La masacre de la Rochela, a muchas voces

Iván Orozco coordinó la investigación del grupo de Memoria Histórica sobre la masacre de La Rochela. En 1989, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial en el Magdalena Medio santandereano. Fotos: Sara Rojas.

 
El 18 de enero de 1989, en el corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra. Para los paramilitares, los narcotraficantes y los militares que vivían en la zona, era necesario que estos crímenes quedaran en la impunidad. Se reunieron en la finca 'Las Palmeras' para planear la masacre y en la carretera Panamericana 15 hombres armados dispararon a los jeeps donde viajaban los jueces. Tres de estos fingieron su muerte y se salvaron para contar esta historia.

La Corte Interamericana condenó al Estado por acción y omisión en los hechos perpetrados por los paramilitares con la colaboración de la fuerza pública. Pero lo hizo hasta marzo del 2006, 17 años después. Para Iván Orozco, coordinador en el grupo de Memoria Histórica para el caso de La Rochela, esta masacre es emblemática de los 1.500 asesinatos a jueces que se han perpetrado en los últimos 30 años. La Silla Vacía lo entrevistó y entrelaza sus respuestas con apartes de testimonios de las victimas que aparecen en el expediente y que mostramos en este texto en naranja.

Al principio, pero durante muy poco tiempo, pudo haber surgido la impresión de que los asesinos de la comisión judicial eran una alianza narcoparamilitar, pero muy rápidamente se entendió que el modelo paramilitar del Magdalena Medio era una alianza más compleja que incluía miembros de organismos de seguridad del Estado activos en la región. En esos términos, la masacre de la Rochela reabre de manera dolorosa la herida interna del Estado que se había abierto con la contra-toma del Palacio de Justicia.
  Si pasáramos por alto las dificultades previas al Palacio de Justicia, en términos de decisiones de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la época que le quitaron a la justicia penal militar el conocimiento de casos en los que estaban involucrados civiles y que generó fuertes tensiones, y nos limitáramos a lo del Palacio de Justicia, tendríamos que concluir que se abrió una herida profunda en la Judicatura por la ignorancia y desproporción que se evidenció en el modo en que se produjeron los acontecimientos. Y en ese sentido, no tengo duda de que también la masacre de la Rochela tuvo un impacto similar sobre esas relaciones.

Si mira hoy, hay tensiones entre órganos políticos y judiciales y entre militares y jueces. Esto tiene que ver con la emergencia de un nuevo derecho que le pone cortapisas al actuar de los militares en la guerra. Detrás de esas tensiones entre el poder judicial y los otros poderes hay una tensión cultural emergente que estaba muy viva en los años 80. Es simultáneamente el momento en el cual entra la nueva conciencia humanitaria al país cristalizada en el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos a través de ONG de derechos humanos y de otros mecanismos. Esta conciencia se articula en torno del principio de distinción entre combatientes y no combatientes y se choca de frente con las doctrinas contrainsurgentes de la Guerra Fría. Porque estas doctrinas niegan el principio de distinción entre combatientes y no combatientes en la medida en que lo que ordenan es quitarle el agua al pez. Es el momento más brutal del conflicto entre la nueva y la vieja conciencia humanitaria. Todo eso se va a reflejar en una evolución muy dramática de la relación entre militares y jueces.
  El Estado colombiano, desde comienzos de los años 60 y a través de leyes y decretos, había generado una especie de amparo legal a la participación de civiles en actividades de contrainsurgencia, que se cristalizó en instrucciones que se daban en los manuales de lucha contrainsurgente de la época. Independientemente de que cuando el gobierno expidió esas normas no estaba pensando auspiciar grupos paras, la circunstancia que se hubieran mantenido a pesar de las transformaciones de estas autodefensas en paramilitares terminó de convertir esos decretos en una campaña de legitimización de las alianzas entre militares y paramilitares.

Lo escuchamos de funcionarios de justicia penal militar que ellos tenían la certeza de que efectivamente para un militar de la época los paras eran aliados naturales en la lucha contra la guerrilla. En un contexto como ese en que todavía estaban vivas las doctrinas de la Guerra Fría, por supuesto que la mirada de un aparato judicial que desde el centro reacciona preocupado por la barbarie que se está dando en la periferia, implica una cristalización del conflicto entre la vieja y la nueva conciencia humanitaria. El viejo derecho penal liberal garantista estaba más concebido para preservar la paz y la normalidad que para afrontar el crimen organizado y procesos graves de descomposición como la guerra. Estaba montado sobre la idea de controlar las desviaciones de los individuos y tenía baja capacidad para imputar responsabilidades en crímenes políticos y cometidos por organizaciones.

El derecho penal moderno ha venido a corregir esa limitación generando una serie de figuras capaces de capturar organizaciones jerarquizadas como el tipo de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y modelos de imputación para actores colectivos. En ese sentido, se hace mas fácil imputar responsabilidades y reconocerlas.

El estudio del expediente de la Rochela es interesante porque por ejemplo permite observar la evolución del uso de la figura del concierto para delinquir. Mientras los primeros jueces de instrucción que conocieron el caso de la Rochela utilizaron el concierto para identificar pertenencias de los miembros a un grupo, los últimos jueces que han conocido el proceso, sobre todo a partir de los testimonios del negro Vladimir que empiezan a comprometer a autores intelecutales, lo usaron para reconstruir la conspiración que dio lugar a la masacre. Uno puede hablar de un primer plano de la conspiración puntual y, en ese sentido, adentrarse en el tema de la reunión que se produjo en la finca La Palmera, donde representantes de Rodríguez Gacha se juntaron con representantes de grupos paras de la época y aun con militares y políticos locales y expresando una convergencia de intereses acordaron acabar con esta comisión.

De un lado, y está en el centro del asunto, sabemos que los grupos paras habían asesinado a una cantidad de campesinos en la región y había quejas frente a las autoridades en Bogotá para que por favor se hiciera algo. De otro lado, sabemos que tanto Pablo Escobar como Rodríguez Gacha habían comprado tierras en el Magdalena Medio de tal manera que la habían convertido en retaguardias de sus negocios y de sus guerras; había un interés de narcos y esmeralderos de que no se destapara la existencia de cultivos ilícitos en la zona.

Existe, además, de acuerdo con el testimonio del negro Vladimir, la sospecha de que también políticos de la región tenían interés de que se tapara la existencia de contratos mal hechos. Entonces coincide el interés de los paras, el de los narcos y los políticos locales para que se preserve la impunidad de sus delitos. E incluso iría más lejos, para garantizar la estabilidad del orden político, social y legal que se había construido en la zona.

¿Y cuál sería el otro plano de la conspiración?

Nuestra sospecha es que la alianza criminal de narcos, paras y militares concibió el plan criminal de forma ampliada y en ese sentido lo hizo extensivo a la región de Urabá, generando una política de preservación de impunidad.

¿Fue una política de Estado?

Sería demasiado abusivo afirmar que el Estado central estaba comprometido. No quiero decir que el crimen de la Rochela no expresó tensiones entre órganos centrales como el Ejército y el Gobierno, pero sí quiero insistir en que una de las claves para entender la masacre de la Rochela fue el choque entre los intentos del centro por intervenir una región que se había escapado del control y una reacción regional a esa intervención.

Hay que entender que a través de figuras como el Estado de Sitio, las comandancias del Ejército tenían enorme autonomía delegativa. Hay un último dato en relación con esto: si uno tuviera dudas en torno a este asunto de por qué la alianza narcoparamiltiar que dominaba entre el Magdalena Medio y Urabá pudo concebir a manera de política la preservación de impunidad, los resultados de la base de datos que construimos sobre funcionarios judiciales victimizados durante los últimos 30 años da un dato iluminador: los paramilitares, narcos, miembros desviados de la fuerza de seguridad, todos ellos coinciden en que victimizan a funcionarios judiciales mas de manera selectiva que de manera indiscriminada como lo hace la guerrilla. La sospecha es que por ser pro-estatales tienen un interés fundamental en poder vivir a la luz del día en el seno del status quo que defienden y para eso tiene un valor especial la preservación de la impunidad, cosa que no sucede en la misma proporción en la guerrilla porque ellos creen que el asunto de la impunidad se arregla a través del triunfo de la revolución. Así se logra entender mejor el horror de la ruta judicial vivida por el proceso en más de 20 años que lleva sin conducir a puerto. Si hay algo característico de las organizaciones criminales es que tienen capacidad de acción extendida en el espacio y en el tiempo. Eso explica que esa alianza haya estado en capacidad de intervenir de manera obstructiva todo el proceso de la justicia a través de una paleta enorme de mecanismos, que empezaron por la resistencia de los militares empotrados en la región a acompañar el proceso de levantamiento de los cadáveres, los ocultamientos con los que quisieron beneficiar a los culpables, el incumplimiento de órdenes judiciales, el asesinato de testigos, leguleyadas, que se dieron a través de un periodo largo y se prolongan hasta hoy, cuando tenemos familiares de víctimas que estuvieron en capacidad de escapar a la desolación de los crímenes convirtiéndose en luchadores de la justicia y terminaron por convertirse hoy en objeto de amenazas de quienes continún esa alianza. Hay cosas que se parecen mucho. Otros estudios de caso adelantados por el grupo de Memoria Histórica y otros grupos nos ponen de cara a alianzas narcoparapoliticomilitares de características muy similares a las que se configuraron a comienzos y mediados de los ochenta. En ese sentido, el caso de la Rochela es una advertencia de que ese patrón de alianza criminal se regó por todo el país y de que por supuesto a menos que el gobierno intervenga de manera dura sigue existiendo el riesgo que las Bacrim se vuelvan a reconfigurar como el orden regional perverso de esa época. No quiero idealizar la función judicial. Pienso que suelen ser convergencias de motivaciones las que hacen posible que la gente arriesgue su vida y se meta en territorios de nadie, con presencia torcida estatal a cumplir con deberes. De un lado, la gente se tiene que ganar la vida, y en un país con altas tasas de desempleo, es natural que la gente cuide sus empleos. Pero sí pienso que los juristas son formados en un alto sentido del deber de hacer justicia. Una convergencia entre razones morales y de justicia e intereses en clave de superviviencia, hace que finalmente la gente asuma empresas como ir a investigar crímenes como lo asumió la Comisión de la Rochela.
Impresionante como testimonio en el informe es el relato que hacen familiares de las víctimas asesinadas, en el sentido de mostrar como cada uno de los seres queridos que tenían que participar en la comisión en los días previos al viaje empezó a tener sueños premonitorios en torno a sus propia muerte. No eran profecías sino el temor de quien empieza a imaginar ese destino fatal.
  Sí se convirtió inicialmente en caso prioritario para la justicia. La primera comisión que se organizó con enorme apoyo del gobierno Barco para ir a investigar la masacre de la Rochela fue una comisión de unos 40 miembros, cosa que es poco frecuente en términos de la capacidad investigativa. Y lo que es igualmente importante, fue una comisión que trabajó con mucho coraje por esclarecer lo sucedido, tuvo que penetrar territorio muy difícil.

Gracias a esa comisión, se produjeron en el curso de tres meses capturas importantes contra la alianza paramiltiar en el Magdalena Medio. Hay que rendirle tributo a los primeros grandes esfuerzos de la justicia.

Lo que sucede es que la capacidad del crimen organizado para extender sus brazos es enorme. Un proceso que había empezado con mucha fuerza en primera instancia, terminó dejando una enorme insatisfacción e impunidad cuando empezó a darse una cadena de obstrucciones a la justicia. Una de las cosas sobrecogedoras en el informe de La Rochela es que logramos constatar que el derecho penal liberal está edificado sobre un abandono estructural de las víctimas. Ellas nos fueron transmitiendo por medio de talleres la sensación de que no hubo ni juez ni fiscal ni oficina burocrática asociada al tema judicial que tuviera la obligación de informarles en qué iban los procesos. Solo a través de noticias en periódicos y revistas de cuando en cuando, las víctimas se enteraron que apareció el negro Vladimir o que una decisión judicial había sido apelada. También ayudó que algunas víctimas trabajaban en la rama judicial e iban informando lo que estaba pasando con los procesos por medio de canales informales. Pero las víctimas nunca pudieron hacer un seguimiento sistemático a los procesos.
La justicia de reparación les ofreció otro lugar a las víctimas y empezaron a sentirse dignificadas cuando los acompañaron organizaciones no gubernabentales de activismo judicial. Sigo convencido de que la guerra colombiana, precisamente porque se trata de una guerra larga y profundamente enraizada en nuestra historia, es una guerra en la que han jugado un papel fundamental los encadenamientos de venganzas y retaliaciones. Nuestra historia sigue estando llena de grises a la hora de reconstruir la existencia de roles de victimario y víctima.

Eso no significa para nada y eso es lo más importante, que no se hayan dado infinitud de situaciones de barbarie en blanco y negro, en donde están claramente diferenciados los roles de víctima y victimario. Pero los grises están ahí, y mientras no haya un reconocimiento de los grises las sensaciones de injusticia en la lectura de lo sucedido son muchas.

Hecha esa aclaración, afirmo que no me queda ninguna duda en relación con el caso de La Rochela, que se trata de un caso en el que la victimización se escribió en blanco y negro, no hay ningún gris posible. Las víctimas no tuvieron ninguna responsabilidad en su victimización, distinta de la de ser funcionarios del Estado que estaba cumpliendo con su deber. El informe se escribió en buena medida a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su fallo contra el Estado en el caso de La Rochela pidió que se investigara que pasó. En ese sentido, el informe es un mecanismo de reparación simbólica, tanto para las víctimas como para la víctima institucional que es la justicia. Basta recordar que hicimos una base de datos con 1.500 funcionarios judiciales victimizados durante los últimos treinta años, casi uno por semana.

Pero por otro lado, del informe salieron recomendaciones precisas. Pensamos, después de ver esta historia de maltrato a la justicia, que sería pertinente crear una unidad en la Fiscalía dedicada a la investigación de este tipo de crímenes contra el aparato judicial.