Cuatro concejales de Bogotá demandan una medida del Gobierno que se pasa por la galleta a los municipios

Un artículo del Plan de Desarrollo Nacional, que ha pasado de agache por tres años y medio, fue demandado esta semana ante la Corte Constitucional. Los autores de este pleito contra el Gobierno son cuatro concejales de Bogotá: Carlos Vicente de Roux y Antonio Sanguino del Polo Democrático; Carlos Galán, de Cambio Radical y Ángela Benedetti, del Partido Liberal. Lea el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007.

El artículo autoriza al Gobierno para ejecutar y financiar “macroproyectos de interés social nacional” y le abre paso para disponer del suelo, sin tener en cuenta los planes de desarrollo territorial de cada municipio.

Aunque tomar las decisiones sobre tierras y el uso de los suelos ha sido una función que corresponde a los municipios desde la Constitución de 1986, que fue refrendada en la del 91, el Plan de Desarrollo propone una ruptura de este principio casi sagrado. Decir de qué tamaño puede ser el perímetro urbano, hasta dónde se puede construir, qué es suelo urbano y qué es área rural, fue hasta 2007 tarea exclusiva de los municipios.

Las atribuciones que se toma ahora el Gobierno son muy grandes. Puede adquirir terrenos mediante enajenación o expropiación por la vía judicial o administrativa, ejecutar las obras donde disponga, sin la aprobación del municipio. Los municipios, en cambio, si quieren construir obras en estas zonas de “interés social”, sí deben consultar al Gobierno.

Ciudad del Bicentenario es uno de los macroproyectos de vivienda de interés social  que promueve el Gobierno. La ciudadela ubicada en Cartagena tendrá 15 mil viviendas.

Las llamadas obras de interés social son viviendas para estratos bajos, colegios, bibliotecas, hospitales, centros médicos, parques y complejos deportivos. Por cuenta del artículo, el Gobierno a través de empresas privadas construye actualmente 14 megaproyectos. La meta es generar 214 mil viviendas en los próximos tres años. Para esto ha dispuesto de 4.200 hectáreas de tierra en todo el país .

“Aunque el objetivo del Gobierno Nacional es loable y los proyectos de vivienda de interés social suenan bien, la figura viola la Constitución en lo que a autonomía territorial se refiere”, dijo a La Silla Vacía el concejal Carlos Galán. 

Pero además del aspecto legal estos proyectos de generación de vivienda no convencen a los concejales demandantes por otras razones.

Los problemas de los macroproyectos

De los 14 macroproyectos que vienen en camino, dos se están construyendo en municipios aledaños a Bogotá: Soacha y Mosquera.

Una de las principales razones para que las tierras en Soacha y Mosquera cuesten cada vez más es el modelo de crecimiento que busca expandir los límites de Bogotá. En estos municipios los planes de ordenamiento territorial han cambiado de forma dramática en los últimos seis años dando paso a otros usos del suelo que permiten la instalación de empresas, industrias y viviendas. Comprar tierras allí es un negocio cada vez más rentable.

El concejal Carlos Vicente de Roux, promotor de esta demanda, está en desacuerdo con el plan de expansión de la ciudad que proponen los macroproyectos. “Crecer en la sabana se salta el modelo de desarrollo planteado para Bogotá que busca crecer en las alturas y no mandar a los pobres a los extramuros” dijo de Roux. En efecto, estas obras, según el secretario de Planeación de Soacha, Gabriel Machado, son una solución de vivienda no solo para Soacha sino para Bogotá.

El Presidente Uribe ha recorrido diferentes lugares del país entregando viviendas en la denominada Colombiatón. En esta ocasión entrega una vivienda en Ciudad del Bicentenario en Cartagena.

Extender macroproyectos de vivienda a la sabana de Bogotá tiene también implicaciones ambientales. “Cada vez se quita más verde a los alrededores de Bogotá y no podemos pavimentar la Sabana”, dijo el concejal Antonio Sanguino. Estas obras en municipios aledaños implican también unas exigencias: facilitar medios de transporte y servicios públicos que tendrá que costear el Distrito. 

Pero otra cosa piensa el Presidente: "los macroproyectos son una figura que le entregó el Plan de Desarrollo al Gobierno Nacional para poder adelantar con agilidad proyectos grandes de vivienda en nuestras ciudades y  eludir innumerables trabas políticas y de intereses que se oponían a esos desarrollos", dijo Uribe en Cartagena a finales del año pasado.

De las críticas, el Gobierno se defiende argumentando en los planes de acción de los macroproyectos que estos van acompañados de desarrollo de servicios públicos e infraestructura vial, además de parques lineales que mitigan el impacto ambiental.

Control territorial y ganancias políticas van de la mano

“Hay una pretensión monárquica del Gobierno Nacional no solo en este tema sino en muchos otros, que buscan que el país de marcha atrás en lo que se ha avanzado en materia de desarrollo territorial”, dijo el concejal Sanguino.

Y es que más allá de los problemas locales, este artículo del Plan de Desarrollo es sólo una muestra más de la política expansiva de Gobierno Nacional.  En la anterior legislatura partidos de la coalición uribista propusieron en el Congreso regular el pico y placa en todo el país. Otro proyecto promovía el toque de queda para menores de edad en el territorio nacional. Ambos proyectos fracasaron.

Sin embargo, esta decisión de pasarse por encima a los municipios en el uso del suelo fue un golazo, pues le agrega un rédito adicional al Presidente: la entrega de viviendas de interés social no es ahora un logro de la gestión pública de cada municipio sino del Gobierno Nacional. Los subsidios y las viviendas terminan siendo obra exclusiva del Presidente, que está presente en cada entrega y suma de esta manera votos y popularidad para su gestión.