Abracadabra: detrás de la propuesta de la inmunidad parlamentaria está la solución mágica a varios males del Gobierno

Con la propuesta de la inmunidad parlamentaria el Gobierno saca una varita mágica para desbloquear la conciliación del referendo, parar la bola de nieve de la parapolítica y debilitar a la Corte Suprema. Es díficil que esta controvertida reforma constitucional salga adelante.

La controvertida propuesta del Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio de “devolver el fuero de la inmunidad” a los congresistas, tiene una intención muy clara: quitarle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la potestad de juzgar e investigar a los congresistas (uribistas).

Si consigue neutralizar el poder de los magistrados para juzgar a sus amigos en el Capitolio, se libera automáticamente de tres problemas: el bloqueo de la conciliación del referendo por cuenta de la demanda de Germán Navas Talero a los 86 representantes que votaron el referendo sin la certificación del Registrador; las pérdidas electorales para su coalición en el 2010 si la parapolítica y la Yidis-Política siguen descabezando congresistas; y el creciente control y protagonismo de la Corte Suprema, uno de los contrapesos importantes que aún quedan frente al Ejecutivo. 

La propuesta, en concreto

Para revivir la inmunidad parlamentaria, la cual existía en la Carta de 1886 y fue abolida por los constituyentes en 1991, el Congreso tendría que tramitar una reforma constitucional para que la Corte Suprema pierda la potestad de juzgar directamente a los congresistas. 

Para concretar esta idea, el Gobierno tiene que lograr que sus mayorías aprueben en ocho debates la modificación del artículo 235 de la Constitución, que es el que define a la Corte Suprema como único juez de los parlamentarios. Y que establece que si estos quieren ser juzgados por un juez ordinario deben renunciar a su investidura de congresistas y a la posibilidad de volver al Capitolio, como ya lo han hecho varios de los políticos investigados por sus nexos con los paramilitares. Por ejemplo, Mario Uribe, Álvaro Araújo y Julio Manzur, para mencionar solo algunos, renunciaron a su curul para ser investigados por la Fiscalía. 

La reforma constitucional que propone Valencia Cossio además de cambiar este artículo deberá especificar en reemplazo de la Corte, quién y cómo se procesarán los delitos de los “padres de la patria”. Hasta el momento, salvo lanzar el globo al aire, el Ministro no ha especificado su fórmula de inmunidad. 

Una posibilidad es que el Gobierno proponga volver al sistema de “inmunidad parlamentaria” que existía antes de 1991. En esa época, eran los jueces ordinarios los que juzgaban y condenaban al parlamentario, pero su fallo solo se podía ejecutar si la mayoría de la cámara a la que pertenecía el congresista aceptaba “levantarle” el fuero. 

La desaparición de la inmunidad parlamentaria fue una de las grandes conquistas de los constituyentes del 91, que buscaban evitar que la mafia se siguiera metiendo en la política. Muchos creen que Pablo Escobar tenía la obsesión de entrar al Congreso como un salvavidas para blindarse frente a las eventuales condenas en su contra.

Otra posibilidad es que dejen que la Corte juzgue a los congresistas pero que sus condenas deban validarse políticamente en el Congreso. Es decir, que los colegas, y no los jueces, tengan la última palabra sobre si le levantan o no el fuero.

 

Una varita mágica

Más allá de si esta propuesta sale adelante, pues desde el nacimiento ya cuenta con una dura oposición, la sola promesa de inmunidad futura para los congresistas agiliza el trámite del referendo. Evita que los conciliadores sigan renunciando y retrasen la conciliación por el temor de que la demanda del representante Germán Navas Talero en la Corte Suprema siga avanzando y ellos terminen condenados por prevaricato. 

Como la investigación de la Corte sólo está en la fase preliminar, y a juzgar por la Yidis-política el fallo podría demorarse más de un año, el Congreso tendría el tiempo suficiente para aprobar la inmunidad parlamentaria y autosalvarse pues la Corte perdería competencia para juzgarlos.

Esta movida también evitaría que el escándalo de la parapolítica siga creciendo y se lleve por delante a congresistas con votos claves para fortalecer las mayorías del uribismo en las elecciones legislativas del 2010. 

Si la Corte pierde la potestad de juzgar a los congresistas, no podría terminar de investigar a miembros de la coalición uribista como Nancy Patricia Gutiérrez, Oscar Suárez Mira, Juan Carlos Restrepo, Carlos Barriga, Odín Sánchez, Dilian Francisca Toro y Manuel Guillermo Mora contra los cuales solo hay una indagación preliminar. Fuera de ellos, hay otros contra los cuales aún ni siquiera se ha abierto investigación pero han sido mencionados en los testimonios de los paramilitares. 

Proteger a estos congresistas es fundamental por dos razones: porque muchos de ellos son caciques en sus regiones y por ende, totalmente indispensables para sacar a la gente a votar a favor del referendo. 

Y segundo, porque Uribe quiere construir un gran partido uribista para el 2010. Para ello, necesita ganarse la fidelidad de estos políticos para que haciendo uso de la figura del “transfuguismo” ya aprobada en la reforma política, dejen sus toldas y se vayan para la U. 

Por último, está la espada de damócles de la Yidis-política, cuyo último episodio fue la condena a Teodolindo Avendaño y a Iván Díaz Matteus, pero que promete involucrar a más políticos. Con la inmunidad parlamentaria, ex congresistas como Tony Jozame, hoy embajador en Brasil, y a quien la Corte ya le abrió una investigación preliminar, estarían blindados. Esto, además, reduciría el impacto político de un juicio masivo a la forma como se cocinó el segundo mandato de Uribe. 

Pero, quizás, el objetivo último de Valencia Cossio -aunque quizás inconsciente- es debilitar el poder de la Corte Suprema, con quien el Presidente Uribe lleva chocando desde que arrancó el proceso de la parapolítica hace dos años (ver cronología). 

“La propuesta del Gobierno es una censura y un veto a lo que viene haciendo la Corte Suprema. Si el Ministro del Interior pide que se le quite esta atribución los magistrados es porque no está de acuerdo con el uso que esta institución ha hecho a la facultad de juzgar a los congresistas”, afirma el ex constituyente Jaime Castro. 

En cierta forma, proponer una reforma legal que debilite en la práctica a las instituciones que le han hecho contrapeso a su poder ha sido una estrategia común del gobierno de Uribe. 

Lo hizo con el Congreso de la República al que amenazó reducir a una sóla Cámara en la primera legislatura del 2002 cuando acabar con la politiquería era su caballito de batalla. No deja de ser irónico, que ahora les esté prometiendo hasta inmunidad. 

Lo hizo también con la Corte Constitucional cuando estaba ad portas de evaluar la constitucionalidad del referendo que Uribe perdió en las urnas. El Ministro del Interior y de Justicia de la época, Fernando Londoño, alcanzó inclusive a presentar una reforma a la justicia cuyo fin principal era limitar severamente las funciones de la Corte Constitucional y los alcances de la acción de tutela.

Para debilitar a la Corte Suprema, esta vez, no sólo propone quitarle una función esencial que es juzgar a las más altas autoridades, sino que politiza los temas judiciales y criminales que acosan a su gobierno. Si se aprueba la inmunidad, las investigaciones por la parapolítica, más que indagaciones criminales, serán vistas en el futuro como persecuciones políticas de los opositores de Uribe en el Congreso. 

La implicación de todo esto es que en un país en donde un sector importante de la política ha sido cooptado por las mafias, la corrupción se vuelve prácticamente intocable.
 

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