tendrá alguna opción de ingresar de forma regular pues obtener un pasaporte en Venezuela sigue siendo un gran reto para todos los venezolanos.

La tercera cuestión es que exigirles a aquellos que quieran obtener este permiso un documento de identidad venezolano seguirá siendo un reto para aquellos que huyen de Venezuela sin la posibilidad de adquirir alguno de estos documentos como el pasaporte, la cédula o la partida de nacimiento.

Aplaudo la decisión del Presidente Iván Duque sobre los migrantes venezolanos. No sólo es una muestra de solidaridad profunda y un ejemplo a nivel mundial, sino es el camino para poder caracterizar a quienes han llegado a nuestro país. 

Este nuevo ejercicio de regularización nos permitirá no sólo ver con más certeza el fenómeno migratorio actual, sino entender las capacidades de este capital humano que es fundamental para definir una estrategia de integración socioeconómica más acertada y que genere los frutos positivos que traen las migraciones para los países receptores como lo es Colombia. 

Más allá de esto, es un paso fundamental para el restablecimiento de los derechos fundamentales de todos aquellos que, huyendo de la crisis en Venezuela, han llegado a nuestro país en busca de una mejor vida para sus familias. 

¡Hoy brindo por ustedes nuestros hermanos venezolanos!

Yo empezaría diciendo que Colombia también obtiene unos beneficios importantes de esta política pública. Y yo creo que era la política más racional, apuntando a todos los beneficios que trae la regularización migratoria en muchos aspectos. Voy a referirme a algunos breves solamente en el tema de seguridad pública, por ejemplo, en seguridad ciudadana.

Con esta política, se podrá conocer mejor quiénes son los migrantes, dónde están y qué hacen es un generador, por supuesto, de políticas de prevención en materia legal. En caso de que un migrante incurra en algún delito, en algún hecho punible o algún hecho administrativo que sea perseguible, le permite al Estado ejercer sus funciones sancionatorias de una manera adecuada y sin las dificultades que comporta hacerlo a quienes técnicamente “no existen”, porque eso es lo que trae la migración: una suerte de invisibilidad. 

También constituye una ventaja el hecho de que esa persona que ahora existe, que se sabe que está acá, que forma parte del Estado, que tiene una regularidad migratoria y que ha manifestado su voluntad de hacer vida en Colombia, es menos probable que esa persona sea víctima de un delito que algunos grupos de delincuencia organizada ejecutan, por ejemplo, delitos como la trata, como el tráfico de migrantes, como el trabajo esclavo que se alientan o que se alimentan mucho de aquellas personas que no tienen documentación y que son presa fácil de esto, ya que al resultar víctima, nadie las busca: se les pierde el rastro. Y esto también redunda en el tema de seguridad.

El otro elemento es esencialmente criminológico. Cuando a una persona se le otorga documentación en un país y sabe que esa regularidad migratoria puede perderse ante una infracción de ley, pues también sirve como una suerte de freno, como un elemento que desestimula la posibilidad de que una persona cometa un delito en el país de acogida, porque eso le afecta su situación migratoria. Desde desde toda la perspectiva de seguridad del Estado es absolutamente ventajoso. 

Y segundo, desde la perspectiva económica, hay que saber que también resulta beneficioso que tengamos una cantidad de personas que se unen de manera regular a la fuerza productiva de Colombia, que tienen una cantidad de saberes que van a poder transmitir, de emprendimientos que, a lo mejor a través de la bancarización y de fórmulas de microcrédito, van a poder llevar a cabo, o que incluso tienen capital propio y se veían impedidos de ejecutar esos emprendimientos por precisamente la irregularidad migratoria que tenían. Registrar una empresa, ir a una notaría, formalizar ciertas situaciones y salir de la informalidad siempre constituye un empuje fundamental de la economía en pago de impuestos, pago de la seguridad social.

En definitiva, esta política va a apuntalar hacia el desarrollo, hacia elementos que pueden abonar al desarrollo económico de Colombia.

Colombia se coloca a la vanguardia en materia de lo que constituye la protección de derechos fundamentales de personas desplazadas de migrantes o refugiados. Esto constituye a todas luces una meta que procura la tutela de esos derechos fundamentales y que estos venezolanos salgan de ese esquema de violación del que vienen desde Venezuela. Esta regularidad les permite sentirse integrados a una a una nueva comunidad que les abre las puertas y que les permite desarrollar su proyecto de vida de la mejor manera. Sobre todo jóvenes universitarios o jóvenes estudiantes que van a formar parte de la masa poblacional colombiana.

De modo que desde mi perspectiva es un “ganar ganar”. Además, el reconocimiento y el prestigio que gana Colombia frente a la comunidad internacional por tomar una medida de esta naturaleza, marca un hito. Desde el punto de vista de quienes estudiamos temas de derecho internacional, marca un hito y sirve también como ejemplo al resto del concierto de naciones que de que medidas como ésta se pueden tomar, que tienen apoyo además de los organismos internacionales y que coloca a los Estados a la vanguardia de lo que es el respeto de los derechos fundamentales y de la comprensión de que en Venezuela nos encontramos ante una ante una verdadera tragedia humanitaria compleja que merece la toma de decisiones valientes y apegadas al derecho internacional, como ésta.

El primer impacto que va a tener el Estatuto de protección a migrantes venezolanos para la población migrante es que se tendrá un menor subregistro de los extranjeros que están entrando al país. Eso permitirá al Gobierno estimar qué tantos recursos y qué tantos servicios deben destinarse a la migración para atenderla adecuadamente, y lograr paliar las vulnerabilidades que esta población ha venido presentando, teniendo en cuenta, además, que gran parte de ellos son mujeres, niños, niñas y adolescentes que presentan necesidades específicas. Además, posibilita que el Estado conozca quiénes son las personas que están ingresando al país, cuántos son, y eso es un avance en materia de seguridad. 

En segundo lugar, el Estatuto se propone regularizar, lo que va a posibilitar que los migrantes puedan aportar al crecimiento económico del país, integrándose de la manera adecuada al mercado laboral y que de esa manera se logre que se equipare sus condiciones laborales a las de los colombianos. Y eso a la vez reduce la posibilidad de que su mano de obra sea más barata que la de los colombianos y así se logre una competencia equitativa entre colombianos y migrantes por las plazas de empleo, lo que en todo caso reduciría la xenofobia y disminuiría la precarización laboral no sólo para los extranjeros, sino también para los colombianos.

En tercer lugar, esta vía de regularización posibilita que en el mediano plazo los venezolanos puedan optar por una visa de residencia, es decir, que acerca a los migrantes de una u otra manera a conseguir una ciudadanía plena y la consecución de sus derechos civiles y políticos.

En cuarto lugar, el Estatuto busca desincentivar que los migrantes transiten por los pasos informales de la frontera, situación que es usual aún cuando la frontera con Venezuela ha estado cerrada. Esto le quita posibilidad de agencia a los traficantes de personas y a las organizaciones criminales que gobiernan las trochas y han vulnerado los derechos humanos de los migrantes.

En quinto y último lugar, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, es vital que los migrantes, independientemente de su situación migratoria, puedan acceder al sistema de salud no solo por su beneficio propio, sino por lograr la disminución del contagio de virus en las comunidades receptoras en Colombia. Y por otro lado, también abre la puerta a que los venezolanos puedan aportar al sistema de seguridad social.

La respuesta del Estado colombiano a la crisis de desplazamiento de millones de venezolanos ha sido reconocida en el espectro internacional por su congruencia, su eficacia, pero sobre todo por su creatividad. 

Me parece muy interesante y muy importante el avance que da hoy el Gobierno colombiano pues, a pesar de las múltiples dificultades, ha logrado dar un viraje para recibir lo que hoy representa el segundo flujo de migración más alto del mundo, después de Siria, encontrando una receta ingeniosa para dar respuesta y atención a la población migrante y a las comunidades de acogida. 

Yo creo que se puede calificar a Colombia, con los hechos de hoy, como un ejemplo a nivel mundial, que ha dado pie para que varios expertos internacionales, con quien he tenido el gusto de poder hablar sobre este tema el día de hoy, acuñen el modelo colombiano para referirse a la manera como se deben acoger e integrar a personas en situación de movilidad humana en el mundo. Muy positivo este avance. Felicitaciones a las personas del Gobierno que estuvieron trabajando en esto y a la consistencia que ha tenido el Estado en general para dar respuesta a esta crisis migratoria que, sin lugar a dudas, antes que una crisis que se debe controlar, el Gobierno la ha entendido como un activo que se debe cuidar. Entonces estoy muy feliz de haber visto esta noticia el día de hoy.

Las implicaciones se verán en el mediano plazo y dependerán mucho de las medidas que adopte el Estado colombiano para complementar una solución en materia de documentación que, por sí sola, no resuelve la protección a poblaciones migrantes no regularizadas. Esto implica: 1) la articulación con la Política Integral Migratoria, que está discutiendo el Congreso de la República (proyecto de Ley 036 de 2019), con la Política de Asilo y de Refugio de Colombia, para que sea una política de Estado, una solución permanente y no sólo una "medida temporal". Y 2) las disposiciones en el campo de la protección y la seguridad humana, que tiene que ver con las medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos de migrantes, indistintamente de su estatus migratorio, de si tienen o no documentación, o si ingresan o no por canales regularizados.

Al respecto, quedan más preguntas que respuestas.

¿Qué va a pasar con las poblaciones que ingresen al territorio colombiano por vías no regularizadas después del 31 de enero de 2021? Es claro que estas movilidades no van a parar porque las situaciones asociadas a sus causas se mantendrán en el mediano plazo. Este estatuto no puede ser un punto final para la atención y protección a estas poblaciones, puede resultar en una criminalización masiva de las poblaciones que ingresan de manera irregular y por consiguiente, en una situación de mayor violencia y vulnerabilidad hacia ellas.

¿Qué va a pasar con las personas que se encuentran en itinerancia o errancia permanente o que están "varadas" en las fronteras por este contexto de cierre de fronteras y de hipervigilancia? Estas poblaciones requieren medidas de protección y asistencia, independientemente de si tienen o no documentos, o si ingresaron o no por vías regulares. Es necesario que el Estado asuma el deber de protección en estos corredores que están en manos de grupos al margen de la ley.

¿Qué va  pasar con las otras poblaciones que ingresan al territorio colombiano y están en necesidad de protección? Tenemos una afluencia importante de personas provenientes de Haití, República Dominicana, Cuba, Ghana, Nigeria, países asiáticos, que aún no han recibido una respuesta del Estado colombiano en el marco de la Política de Asilo o en el marco de sus compromisos con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional de los Refugiados.

De estas respuestas dependerá si es una medida que traerá ventajas o desventajas para los derechos de poblaciones migrantes.

No me cabe la menor duda que el Estatuto de Protección Temporal es uno de los pasos más importantes en la protección y atención de los migrantes, ya que es reconocer la magnitud del fenómeno y que no es posible atender con acciones desconectadas. 

Dadas las condiciones de vulnerabilidad, es necesaria una especial protección, acorde con el mandato de los instrumentos internacionales a los que se encuentra adscrita Colombia.

El no otorgar mecanismos de permanencia y de protección no hará que la migración se detenga, pero sí aumentan los riesgos en cuanto a seguridad humana, tanto de los migrantes como de las sociedades receptoras.

Por ello considero que era un paso necesario para un reconocimiento de la población y caracterización, lo que va a permitir una atención diferenciada e integral, que traerá beneficios económicos y sociales -tanto para los migrantes como para los colombianos-. Así como tener mayores posibilidades de una atención conjunta con otros países de la región, como de órganos internacionales.

Recordando que esto es un acto humanitario, que como ya mencionaba, atiende las responsabilidades establecidas por instrumentos internacionales, no responde a razones políticas, ni mucho menos electorales.

El no querer ver una situación de esta magnitud, no haría que la misma desaparezca; por el contrario, sería seguir agravando la situación fuera de los alcances de las instituciones.

El Estatuto de protección para regularizar migrantes venezolanos ha generado mucha polémica desde que fue anunciado hoy por la Presidencia de la República. Sin embargo, lo cierto, y remitiéndonos a los hechos, es que, según el dato más reciente entregado por Migración Colombia el 31 de diciembre del 2020, en Colombia hay más de 1'730.000 venezolanos, de los cuales alrededor del 56 por ciento, es decir, más de 966 mil personas, son irregulares. En este orden de ideas, el objetivo principal de este estatuto es el de incentivar que la población irregular legalice su situación en el país. En ese sentido, no es cierto que el Estatuto promueva una política de puertas abiertas para todos los migrantes que deseen venir a Colombia, sino que, por el contrario, busca promover la legalidad y la regularización de las personas que ya están acá, precisamente para reducir la irregularidad que tanto afecta a la economía del país y para recopilar datos y estadísticas reales acerca de la verdadera cantidad de migrantes que hay en el país, para así construir y elaborar políticas públicas que vayan de acuerdo a la realidad social. Esto, sin embargo, es en teoría lo que busca el Estatuto. Habrá que ver qué tan efectiva es su implementación y qué consecuencias reales trae para el país.

Debemos saber que ese es un avance importantísimo en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes en Colombia. Y esto es positivo no solamente para los migrantes venezolanos, sino también para la población en general, para los nacionales, para los ciudadanos, teniendo en cuenta que medidas como ésta terminan fortaleciendo el Estado de Derecho y la democracia, ya que abre el espectro de derechos económicos y sociales que, al parecer, es hacia donde apunta esta medida: lo abre hacia una población que hoy está en desiguales condiciones de vida dentro de nuestro país.

Es importante que sepamos que el registro único que hace parte en esa primera fase que fue anunciado hoy por el Gobierno, va a ser muy importante teniendo en cuenta que va a tener tecnología biométrica o por lo menos así fue dado a entender en esta información todavía muy incipiente que hay al respecto. Acá la idea es que un registro único con tecnología biométrica les dé la oportunidad a los migrantes irregulares, que no solamente son irregulares, sino también muchos indocumentados y de difícil identificación, desde la posibilidad de permanecer regularmente en Colombia por un periodo de diez años que no es menor y también acceder a un trabajo formal. Esta es una población que sabemos que, por sus características, es muy difícil que sea beneficiaria de políticas públicas. Y con este registro, sabiendo efectivamente cuántos son, quiénes son, cómo son, en qué lugares están residiendo, es un gran paso para beneficiar a casi dos millones de personas que tienen condición migratoria y que son migrantes provenientes de Venezuela.

En un contexto en el que efectivamente es necesario la vacunación de la población migrante, sabemos que hoy Colombia está participando de estos fondos internacionales de vacunación para población migrante, y solamente con un registro único que tenga toda esa información, esa información sea socio-caracterización, la capacidad de identificar esta población, pues solamente con este registro y con ese instrumento, puede efectivamente acceder a este tipo de fondos que garantizaría la vacunación para una población que hoy no tiene garantizado este ese derecho.

Igualmente, en términos incluso de judicialización, la identidad biométrica de los migrantes permite muchas facilidades al gobierno en el manejo, por ejemplo, de algunos migrantes que vienen y cometen delitos en nuestro país, haciendo la salvedad de que sabemos que es un pequeña porcentaje. Esperamos que estas medidas faciliten el acceso laboral en igualdad de condiciones y se espera que tenga efectos positivos en la formalización del trabajo, en el aporte al régimen de seguridad social, que disminuya la incertidumbre de las familias migrantes, porque esto efectivamente va a facilitar el acceso a la vivienda formal, algo que es muy importante en épocas de pandemia. Una familia establecida con un trabajo formal, con una vivienda formal, más rápidamente se arraiga a un territorio y permite el mayor acceso a la educación de la niñez migrante y además facilita la permanencia de esos niños que tienen un gran o un gran nivel de deserción estudiantil.

Entonces, creo que efectivamente los efectos son ampliamente positivos, tanto para la población migrante como para la población colombiana, y efectivamente, también para el sistema productivo y para lograr hacer un anclaje y una conexión entre migración y productividad.