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Puente del Pindo, uno de los puntos donde se han presentado tiroteos entre los grupos. Fotos: Laura Soto
En el día cero de la versión 2020 del Paro Nacional, y a uno de la moción de censura al Ministro de defensa, el conflicto desbordado en el Puerto y las promesas incumplidas del gobierno se convierten en la muestra de una de las motivaciones de ambos episodios.
Cuando Iván Duque estaba en campaña prometió priorizar Tumaco y trabajar para que "saliera el narcotráfico y floreciera el Pacífico". Dos años después, en el día cero de la versión 2020 del Paro Nacional y a uno de la moción de censura al Ministro de defensa, el conflicto desbordado en el Puerto y las promesas incumplidas del gobierno se convierten en la muestra de una de las exigencias y motivaciones de ambos episodios.
La Silla Vacía estuvo allá la semana pasada, y fue testigo de primera mano de cómo el rompimiento del pacto de no agresión o paz mafiosa -que es aquella que impone uno o varios actores ilegales y no el Estado- entre los dos principales grupos armados de la zona urbana de Tumaco ha sido evidente.
Después de una baja histórica en la violencia el año pasado, desde hace un mes volvieron los tiroteos, las ofertas de plata para matar a integrantes de la banda contraria, el aumento de extorsiones y retenciones en algunas zonas del puerto. Esto no pasaba con tanta frecuencia desde hace dos años cuando comenzó la “paz”.
En algunas cifras oficiales se nota y en otras no porque, por ejemplo, como las muertes se están dando entre los mismos grupos muchas veces no se reportan.
Eso sí, la gente en la calle no hace sino comentarlo.
“Vea, acá lo que dicen es que mataron al hermano de uno de los duros y se está vengando. Yo por eso ya no estoy saliendo a trabajar en la noche y usted no ve un alma después de las siete de la noche” le dijo a La Silla un taxista al que le preguntamos si sabía qué estaba pasando en la ciudad. Algo similar nos dijeron otros dos taxistas más que sabían de esa muerte por comentarios de la gente.
Los tumaqueños hoy están más confinados que con la misma pandemia, al menos en la noche, porque en el día el comercio es movido.
La guerra se está viviendo con más fuerza en los barrios más pobres y de palafitos y es ahí donde la gente está confinada, amenazada para que respete las fronteras invisibles y no vaya a zonas controladas por otro grupo, con temor de ser impactada por balas perdidas y extorsionada a cambio de uno, dos y hasta tres millones de pesos para financiar a los ilegales que los controlan.
Es allí también donde una gran proporción de jóvenes ha ingresado a los grupos armados seducidos por armas, plata, joyas y un deseo de poder, según le dijo a La Silla un religioso que conoce la zona. Jóvenes que han quedado más vulnerables con los colegios cerrados por la pandemia del covid.
Pero el virus -que en Tumaco ha matado a 85 personas- no solo dejó a los jóvenes más expuestos (líderes piden a gritos que vuelvan los colegios) sino que también contribuyó a propiciar esta guerra.
La razón es que los grupos, que estaban en “paz”, se empezaron a quedar sin plata, bien sea porque el narcotráfico bajó, porque las incautaciones subieron o porque en la cuarentena no podían extorsionar con el comercio cerrado; y entonces muchos decidieron volver a enfrentarse por los recursos.
“Ya no obedecen a los jefes porque no les pagan, entonces es la guerra del centavo, una guerra sin cuartel, por conseguir recursos y querer que quede un solo grupo”, le explicó a La Silla Leeder Rodríguez, vicepresidente de la Federación Comunal de Nariño.
A esas complejidades, por la realidad del territorio, se suma una historia personal de venganza entre dos mandos medios que, al decir de algunos, más allá del covid, hubiera roto la tregua de igual forma.
El enfrentamiento en Tumaco está tan encendido que circulan mensajes como estos entre ellos: “Atención: a la Gente de Orden un millón al que mate a uno de (barrio) Milenio y dos millones al que mate a uno de (barrio) Voladero y 5 al que mate a un comandante”. Estos mensajes al ser tan generales ponen en peligro a todas las personas de los barrios.
Así dice un mensaje de audio que está circulando por WhatsApp en Tumaco y que conoció La Silla.
Los barrios, explica el religioso con el que hablamos y no citamos por seguridad, y otros tres líderes comunales, están en total control de esos grupos. Nadie entra y sale sin que el jefe de la banda lo sepa porque hay informantes en cada esquina. Esto hace que en Tumaco el temor ya no sea al covid (más de la mitad de la gente anda sin tapabocas), sino a los armados.
En las últimas horas ha matizado la situación que desde el miércoles pasado la Fuerza Pública lanzó un operativo llamado ‘Tumaco Seguro’ en el que han entrado a los barrios a incautar armas y perseguir a los ilegales, lo que les ha bajado la tensión a los enfrentamientos y los ha obligado a esconderse, según supo La Silla por una fuente humanitaria.
El jueves y viernes que La Silla estuvo allá no hubo tiroteos y, aunque la zona turística del Morro estaba bastante sola, se sentía tranquilidad.
La guerra aún no se ve en las cifras de homicidios, que no han subido según el reporte de la Policía.
En todo 2019 hubo 216, y hasta el 30 de septiembre de este año iban 138.
Comparativamente, en septiembre de este año solo hubo un homicidio más respecto al año pasado. El lío con esas cifras es que las muertes se están dando entre los mismos grupos y por eso muchas veces no se reportan.
Aunque sí se nota en las extorsiones: en 2019, el Gaula de Tumaco arrestó a 12 presuntos extorsionistas, mientras que en 2020 van 28. Quince de ellos luego de la reapertura del comercio tras la cuarentena.
Como lo contó el investigador y cofundador de la fundación Conflict Responses, Kyle Johnson, el sábado pasado en una columna de La Silla Llena, el pacto firmado entre las disidencias de las Farc, Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), y el grupo Gente del Orden, que era una filial del Frente Oliver Sinisterra (FOS), el 13 de diciembre de 2018, que contamos en detalle, está roto.
La tregua fue impulsada por miembros de las juntas de acción comunal, la iglesia y las mismas cabezas de esos grupos armados, alias David de las GUP y alias Guacho del FOS. Ambos ya están muertos. La comunidad quiso parar esa guerra para evitar muertes y llevar paz a los barrios y los armados para no tener otro frente de combate y así poder hacer su negocio del narcotráfico tranquilos.
Según la reportería en terreno, la tregua se rompió porque alias Rocky, integrante de las GUP y quien salió de la cárcel hace poco tiempo, mandó a matar al excombatiente de las Farc, Nelson David Sánchez Segura, hermano del Tigre, mando medio de Gente del Orden (ahora absorbida por Alfonso Cano, una disidencia de la FOS).
El Tigre y su aliado El Pollo controlan los barrios Nuevo Milenio y Voladero, y Rocky y su aliado Mocho controlan Buenos Aires, Panamá, Viento Libre y Ciudad 2000.
Foto: El puente del Pindo donde han ocurrido los tiroteos recientemente tuvo presencia militar el fin de semana para evitar los enfrentamientos.
Rocky lo habría hecho vengando la muerte de su esposa a manos del Tigre hace tres años en pleno desfile del Carnaval del Fuego, más otras venganzas acumuladas.
Hace un año, el Tigre también habría matado a un sobrino de Rocky.
Pero no solo eso. Las diferencias entre ellos son históricas.
Según un líder de un consejo comunitario que conoce la situación, la disputa viene desde hace muchos años, antes del Acuerdo de Paz, cuando el Tigre, que perteneció a las Farc, mató a mucha gente del grupo de Rocky que pertenecía a los paramilitares cuando las Farc coparon el territorio.
Tigre es Yofer Guzmán Sánchez Segura, un exintegrante de las Farc, que fue jefe de las milicias urbanas de la columna móvil Daniel Aldana, encargado de las finanzas y de los enlaces con el Cártel de Sinaloa de México, que le pagaba para el procesamiento y transporte de la coca.
Tigre alcanzó a estar en el proceso de reincorporación, pero volvió a las armas. En enero de 2018 fue capturado por concierto para delinquir pero salió libre hace unos tres meses.
Tigre y la columna también se encargaban del tráfico de armas e insumos en la frontera con Ecuador.
Por su parte, Rocky, Rodrigo Valencia Preciado, de 27 años, es el responsable de las extorsiones a los comerciantes y de coordinar las finanzas del narcotráfico en el Sanquianga, según el Ejército.
Fue capturado en noviembre de 2018 por homicidio de la líder social Luz Yenny Montaño en noviembre de 2017 y por concierto para delinquir, pero también salió libre hace poco.
Rocky tiene un origen paramilitar porque perteneció a Los Rastrojos, y no se unió a las Farc cuando éstas los sacaron del territorio, sino que se escondió y mantuvo su poder en las sombras. Volvió al ruedo cuando se desmovilizaron las Farc uniéndose a las GUP. Ambos casos reflejan que las capturas -que suelen ser por concierto para delinquir y no por homicidios- no solucionan el conflicto si al cabo de pocos años salen libres a delinquir.
Esas diferencias radicales entre el Tigre y Rocky hacen que volver a la tregua sea muy difícil.
Como lo contó Jonhson en su columna, el Tigre ya mandó a matar a los dos sicarios que mataron a su hermano y está buscando que Rocky se entregue, algo que difícilmente pasará. Lo más probable es que la guerra solo termine cuando uno de los dos bandos gane y saque del territorio al otro o con una nueva tregua, según le dijo a La Silla una fuente humanitaria y de la iglesia.
El reto ahí es que la venganza personal es más difícil de apaciguar que las diferencias por plata o por el narcotráfico.
Como esta es una pelea de mandos medios, tampoco está claro qué postura han asumido los jefes de ambas estructuras frente a la disputa: Allende de Alfonso Cano, y Borojó de las GUP.
Ni la Defensoría del Pueblo, ni integrantes de ONG, ni de la iglesia consultados por La Silla sabían si los jefes estaban de acuerdo o no con la ruptura de la tregua. Solo el presidente de las juntas de acción comunal de la comuna 3, Luis Alfredo Vásquez, le dijo a La Silla que los jefes sí están interesados en seguir con la tregua y que van a intentar retomarla.
Otro investigador del conflicto en Tumaco tiene otra versión. Dijo que alias el Zarco, uno de los comandantes del Alfonso Cano, está de acuerdo con Tigre de acabar con Rocky, lo que auguraría una larga disputa.
Según el líder del consejo comunitario que conoce la situación de cerca, “nadie quiere meterse en esa pelea, están dejando que se maten entre ellos”.
Según ese mismo líder, que no citamos porque eso sería ponerlo en riesgo, detrás de ese “dejarlos solos” está un interés más grande.
Aunque no lo pudimos confirmar con más fuentes, una eventual derrota de Rocky le puede beneficiar al Frente 30 que estaría bajo el mando de Géner García Molina, alias Jhon 40, aliado y enviado del disidente Gentil Duarte, quien ya tendría alianzas con el FOS, Alfonso Cano y GUP para conformar un solo frente, porque el Tigre es afín a ellos y eso les facilitaría ingresar a Tumaco.
Los combates que aún persisten en zona de carretera son entre los Contadores (otro grupo dedicado al narcotráfico en la zona) y una fracción del FOS que no querría unirse a Jhon 40.
Otro gran reto es que esos mandos medios no tienen una formación política o ideal claro, sino un interés netamente económico y en algunos casos de adicción a las drogas, lo que hace más difícil el diálogo.
En todo caso, la iglesia y las juntas de acción comunal quieren intentar una conversación entre el Tigre y Rocky, aunque no está claro si ellos quieren hacerlo. Para intentarlo, deben esperar a que la presión de la Fuerza Pública baje porque en este momento están escondidos.
Por otro lado, hay una violencia que escapa a la venganza de Rocky y Tigre. Hay otro tipo de extorsiones a comerciantes y gente del común por parte de integrantes de los grupos que usan el nombre de GUP y FOS sin autorización. Eso a raíz de la falta de plata que dejó la pandemia y las incautaciones de la droga. Los jefes de los grupos suelen matar a los jóvenes que extorsionan sin autorización.
Más allá de los detalles del conflicto actual, Tumaco no ha cambiado su historia de exclusión y falta de Estado, desde finales de los 90 cuando llegó la violencia con fuerza a la llamada perla del Pacífico.
Eso se ratifica al revisar qué ha pasado con las promesas del presidente Iván Duque.
La principal propuesta de seguridad con la que llegó el mandatario a Tumaco en 2018 fue acabar con Guacho y David, los jefes de las disidencias FOS y GUP respectivamente. Lo logró. También capturó a Contador uno de los narcos más duros del puerto y su segundo al mando, Mario Lata, fue asesinado por el FOS.
A ellos ya los reemplazaron. Hay nuevos jefes cuyas cabezas subieron de precio en el cártel de los más buscados del Gobierno: alias el Gringo del FOS, Borojó de las GUP y Allende de Alfonso Cano. Pero esa estrategia no funciona porque en Tumaco el que habla se pone en riesgo a sí mismo y a su familia. Y por otro lado, los ilegales viven en medio de gente que los conoce, que son sus socios, sus “empleados”, su familia, que no los entregarán.
Según le dijo el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Adolfo León Hernández, el año pasado, al igual que el general Marco Mayorga, del Cauca, acabar con los grupos armados militarmente no es posible. Requeriría de mucho más pie de fuerza, implicaría mucha sangre de todos lados, y en todo caso no asegura que una vez acabados no vuelvan a resurgir.
Ambos coincidieron que su misión era “estabilizar” la zona para evitar que los ilegales tomaran el territorio, pero que nada iba a cambiar si no se atacaba el origen del problema: el narcotráfico.
Sin embargo, para uno de los dos religiosos que entrevistamos y los tres líderes comunales también hay otro problema de origen que atacar: la pobreza, la falta de trabajo, de estudio, salud.
Para el religioso no se puede acabar con la violencia cuando hay cientos de jóvenes en las calles sin mayor oportunidad y con una aspiración de llegar a ser como los jefes de los grupos armados, con armas, joyas, trago, mujeres, poder. Jóvenes a los que les pagan diez mil pesos por guardar armas, o vigilar a cambio de un arma y 200 mil pesos y que rápidamente pueden ascender a ser escoltas de los jefes.
“Si estos chicos no tienen la forma de desarrollar un trabajo, cómo estudiar dignamente, cómo trabajar, tener una vivienda digna, una salud digna, o sea, sin una inversión social digna, justa, realmente no habrá paz”, dice el líder comunal de la comuna 3 Vásquez.
Agrega que los 400 mil habitantes de los 11 municipios de la costa nariñense viven en la miseria, sin alcantarillado y agua potable y “eso es una mina para la delincuencia, para las guerrillas, disidencias”.
Para lograr esa transformación Duque prometió seis metas en inversión de las cuales cuatro están retrasadas y dos ejecutadas. Las que se cumplieron fueron la entrega de dotación para colegios a cargo de Ecopetrol y la entrega de 30 embarcaciones con refrigeradores a cuatro asociaciones de pescadores artesanales. Aún falta entregar una lancha de 14 metros de largo que está en construcción.
Entre las retrasadas, que podrían generar más impacto, están la construcción de la nueva plaza de mercado y mariscos cuyo proyecto apenas está estudiando el DPS, la creación de un mercado de emprendedores, la construcción de una nueva cárcel o ampliación de la misma y la finalización de dos vías clave para el puerto como la de Junín-Barbacoas y la Binacional La Espriella-Río Mataje que están avanzando.
Mientras tanto, la alcaldesa Emilsen Angulo y los comandantes de la Policía, Ignacio Meza, y del Ejército en Tumaco, Javier Martínez, anunciaron la semana pasada que el Gobierno aprobó tres nuevos proyectos por más de 30 mil millones de pesos para la construcción de una Marina, de un Malecón en el Morro y un muelle fluvial que atraiga inversión y genere empleo.
Además, anunciaron la llegada de refuerzos del Gaula y de Fuerzas Especiales Urbanas para lograr un “Tumaco Seguro”, un sueño al que los tumaqueños aspiran hoy como nunca.
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