La maldición de Luna aún pesa sobre Caicedo, ex rector de la universidad de Magdalena

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Mientras el ex gobernador del Magdalena Trino Luna, condenado por hacer pactos con los paramilitares, ya está libre, el ex rector de la Universidad del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo purga una condena de ocho años por pagar las cesantías que la Universidad adeudaba a 47 profesores. La larga cadena de injusticias que arrancó en el 2003 y que amarra a estos dos samarios continúa.

El 10 de octubre del 2007 en las calles de Santa Marta se realizó la última marcha de los estudiantes de la Universidad del Magdalena en apoyo al ex rector Carlos Eduardo Caicedo. La movilización tuvo lugar siete días después de que se dictó sentencia condenatoria.
Foto: archivo particular

 

 

Mientras el ex gobernador del Magdalena Trino Luna, condenado por hacer pactos con los paramilitares, ya está libre, el ex rector de la Universidad del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo purga una condena de ocho años por pagar las cesantías que la Universidad adeudaba a 47 profesores. La larga cadena de injusticias que arrancó en el 2003 y que amarra a estos dos samarios continúa.

Carlos Eduardo Caicedo llegó a la Universidad del Magdalena en 1997, como el sexto rector en menos de un año. Sus antecesores habían sido removidos de su cargo o habían decidido irse porque la situación de la universidad era insostenible: estaba en bancarrota y tenía un pasivo de 26 mil millones de pesos.

Caicedo, sin embargo, asumió el reto con tranquilidad. En los casi diez años que este abogado de 42 años estuvo como rector, consiguió sanear las finanzas de la universidad, que pasó de dos mil a nueve mil estudiantes. Creó cientos de becas e inició la construcción de un nuevo campus universitario. La transformación fue tan profunda que el Ministerio de Educación catalogó a la Universidad como una de las mejores del país en el 2000. “Transformó toda la universidad y la salvó del cierre,” dice la politóloga Priscila Zúñiga, quien fue profesora de la Universidad en ese entonces.

Entre las cosas que hizo Caicedo, fue desterrar a los políticos de la Universidad. Les quitó la injerencia que tenían en las contrataciones y en el manejo de los recursos de la institución, sellando con eso una enemistad que a la postre arruinó su vida. Caicedo empezó a ser visto como una amenaza para los intereses de los políticos del Magdalena y principalmente para Trino Luna, quien se ensañó contra el rector.

Luna tenía razones políticas, ideológicas y prácticas para odiar a Caicedo. Gracias a la revolución de la Universidad del Magdalena su nombre sonaba fuerte en los círculos políticos del departamento, había incluso quienes lo veían como seguro candidato a la gobernación o a la alcaldía de Santa Marta.

Pero Luna, hermano de Juan Carlos Luna Correa, alias ‘El Cóndor’, un jefe paramilitar del sur del Magdalena, muy pronto se encontró en la cómoda posición de ser candidato único a la Gobernación. Para todos en la región, era evidente el respaldo paramilitar a su candidatura y el evidente riesgo de ser su contendor.

En su ofensiva por el control de los centros del poder, los paramilitares también tenían sus ojos puestos en la Universidad del Magdalena. Así como lo hicieron en Córdoba, Sucre y Atlántico, declararon a los directivos objetivo militar. Y procedieron a matar. El 28 de mayo de 2000 asesinaron al activista estudiantil Hugo Elías Maduro; el 14 de mayo de 2001, al vicerrector de Investigación Julio Otero; el 5 de septiembre de 2002, Roque Morelly, decano de la Facultad de Educación.

Caicedo denunció la persecución paramilitar, que el gobernador obviamente negó. Pero en las audiencias de Justicia y Paz de Barranquilla, en junio de 2007, Hernán Giraldo, comandante de Frente Tayrona de las autodefensas, reconoció que él y alias 'Jorge 40' fueron autores intelectuales de estos crímenes.

Caicedo, que había sido un militante de la Corriente de Renovación Socialista y vocero nacional en el proceso de paz entre ese sector y el Gobierno Nacional en 1994, era visto con sospecha por Trino y sus amigos. Pero sobre todo, le era incómodo al Gobernador por una razón práctica: la Universidad del Magdalena era quizás la única institución pública del departamento que contaba con dinero en el 2003 y la decisión del rector de mantenerla blindada contra las injerencias políticas perjudicaba a Luna. Ese fue el combustible que prendió la pelea que hoy lo tiene privado de la libertad. 
 

 

Trino Luna Correa, ex gobernador del Magdalena, fue sentenciado a pagar tres años y ocho meses de cárcel por vínculos con los paramilitares en las elecciones del 2003.  Sin embargo, su pena se redujo a dos años por buen comportamiento. El político ha estado detrás de las acusaciones que se han hecho contra Caicedo.
Carlos Eduardo Caicedo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Su pasado está ligado a la izquierda democrática colombiana, al movimiento de los derechos humanos y al impulso del movimiento universitario por la Constitución de 1991.

 

 

 

Las armas de Luna

 

 

 

 

Luna empleó toda la artillería que tenía a su alcance para sacar del camino al rector.

Primero lo acusó en el periódico el Heraldo de ser un representante del PC4, brazo político de la FARC. Cuando la justicia no pudo probarle nada, Trino Luna embatió de nuevo.

Luna denunció a Caicedo por haber pagado las cesantías a 47 profesores de planta usando un rubro del presupuesto diferente al estipulado para este tipo de pagos. También lo acusó de celebrar contratos sin todos los requisitos legales.

Para proteger su integridad y evitar un conflicto, Caicedo renunció en septiembre de 2003 y decidió aprovechar la oferta que le hizo el entonces gobernador de ese departamento Alex Char para asumir la rectoría de la Universidad del Atlántico. Pero el consejo superior de la universidad y los estudiantes no aceptaron su renuncia y recogieron más de 11.000 firmas de respaldo para que no abandonara el cargo. Entonces Caicedo decidió quedarse.

Los ataques vinieron de todos los flancos. El senador Luis Eduardo Vives le montó una fuerte oposición en el Congreso e intentó, sin éxito, desmontar a través de un proyecto de ley la estampilla diseñada por Caicedo para que de todos los contratos que se celebraran en el departamento se destinara un porcentaje de dinero para la Universidad.

Los estudiantes y los profesores sabían que la situación de Caicedo era precaria y por eso organizaron seis marchas pacíficas entre el 2003 y el 2006, a las que asistieron entre 10 mil y 20 mil personas, para apoyar la causa del rector.

Sin embargo, Caicedo fue separado de su cargo y detenido el 18 de agosto de 2006. Agentes del CTI llegaron hasta la universidad y lo sacaron de su oficina como si se tratara del más peligroso delincuente.
 

 

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Haga click en esta galería de fotos para ver la transfomación de la Universidad del Magdalena que se dio en menos de 10 años, durante la administración de Caicedo.
Fotos: archivo particular

Cuatro días después de la captura, el 22 de agosto de 2006, el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, en un evento en la Universidad del Magdalena se solidarizó con Caicedo: “Lamento inmensamente lo que le ha ocurrido al doctor Caicedo, espero que las cosas le salgan bien. Él ha hecho una labor fantástica en la Universidad, revivió un muerto y hoy la tiene como una de las mejores universidades públicas del país y sobre todo, es la mejor universidad pública de la región Caribe colombiana”, dijo, interpretando el sentimiento de la comunidad universitaria.

El discurso del vicepresidente fue alentador, pero sirvió de muy poco. Entre las denuncias interpuestas por el entonces Contralor Departamental Luis Edmundo Sanjuán Perdomo, el ex gobernador Trino Luna y su secretario de despacho Pablo Beltrán, el ex rector ha enfrentado 49 procesos disciplinarios, 36 penales y 15 fiscales.

La mayoría de estas acusaciones han sido falladas en favor del ex rector y solo está pendiente que se resuelva la apelación a la sentencia condenatoria por el pago de las cesantías.

Inicialmente, la Fiscalía precluyó ese caso a favor de Caicedo, pero luego la reversó cuando el contralor Sanjuán y el gobernador apelaron la decisión. En octubre de 2007, el Juez Tercero de Santa Marta lo condenó a ocho años de cárcel y el pago de una multa de $1.500 millones de pesos y el reintegro de los dineros producto de las cesantías pagadas a los docentes.

Caicedo no ha hecho nada diferente en los últimos cinco años que defenderse: visitar juzgados, acumular pruebas para la defensa, vender sus propiedades para pagar abogados. Condenado a casa por cárcel, su exitosa carrera profesional está en ruinas.

"He completado casi tres años sin salario alguno, pues desde que fui separado del cargo no percibo ingresos”, dice. “Pero lo más injusto es el sufrimiento que le han causado a mi núcleo familiar integrado por mi hija Sofía de 8 años, Carlos Andrés de 5, Juan Eduardo recién nacido, mi esposa, mi madre de 74 años, quienes derivaban su sustento exclusivamente de mi salario y han debido padecer carencias y necesidades, por un delito que no he cometido, porque nunca existió”.

Lo más injusto de todo es que mientras él permanece preso y sigue defendiéndose, sus acusadores han sido todos condenados por peores crímenes ya se pavonean por las calle de Santa Marta.
 


El trío acusador

 

El ex contralor departamental Luis Edmundo Sanjuán Perdomo fue destituido por apropiarse de las cuotas de las auditorías y procesado por los delitos de peculado. A Pablo Beltrán, el secretario de despacho de Trino Luna, la Fiscalía lo acusó por injuria y calumnia en contra de Caicedo. Y Trino Luna fue condenado por concierto para delinquir agravado por sus nexos con los paramilitares. Luna dejó la Gobernación del Magdalena el 13 de marzo de 2007 y ese mismo día, se entregó a la Fiscalía después de enterarse que habían dictado orden de captura en su contra.

Cuatro paramilitares lo mencionaron en sus versiones libres de hacer alianzas y pactos con los jefes paras de la Costa Jorge 40 y Hernán Giraldo Serna. La Fiscalía comprobó que Luna se había beneficiado de la intimidación contra los electores por parte de las AUC para llegar a la gobernación en 2003.

Si bien la historia le ha dado la razón a Caicedo, su situación sigue siendo muy difícil. Solo puede salir de su casa-celda para asistir a las diligencias judiciales o para atender algunos problemas de salud que surgieron después de su detención. Además, teme por su seguridad. “En medio de adversidades agravadas por la situación de inseguridad personal y familiar extremas, pues hace más de dos años y medio me retiraron todo tipo de protección, la que tuve por espacio de 14 años”.
 

 


Un caso que no prospera

 

En el video 1 German Enrique Zamudio Puerto, ex fiscal delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción, quien estuvo encargado de la investigación del caso del ex rector, denuncia presiones de la directora seccional del DAS en Magdalena, Gloria Bornacelli Llanos. Según Zamudio ella lo buscó para que profiriera orden de detención contra Carlos Eduardo Caicedo. A pesar de eso el ex fiscal lo absolvió. La condena a ocho años de cárcel se produjo tras la apelación a esta decisión que hizo el ex gobernador Trino Luna. En el video 2 se hace un recuento de la vida del ex rector Carlos Eduardo Caicedo.

 

Caicedo apeló la condena del juez y hoy, 13 meses después de que el asunto llegara al Tribunal Superior del Magdalena, no se ha resuelto. Las demoras para resolver el caso de Caicedo han sido la constante. Según consta en documentos oficiales desde el 16 de junio de 2008, ya se había radicado ponencia y en los primeros meses de este año  había sido revisada por dos de los magistrados,  sólo faltaba la decisión del tercero.

Pero en último momento, los magistrados solicitaron trasladar el proceso a otra ciudad argumentando que se sentían presionados por las marchas de los estudiantes y por unos panfletos que denunciaban que Caicedo pagaría 200 millones a cada magistrado para que fallaran a su favor.

Los argumentos del Tribunal Superior del Magdalena carecen de sustento, primero porque cualquier anónimo sería entonces causal para retardar un proceso y segundo, porque la última movilización pacífica se produjo mucho antes de que el expediente llegara al Tribunal Superior del Magdalena, según consta en el oficio 989 del 16 de abril del mismo año. La última marcha fue el 10 de octubre de 2007 y el expediente llegó al Tribunal el 3 de diciembre.

Por eso, Caicedo está insistiendo en que su caso no sea trasladado a otra ciudad porque significaría que el trámite vuelva a empezar. Y él, ya no da más.

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