Es necesario tener en cuenta dos elementos. En primer lugar, debemos preguntarnos acerca de qué necesita el país en materia social en medio de la crisis generada por el covid, una crisis que ha revelado las graves falencias de nuestra estructura social. En segundo lugar, es necesario preguntarse acerca de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno y los posibles efectos que tendrá sobre la situación de crisis antes mencionada. 

Uno de los más graves efectos de la pandemia ha sido el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Es un problema que exige ser enfrentado rápidamente y con medidas de fondo. Si en el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia miles de colombianos han caído en la pobreza y en la pobreza extrema y, además, las desigualdades han aumentado (entre quienes tienen trabajo formal y quienes no; entre quienes pueden teletrabajar y quienes tienen que desplazarse para conservar su trabajo; entre quienes se ven más cargados con las labores de cuidado —en este caso las mujeres— y quienes no, etc.), lo primero que se puede afirmar es que lo que se necesita es una acción enérgica por parte de nuestras instituciones públicas enfocada en la superación de la desigualdad y la pobreza.

¿Es la reforma tributaria presentada por el Gobierno el tipo de acción encaminada a hacer frente a los problemas mencionados? Creo que las transferencias monetarias no condicionadas (Ingreso Solidario) son medidas que definitivamente van por buen camino y deben ser —por esta razón— celebradas. Sin embargo, son bastante modestas (una familia en extrema pobreza con seis integrantes recibiría con Ingreso Solidario 366.101 pesos). Esto por el lado de los gastos, pero es importante también preguntarse por los ingresos.

¿Cómo busca recaudar el Gobierno los billones de pesos que piensa destinar a Ingreso Solidario y al pago de la deuda? Hay aquí cuestiones preocupantes. Se amplía la base de contribuyentes, pues pagarán renta quienes tengan ingresos superiores a 2,5 millones de pesos mensuales. Esto implica que familias que no son pobres, pero que se encuentran en una situación económica que está lejos de ser boyante, tendrán que asumir nuevos gastos en medio de una crisis económica como no se veía desde finales de los años 90. Como si esto no fuera poco, el aumento en el IVA es considerable. Lo más preocupante es la eliminación de los bienes exentos, lo que significará un aumento en bienes de consumo básico.  

Para que la reforma enfrente los dos problemas básicos derivados de la actual crisis (la desigualdad y la pobreza), se necesita entonces la adopción de programas ambiciosos para atender a los más vulnerables (como Ingreso Solidario), a la vez que se debe aumentar el recaudo sin afectar a quienes menos tienen o a quienes se encuentran en riesgo de caer de nuevo en la pobreza. Es decir, debe hacerlo a través de impuestos fuertemente progresivos. Es en esto último en lo que falla la reforma y es una falla grave.

"Lo que el país necesita" es una expresión demasiado grande para cualquier reforma. Pero esta reforma sí tiene algunos elementos que el país necesita.

Garantiza una reducción del déficit del Gobierno hacia adelante de 1,4 puntos del PIB, necesaria para señalizar a los financiadores —de quienes dependemos para pagar las vacunas y los programas de apoyo que requiere la pandemia, además de otras obligaciones hoy no cubiertas— el compromiso del país con recuperar la sostenibilidad fiscal. 

Extiende el Paef y el programa de Ingreso Solidario, ambos necesarios ante la prolongación de la crisis. Impulsa mayor progresividad del sistema tributario. Robustece la devolución del IVA para que un valor mayor les llegue a más familias en pobreza y con esa condición extiende la recaudación de IVA. 

Aunque tiene, por supuesto, aspectos por mejorar. El más importante de ellos es profundizar la tributación del extremo superior de la distribución —en general las rentas de capital—. Sin eso, ampliar la tributación de la clase media carece de legitimidad. En particular, se debe: hacer permanente el impuesto al patrimonio (única herramienta efectiva de tributación de altas rentas que con frecuencia no se declaran), no incrementar el monto a partir del que tributan los dividendos y asegurar un tratamiento equitativo de rentas salariales y de capital.

No. No es momento de pedir más plata sino de controlar el gasto, hacer más eficiente el sector público e invertir en lo que realmente nos sacará de la recesión: familias con dinero para consumir, empresas que puedan vender y que generen empleo. 

El objetivo de una reforma debería ser generar empleos y no reducir el bolsillo.

Es cierto que la reforma propone volver permanente el Ingreso Solidario. Medida asistencialista que, en efecto, puede mejorar el ingreso de los beneficiarios, pero no necesariamente la productividad de la economía. ¿No sería mejor darles esos recursos de Ingreso Solidario como reconocimiento a un trabajo social, por ejemplo? Creo que sí.

Adicionalmente, se plantea que la financiación de ese asistencialismo vaya vía las personas naturales de mayor ingreso (¿2 millones mensuales son realmente “mayor ingreso”?), las empresas (casi todas, 90 por ciento, son microempresas) y todos los ciudadanos vía IVA. ¿Será lo adecuado?

Creo que, en lugar de atacar el bolsillo, deberían considerarse otras fuentes de recursos: reducir la evasión, atacar la corrupción, reducir el despilfarro y aumentar la eficiencia en el manejo de los recursos.

Si bien la reforma puede tener buenas intenciones (ampliar la base tributaria, simplificar sistema tributario y tener mecanismos de redistribución —devolución de IVA e Ingreso Solidario—, temas sugeridos por la Comisión de Expertos), se plantea en un momento en el que se requiere que el dinero esté circulando en la economía, generando empleo, y no precisamente canalizándose a través del sector público (que, por cierto, ha demostrado ser un mal ejecutor del gasto). No olvidemos que en 2020 el Gobierno Nacional terminó con un nivel de ejecución del 90 %, es decir, dejó sin ejecutar un 10 % de lo programado; esto es una cifra cercana a los 25 billones de pesos.

Sin embargo, el Congreso y, en general, el país estarán frente a un gran dilema: aprobar o no una reforma que se presenta con un interesante programa social. No creo que el inoportuno momento para presentar la reforma sea suficiente para que no se apruebe. Se debe reconocer que el Gobierno ha hecho una presentación interesante de la misma, acompañando el garrote (IVA y renta) con un muy atractivo incentivo (Ingreso Solidario).

Lo que necesitamos como país, tanto en materia social como en otros ámbitos, no puede recaer solo en la política fiscal. Todos en el país deberíamos tener una aversión a la desigualdad. Si antes de la pandemia el país tenía problemas distributivos, de esta crisis no vamos a salir mucho mejor. La inclusión social y la consiguiente disminución de la desigualdad trae beneficios para todos, incluyendo aquellos en la parte alta de la distribución de los ingresos. 

En los últimos días vi panfletos con información sobre la reforma tributaria que buscaba —e incluso logró— despertar indignación en un sector de la población que tiene con qué. Claro, cuando hay impuestos que recaen sobre la población con mayores ingresos se necesitan las garantías de que las ineficiencias van a ser mínimas y la efectividad de la política va a ser casi perfecta —particularmente, que la platica no se va perder en corrupción—. 

Entonces, si a uno le dicen que hay que pagar un 19 por ciento de IVA en servicios públicos que va a generar parte del recaudo para el funcionamiento de Ingreso Solidario, parece un costo relativamente bajo a los ingresos altos si se persigue la equidad social y sus beneficios. Seguramente el estrato socioeconómico no es la mejor manera de focalizar este impuesto, pero podría funcionar mientras se logra la cobertura universal del Sisben IV en el país.

Así como le pido al colombiano de a pie que piense en el prójimo, también le exijo al Gobierno que sus políticas fiscales vayan acorde con la justicia y la equidad. Yo aplaudo de pie, con chiflidos y muchos hurras, la apuesta por un sistema de protección social más ambicioso. Pero si le pedimos contribuir más a la clase media para cubrir estos gastos, como mínimo deberíamos pedirles más a los megarricos. 

Para nadie es un secreto que para la reactivación económica es necesario que haya buenos estímulos, pero no los favoritismos inútiles. Se quedó por fuera el impuesto a las bebidas azucaradas, una política que cada vez tiene más evidencia sobre su costo de efectividad en beneficios económicos, sociales y de salud. Pero sí quedaron los beneficios tributarios a la economía naranja —sea lo que sea que es—, megainversiones y zonas francas, entre otros, que siguen erosionando la base gravable ¿Cuál es la motivación social de hacer esto?¿Es necesario en este preciso momento de crisis pandémica? Estos ingresos que se dejan de ganar por los beneficios tributarios podrían aumentar la cobertura de los programas sociales y llegar hasta la población vulnerable. 

La reforma que se propuso tiene tintes de defender la equidad social intrageneracional e intergeneracional. Hay que tener presente que el déficit fiscal no puede seguir creciendo y menos al mismo ritmo. Aunque suene a discurso climático, hay que pensar en los que aún no votan y cómo una deuda pública de más de diez billones de pesos recaerá en sus hombros. Con esto en mente, parece que esos impuestos temporales contradicen la equidad intergeneracional. Si la platica no alcanza para financiar el país hoy, ¿por qué sí lo hará mañana?  

Gracias, ministro y a su equipo en Hacienda, por incluir y traer a la discusión los impuestos verdes. Hay que seguir poniendo este tema sobre la mesa y más con la meta de mitigación tan ambiciosa que tenemos como país. ¿Cómo vemos el futuro del país con respecto al carbón? Si le pusiéramos impuesto al carbón que se va a exportaciones, ¿no podríamos usarlo para apoyar la transición energética? Además, hay que pensar cómo mitigar muy bien los impactos distributivos de los impuestos verdes. Por ejemplo, un impuesto ad valorem del 8 por ciento sobre los plaguicidas aumenta los costos de los pequeños campesinos. ¿Ya tenemos estrategias para impulsar la transición hacia prácticas sostenibles de control de plagas?

Aquí también embuto el incremento al IVA en el Acpm y la gasolina. ¿Cómo se va a ver reflejado en la fijación del precio final de estos combustibles?¿Qué parte le corresponde al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc) y qué parte a los consumidores? Ojalá la pandemia no cambie los planes del desmonte al subsidio que generó el Fepc en el país, pero que tampoco se traslade completamente a los individuos.

La reforma busca resolver de manera imperfecta varios problemas del país, incluyendo los climáticos. No por esto es un fiasco pero tampoco es suficiente. Si no podemos cambiar todo el estatuto tributario, tenemos que seguir con arreglos imperfectos pero de la mejor calidad posible. En este momento hay que priorizar la mitigación de los impactos de la pandemia en la población pobre o vulnerable del país. Es un deber humanitario. Y aunque la reforma tiene estos motivos sociales en su diseño, otros cuantos artículos van en contravía de la equidad. Ahora la pelota está en la cancha del Congreso para moldear esta reforma en materia social y priorizar —siempre— el bienestar de la población sobre los intereses de sectores específicos. 

Sin duda es necesario un ajuste fiscal para seguir afrontando la compleja situación económica que ha dejado la pandemia, sobre todo en los sectores más necesitados de la economía y en los más vulnerables. 

Las reformas de todo tipo —desde el punto de vista de política económica— requieren revisión en detalle e identificación del impacto. Es importante aclarar que todavía no hay claridad sobre la progresividad de la reforma, pero sí del efecto del recaudo y su aporte al modelo de transferencias con enfoque de renta básica; no es una renta básica universal completa, como se propuso al inicio de la crisis y que se ha ido desdibujando, pero al menos se plantea el aporte creciente a los más desprotegidos. 

El enfoque de género es importante acentuarlo y apoyar a las mujeres para que su aporte sea acorde a su condición laboral o de cuidado no remunerado.  Dado que no se presentó una reactivación a buen ritmo luego del inicio de la vacunación, pues la propuesta de ampliar el Ingreso Solidario más allá de junio también es un punto en materia social.

Por otra parte, siempre queda la duda de si se está gravando como debería a los que ganan más en el país. Y esto debe considerar la enorme desigualdad que se ha ampliado —más— con la pandemia.

Colombia necesita aumentar su recaudo tributario en el mediano plazo para financiar el gasto social que permita a los colombianos tener una mejor educación, un mejor nivel de vida y, en general, para garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución Política, nuestro contrato social. 

Esta reforma tributaria plantea un aumento importante del recaudo, pero se destinará a financiar algunos programas sociales al igual que a compensar los recortes tributarios que se les han venido haciendo a las empresas. Si bien los programas sociales planteados —como el mayor cubrimiento del Ingreso Solidario— son un buen primer paso, se quedan cortos para solucionar la profunda pobreza del país. Y no es claro que la política de preservar los recortes de impuestos hechos a las empresas por este Gobierno sea la clave del despegue económico que va a sacar a millones de colombianos de la pobreza. Por lo tanto, es importante que el Gobierno sea claro en sus cuentas de quién está poniendo cuánto y para qué lo está poniendo. 

La solidaridad con los más pobres tiene que empezar desde arriba, desde los dueños del capital, y no tiene que venir primero —ni mucho menos exclusivamente— de los asalariados y de los consumidores. Esto es especialmente cierto cuando nos encontramos en la peor crisis económica de la historia de nuestro país, dado que subir impuestos durante una crisis económica es contraproducente y no debe hacerse a menos de que no haya ninguna otra opción.

Hay quienes piensan que “una buena crisis no se debe desaprovechar” y que esta es una buena crisis para concientizar a la gente de la necesidad real que tenemos de pagar más impuestos. Pero esa visión fácilmente desconoce el costo humano de poner a pagar más impuestos en medio de una catástrofe económica a quienes no tienen más remedio que meterse la mano al bolsillo cuando el Gobierno se lo exige.