Kevin Whitaker, el actual embajador de Estados Unidos en Colombia, es un diplomático estadounidense que ha hecho casi toda su carrera en temas latinoamericanos.
Whitaker, un historiador de la Universidad de Virginia, es diplomático de carrera del Departamento de Estado gringo. Arrancó su carrera trabajando en los escritorios de El Salvador y Francia en Washington y como encargado de temas políticos en las embajadas gringas en Jamaica y Honduras.
En 2002 asumió la dirección de la Oficina de Asuntos Cubanos y durante una visita a la isla, en la que se reunió con disidentes cubanos, fue expulsado por el gobierno de Fidel Castro. En 2005 llegó como ministro consejero a la embajada en Venezuela, uno de los países con los que el gobierno de George W. Bush tenía relaciones más tensas y donde estaba William Brownfield (que luego sería embajador en Bogotá).
Regresó a Washington para convertirse en el subsecretario ejecutivo y luego el director de la Oficina de Asuntos Andinos, que cubre a Colombia y sus vecinos. De ahí saltó a ser subsecretario de Estado adjunto para Suramérica, uno de los más altos cargos en la diplomacia de la región.
En abril de 2014 el presidente Barack Obama nominó a Whitaker como embajador en Bogotá, para reemplazar a Michael McKinlay (que partió a Afganistán). Aunque la confirmación de Whitaker fue aprobada de manera unánime en el Senado gringo, una de sus respuestas durante la audiencia suscitó polémica en Colombia. Al preguntársele por la destitución de Gustavo Petro, el nuevo embajador respondió que le preocupaba que fuese “un golpe al pluralismo político” y que pudiera afectar el proceso de paz, lo que motivó protestas de congresistas como Alexandra Moreno Piraquive que lo vieron como una injerencia en asuntos internos.
Ese mismo mes, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a Whitaker de ser parte de un complot para asesinarlo, justo en momentos en que el Congreso gringo discutía el proyecto de ley para congelar los activos de altos funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de derechos humanos durante las masivas protestas estudiantiles y de la oposición de comienzos de año. El Gobierno gringo negó la acusación de Maduro y señaló que los supuestos correos incriminadores eran falsos.