Luis Jorge Garay Salamanca es un súper-poderoso de las ONGs y uno de los intelectuales más influyentes del país.
Obtuvo un título de Ingeniería Industrial y una maestría en Economía de la Universidad de los Andes. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, recibió su doctorado en Economía.
Garay ha hecho una carrera de investigación y administración. Ha trabajado con las universidades de Oxford y Cambridge y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como investigador visitante, además de haber sido consultor para el BID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Fue consultor de la Contraloría General de la República de Colombia cuando Carlos Ossa Escobar era contralor.
También fue asesor especial del Ministerio de Hacienda de 1984 a 1991, cuando fueron ministros Roberto Junguito Bonnet, Hugo Palacios Mejía, César Gaviria Trujillo, Luis Fernando Alarcón y Rudolf Hommes. Lo fue del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con respecto a temas comerciales y de migración internacional, cuando Carolina Barco Isakson fue ministra, y del Ministerio de Comercio Exterior entre 1993 y 1994, cuando Juan Manuel Santos era ministro.
Después fue nombrado coordinador de investigaciones de Planeta Paz, director del Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y director académico de Scientific Vortex Group.
Actualmente, trabaja la mitad del tiempo en el Centro Internacional de Estudios sobre Redes Ilícitas Transnacionales en Roma.
En toda esa carrera ha producido más de cincuenta y cinco libros.
Sus ideas se han citado como fundamentales en Colombia. Su investigación, por ejemplo, fue esencial para articular una visión de la captura del Estado por parte de redes de poder, una noción que no sólo guía la creación de la Unidad de Contexto de la Fiscalía sino que le ha dado nuevos bríos al discurso de muchas ONG.
También, sus estudios sobre la tenencia de tierras, por ejemplo, fueron un insumo clave para legitimar la ley de tierras de Santos (aunque haya criticado algunos de sus aspectos), y su posición crítica frente a la minería ha servido para reforzar los argumentos de otros críticos de esa ‘locomotora’.
Su poder es académico y procede del respeto por su trabajo investigativo y sus ideas, muchas de ellas novedosas.